miércoles, 2 de mayo de 2018

LA ÚLTIMA Y NOS VAMOS, 2 MAYO 2018

René Juárez Cisneros será designado Dirigente Nacional del PRI


Ciudad de México. El ex gobernador de Guerrero, René Juárez Cisneros, será designado en las próximas horas como dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en sustitución de Enrique Ochoa Reza, confirmaron a este diario fuentes de la dirigencia tricolor.
El cambio se realizará a menos de dos meses de la elección, como parte de los ajustes de la campaña presidencial de José Antonio Meade, quien un día después del debate del 22 de abril anunció el ajuste de la estrategia y equipo para el resto de la campaña.
René Juárez es coordinador de la campaña de Meade en la cuarta circunscripción, que incluye a Tlaxcala, Puebla –donde hoy realizó una gira el candidato de Todos por México- Morelos, Guerrero y la ciudad de México, y los propios priístas le reconocen capacidad de operación política y electoral.
El anuncio se hará, además, un día después de la comida del presidente Enrique Peña Nieto, en el Centro Bancomer, con los grupos parlamentarios de PRI, PVEM y Panal en la Cámara de Diputados.
Legisladores consultados señalaron que, al iniciar su discurso, el Presidente no mencionó a Ochoa Reza ni a la secretaria general, Claudia Ruiz Massieu, quienes previamente habían hecho un recorrido por las mesas.
Incluso, comentaron, un grupo de diputados se puso de acuerdo para que, en caso de que presentaran a ambos dirigentes, no les aplaudirían.
Al momento que Peña Nieto abordó el tema electoral, el mandatario expresó ante las tres bancadas que “la mejor alternativa ya saben quién es” y, de acuerdo a los testimonios recabados, los presentes se pusieron de pie y comenzaron a gritar: “¡Meade, Meade, Meade!”
Otros legisladores priístas informaron que, al término del encuentro, los diputados que además son coordinadores estatales de la campaña de Meade se trasladaron a Los Pinos, donde sostuvieron una reunión aparte con Peña Nieto.
Desde su primer cargo público en 1978 como analista en la desaparecida Secretaría de Programación y Presupuesto en Guerrero, René Juárez Cisneros fue escalando en cargos públicos y de partido.
De 1990 a 1993 fue alcalde de Acapulco; entre 1993 y 1994 se le designo´coordinador estatal del Programa Nacional de Solidaridad –la política estrella del ex presidente Carlos Salinas de Gortari-, y fue gobernador de Guerrero de 1999 a 2005, y en el PRI ha sido delegado regional en distintas entidades.
Tomó protesta como senador en 2012, y pidió licencia el 6 de octubre de 2016, para asumir el cargo de subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, en sustitución de Luis Miranda Nava.
El mismo día que Miguel Ángel Osorio Chong renunció a la Secretaría de Gobernación, el 10 de enero pasado, René Juárez anunció su salida del cargo y en un tuit también agradeció al presidente Enrique Peña Nieto su confianza y respaldo, y Meade lo incorporó a su campaña el 22 de febrero.
No funcionará estrategia de unirse en mi contra: AMLO

Ciudad de México. Andrés Manuel López Obrador afirmó que no funcionará la estrategia de que sus adversarios se unan en su contra, y aseguró a los integrantes de la “mafia del poder” que podrán hacer negocios lícitos si gana la Presidencia de la República, pero “ya no al amparo del poder ni mediante la corrupción”.
Desde la delegación Iztacalco, el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia resaltó que está 25 puntos arriba en las preferencias electorales, por lo pidió a los de la citada mafia prepararse sicológicamente “porque ya no van a poder robar”. Además, ofreció garantías de que no van a ser perseguidos.
“No va a haber persecución a los adversarios. No es mi fuerte la venganza, no se van a tener que ir al extranjero o irse desterrados, ni vamos a desatar una cacería de brujas. No queremos venganza, queremos justicia”, afirmó.
Ante miles de personas que se congregaron a escucharlo en la colonia Agrícola Oriental, López Obrador resaltó que de llegar a Presidencia “la mafia del poder ya no va a dominar México... va a mandar el pueblo”.
Resaltó que “el pueblo de México tomó la decisión de que haya un cambio verdadero y ellos, los de la mafia del poder, tienen que prepararse sicologicamente porque ya no van a poder robar. Se va a acabar la robadera, y ya no van a tener el privilegio de mandar”.
Pero tampoco serán perseguidos, insistió. “No somos rencorosos. No es mi fuerte la venganza. Van a poder actuar con absoluta libertad, incluso hacer negocios lícitos, pero ya no al amparo del poder y mediante la corrupción”.
Eso se acabará, subrayó. “Va a haber un auténtico estado de Derecho, porque ahora ellos están acostumbrados al estado de chueco, al estado de cohecho.... Al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie”, subrayó.
También llamó a los mexicanos a la reconciliación. “Nada de odios ni rencores, tenemos que conseguir la paz entre todos”, dijo.
El abanderado de Morena, Encuentro Social y Partido del Trabajo estuvo acompañado por Claudia Sheinbaum, candidata a jefa de Gobierno de la Ciudad de Mexico, y otros aspirantes de la coalición Juntos Haremos Historia a cargos públicos. Entre ellos, Mario Delgado, Martí Batres, Armando Quintero.
López Obrador estará más tarde en El Mante y Tampico, Tamaulipas.

