Suma 4 semanas plantón del ANUEE y SME frente a Energía
Los inconformes rechazan la Reforma Energética; exigen cumplimiento a los acuerdos con respecto a la solución de su pliego petitorio.
Continúa el plantón de integrantes de la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica (ANUEE) y del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) frente a las instalaciones de la Secretaría de Energía, ubicadas sobre Insurgentes a la altura del Eje 5 Sur (Eugenia), colonia Del Valle en Benito Juárez, dicha protesta lleva cuatro semanas en el lugar.
Continúa el plantón de integrantes de la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica (ANUEE) y del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) frente a las instalaciones de la Secretaría de Energía, ubicadas sobre Insurgentes a la altura del Eje 5 Sur (Eugenia), colonia Del Valle en Benito Juárez, dicha protesta lleva cuatro semanas en el lugar.
Los inconformes exigen el cumplimiento a los acuerdos con respecto a la solución de su pliego petitorio y en rechazo a la reforma energética, así como una tarifa social justa, la firma del contrato de compraventa de energía y la condonación de los adeudos de luz de más de 70,000 usuarios integrantes del (ANUEE) en la zona centro del país e instalaron sus casas de campaña y carpas a lo largo de la banqueta frente a la dependencia y colocaron mantas en la entrada.
Hace 50 años, Movimiento Estudiantil de 1968 hizo suyo el Zócalo de CDMX
El 13 de agosto de 1968, una marcha del Movimiento Estudiantil logró llegar por primera vez al Zócalo de CDMX; el CNH advirtió que ni la presencia de las Fuerzas Armadas obligaría a los jóvenes a desistir
En el 50 aniversario del Movimiento Estudiantil de 1968, que llevó a la Matanza de Tlatelolco, perpetrada el 2 de octubre de ese mismo año, el 13 de agosto resulta una fecha importante: ese día, por primera ocasión, los jóvenes lograron llevar sus consignas hasta la plaza del Zócalo de la Ciudad de México.
Días antes, el 2 de agosto, había quedado constituido el Consejo Nacional de Huelga (CNH), cuyos integrantes son considerados los líderes del Movimiento: Luis Tomás Cervantes Cabeza de Vaca, Marcelino Perelló, Eduardo Valle, Gilberto Guevara Niebla, Roberto Escudero, Félix Hernández Gamundi, y Raúl Álvarez Garín.
El CNH había advertido que no solicitaría permiso a las autoridades para realizar la movilización, y advirtieron que aunque se desplegara a elementos de las Fuerzas Armadas, los jóvenes no cederían en sus intenciones de marchar.
El punto elegido para comenzar con la protesta fue el Casco de Santo Tomás, emblemático para el Instituto Politécnico Nacional (IPN).
Esa ocasión, los muchachos fueron acompañados por la recién constituida Coalición de Profesores de Enseñanza Media y Superior pro Libertades Democráticas, a la que padres de familia escuchaban, y la cual había pedido encabezar las marchas a fin de brindar protección a los más jóvenes.
El 13 de agosto, a los contingentes se integraron los primeros grupos sindicales y de trabajadores, entre éstos petroleros, así como padres de familia.
Se calcula que en la marcha, los estudiantes lograron reunir entre 100 mil 150 mil asistentes; en el libro, La Noche de Tlatelolco, Elena Poniatowska recoge testimonios que hablan de hasta 250 mil participantes.
“La calle se ganó cuando entramos al Zócalo el martes 13 de agosto, porque se rompió un tabú… Todos decían que nunca llegaríamos al Zócalo”, dice una cita atribuida a Salvaron Martínez della Roca, del Comité de Lucha de la Facultad de Ciencias de la UNAM, disponible en el texto de Poniatowska.
OHL aplicó, desde la madrugada de domingo, un segundo aumento a las cuotas de peaje en Edomex
Las tarifas de peaje del Circuito Exterior Mexiquense tuvieron un segundo incremento en lo que va del año en las 31 casetas que conforman la vialidad concesionada a Concesionaria Mexiquense, de OHL México.
