La presumida solidez económica” del país no pasa de ser un desplante del inquilino de Los Pinos y coro que lo acompaña. La desaceleración es un hecho –en una nación que acumula tres décadas de raquítico crecimiento–, y más que obvio resulta el acelerado deterioro del ya de por sí menguado nivel de bienestar de los mexicanos. Algunos ilusos creyeron que la espeluznante experiencia de 2008-2009 dejaría una positiva enseñanza entre quienes dicen tomar las decisiones en esta República de servicios, con lo que evitarían actuar con la frivolidad que los caracteriza. Lamentablemente, esta segunda vuelta de la crisis deja en claro que ni de lejos fue así.
En el ámbito económico-social, el sello del sexenio ha sido el raquitismo económico, la creciente desocupación y el incremento de la pobreza, sin olvidar el cada día más elevado nivel de inseguridad, que no alcanza para modificar el triunfal sonsonete del discurso oficial, ni para que el inquilino de Los Pinos actúe como tal. La presente es una excelente oportunidad para que, por primera ocasión en cinco años, se ocupe en lo que le corresponde y se dé a la tarea de buscar la ruta de salida de la crisis, por mucho que su pasión, junto con los gobernadores, sea tener metida la mano hasta el fondo en el proceso electoral.
Como bien advierte el Centro de Investigación en Economía y Negocios (CIEN) del Tecnológico de Monterrey, campus Estado de México, a cargo de José Luis de la Cruz Gallegos, “la ingenuidad de esperar que los problemas internacionales no trastoquen aún más la realidad mexicana solamente puede conducir a profundizar los rezagos, y con ello incubar más elementos de inestabilidad social. Los sectores políticos y empresariales deben tomar en consideración que los buenos deseos no son suficientes; hace falta preparar una estrategia con un fuerte contenido social y que dé resultados oportunos, porque de otra manera el 2012 llegará con un país sumido en un tobogán económico y social que nadie desea, y que el gobierno no podrá enfrentar”.
El discurso de bonanza va a contrapelo de la realidad. En el primero nunca hace mella la segunda. Por ejemplo, el índice de la tendencia laboral de la pobreza (ITLP), que muestra la tendencia de la proporción de mexicanos que no pueden adquirir la canasta alimentaria con el ingreso de su trabajo, “se encuentra en el peor nivel desde el inicio de su medición, superando incluso al registrado durante la crisis de 2009, de tal manera que la ‘estabilidad económica’ no se ha traducido en un mayor bienestar para la población”, revela el CIEN, y va más allá: “considerando las últimas cifras de las condiciones laborales (segundo trimestre de 2011), en el país hay más de 3 millones de trabajadores que no perciben remuneración; casi 6 millones reciben hasta un salario mínimo o menos; más de 29 millones no cuentan con acceso a la salud y otros 12 millones no cuentan con otra prestación distinta a la salud”.
Dicha precariedad resulta más grave al tener en cuenta el crecimiento en la informalidad (más de 13 millones de mexicanos trabajan en este sector) y los trabajadores sin contrato escrito (más de 14 millones). De acuerdo con el ITLP, el porcentaje de personas que percibe ingresos inferiores al valor de la canasta básica ha crecido sustancialmente: entre 2006 y 2011 el aumento ha sido de 23.4 por ciento. “Este índice corresponde al históricamente más alto a nivel nacional, mostrando resultados menos favorables en el área urbana, donde el incremento de personas que no pueden acceder a una canasta básica con sus ingresos laborales asciende al 32 por ciento”, documenta el CIEN.
Al cierre del primer semestre de 2011, de acuerdo con el Coneval, 17 estados de la República (Aguascalientes, Baja California –primer lugar en este renglón–, Colima, Chihuahua, Durango, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas) y el Distrito Federal (escalón número 5) reportan un nivel histórico en personas que perciben ingresos inferiores al valor de la canasta básica. Otras cinco entidades están cerca de alcanzar dicho estatus (Baja California Sur, Guanajuato, Guerrero, estado de México y Tlaxcala).
Tan drástica es la realidad, que “ha impedido que la población siquiera supere las condiciones de pobreza en las que se vio inmersa a raíz de la crisis de 2009. A partir de esto puede afirmarse que las personas con menores percepciones son las que han comenzado a ver limitada la oportunidad de encontrar trabajo. El motor externo comienza a dejar de ser la válvula de escape que representó durante los meses previos. Cae la generación de plazas laborales y se reduce el número de patrones registrado ante el IMSS. Tamaulipas, Guerrero, Oaxaca, Baja California Sur, Veracruz, Aguascalientes y Chihuahua son algunos de los casos más representativos, lo que se confirma que la precarización del empleo continuará en los meses siguientes y con ello las condiciones que generan pobreza en México”.
La precariedad del mercado laboral nacional impide que las familias tengan el ingreso suficiente para superar los rezagos y limitantes a los que les ha conducido un modelo económico carente de resultados positivos. “Preocupante es que ello ocurra en estados donde es por demás precario el acceso a la educación, salud, vivienda digna y agua potable, por citar algunos ejemplos. Los casos de Guerrero, Oaxaca y Chiapas representan un vívido ejemplo de que el verdadero problema estructural de México, la pobreza, no tiene visos de resolverse. El problema, a nivel nacional, yace no únicamente en la falta de generación de empleo sino en que las plazas laborales brinden los ingresos suficientes para los hogares”, y en ambos renglones los resultados son lamentables.
En este contexto de incertidumbre, desaceleración económica y volatilidad de los mercados, los resultados del ITLP reflejan la ausencia de una política que solucione el problema de pobreza. Entre 1992 y 2010, el número total de pobres aumentó 25 por ciento; actualmente 57.7 millones de mexicanos se encuentran en tan precaria circunstancia; casi 20 años atrás, sumaron 46.13 millones.
Las rebanadas del pastel
Denuncian los representantes del Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados que el gobierno calderonista “pretende privatizar el servicio de energía eléctrica”. ¡Mentira! No pretende hacerlo, lo hace, siempre con la participación del propio tricolor, porque la privatización sectorial arrancó con Salinas, siguió con Zedillo, avanzó con Fox y se mantiene a todo galope con Calderón. La coalición, pues, y a estas alturas, el 48 por ciento de la generación eléctrica en el país está en manos privadas.
Fuente: La Jornada