Candidatas a alcaldes denuncian agresiones contra brigadas de Morena


Ciudad de México. Las candidatas de la coalición Juntos Haremos Historia para las alcaldías de Cuajimalpa y Álvaro Obregón, Paola Félix Díaz y Laida Sansores San Román, respectivamente, denunciaron agresiones físicas y hostigamiento hacia las brigadas de Morena por parte de grupos vinculados al PRI en ésta primera demarcación y al PRD en la segunda.
Esto, luego de que la tarde de ayer, alrededor de las 16:30 horas fueron golpeados dos brigadistas que realizaban una pinta en un muro de la Calle 3 Reyes y Noche Buena de la colonia Granjas Navidad, en Cuajimalpa.
Junto con el coordinador de campaña de la candidata a la jefatura de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, el diputado de la Asamblea Legislativa Alfonso Suárez del Real y candidatos a diputados locales y federales en ambas demarcaciones, hicieron un llamado al gobierno de la ciudad a tener una rápida respuesta ante incidentes como éste que sean captados a través de las cámaras del C5.
Félix Díaz, dijo que no es la primera agresión y en lo que va del periodo de precampañas y campañas suman ya ocho denuncias y quejas ante la Procuraduría capitalina y autoridades electorales.
Layda refirió en Álvaro Obregón PRD está operando “como bandas de corte gansteril”, además de tener cooptados a líderes de colonias a los que pagan 200 mil pesos mensuales, con los que pagan a su vez a entre 25 y 35 personas la cantidad de 5 mil pesos para realizar proselitismo a favor de sus candidatos.
En conferencia de prensa en la Plaza Tolsa, Suárez del Real, a nombre de Sheinbaum, hizo un llamado “a todos los partidos políticos de esta ciudad” a hacer de este proceso electoral un intercambio de ideas y no de agresiones y confrontación.
Más tarde, en la sala de prensa de la Asamblea Legislativa, el coordinador del grupo parlamentario del PRI; Israel Betánzos Cortes, denunció a su vez una agresión por parte de presuntos militantes de Morena a brigadistas del candidato de su partido a alcalde de Cuajimalpa, Adrián Ruvalcabam cuando realizaban también una pinta en la calle Coahuila y la carretera México-Toluca alrededor de las 19:00 horas de ayer.
El legislador exhibió un video en el que se observa a un grupo de personas peleando frente a un muro a los que por la y el momento en que alguien arroja pintura blanca sobre un vehículo, sin embargo debido a la oscuridad, el brillo del alumbrado público y los movimientos de quien hizo la grabación, no se distinguen los rostros de los agresores.
En ambos casos, se exhibieron los escritos de denuncia iniciados ante la Procuraduría capitalina.

#LeyChayote: la disputa aún no termina

Con todo y la imposición de la mayoría del PRI y el PVEM en la Cámara de Diputados y en el Senado para aprobar la Ley General de Comunicación Social, la también conocida como Ley Chayote será impugnada ante tribunales para que el tema de la publicidad oficial llegue de nuevo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por los vicios y violaciones a la Constitución que contiene.

Después de que el Congreso legalizara el uso arbitrario de la publicidad oficial para que las autoridades castiguen o premien a la prensa por su comportamiento editorial, la ley será sometida a revisión por diferentes vías en la justicia federal, debido a las restricciones a la libertad de expresión contenidas en la legislación aprobada el martes 10 por los diputados y avalada el miércoles 25 por los senadores en un cuestionado proceso legislativo.

