La investigación de una organización civil revela una maniobra del gobierno federal y de una subsidiaria de Grupo México para cambiarle de nombre a la zona donde se encuentra la mina Pasta de Conchos. Se trata de los lotes ahora llamados “Cedro, Roble, Caoba y Olivo” que, de alguna manera, rodean el lugar siniestrado donde aún se encuentran los cuerpos de 63 mineros que murieron el 19 de febrero de 2006. El caso puso al descubierto las injusticias y graves omisiones criminales de esa compañía minera.
CIUDAD DE MÉXICO. Al iniciar el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, la Secretaría de Economía (SE) autorizó cuatro concesiones a Industrial Minera México (IMMSA), subsidiaria de Grupo México, imperio minero del magnate Germán Larrea Mota Velasco, considerado el segundo hombre más rico del país.
Desde entonces, y hasta hace unos días, la autorización pasó desapercibida. De acuerdo con información recabada por este semanario, dichas adjudicaciones están ligadas a un acto de favoritismo sobre uno de los episodios más vergonzosos de la historia laboral en México y que permanece sin aclarar: la muerte de 65 trabajadores en la mina 8 Unidad Pasta de Conchos, un lote cuya concesión fue suspendida, pero que volverá a operar bajo la autorización del gobierno federal.
Este tipo de protección en favor de Grupo México se ha materializado en medio de la impunidad en la que opera la empresa, de los servidores públicos responsables de las malas condiciones en las que era explotada la mina y del falseo de información que llevó a suspender la recuperación de los cuerpos, eliminando la posibilidad de realizar peritajes que expliquen lo que en verdad ocurrió.
La tragedia que causó la muerte de los trabajadores ocurrió el 19 de febrero de 2006, pero fue hasta el día 25 cuando la empresa y funcionarios federales y estatales anunciaron que no había condiciones para que los trabajadores estuvieran vivos.
En una conferencia conjunta, durante la mañana del 26 de febrero de 2006, el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Francisco Javier Salazar Sáenz, y el entonces gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, anunciaron que la concesión sería objeto de una “suspensión definitiva”.
Por esos días, Proceso y su agencia Apro dieron a conocer que la “suspensión” era una figura que posibilitaba la reapertura de la mina con fines de explotación.
Desde 2014, diversas notas periodísticas anticiparon que Pasta de Conchos volvería a operar. En un primer intento de reapertura, la SE le otorgó una concesión a IMMSA para la explotación de carbón mineral y toda sustancia concesible en el polígono que ocupaban los antiguos lotes Nueva Rosita y Pasta de Conchos.
La concesión 240,977, que pertenece al intento de 2014, estaba identificada como Unificación Laureles. Y por los planos localizados en la Cartografía Minera de la SE fue posible observar que en realidad estaban rebautizando los antiguos lotes. Ante la presión de los deudos, la SE reculó.
Nadie se había percatado de que las concesiones otorgadas bajo sutileza de nombres, como Cedro, Roble, Caoba y Olivo, amparan el mismo predio, rodeando de alguna manera la zona siniestrada de lo que fue Pasta de Conchos.
En días pasados, una búsqueda realizada por Cristina Auerbach, integrante de la organización Familia de Pasta de Conchos, reveló tal maniobra al identificar cuatro concesiones –numeradas y que van del 241,673 a la terminación 76– que amparaban los lotes Cedro, Olivo, Roble y Caoba.
“No podía creer lo que estaba viendo. Con las coordenadas comprobé en la Cartografía Minera que habían logrado sacarle la vuelta al área siniestrada y a la suspensión definitiva de la concesión. (Son) cuatro lotes autorizados para la extracción de carbón, de 2013 hasta 2031”, explica la activista.
Si el 26 de febrero de 2006, Salazar Sáenz y Moreira anunciaron la suspensión definitiva de la mina, el 27 de febrero, pero siete años después, Grupo México recuperó el fundo minero (el terreno amparado por una concesión) y sin necesidad de rendir cuentas ni atender los reclamos de los deudos.
Carpetazos
También en febrero de 2013, la Procuraduría General de la República (PGR) anunció vía el subprocurador, Ricardo García Cervantes, que reabriría la investigación por la muerte de los 65 trabajadores y una docena de heridos.
Militante del PAN, de larga carrera legislativa, como senador en el período 2006-2012, García Cervantes llevó a la tribuna la compleja problemática carbonera, así que cuando aceptó integrarse al gobierno de Peña Nieto anunció que una de sus prioridades, como subprocurador de Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, sería consignar la averiguación previa por Pasta de Conchos.
El asunto avanzó, pero de repente, en mayo de 2014, García Cervantes renunció. La averiguación previa SDHPDSC/UEBPD/M14/136/2013 entró en un limbo hasta que finalmente, el 1 de septiembre de 2015, la Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas cerró el expediente y lo remitió a la Procuraduría de Justicia de Coahuila, que jamás dio a conocer públicamente que la indagatoria federal estuviera en sus manos.
En síntesis: la PGR y el gobierno de Coahuila le dieron carpetazo al caso Pasta de Conchos.
En ese entonces, el gobierno federal litigó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para evitar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) conociera el caso en el que las familias de los mineros se duelen de numerosas violaciones a sus derechos.