El segundo aumento del año fue de entre el 5 y el 10 por ciento, y va desde uno a los nueve pesos, dependiendo el tramo y el tipo de vehículo. Así, los automóviles que pasen por la caseta de Los Héroes, Ecatepec, tendrán que pagar 15 pesos, un incrementó de un peso, mientras en el paso de Tultepec pasó de 69 a 78 pesos.
El abogado Paulo Díez Gargari dijo esta mañana a SinEmbargo que el aumento es un cobro arbitrario de esas empresa ligada a los gobiernos del PRI tanto federal como del Estado de México.
“OHL se está cobrando de manera arbitraria por un montón de cosas que no forman parte de la inversión y que incluyen actos de evidente corrupción, como las máquinas removedoras de barrera que le compraron a San Román con un sobreprecio de 20 millones de dóalres; el Monumento Bicentenario y, por supuesto, el posible financiamiento de la campaña de [Enrique] Peña y de [Alfredo] Del Mazo Maza”, dijo a una petición por correo.
Díez Gargari ha denunciado durante años la corrupción entre políticos priistas y esa empresa.
El incremento en los costó entró en vigor a las 00:00 horas del pasado domingo 11 de julio y fue anunciado por medio de redes sociales, lo que causó indignación en usuarios al señalar que el costo de las vías no corresponde al servicio que reciben.
El Circuito Exterior Mexiquense se conforma de 110 kilómetros de longitud y conecta las principales vías de entrada y salida a la Ciudad de México: México-Querétaro, México-Puebla, y México-Tuxpan; así como las áreas conturbadas de Ecatepec y Zumpango, en el Estado de México.
Aumenta precio de gas LP aún con liberalización del mercado
México.- El precio promedio nacional del kilogramo de gas licuado de petróleo (LP), utilizado por 76% de los hogares del país, se disparó 27% desde su liberación en enero del año pasado hasta mediados de julio de 2018, de acuerdo con cifras de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
Con la aprobación de la reforma energética se estableció la liberación de precios de venta de ese gas al consumidor a partir del 1 de enero de 2017. Sin embargo, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) publicó en junio el documento Transición hacia Mercados Competidos de Energía: Gas Licuado de Petróleo (LP), en el cual denuncia una integración vertical y pocos jugadores en los distintos eslabones de la cadena de valor de este combustible.
Los reportes de la CRE indican que al 30 de enero de 2017, el precio promedio del combustible era de 15.05 pesos por kilo y para el pasado 30 de julio éste escaló a 19.09 pesos. Es decir, que en 18 meses se registró un incremento de 27%.
Con este precio, el actual salario mínimo de 88.36 pesos alcanza para comprar 4.6 litros de gas LP. En enero de 2017, cuando el salario mínimo era de 80.04 pesos, se compraban 5.2 litros.
Sobre la posibilidad de reducir el costo, el director de la firma Energética E3, Lino Patiño, consideró que es complicado. El también integrante de la Asociación Mexicana de Gas Natural Vehicular, consideró que los consumidores se acostumbraron a tener el gas subsidiado (antes de la reforma) y que el gobierno absorbiera “los costos de importación y muchos otros impuestos en favor del consumidor”.
Otra cuestión, recalcó el empresario, es que mucho del gas LP consumido en la nación es importado.
Datos de la Cofece indican que los precios del energético dependen, entre otros factores, de los costos de suministro, los precios de la referencia internacional de propano, butano, petróleo crudo, gas natural y el tipo de cambio.
Indicadores de Petróleos Mexicanos muestran que el promedio del volumen de ventas internas de gas LP en el primer semestre de 2018 fue de 170 mil 800 barriles diarios, de los cuales 55 mil 800 fueron de importación.