La primera acción que se espera es un recurso de inconformidad ante el máximo tribunal que promueva Artículo 19 por incumplimiento cabal de la sentencia del amparo por la propia SCJN a esa organización no gubernamental por la omisión en que se encontraba el Legislativo al no legislar la publicidad oficial.

Una segunda vía legal podría ser una acción de inconstitucionalidad que promueva la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la cual durante el proceso de aprobación en el Congreso pidió que la ley se ajustara a los estándares internacionales de regulación con criterios claros de distribución de la pauta estatal y de los mecanismos de contratación, transparencia y acceso a la información, como una forma de garantizar la libertad de expresión.

En el Senado, donde la ley se aprobó a pesar de no haber sido dictaminada debido a la falta de consenso en las comisiones dictaminadoras (Gobernación; Radio, Televisión y Cinematografía; y Estudios Legislativos Primera), una minoría calificada equivalente a una tercera parte de los senadores podría también impugnar la ley ante la SCJN mediante una acción de inconstitucionalidad. En ese recurso, la minoría legislativa podría argumentar la contradicción de la Ley General de Comunicación con los derechos y libertades establecidos en la Constitución Política.

Incluso algún gobierno estatal o municipal podría recurrir a la controversia constitucional si considera que la ley lo afecta. Un caso podría ser el del gobierno de Chihuahua, cuyo gobernador, Javier Corral, ha anunciado una legislación que va en sentido opuesto a lo aprobado por los legisladores federales.

Una vez puesta en vigor, la ley también podría ser impugnada a través del amparo, ya sea por Artículo 19 o por periodistas, a causa de la afectación de la ley a su libertad de expresión.

En ese escenario, es posible que la SCJN revise distintos recursos contra la ley. En una acción de inconstitucionalidad, el caso llega al pleno de ministros, donde se requieren ocho votos para desechar ordenamientos de la ley. Por vía de amparo, la impugnación podría llegar a alguna de las salas, donde sólo se necesitan tres votos para ganar. Aunque el efecto no necesariamente obligaría al Congreso a volver a legislar, depende si se considera que pasamos de una omisión absoluta a una omisión relativa, explicaron fuentes de la SCJN. 

Las impugnaciones que vienen
Ana Cristina Ruelas, directora de Articulo 19 en México, explica a Proceso que su primera acción será el recurso de inconformidad porque la ley aprobada no dio respuesta cabal a la sentencia del amparo que la SCJN le concedió en noviembre del año pasado a esa organización internacional dedicada a la defensa y promoción de la libertad de expresión en el mundo.

En el amparo, la Primera Sala de la SCJN estableció que los legisladores habían sido omisos para legislar sobre publicidad oficial y que debían hacerlo de acuerdo con lo establecido en el artículo 134 de la Constitución, referido a la eficacia y transparencia del ejercicio de los recursos públicos. 

En el caso de la Ley General de Comunicación Social, se mantiene la violación a ese artículo porque lo que hizo el Congreso fue “legalizar las malas prácticas” de la publicidad oficial en México, que en la práctica significan una restricción a la libertad de expresión, según lo expresó el colectivo #MediosLibres, integrado por más de 100 organizaciones sociales y periodistas tras la aprobación de la ley en el Senado.

En el amparo del año pasado, la SCJN señaló que la omisión legislativa violaba “la libertad de expresión, de prensa y de información” porque permitía “el uso arbitrario y discrecional de la repartición de la publicidad oficial y genera censura a los medios de comunicación y periodistas críticos”.

Tanto el artículo 134 como el ejercicio de esas libertades siguen violados con la ley que se aprobó, asegura Ruelas, quien junto con Fundar, Centro de Análisis e Investigación, han sido los promotores de una legislación acorde con los principios internacionales en la materia para garantizar transparencia, control y supervisión del gasto del gobierno en su pauta publicitaria.

Ana Cristina Ruelas explica que su organización también podría impugnar la ley a través de un amparo, pero eso no será posible –explicó– hasta que entre en vigor, lo que está previsto para el 1 de enero de 2019.

En el caso de las acciones de inconstitucionalidad, la CNDH también lo podrá hacer una vez que el presidente Enrique Peña Nieto promulgue la ley. Cuando el tema estaba en discusión en el Senado, el organismo le pidió a los legisladores que la ley incluyera los estándares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para tener reglas y criterios claros y precisos para el reparto de la publicidad.