Luego de agotar todas las instancias judiciales en México, en 2010 las víctimas acudieron a la CIDH para denunciar lo que consideran agravios. Principalmente reclaman la falta de acceso a la justicia, pues con un peritaje amañado y ordenado por la empresa –acusan los deudos–, la STPS, la PGR y el gobierno de Coahuila aceptaron la suspensión del rescate de los 63 cuerpos.
El argumento, planteado en junio de 2007, fue que, por las condiciones del filón, podían detonarse una epidemia regional de tuberculosis, salmonela y VIH, por lo que era preferible parar las labores.
Aunque no había argumento científico que soportara tal afirmación, los funcionarios responsables no cuestionaron el alegato empresarial.
Sin embargo, en diciembre de 2006 y enero de 2007 la necropsia de dos mineros, cuyos cuerpos pudieron ser rescatados, reveló que murieron por estallamiento de vísceras, es decir, bajo los derrumbes de la mina y no por una explosión.
La versión oficial ofrecida por Salazar Sáenz, la empresa y prácticamente todo funcionario relacionado con el caso, fue que hubo una explosión tan grande que la onda expansiva elevó la temperatura hasta unos 900 grados centígrados, por lo que ya ni siquiera podía esperarse que hubiera cuerpos, sólo cenizas, pues a esa temperatura opera un horno crematorio.
Desde 2007, las familias han insistido en volver a los trabajos para recuperar los cuerpos. Apenas el 26 de marzo pasado, la CIDH admitió abrir el Caso 13.552 que el Estado mexicano había intentado evitar desde 2010.
Los alegatos del gobierno de Peña Nieto ante instancias internacionales eran los mismos que expuso ante tribunales nacionales, para rechazar las diferentes demandas de los deudos; no obstante, la CIDH determinó en su revisión del caso que ninguno de los argumentos oficiales eran procedentes.
Mientras el caso se mantiene impune y los 63 cuerpos sepultados, el gobierno de Peña Nieto autorizó las nuevas concesiones en el fundo minero que se suponía estaba sancionado por las condiciones de la mina que causaron la peor tragedia de su tipo desde los sesenta.
Trampas mortales
Las malas condiciones laborales de la minería del carbón, que tiene su principal asiento en Coahuila, no se limitan a la inseguridad en cientos de pocitos, un tipo de minas rudimentarias que carecen de ventilación e infraestructura suficiente para evitar explosiones, inundaciones y derrumbes.
De acuerdo con cálculos de la organización Familia Pasta de Conchos e información que tiene esta publicación, al menos 200 mineros han muerto en la región desde la tragedia del 19 de febrero de 2006.
Esas muertes han expuesto que la mayoría de las víctimas no estaba registrada ante el Instituto Mexicano del Seguro Social o, como en Pasta de Conchos, los reportaron con un tabulador más bajo de lo que correspondía. Los casos también revelaron el viacrucis de las viudas para acceder a sus pensiones.
El 2 de febrero de 2011, la mina Lulú colapsó y dos trabajadores perdieron la vida. Familia Pasta de Conchos documentó las condiciones precarias en las que operaba.
El trabajo de Cristina Auerbach expone que los trabajadores vivían de lunes a sábado en la mina, no contaban con servicio de emergencia ni asistencia médica, tampoco tenían dormitorios, regaderas ni comedor. Como la mina estaba en una zona muy aislada, sólo podían comprar en la tienda del patrón, es decir, era una tienda de raya.
El 11 de febrero de 2011, la STPS, mediante su delegado Jesús Hernández Rocha, anunció una serie de medidas contra lo que ahí había pasado. También prometió que no habría impunidad.
La mina Lulú fue propiedad de la empresa Minera Siderúrgica de Coahuila, cuyo accionista mayoritario era Salvador Kamar Apud (ya extinto), originario de Monclova, conocido por su proveeduría a Altos Hornos de México cuando ésta era una paraestatal, así como por la influencia que ejercía vía los medios de comunicación que tenía en la región. Su heredera, Lulú Kamar, se presentó este año como candidata del PRI a la alcaldía de Monclova. Perdió.
Antes del accidente del 2 de febrero de 2011, la minera ya había sido sancionada por diversos incidentes, el más conocido fue el del 6 de agosto de 2009, cuando murieron dos trabajadores. En esa ocasión, la Secretaría de Economía sí canceló la concesión.
Sin embargo, la familia Kamar se defendió y la Primera Sala Regional del Norte Centro II del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa resolvió –en el juicio 497/13-05-01-7– la nulidad de la cancelación de la concesión 213152, correspondiente al lote Lulú. Para julio de 2015, la SE notificó a la empresa que podía reanudar sus operaciones.
Para Cristina Auerbach, se trata de un sistema de impunidad, continuo y generalizado que protege por igual a los caciques locales carboneros que a un magnate como Germán Larrea, a quien los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Peña Nieto no quisieron ni quieren tocar. Se trata, afirma, de situaciones laborales que mantienen a los mineros en condiciones de esclavitud moderna.
“Conseguí una copia del documento y les devolvieron la concesión. La mina Lulú está operando como si nada. Igual que como hicieron en Pasta de Conchos. A las dos empresas, una grande y otra no tanto, les devolvieron sus operaciones mortales y ya hasta hay mapas de los proyectos.
“En el caso de los nuevos lotes de Pasta de Conchos, los mapas muestran que su intención es abrir minas al lado de donde están los 63 mineros, cuyos cuerpos ningún presidente quiso rescatar, para evitar el acceso de las familias a la verdad y la justicia.”
Fuente: Proceso
