A 16 días de las elecciones presidenciales, Enrique Peña Nieto, abanderado del PRI, anunció que en caso de salir triunfador emplearía al colombiano Óscar Naranjo Trujillo, el “mejor policía del mundo” y general de “cuatro estrellas”, como consultor externo en materia de seguridad. Víctimas de violación a derechos humanos y organizaciones no gubernamentales denuncian supuestos nexos del también miembro de la DEA con grupos criminales. Advierten que contribuyó a la consolidación del “terrorismo de Estado” en Colombia y que cuenta con un proceso abierto en Ecuador por el asesinato de 25 personas, entre ellas cuatro estudiantes mexicanos. De acuerdo con especialistas, Óscar Naranjo es la pieza de la continuidad de la política de seguridad ejercida por Felipe Calderón, estrategia impulsada desde Washington.
El pasado 1 de julio inició formalmente la cuenta regresiva de los gobiernos panistas luego de 12 años de ocupar la Presidencia de la República. No así de la política de seguridad ejercida por Felipe Calderón Hinojosa: la “guerra” contra el narcotráfico.
Enrique Peña Nieto –quien según los primeros conteos del Instituto Federal Electoral, y de no prosperar la impugnación hecha por el candidato Andrés Manuel López Obrador, sería el próximo presidente de México– presentó el 14 de junio a Óscar Naranjo Trujillo, exdirector General de la Policía Nacional Colombiana, como su consultor externo en materia de seguridad, en caso de salir triunfador del proceso electoral.
La historia del este personaje lo coloca como el policía más vitoreado del mudo: un general de “cuatro estrellas”, de acuerdo con el nombramiento que le confirió Juan Manuel Santos Calderón, presidente de Colombia. Entre sus hazañas, que le han valido una cuarentena de honores, destacan el desmantelamiento de cárteles del narcotráfico y el combate a la guerrilla.
“A partir de esta experiencia, de este éxito y del reconocimiento que hay a su trayectoria profesional, no sólo en su país sino en el ámbito internacional, es que solicité amablemente que aceptara asesorar a un servidor a partir de llegar a la Presidencia y de ganar esta elección”, expresó en aquel momento el abanderado del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Paralelo a esta versión, las víctimas, defensores de derechos humanos y académicos críticos aseguran que el expolicía colombiano es pieza clave en la consolidación del “terrorismo de Estado” en en el país suramericano:
“Se trata de una política de ‘seguridad’ que data de la década de 1960, pero se fortaleció durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez [presidente de Colombia de 2002 a 2010], y con Óscar Naranjo a cargo de las labores de inteligencia”, explica Clemencia Correa González, profesora del posgrado de derechos humanos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
Señala que sus principales características son la violación sistemática de los derechos humanos, la militarización, el involucramiento de la sociedad civil en tareas militares, el fortalecimiento del paramilitarismo, la aplicación de políticas de terror por parte del Estado o con su aquiescencia y la legitimación de este régimen desde los medios de comunicación.
A finales de junio pasado, Carlos Fazio dedicó su colaboración en el diario La Jornada a Naranjo Trujillo. En su artículo “Basada en corrupción y mentiras, la historia del colombiano Óscar Naranjo”, el periodista de origen uruguayo recuerda que el exgeneral tiene una orden de arresto por asesinato ante un tribunal de Sucumbíos, Ecuador, y que ha sido incriminado por sus nexos con el excapo Wílber Varela, del cártel del Norte del Valle, en el juicio que se ventila en la corte del distrito del Este de Virginia, en Estados Unidos.
Además, destaca su participación, en la década de 1990, en el llamado Bloque de Búsqueda, unidad especializada de la Policía Nacional de Colombia, al que se le atribuye la ejecución del traficante de drogas Pablo Escobar Gaviria, dirigente del cártel de Medellín.
La organización a sueldo de las agencias de seguridad estadunidenses, en las que Naranjo fungía como jefe de inteligencia, reeditó viejas tácticas de las guerras sucias de contrainsurgencia y estableció alianzas estratégicas con el cártel de Cali y con el grupo paramilitar Los Pepes. Este último habría sido pionero del narcoparamilitarismo colombiano y responsable de unas 300 ejecuciones.