Esos principios también se refieren a mecanismos de contratación, transparencia y acceso a la información, control externo de la asignación y a garantizar el pluralismo informativo. 

La propia CIDH y la ONU, a través de sus relatorías sobre libertad de expresión, además de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se manifestaron públicamente para que se legislara observando esos principios. 

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) y el Instituto Nacional Electoral (INE) también pidieron que la ley se ajustara a los estándares internacionales.

Ni esas consideraciones ni las propuestas del colectivo #MediosLibres fueron tomadas en cuenta por los legisladores que hicieron mayoría en el Congreso. Simularon foros de participación social y al final aprobaron la iniciativa promovida por el PRI y el PVEM en la Cámara de Diputados, a la que se sumaron algunos legisladores del PAN, en un esquema similar a lo que ocurrió con la Ley de Seguridad Interior, ahora controvertida en la SCJN.

Todas esas vías jurídicas podrían ahorrarse si Peña Nieto le hiciera observaciones y regresara la ley al Congreso, pero los 40 mil millones de pesos que ha gastado en medios tan solo en este año no sólo hacen ese escenario difícil, sino imposible, dice Ruelas.

De acuerdo con #MediosLibres, la ley avalada en el Senado la noche del martes 24 fue producto de un proceso legislativo lleno de claroscuros, inconsistencias y cargado de irregularidades, pues se aprobó en el pleno (60 votos a favor, 46 en contra y una abstención) a pesar de la falta de acuerdo en las comisiones dictaminadoras.

La ley “legaliza las malas prácticas” que ocurren en la publicidad oficial, incumple los criterios con los que la SCJN otorgó el amparo a la organización no gubernamental Artículo 19 para que el Congreso legislara sobre la materia, y desestimó las propuestas sociales y de organismos internacionales, señaló. 

Para el colectivo, los legisladores sólo hicieron una simulación para cumplir con el plazo fijado por la SCJN y no incurrir en desacato. 

En el amparo que otorgó a Artículo 19 en noviembre pasado, la SCJN también estableció que la libertad de expresión se ve afectada por la falta de reglas claras en el gasto de la publicidad oficial. El uso arbitrario y discrecional del reparto de la publicidad oficial genera censura a los medios de comunicación y periodistas críticos, estableció. 

El colectivo, que desde entonces emprendió distintas iniciativas para lograr una ley acorde con los principios internacionales en el tema, señaló que el comportamiento del Congreso demuestra su falta de compromiso con los derechos y libertades de la sociedad.

“Esta ley impide que los medios de comunicación sean verdaderos instrumentos de ciertas libertades y no vehículos para restringirlas”, expresó. La ley –según #MediosLibres– sólo obedece a “intereses muy particulares y no a los que una sociedad como la mexicana requiere” y “deja en un estado más vulnerable la libertad de expresión y el derecho a la información” de la sociedad.

Entrega CNTE pliego petitorio a Alejandro Murat


Oaxaca, Oax. Integrantes de la comisión política de la sección 22 perteneciente a la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), entregaron este martes su pliego petitorio que se integra de 35 puntos distribuidos en 7 apartados, la recepción se realizó en privado y corrió a cargo del gobernador del estado, Alejandro Murat Hinojosa.
El acto se realizó luego de que los mentores realizaran una marcha junto con otros sindicatos y organizaciones sociales con una participación aproximada de 20 mil personas de acuerdo con la Policía Vial Estatal, el proceso de entrega se llevó a cabo en el palacio de gobierno, en donde el mandatario reconoció el trabajo que día a día realizan los mentores y se comprometió a trabajar en dar una respuesta al pliego presentado así como para servir de enlace para dar solución a peticiones que deben ser presentadas ante autoridades de otras instancias.
Por su parte, el dirigente de la sección 22, Eloy López Hernández emplazó al mandatario dar respuesta a más tardar el próximo 15 de mayo, día en que se celebra el día del maestro, ya que de lo contrario adelantó la asamblea estatal podría determinar diversas acciones, entre ellas explicó se tiene contemplado un paro de labores, sin embargo se negó a informar si este podría ser total o parcial.
El pliego petitorio refirió se divide en 7 apartados que son, demandas centrales; políticas; de justicia; laborales; educativas; económicas; de seguridad social y de carácter social; la principal es la abrogación de la reforma educativa, sin embargo reconoció que esta no corresponde cumplirla al gobierno estatal.