Lino Patiño sugirió al próximo gobierno federal enfocar sus baterías en el gas natural, con el que un hogar se ahorra entre 35 y 50% en comparación con lo que gasta con el LP.
“Con el incentivo correcto y el consenso adecuado de los tres órdenes de gobierno, el gas natural podría tener una cobertura de entre 50 y 70% en las capitales y ciudades principales del país en menos de 10 años”, subrayó Patiño, quien aclaró que en la actualidad sólo del 10 al 15% de los hogares en el territorio nacional utilizan gas natural.
Exigen a SCJN ajuste a gastos
Ciudad de México. Integrantes de la organización “Somos Más”, que encabeza el experredista Emilio Serrano Jiménez, acudieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para exigir a los ministros que hagan ajustes a sus gastos como fondos de ahorro, seguros, viáticos, servicio de telefonía, entre otros.
Luego de salir del recinto donde presentó el documento, Emilio Serrano indicó que en cuanto inicie el periodo de sesiones en la Cámara de Diputados acudirán para pedir que se apruebe la iniciativa que presentaron para que los ministros perciban menos.
Señaló que el documento que presentaron ante la Cámara baja está avalado con 250 mil firmas con las que se exige la igualdad entre las clases sociales y que se mejoren las condiciones de vida de los trabajadores.
“Venimos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para decirles a los ministros y magistrados que el sueldo que ellos tienen es injusto; no es posible que tengan un sueldo tan alto cuando la mayor parte del pueblo tiene un sueldo miserable. Si es necesario cambiar las leyes y la constitución, se tiene que hacer”.
“Debemos mejorar las condiciones para la clase trabajadora y evitar los privilegios, por eso ya presentamos en la Cámara de diputados el 26 de septiembre una iniciativa ciudadana “gobierno sin privilegios” y cuando se abra el periodo ordinario exigiremos que se vote y se apruebe”, dijo.
Vidrgaray y Ebrard inician formalmente transición en SRE
Luis Videgaray, canciller mexicano, informó que esta mañana se reunió con Marcelo Ebrard, propuesto por Andrés Manuel López Obrador, Presidente electo de la República, para dirigir la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
Aunque esta no es el primer acercamiento entre los políticos tras el triunfo del proyecto de Morena en los comicios del 1 de julio, sí es el primer encuentro luego de que AMLO recibiera la constancia de mayoría, el pasado 8 de agosto.
El pasado 21 de julio, Ebrard se reunió con Videgaray e Ildefonso Guajardo, titular de Economía; en aquella ocasión, se habló de la participación del equipo de transición en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y se delineó la manera en la que Jesús Meade participaría en este proceso.
Este lunes 13 de agosto, Videgaray confirmó su reunión con Ebrard: “Esta magna me reuní con Marcelo Ebrard para coordinar un proceso de transición ordenada y eficiente en la SRE, por el bien de nuestro país”.
Hace unos días, Ebrard ya había dado a conocer que buscaría conversar con Videgaray para tratar varios temas, entre los que se cuenta el de los sueldos del cuerpo diplomático, que deben de ajustarse a las medidas de austeridad propuestas por AMLO.
En redes sociales, Ebrard también presumió la reunión: “hoy iniciamos los trabajos de transición formal con el Secretario de Relaciones Exteriores del actual gobierno de conformidad a lo previsto en las leyes aplicables”.
La Ley de Seguridad Interior entró a debate en todo el país
El pasado 7 de agosto se realizó en Ciudad Juárez el primer Foro de Escucha auspiciado por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador. A pesar de no estar previsto el debate de la Ley de Seguridad Interior sí se tomaron en cuenta los señalamientos públicos y manifestaciones pacíficas de varios colectivos a nivel local y nacional y se acordó instalar una Mesa sobre el tema tanto en Ciudad Juárez como en las demás consultas que se harán en el resto del país.
