La muerte de Alonso Lujambio colocó sobre una mesa aún precaria (pues en ciertas circunstancias predomina la predisposición compasiva a eludir el análisis público de las figuras públicas al momento de su fallecimiento) ciertos temas que en una cultura democrática madura no deberían generar escozor.
Proveniente de una familia marcadamente panista, y él mismo afiliado a Acción Nacional en 2009, luego de cumplir con encargos ciudadanos en los que no debería defenderse ninguna bandera partidista (en el IFE, donde fue consejero, y en el Ifai, donde fue comisionado presidente), Lujambio tuvo su máximo despegue político de la mano de su amigo Felipe Calderón, quien lo hizo secretario de educación pública, le encargó de emergencia la coordinación de los festejos conmemorativos del inicio de la guerra de Independencia y de la Revolución y lo hizo senador.
Justamente en esa etapa en que acompañó el malhadado gobernar de Felipe Calderón acumuló Lujambio fichas negativas que no se contraponen a los méritos que se le reconozcan en el ejercicio de encargos ciudadanos ni en materia académica, cultural e intelectual. Mucho menos afectan al natural y respetable dolor por su pérdida que manifiestan amigos, correligionarios y familiares.
Pero el hombre público que ayer cumplió su ciclo de vida no puede ser desligado oficiosamente de la etapa histórica en que le tocó actuar, ni del saldo que desde diversas ópticas puede merecer ese desempeño. Lujambio, en ese sentido, fue una pieza más de la complaciente cesión de poder que Calderón diseñó en la SEP para pagarle favores de defraudación electoral a la regente profesora Gordillo, con el yerno convertido en omnipotente subsecretario de educación básica que sólo dejó el cargo para preparar su postulación al Senado por el Panal (cargo que no obtuvo). Y en la comisión relacionada con el bicentenario y el centenario se prestó para dar curso a la cauda de corrupción y desorden que había originado Juan Manuel Villalpando, titular del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM), cuya evidencia más escandalosa fue la Estela de Luz cuyo costo, enredos e impunidad constituyen una viva afrenta a los mexicanos.
Aparte de la reivindicación del derecho ciudadano a expresar juicios y opiniones respecto de hombres públicos en la coyuntura de su fallecimiento (tema al que se arriesga esta columna, aun cuando ayer mismo en Twitter hubo reacciones adversas por parte de quienes creen necesario guardar para otros momentos determinadas valoraciones), la muerte de Alonso Lujambio conduce a otro expediente de obligado interés público: las enfermedades de los funcionarios y su tratamiento médico con cargo al erario.
Por amistad, Felipe Calderón sostuvo en la SEP a Lujambio a pesar de que no podía continuar en el cumplimiento de sus responsabilidades públicas (y luego lo sustituyó con un médico, en premio de consolación porque éste había perdido el proceso panista de postulación al gobierno de Guanajuato), y luego lo hizo candidato al Senado por lista nacional. Para abordar el debate entre enfermedad y poder (¿Calderón sufre la enfermedad del alcoholismo? fue una pregunta que provocó casi una crisis nacional; Elvia Amaya, la esposa de Jorge Hank Rhon, sabidamente enferma, ocupó una diputación federal y luego murió; ahora está el caso de Lujambio; ¿Peña Nieto tiene un mal degenerativo?) es recomendable leer lo que ha escrito Ernesto Villanueva (@evillanuevamx en Twitter), miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y del Sistema Nacional de Investigadores en nivel III y articulista de Proceso (bit.ly/QSUXvg).
El especialista en transparencia abre el debate sobre el uso de recursos federales para el tratamiento costosísimo de uno de sus funcionarios, sobre la postulación de un hombre enfermo para un cargo legislativo de evidente exigencia de esfuerzo y salud, y de la necesidad de hacer exámenes médicos a quienes aspiran a una responsabilidad pública y, luego, médicos y sicológicos anuales para saber si el ejercicio del poder ha causado daños. Por cierto, ayer mismo, en Twitter, Villanueva expresaba: ¿La clase política de luto? ¿Y el pueblo que no tuvo ni tendrá jamás dinero para curarse en EU su cáncer?. Otro texto, de Samuel Hernández Apodaca, director de Paideia Consultoría para el Conocimiento, escrito obviamente antes del desenlace, planteaba: ¿Y si Lujambio muriera? (bit.ly/Sk1iCL).
En tanto, los líderes del sindicalismo clásico, agrupados en el PRI, obviamente han impedido cualquier asomo de riesgo para sus consolidados cacicazgos, mientras los panistas insisten en sacar adelante clausulados flexibles para que el empresariado tenga más ganancias y menos problemas a la hora de la contratación y el despido de trabajadores y empleados. Prianismo confeso que se afana en votar favorablemente las tesis derechistas originalmente presentadas por el PAN y obstruídas por el PRI, que ahora ha retomado el tricolor para sellar la primera alianza a cuenta de varias por venir con el segmento blanquiazul todavía tripulado por el calderonismo.
Nada de lo que procesan las élites tiene correspondencia con el sentir y los anhelos de quienes están fuera de esas burbujas doradas. Los dirigentes eternizados en el control de los sindicatos se mueven a una distancia enorme del mundo real de sus representados. La clase política, en general, vive en un mundo de privilegiada distorsión que casi nada tiene que ver con la realidad cotidiana de los mexicanos. Y el segmento que se opone institucionalmente a esos poderes excluyentes cumple con disfrazado conformismo, o con plena noción de marginalidad, o con vehemencia políticamente ineficaz, o con vocación mercenaria, o con una combinación de esos y otros factores menores, el papel de falso contrapeso que también es necesario para cumplir con las formas de simulación democrática, de secuestrada representación nacional (ni por ver lo que sucedió ayer en Madrid).
¡Hasta mañana, con una ex diputada federal panista, pillada en Harvard haciendo trampa en un trabajo escolar, como suplente de Lujambio en el Senado!
Fuente: La Jornada