Retira Ceteg vallas del acceso a la sede de Gobierno en Chilpancingo


Chilpancingo,Gro. Este mediodía contingentes de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación en Guerrero (Ceteg), tiraron al Río Huacapa las vallas metálicas que impiden el acceso al Palacio de Gobierno.
La acción se desarrolló al cumplirse el tercer día del paro de labores convocado por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
El dirigenre de la Ceteg, Arcángel Ramírez Perulero, manifestó que una de las demandas centrales es la instalación de una mesa de diálogo con el gobierno estatal.
En Acapulco, los maestros de la Ceteg tomaron durante la mañana la caseta de peaje de La Venta, en la Autopista del Sol, para protestar contra las reformas estructurales, principalmente la educativa.
Los manifestantes realizaron pintas en las casetas y piden cooperación a los automovilistas. La representante de la Ceteg-Acapulco, Adolfina Bautista, expresó: “Estamos cumpliendo con el acuerdo nacional del paro de 72 horas, pero no de suspender clases en las aulas, sino de mantener las protestas con diversas actividades.
“Con esta jornada de lucha -dijo- lo que queremos es reactivar la mesa de negociaciones con la Secretaría de Gobernación, para que se haga la reparación de daños que ha provocado la aplicación de la reforma educativa”.
Aparte, maestros disidentes de la Ceteg, región de Costa Grande, efectúan bloqueos intermitentes sobre la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo, a la altura de la Y griega, en Atoyac de Álvarez.
En la avenida costera Miguel Alemán de Acapulco, trabajadores administrativos del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep), marcharon de la glorieta de La Diana al parque Papagayo, para exigir que sea reconocida su antigüedad real ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), entre otras demandas laborales.

EU admite a 25 integrantes de Caravana Migrante


Tijuana, BC. Estados Unidos aceptó el ingreso desde Tijuana de 25 miembros de una caravana de inmigrantes centroamericanos criticada por Donald Trump para procesar sus solicitudes de asilo, informó hoy la organización Pueblo sin Fronteras.
Los centroamericanos forman parte de un grupo de unas 200 personas que desde el domingo espera junto al puerto de ingreso de San Ysidro, entre las ciudades de Tijuana y San Diego, para poder presentar sus casos.
"Es un logro inmenso para estas personas", dijo a dpa Irineo Mujica, dirigente del grupo que organizó la caravana, que estuvo integrada en un inicio por más de mil personas. "Estamos contentos, nos tuvieron horas y horas esperando" Los migrantes salieron el 25 de marzo de Tapachula, en la frontera de México con Guatemala, y recorrieron unos 4 mil kilómetros hasta Tijuana para pedir asilo humanitario.
Una vez que logran ser admitidos por la autoridad de Aduanas y Fronteras, deben pasar por una entrevista que determina si reúnen las condiciones para iniciar el trámite de asilo, un proceso que luego puede durar más de un año.
"Tienen casos legítimos de violencia", señaló Mujica. "Para los que han estado días en trenes, horas y horas en lugares preligrosos, esto es lo más fácil", afirmó.
La mayoría de los migrantes proceden de Honduras, Guatemala y El Salvador, donde muchas veces son amenazados por pandillas o grupos criminales.
De los 400 centroamericanos que llegaron con la caravana hasta Tijuana sólo una parte va a presentar la solicitud de asilo. "A muchos les faltan documentos o pruebas o los abogados consideran que su caso no está fuerte", explicó Mujica.
La caravana, conocida como el Viacrucis Migrante, se hace anualmente desde 2008 para visibilizar las dificultades que enfrentan los centroamericanos que cruzan México con el objetivo, en la mayoría de los casos, de entrar en Estados Unidos.
No todos los que ingresaron a México tenían la intención de llegar a la frontera norte y la mayoría se fue quedando en el camino.
El avance de la caravana provocó la ira de Trump, que anunció la militarización de la frontera con México y la puso como ejemplo de las razones por las que quiere construir un muro en la frontera.
El fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, anunció hoy que el Departamento de Justicia ha presentado cargos criminales contra 11 personas que aseguran ser miembros de la caravana de migrantes y que entraron de manera ilegal al país.
Estados demandan a Trump por mantener el DACA
Washington.- Una coalición de siete estados, liderados por Texas, demandó al Gobierno del presidente Donald Trump, por haber continuado con el programa DACA, que protege de la deportación a 690 mil jóvenes que llegaron al país de niños, conocidos como ‘dreamers’.

