La extracción de cualquier metal precioso o mineral mexicano cuesta de 5 a 111 pesos a las compañías del sector, por hectárea concesionada. Lejos de los precios del mercado internacional de oro, plata, cobre, carbón, estas empresas –trasnacionales, la mayoría de capital canadiense– encuentran en México una fuente de enriquecimiento, con un marco jurídico laxo. El país está regalando su riqueza minera, señalan legisladores.
Compañías extranjeras dedicadas a la exploración y explotación de metales preciosos en México pagan al gobierno federal entre 5 y 111 pesos cada semestre, por hectárea concesionada. La recaudación por este concepto alcanza poco más de los 500 millones de pesos por año. Iniciativas para reformar la Ley Federal de Derechos, que establece los montos de cobranza, permanecen en la congeladora de la Cámara de Diputados.
Las iniciativas de reforma congeladas en el Congreso de la Unión se refieren a los artículos 262 y 263, pues son los que, principalmente, marcan los montos que deben de aportar los concesionarios de las minas mexicanas, así como sus obligaciones. El primero de éstos obliga a pagar los derechos sobre la minería a aquellas compañías que desempeñen trabajos relacionados con la exploración o explotación de sustancias o minerales sujetos a la aplicación de la Ley Minera.
El artículo 263 indica que los titulares de concesiones y asignaciones mineras pagarán cada semestre por cada hectárea o fracción concesionada o asignada el derecho sobre minería, de 5 a 111 pesos de forma progresiva. Las cuotas durante el primer y segundo año de vigencia son de 5.08 pesos; el tercero y cuarto año, 7.60 pesos; el quinto y sexto, 15.72 pesos; séptimo y octavo, 31.62 pesos; el noveno y onceavo, 63.22; y a partir del décimo, 111.27 pesos.
Cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público indican que la actividad minera recaudó 575 millones 828 mil 700 pesos, de enero a septiembre de 2011, de acuerdo con el documento Informes sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, al tercer trimestre de 2011.
Claudia Edith Anaya Mota, secretaria de la Comisión de Hacienda y Crédito Público en la Cámara de Diputados, indica que esta ley “está regalando un recurso no renovable como es el minero. El cobrar por hectárea y no por el valor de la extracción, como se hace en los demás países del mundo, habla de un entreguismo del Estado mexicano”.
Luis Enrique Mercado Sánchez, integrante de la Comisión de Economía por el Partido Acción Nacional, comenta que es necesario realizar reformas a la Ley Minera para hacer más eficientes a las empresas y establecer mecanismos de protección al medio ambiente, así como actualizar los trámites y las tarifas que cada concesión debe cubrir ante el Estado mexicano.
Las concesiones
Datos de la Dirección General de Minas –dependiente de la Secretaría de Economía– indican que de 2000 a 2009 se han concesionado 51 millones 994 mil 312.7 hectáreas para la exploración y explotación de minas mexicanas. Con estas cifras se puede calcular que los pagos por este concepto podrían ir de 264 millones 131 mil 108.51 pesos a 5 mil 785 millones 407 mil 174.12 pesos por semestre.
Los datos oficiales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público muestran que el cobro por las concesiones fue de 575 millones 828 mil 700 pesos, de enero a septiembre de 2011. Así lo indica el listado de Recaudación del Gobierno Federal por sector económico, publicado en el documento Informes sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, al tercer trimestre de 2011.
Anaya Mota, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, urge a que sean aprobadas las iniciativas presentadas ante la Comisión de Hacienda, para que el cobro del derecho sea proporcional al valor de la extracción. Éste, explica, puede ir del 3 al 7 por ciento, según el metal que se extraiga. La época de La Colonia, agrega, “fue más generosa con México; en esos tiempos se construyeron haciendas, templos; ahora sólo queda devastación”.
Guillermo Raúl Ruiz de Teresa, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, señala: “Los pagos son bajos, sí. Hay que modificarlos, así como los derechos. Olvidémonos de que sean extranjeras o mexicanas; tratemos de que cumplan la ley”.
Mario Di Costanzo Armenta, integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, considera que “el atractivo que han tenido las trasnacionales es el marco jurídico laxo que hay en nuestro país: pagan muy poco en derechos, las normas ambientales no son respetadas y las condiciones laborales para los mineros son mínimas, esto hace que sin lugar a dudas haya mucho interés por invertir”. El legislador, integrante de la fracción del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados, agrega que “desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari la minería dejó de ser un sector reservado a la nación; ahora, está abierto a la inversión mixta y privada y es un potencial que se está desperdiciando”.
Las iniciativas
El 19 de mayo de 2010, los perredistas Agustín Guerrero Castillo y Claudia Edith Anaya Mota presentaron ante la Comisión de Hacienda y Crédito Público la iniciativa con proyecto de decreto para reformar y adicionar diversas disposiciones de las leyes Federal de Derechos, y de Coordinación Fiscal.
En ésta se propone “la creación de un derecho adicional sobre la minería, que se fijaría en una tasa de 3 por ciento sobre el valor nominal anual de la producción minera total. La base de cálculo sería el último dato anual disponible que haya calculado la Secretaría de Economía a través de la Dirección General de Minas. Este valor ascendió, en 2006, a 100 mil 633 millones de pesos, lo que significa que se podrían recaudar por este nuevo derecho unos 3 mil millones de pesos”.
Además, promueve la creación del Fondo de Participaciones en el Derecho Adicional a la Minería, para distribuir los recursos de esta actividad a todas las entidades federativas, con énfasis en las que lleva a cabo “predominantemente la actividad minera nacional”.
Jaime Cárdenas Gracia, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, también presentó una iniciativa el 6 de septiembre de 2011, en la que solicita se hagan las modificaciones de Ley de Minería para “garantizar los derechos colectivos que se reconocen en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los convenios internacionales, ratificados por el Senado, a los pueblos y comunidades indígenas, así como de los núcleos agrarios, ejidales y comunales y, para restringir la minería a cielo abierto y el uso de técnicas basadas en el cianuro”.
El panista Luis Enrique Mercado adelanta que será en este periodo de sesiones en que su partido presentará una iniciativa para realizar reformas a la Ley Minera.
Fuente: Contralínea