Tras la sanción de la LSI, el año 2017 cerró con más de 29 mil homicidios, la cifra más alta de los últimos 20 años. A pesar de que hace doce años que las Fuerzas Armadas intervienen en “seguridad interior” se registraron más de 6,000 secuestros durante los primeros cuatro años y diez meses de la administración de Enrique Peña Nieto, 1,280 secuestros más que los registrados durante un lapso similar del anterior presidente Felipe Calderón Hinojosa.
Durante la última década México sufrió 150,000 asesinatos y 26,000 desapariciones, con Fuerzas Armadas que demostraron ser tan inefectivas en sus objetivos como letales en su accionar: el ejército mató a ocho presuntos delincuentes por cada uno que hirió; la Marina lo hizo aún mejor, mató a 30 combatientes por cada herido. El único actor claramente derrotado en esta guerra fue el Estado de derecho.
Si el primer requisito para repetir un fracaso es no reconocerlo, la LSI se esfuerza por ser tan ambigua en las definiciones como imprecisa en los alcances. La Ley no aclara las tareas que las Fuerzas Armadas están autorizadas a realizar, sino que afirma que a partir de ahora la intervención de las Fuerzas Armadas tendrá base legal y no dependerá de las “interpretaciones” que se hagan de la Constitución.
La ley no aclara en ningún momento si la intervención de las Fuerzas Armadas seguirá las reglas de la guerra o si por el contrario se guiará las rutinas de la actividad policial. Tampoco menciona qué tipo de armas se usarían, qué procedimientos o qué metodologías.
Durante la duración del tiempo de la Declaratoria las Fuerzas Armadas (a través de la autoridad coordinadora) debe recibir todo el apoyo que solicitan a las autoridades civiles para la realización de su tarea.
Las Fuerzas Armadas podrán recabar información “mediante cualquier medio lícito de recolección de información”, una fórmula amplia y carente de transparencia.
Menciona la utilización racional y proporcional de técnicas, tácticas, métodos, armamento y protocolos para controlar, repeler o neutralizar actos de resistencia, según sus características y modos de ejecución, sin precisar los límites operativos de qué se entiende por racional y proporcional.
La LSI no deja claro en qué consiste el concepto de “movilizaciones pacíficas de protesta social”, sabiendo que el carácter violento de la protesta es fácilmente maleable.
No aclara cómo se dará la intervención frente a protestas sociales calificadas de no pacíficas, ni quién tendrá la jurisdicción para tal calificación.
El art. 7 permite la suspensión de derechos sin reglamentar el 29 constitucional que solo en situaciones excepcionales permite a los militares en las calles y la suspensión de garantías.
No hay menciones sobre transparencia de información ni mecanismos de control. Se supone que todo quedará bajo el manto de la seguridad interior, sin reglas claras de acceso a la información.
La LSI expande la capacidad de intervención de las fuerzas armadas en la lucha contra los cárteles y las personas sospechosas de narcotráfico, dejando a un lado las molestas incertidumbres por el enjuiciamiento a las violaciones de los derechos humanos. Si la actividad militar en seguridad interior se rige por los principios de la guerra, tarea para la cual se forman las Fuerzas Armadas, las acciones se realizarán en cumplimiento de órdenes operativas. Además de lo problemático de aplicar lógicas de guerra en conflictos de seguridad interior, no parece que haya espacio para un respeto irrestricto de los derechos humanos.
La autoridad legislativa tomó nota de las lagunas jurídicas en que se encontraba el tema y aprovechó la “ventana” de oportunidad para legalizar la participación de las Fuerzas Armadas en escenarios todavía más amplios que el crimen organizado o el narcotráfico.
No se trata de que las Fuerzas Armadas comiencen a cumplir funciones propias de la Policía, ya que la LSI abre un panorama nuevo. Se trata de la apertura a una participación rutinaria de las Fuerzas Armadas en la vida civil, mucho más allá de la simple seguridad interior. Toda decisión de seguridad integrará institucionalmente a las Fuerzas Armadas en el proceso informativo, deliberativo y ejecutivo. Porque como expresamente afirma la ley, el rol de las Fuerzas Armadas no será el de suplantar a la policía, sino resolver problemáticas de seguridad interior en términos militares.