El Bloque sería aplaudido después por el desmantelamiento y la “espectacular” captura de los líderes del cártel de Cali, acción a la que Carlos Fazio se refiere como un mito: “No existió una limpia y exitosa operación policial, sino una entrega negociada”. En 1997, en la corte federal de Miami, Estados Unidos, el excontador de ese grupo criminal, Guillermo Palomari, confesó el acuerdo con Ernesto Samper Pizano, entonces presidente de Colombia: la detención pactada de los hermanos Rodríguez Orejuela.
Respecto de la asesoría en materia de seguridad, que el priísta Peña Nieto ha requerido al policía colombiano, el también profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) manifiesta: “El fichaje de Naranjo por el PRI se produjo después de las presiones de Estados Unidos sobre Peña Nieto ante un eventual cambio de política respecto de los grupos criminales mexicanos”.
Quien pensó que al no votar por el PAN pondría fin a la política de seguridad que aplicó Calderón, se equivocó. Para Clemencia Correa, quien desde 2011 es perita en impactos sicosociales para la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Óscar Naranjo, actual miembro de la DEA (agencia del Departamento de Justicia de Estados Unidos dedicada a la lucha contra el contrabando y el consumo de drogas), es la pieza que marcará la continuidad de tal política.
Se trata de una estrategia de inteligencia regional dictada desde Washington que, en el contexto del Plan Colombia, aprobado en 1997, “ha utilizado al país suramericano para exportar conocimiento en materia de seguridad, especialmente a México y Centroamérica”, precisa Carlos Fazio.
En enero pasado, por ejemplo, el diario estadunidense Washintong Post reveló que, con el apoyo de Estados Unidos, Colombia ha entrenado ya a más de 7 mil policías mexicanos para, supuestamente, enfrentar a los cárteles de la droga.
El objetivo estratégico, además del mantenimiento del estatu quo, es el control territorial y económico de la región. Aunque en ambos países, en México, con la Iniciativa Mérida, y en Colombia, con el Plan Colombia, la “bandera” es el combate al narcotráfico, la sociedad civil ha denunciado y documentado que el verdadero blanco de los ataques es el pueblo.
Clemencia Correa recuerda una conferencia en el Centro de Cultura Casa Lamm, en la que participó en 2007. Entonces había personas, incluso investigadores, que aún eran escépticos respecto de la injerencia de Colombia en México. ¿Por qué ahora se hace pública esta relación? La asesora de organizaciones de derechos humanos y de víctimas explica que cuando algo se hace público es porque se sabe que “ya no hay ningún costo político”.
Uno de los primeros consejos de Óscar Naranjo a Peña Nieto fue la creación de grupos de choque, conformados por integrantes del Ejército Mexicano, la Armada de México y cuerpos policiales, para combatir narcotraficantes y bandas de sicarios.
Especialistas advierten un debate en torno a la posible violación del Artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que “los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país”.
Sucumbíos. Denuncia por asesinato en contra de Naranjo
Mes con mes, integrantes y solidarios de la Asociación de Padres y Familiares de las Víctimas de Sucumbíos, Ecuador, se manifiestan frente a la embajada de Colombia en México. Claman justicia: el 1 de marzo de 2008, cuatro estudiantes mexicanos fueron asesinados y una más fue herida de gravedad en una operación militar odel gobierno colombiano, en contra de un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Los responsables no han sido castigados.
Al grito de “¡esta embajada de sangre está manchada! ¡Esta embajada es la más odiada!”, inició la protesta 47, que se realizó la tarde del pasado 5 de junio. Una veintena de personas, familiares y amigos de los jóvenes asesinados, manifestaron su repudio a la asesoría de Óscar Naranjo al próximo gobierno mexicano (en caso de confirmarse el triunfo electoral de Peña Nieto).
Acusan al expolicía colombiano de participar en la Operación Fénix, también llamada Bombardeo de Angostura, en la que fueron ejecutadas 25 personas que pernoctaban en un campamento provisional de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, ubicado al Nororiente de Ecuador, en la provincia de Sucumbíos.
Ahí perecieron los estudiantes mexicanos Soren Avilés Ángeles, Verónica Velázquez Ramírez, Fernando Franco Delgado y Juan González del Castillo. Lucía Morett Álvarez, también de nacionalidad mexicana, sobrevivió al ataque.
No eran guerrilleros; eran estudiantes. Tal como lo confirma quien fuera director de la Facultad de Filosofía y Letras, Ambrosio Velasco, se trata de “estudiantes, todos ellos, de la Facultad de Filosofía y Letras que en pleno y legítimo uso de sus derechos básicos como ciudadanos se encontraban en un coloquio y después extendiendo esas actividades académicas en una investigación en el campamento. Y que fueron víctimas de este absolutamente ilegítimo, injusto, ilegal ataque”.
