Senadores y diputados de PRD y PT advirtieron que el presidente Felipe Calderón viola la Constitución al pasar por encima del Estado laico y sumarse a las presiones de la jerarquía católica para avanzar en la criminalización del aborto.
Coincidieron en que, más allá del desmentido del Vaticano, la Secretaría de Gobernación (SG) debe investigar las declaraciones del obispo de Mexicali, Isidro Guerrero, quien aseguró que con una llamada telefónica el papa Benedicto XVI logró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) diera validez a la legislación de Baja California que penaliza la interrupción del embarazo.
El senador perredista Pablo Gómez resaltó que la función del Estado mexicano no es sumarse o encabezar la cruzada que los obispos mexicanos realizan para “combatir la práctica del aborto a como dé lugar”.
Hay que recordar tanto al gobierno como a la jerarquía católica que “la Constitución no es un catecismo, ni puede convertirse en eso, y los códigos penales no son mandamientos”, aseveró.
Agregó que le sorprendió la postura de la ministra Margarita Luna Ramos, quien en esta ocasión votó de manera distinta a como lo hizo en 2008, y esta vez, cuando se pronunció por la penalización del aborto, preguntó en qué parte de la Constitución se establece el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo. “¡No se midió!”
El senador Arturo Núñez recordó al Ejecutivo y a la Iglesia católica que México es un Estado laico, y así se debe mantener, ya que “cualquier regresión significaría un retroceso grave”. Lamentó que el obispo de Mexicali, además de ofrecer versiones luego desmentidas por sus superiores, amenazara con ir más allá, “en clara alusión a la intención de echar abajo el Código Penal del Distrito Federal”.
Por separado, Leticia Quezada, vocera de la fracción perredista en San Lázaro, advirtió que no es la primera vez que un jerarca católico pretende inmiscuir su postura religiosa en un tema de políticas públicas. Demandó a la SG aplicar la ley, ya que “la irresponsabilidad de algunos prelados de México debe ser sancionada, por respeto al Estado laico y la libertad de pensamiento”.
Abundó: “nadie puede aportar al camino de la intolerancia. Ciertas o no, las declaraciones de este ministro de culto nos revelan el riesgo de que el tema de la interrupción del embarazo se discuta en el marco de la moral y la religión, ya que da paso al estigma y la cerrazón”.
La diputada Esthela Damián Peralta, presidenta de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, dijo que la resolución de la SCJN da un giro de 180 grados al desarrollo de la cultura de respeto y protección de los derechos de la mujer.
“La decisión de la Corte nos conduce de nueva cuenta a tiempos de oscurantismo.”
Con dureza, el diputado Mauricio Toledo calificó el fallo de desigualdad “vergonzosa”, porque dibuja al país como conservador, autoritario e intolerante, “donde no cabrían posturas distintas a la de quienes ejercitan el poder político”.
Fuente: La Jornada