No hay crimen organizado sin un Estado que lo sostenga, ni fuerzas policiales corruptas por decisión propia. La solución que ofrecen los gobiernos olvida deliberadamente que ellos mismos son parte del problema. Las Fuerzas Armadas se forman en la lucha contra un enemigo exterior, identificable, soberano y ambicioso. Cualquier otro “combate” al que sean convocadas tiende a convertir al Estado en una comunidad con mucha fuerza pero poca legitimidad.
Las confusas y arbitrarias categorías de “nuevas guerras” traspasan intencionadamente las brechas epistemológicas, a la caza de objetivos estratégicos de seguridad nacional. Países que sí cuentan con una masa crítica de inteligencia que elabora los manuales de filosofía, geopolítica y teoría política con que nuestras universidades y academias latinoamericanas “piensan” sus problemas nacionales, justifican sin dificultad la intervención militar en seguridad interior.
En realidad las Fuerzas Armadas no tienen ninguna incumbencia en la aplicación de la ley. No es necesario aclarar los alcances de la participación militar, sino el rol y forma de la fuerza encargada del cumplimiento de la ley, la Policía.
La cantidad de grupos criminales organizados, en combinación con corporaciones policiales débiles o corrompidas por la delincuencia, produjo que las escenas de patrullajes del Ejército y la asignación de tropas a tareas de seguridad pública se volvieran normales, a pesar de que el artículo 21 de la Constitución afirma que esa tarea debe ser realizada por cuerpos civiles a cargo de la Federación, de los Estados o los municipios.
Las organizaciones sociales, los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales y hasta el propio Ejército, señalaron la inconsistencia. Hasta ahora las Fuerzas Armadas estuvieron involucradas en una situación (la guerra contra el narcotráfico) sin que tal función estuviera prevista en normatividad alguna. Además casi el 90% de los mexicanos percibe que la Policía es corrupta e inútil, con un récord de 99% de crímenes irresueltos.
Los datos muestran en realidad la deficiencia ética y política del debate sobre la seguridad interna en México porque ni en el Congreso, ni en los partidos políticos, ni en las instituciones del Estado se aborda la cuestión fundamental: ¿tienen las fuerzas armadas mexicanas alguna incumbencia en la aplicación de la ley dentro del país? La respuesta es no porque las Fuerzas Armadas no son las que necesitan un instrumento legal para aclarar sus deberes y poderes, sino que la Policía es la que necesita una profunda reforma legal, presupuestaria, institucional y política.
El rol desempeñado por las Fuerzas Armadas no ha sido eficaz. A pesar de que el Ejército está muy bien calificado en los niveles de confianza de los mexicanos, en 2017 hubo 29 mil homicidios y algo similar sucederá para fines de 2018, pocos días después de que López Obrador asuma como nuevo presidente de México.
Hasta ahora el marco legal mexicano, aunque inestable, facilitaba la participación arbitraria de las Fuerzas Armadas en la aplicación de la ley. La Constitución prohíbe expresamente a las autoridades militares intervenir por propia iniciativa en asuntos civiles en tiempos de paz, pero en el año 2000 la Corte Suprema interpretó que esta disposición no impedía que las Fuerzas Armadas ayudaran a las autoridades civiles si se solicitaba explícitamente su apoyo.
Los términos muy generales en los que originalmente se redactó la Constitución le permitían al presidente determinar el alcance de la participación militar en los asuntos civiles. En 2007 Felipe Calderón hizo uso de este margen de maniobra y otorgó amplios poderes a los oficiales militares para planear y realizar operaciones contra el crimen organizado.
