Dos vertientes judiciales de una misma estrategia electoral: exhibir la podredumbre del priísmo peñanietista para tratar de abrir camino a un reposicionamiento de la opción de blanco y azul que será definida el próximo 5 de febrero. Una vez más, el uso instrumental de la procuración de justicia para propósitos facciosos, pero ahora no contra un gobierno alicaído como ha sido el de Leonel Godoy en Michoacán, sino contra el cártel de tres colores que se siente llamado a retomar el poder federal en las urnas mediante operaciones aplastantes para las cuales fluye dinero de múltiples fuentes.
La primera batalla en forma de esta nueva guerra felipista tomó con los dedos contra la puerta a la administración de Javier Duarte, el gobernador de Veracruz que forma parte de la coalición de erarios estatales que apoya la campaña de Enrique Peña Nieto. Duarte ha cedido buena parte del poder local a fuerzas federales, en particular a la Marina, y ha tratado de congraciarse con el jefe militar del país, Felipe Calderón, pero aun así ha sido exhibido ahora en trasiegos de dinero que con verdaderos atentados contra la inteligencia ha tratado de explicar su secretario de finanzas, de por sí siempre embarrado en oscuras danzas de millonadas.
La transportación aérea de 25 millones de pesos en efectivo solamente sugiere escenarios de alta corrupción: la versión más extendida habla de que ésa sería una aportación periódica de uno de los patrocinadores de la campaña encopetada (los gobernadores priístas han asumido como parte de sus obligaciones la entrega de efectivo para impulsar los planes electorales peñanietistas desde 2009, en que arrasaron en comicios federales intermedios e impusieron triunfos inexplicables en algunas gubernaturas), pero también podría tratarse de una toma de utilidades personales derivadas de la gran corrupción sabidamente instalada en las finanzas veracruzanas (Tomás Ruiz, el secretario del ramo, fue director de Banobras, el SAT y, gracias a Elba Esther Gordillo, de la jugosa Lotería Nacional. Miguel Ángel Yunes lo mencionó como partícipe de las reuniones con la cacica sindical en las que supuestamente se exigió al entonces director del Issste que entregara millones en efectivo al Panal, que también dirigió el mencionado Ruiz), o podrían destinarse esos recursos al pago de voluntades capitalinas favorables al proyecto gaviotón.
La sincronía bélica entre Los Pinos y el PAN (con el impresentable Juan Molinar HorcABCitas en primera línea) topó con una defensa lamentable del secretario Ruiz, que se atrevió a sugerir que el traslado de millones en maletas se debía a la premura con que debían atender compromisos relacionados con fiestas como la Candelaria (¿tamalitos verdes, blancos y rojos, bien copeteados?), el carnaval y la Cumbre del Tajín (¿artistas o empresas participantes en estos espectáculos reciben pagos en efectivo, con tufo a evasión de impuestos, y un gobierno local se presta a esas maniobras?), como si fuera más veloz un vuelo con maletas que una transferencia electrónica de dinero. De inmediato cayó el tesorero veracruzano. Debería seguir el secretario Ruiz y ellos y el gobernador Duarte habrían de dar explicaciones creíbles de lo que sucedió en ese movimiento de dinero al clásico estilo de la delincuencia organizada en el que fueron pillados por el calderonismo que, por lo demás, desde hace largo rato mantiene la mira en Fidel Herrera, a quien considera responsable del asentamiento de Los Zetas en la entidad.
El caso de Tamaulipas tiene sello de sangre. Antes de las elecciones que según todas las encuestas habría de ganar sin problemas fue asesinado el candidato Rodolfo Torre Cantú, designado por Eugenio Hernández Flores, a quien a su vez dejó Tomás Yarrington, quien sucedió a Manuel Cavazos Lerma, miembro destacado éste del salinismo que hoy, con Peña Nieto como parapeto electoral, cree estar de regreso con tanta fuerza como para imponer a Cavazos Lerma como candidato al Senado. En Tamaulipas, cuna y sede del cártel del Golfo y de su escisión, Los Zetas, no había gobernadores, sino administradores del negocio, se solía decir. Las versiones públicas apuntan a Yarrington como responsable (al estilo de Fidel Herrera en Veracruz) de la máxima consolidación de esas actividades delictivas en la entidad, que tuvieron gozosa continuidad durante el periodo asumido por Hernández Flores.
Pero, a la hora de planear la instalación del siguiente administrador, una relampagueante y precisa operación lo asesinó a él y a algunos de sus acompañantes. En el círculo de Hernández Flores se decía en voz baja que una acción de ese tipo solamente podría haber sido realizada por personal de alta especialización y garantizada protección, más allá de las capacidades de los narcos. También se hablaba de que Los Pinos exigió al entonces gobernador Hernández Flores que fueran canceladas las elecciones, pero en lugar de ello se tomó la decisión de nombrar candidato sustituto al hermano del difunto, Egidio Torre Cantú, quien ganó sin problemas los comicios y desde entonces vive en un blindaje permanente, temeroso de lo federal y sujeto a lo local.
Ahora, la PGR ha planteado una alerta migratoria para impedir que viajen fuera del país los tres ex gobernadores que están bajo indagación. Cavazos Lerma fue el único que dio la cara e incluso dijo que estudiaría la posibilidad de contrademandar a la administración federal. Detrás de él está Carlos Salinas de Gortari. Ya se verá en qué termina este nuevo lance bélico-electoral del calderonismo que, por lo visto, ha iniciado en forma su temporada de cacería, en busca de doblegar al puntero de tres colores y generar condiciones de crecimiento para quien quede como aspirante panista a la presidencia de la República. Más lo que se acumule.
Y, mientras Calderón recibe críticas de empresarios con los que se reunió en Guadalajara, y la pregunta de cuántos muertos más habrá en su guerra, ¡hasta mañana, con Corderín preparando su bazuca y pidiendo que nadie se sorprenda si él es el ganador de la contienda panista!
Fuente: La Jornada
