Del edificio de Antonio Caso 45, sede alterna del Sindicato Mexicano del Electricistas (SME), entran y salen trabajadores de la extinta compañía Luz y Fuerza del Centro (LyFC) como hace decenas de años. Ahora reclaman su reinstalación y el reconocimiento de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como su patrón sustituto.
Con altavoces en plena calle y con volantes dan a conocer el motivo de su resistencia desde que fueron tomadas por asalto, por fuerzas gubernamentales, las instalaciones de LyFC donde laboraban hasta la noche del 10 de octubre de 2009.
En ese inmueble, inaugurado en el año de1938 en la antigua calle de Artes (hoy Antonio Caso) se encuentran riquezas invaluables, como las pinturas de David Alfaro Siqueiros, que han sido testigos mudos de miles de reuniones y debates sobre el presente y futuro del sindicalismo. Ahora su nueva sede de Insurgentes 98 es centro de encuentro de numerosas organizaciones sociales y sindicales.
El SME es un sindicato que recién acaba de cumplir 97 años de existencia el pasado 14 de diciembre y que enfrenta ahora uno de los retos más importantes de su historia.
El gobierno federal está empeñado en desaparecerlo, en extinguirlo a como dé lugar. Ha usado todas las artimañas, más ilegales que legales para enfrentarlo, pero 16 mil 599 electricistas resisten sin tregua demandando su regreso al trabajo.
Felipe Calderón extinguió a LyFC sin facultades legales, con la complacencia de sectores empeñados, para lograr la privatización de facto del sector eléctrico a pesar de los impedimentos constitucionales. Sectores priistas y panistas se han unido para intentar sepultar toda resistencia nacionalista representada en el SME.
Una costosa campaña de medios, radio, televisión y prensa, logró convencer a una parte de la población que el golpe al SME era necesario. Se vinculó sin recato a los sindicalistas con la delincuencia y se propaló sin cesar que el costo laboral era insostenible para el erario público; que los beneficios para la población se reflejarían en la reducción de costos de la energía eléctrica domestica, pero todo fue un engaño.
Los trabajadores afiliados al SME y sus familias, por esa propaganda pagada, fueron vistos con desprecio en muchos espacios; como la razón de la tragedia eléctrica. Se les cerraron las puertas en otras fuentes de trabajo. Varios miles de trabajadores aceptaron la liquidación y la terminación de la relación laboral a cambio de ser recontratados como les fue ofrecido, pero también fueron engañados.
Han enfrentado huelgas de hambre, plantones, marchas, manifestaciones y todo tipo de expresiones públicas para reclamar el retorno al trabajo y se han encontrado con promesas, sin que aún se materialicen caminos para resolver ese conflicto, que fue laboral de inicio y ahora representa un problema social, por los miles de despedidos que se mantienen en resistencia.
Hay 12 trabajadores presos, ofertados como moneda de cambio, para que los afiliados del SME desistan de su intención de reclamar la integridad de la industria eléctrica nacional y su regreso al empleo.
A la distancia, la población se ha percatado que esa propaganda contra los trabajadores electricistas afiliados al SME tuvo como propósito legitimar la privatización de la industria eléctrica, entregar mil 100 km de fibra óptica e impactar los incrementos desmesurados de luz en la economía de los consumidores.
La Procuraduría, de disque, de la Defensa del Consumidor ha empantanado miles de quejas de usuarios de energía eléctrica por el incremento injustificado de hasta un 500 por ciento en sus recibos. No hay autoridad que ponga orden a las alzas indiscriminadas impuestas por la CFE.
Los afiliados del SME han sido sustituidos por trabajadores sin experiencia y malas condiciones laborales. Por doquier se observa en las calles, trabajadores contratados por empresas privadas laborando con escasa protección y nula supervisión gubernamental.
Para Felipe Calderón, como presidente de la República la acción de extinción de LyFC ha sido uno de sus mayores logros, quizá de lo más festejado por la iniciativa privada, porque ha desmantelado el sector eléctrico en beneficio de ésta.
Parece existir la pretensión de funcionarios de la Secretaría de Gobernación, encargados de la negociación, de prolongar el conflicto por más tiempo a pesar de existir compromisos escritos del propio gobierno de incorporarlos en la industria eléctrica para aprovechar su experiencia.
¿A qué intereses sirve el actual gobierno federal?
Fuente: La Silla Rota