Aunque existen algunas circunstancias específicas en las cuales el uso de las Fuerzas Armadas Mexicanas se considera justificado dentro del territorio nacional, el Artículo 16 de la Constitución Mexicana restringe la función doméstica de las Fuerzas Armadas en tiempos de paz y les impide ingresar a residencias privadas. Sin un estado de emergencia declarado, poner a los militares en las calles en el contexto de la guerra contra las drogas es difícil de justificar en términos legales.
La Ley de Seguridad Interior buscar evitar esos problemas constitucionales ampliando las definiciones de seguridad interna, creando un marco legal para que el uso del ejército en la guerra contra el narcotráfico sea más sustentable en el escenario internacional y nacional.
Bolsa de Tokio cae por crisis Turca
Tokio.- La Bolsa de Valores de Tokio cerró este lunes con su mayor baja en un mes, debido a la incertidumbre de que tanto la crisis financiera en Turquía afectará a la economía mundial.
La crisis de la divisa turca fue avivada por presidente estadunidense, Donald Trump, tras ordenar a partir de este lunes la subida de los aranceles del 25 al 50 por ciento al acero de Turquía.
La medida hizo que la lira turca registrara una fuerte caída el viernes. Desde comienzos de año, la divisa se ha devaluado en más del 70 por ciento respecto al dólar y en torno a 61 por ciento en relación al euro.
El Nikkei de 225 acciones, principal indicador de la Bolsa de Valores de Tokio, cerró este lunes sus operaciones con pérdida de 440.65 puntos (1.98 por ciento), para ubicarse en 21 mil 857.43 unidades.
En tanto, la Primera Sección del Indice de Precios (Topix) perdió 36.66 puntos y se ubicó en mil 683.50 unidades, mientras la Segunda Sección restó 156.94 puntos y se colocó en siete mil 98.42 unidades, informó este lunes la agencia japonesa de noticias Kyodo.
Los principales indicadores chinos cerraron esta misma jornada con altibajos, en donde el Shanghai Composite Index cayó 9.44 puntos, 0.34 por ciento, para cerrar en dos mil 785.87 unidades, mientras el Shenzhen Component Index ganó 31.37 puntos, 0.36 por ciento, para ubicarse en ocho mil 844.86 enteros, informó la agencia Xinhua.
Atiza Trump boicot contra la emblemática Harley Davidson
Nueva York. El presidente Donald Trump respaldó este domingo un boicot al fabricante estadunidense de motocicletas Harley-Davidson, en caso de que la empresa cumpla con su anuncio de reubicar en Europa una parte de su producción.
Varios propietarios de Harley Davidson prevén boicotear a la empresa si la producción parte al extranjero. ¡Perfecto!, escribió en Twitter.
La mayoría de las empresas vienen hacia nosotros, incluidas las que son competencia de Harley, añadió. Y enfatizó que la marca tomó una muy mala decisión.
A finales de junio Harley anunció que tenía previsto trasladar a Europa la parte de su producción destinada a este mercado para evitar el aumento de aranceles de 6 a 31 por ciento fijados por el bloque, en represalia por las tasas aduaneras impuestas por Washington a las importaciones de acero y aluminio.
Entonces, Trump también mostró cólera, al expresar: Yo hice tanto por ustedes y salen con esto. No lo olvidaremos, sus clientes tampoco, agregó.
Un año antes Trump había recibido a los directores de Harley con gran pompa en la Casa Blanca.
El conflicto comercial con la Unión Europea (UE) fue desencadenado por la administración Trump con la imposición de aranceles al acero y al aluminio europeos a inicios de junio.
Además de las motos Harley, la UE castigó con medidas arancelarias la importación de numerosos productos estadunidenses, entreellos el whiskey y los jeans. Para Harley, Europa es su segundo mayor mercado, después de Estados Unidos. El año pasado reportó un volumen de ingresos por 521 mil 800 millones de dólares y ganancias por 5 mil 600 millones.
Harley-Davidson ha declinado en forma reiterada comentar las declaraciones de Trump sobre la disputa. La compañía tampoco hizo comentarios este domingo.