La Operación Fénix fue consumada la madrugada del 1 de marzo de 2008. Participaron elementos de la policía, el ejército y la fuerza aérea colombianos. Una decena de bombas de fragmentación, de 225 kilogramos cada una, lanzadas desde la base estadunidense de Manta, se estrellaron en el corazón del campamento de la guerrilla más longeva del mundo. Quienes aún quedaban con vida fueron rematados después.
La cruenta acción derivó en una crisis diplomática, pues violó la soberanía ecuatoriana. También, en la primera demanda de “Estado contra Estado” aceptada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que refiere el asesinato del ciudadano ecuatoriano Franklin Aisalla Molina.
En el Juzgado Primero de Garantías Penales de Sucumbíos se desahoga una segunda demanda por el “delito contra la vida-asesinato” de al menos 23 personas. Los procesados, además de Óscar Adolfo Naranjo Trujillo, son los exfuncionarios colombianos Freddy Padilla de León, Mario Montoya Uribe, Guillermo Barrera, Jorge Ballesteros y Camilo Ernesto Álvarez Ochoa.
“Existen los elementos suficientes que demuestran su participación en este delito por cuanto fueron quienes planificaron, coordinaron, dirigieron y dispusieron con la venia del señor presidente de Colombia, Álvaro Uribe”, se lee en un documento de la Fiscalía General del Estado, Fiscalía Provincial de Sucumbíos.
Miriam Delgado, madre de Fernando Franco Delgado, manifiesta, indignada: “Nosotros como padres de los muchachos asesinados en Sucumbíos, Ecuador, no podemos estar conformes, tranquilos, seguros en nuestro propio país, sabiendo que va a venir aquí a asesorarnos la mano asesina de nuestros hijos, junto con otros seis que están ya indiciados en otro país”.
Para la Asociación de Padres y Familiares de las Víctimas de Sucumbíos, el anuncio que realizó Peña Nieto les resulta “totalmente ofensivo”, pero también “significa una grave afrenta a la verdad y la justicia”.
Jorge Luis Morett, padre de Lucía Morett, una de las tres mujeres que sobrevivió a la Operación Fénix, comenta que “desafortunadamente”, a cuatro años y cuatro meses de la masacre, los culpables no han sido castigados y, peor aún, que su hija “a pesar de ser víctima, es criminalizada”. Enfrenta cuatro procesos judiciales –dos en México, uno en Colombia y uno en Ecuador– por delitos como terrorismo, terrorismo internacional, asociación delictuosa y financiamiento al terrorismo.
El profesor de Chapingo, quien siempre carga en su cartera la imagen de los cinco estudiantes mexicanos víctimas del ataque militar colombiano, explica que ligado al juicio de Colombia, el juzgado 32 de Bogotá pidió a la Organización Internacional de Policía Criminal la detención internacional de su hija. Por eso, Lucía Morett, además de lidiar con las secuelas emocionales y físicas (tiene esquirlas en su cuerpo) del ataque mismo, ha renunciado a su vida pública.
“Es muy triste que una joven haya en parte desperdiciado cuatro años de su vida en una situación de angustia, sin poder actuar para denunciar lo que vivieron sus compañeros. A ella la persiguen por ser testigo de cargo”.
Un automóvil que circula sobre la Avenida Paseo de la Reforma, justo a la altura de la Embajada colombiana, se detiene por unos segundos. El conductor del vehículo acciona el claxon en apoyo a los manifestantes, quienes hacen más visibles las pancartas que sostienen: “¡Óscar Naranjo y Peña Nieto, asesinos de estudiantes!”, se lee en una de ellas. Alude a la matanza de Soren, Verónica, Fernando y Juan; también al asesinato de Alexis Benhumea . Este último, alumno de la Facultad de Economía de la UNAM, mortalmente herido con un proyectil de gas lacrimógeno durante el operativo policiaco del 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco, Estado de México.
Contralínea solicitó entrevista con el candidato del PRI, Enrique Peña Nieto, para conocer su estrategia de combate al trasiego de drogas y su opinión ante las críticas realizadas a su asesor. Hasta el cierre de edición, no se obtuvo respuesta.
Fuente: Contralínea