El fiscal general de Texas, el republicano Ken Paxton, interpuso una demanda en el tribunal del distrito sur de Texas para que esa corte declare ilegal DACA (siglas en inglés de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia) y prohíba al Ejecutivo continuar renovando ese programa de alivio migratorio.

“Nuestra demanda es sobre el Estado de Derecho y no sobre la sensatez de una política migratoria en particular”, afirmó Paxton en un comunicado.

En el pasado, el fiscal texano ya interpuso demandas contra el programa DACA, proclamado en 2012 por el entonces presidente Barack Obama, porque considera que el Ejecutivo no tiene poder para dar forma a las leyes migratorias y esa capacidad le corresponde exclusivamente a la rama Legislativa.

DACA protege a sus beneficiarios de la deportación, les otorga un permiso de trabajo temporal y les permite acceder a una licencia de conducir, unos beneficios que deben renovar cada dos años.

“Texas ha argumentado durante años que la rama ejecutiva federal no tiene el poder de otorgar unilateralmente un estatus legal y autorización de trabajo a inmigrantes ilegales”, consideró Paxton en un comunicado.

“Dejar DACA intacto establece un precedente peligroso porque le da al poder Ejecutivo la autoridad para ignorar las leyes promulgadas por el Congreso y cambiar las leyes de inmigración de nuestro país para adaptarlas a las preferencias políticas del presidente”, añadió.

En junio de 2017, Paxton amenazó por primera vez con una demanda a Trump, que pertenece a su propio partido, y aseguró que le llevaría a los tribunales si no cumplía con su promesa de acabar con DACA.

Finalmente, en septiembre pasado, Trump anunció que DACA debía expirar el 5 de marzo si el Congreso no llegaba a un acuerdo sobre inmigración.

No obstante, DACA no llegó a expirar porque dos jueces, uno de Nueva York y otro de California, obligaron al Gobierno a mantener vivo el programa, aunque establecieron que solo podrían renovar su permiso aquellos inmigrantes que ya se hubieran beneficiado anteriormente.

La semana pasada, un juez de Washington D.C. determinó que el Gobierno de Trump debe aceptar nuevas solicitudes de DACA.

No obstante, ese magistrado dio al Gobierno un plazo de 90 días para justificar por qué puso fin al programa, aunque concluido ese plazo le obligará a aceptar nuevas peticiones.

Los estados con más ‘dreamers’ son California y luego Texas, donde viven más de 100 mil beneficiarios de DACA, según datos del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).
Organización terrorista ETA Anuncia su disolución en una carta
Bilbao, España.- La organización terrorista ETA ha anunciado en una carta fechada el 16 de abril su decisión de dar por terminado su ciclo histórico y ha comunicado que ha disuelto “completamente todas sus estructuras”.

En la misiva, enviada hoy por la organización terrorista a varias instituciones y agentes políticos, a la que ha tenido acceso Efe, ETA transmite su decisión de “dar por terminados su ciclo histórico y su función, dando fin a su recorrido”.

“Por tanto, ETA ha disuelto completamente todas sus estructuras y ha dado por terminada su iniciativa política”, dice la carta.
Detienen en París a 109 personas tras protestas contra reformas laborales de Macron
La policía de la capital francesa informó que 109 personas fueron detenidas tras la violencia que se registró ayer durante las protestas contra las reformas laborales del gobierno de Emmanuel Macron, que incluyen un plan para la supresión de 120 mil puestos de trabajo en la función pública para recortar el gasto estatal.

Los detenidos son sospechosos de delitos que incluyen portar armas prohibidas que disparan proyectiles, destacó la policía parisina.

Ayer, mientras se celebraba el Día Internacional del Trabajo, un grupo de encapuchados incendió seis vehículos y destrozó un restaurante de McDonald’s, mientras que varias agencias automotrices sufrieron vandalismo.

En una entrevista con la televisora France 2 Television, esta mañana, el ministro del Interior de Francia, Gérard Collomb, dijo que estaba contento de que “nadie resultó herido de gravedad” en los disturbios del 1 de mayo; sin embargo, varias personas resultaron lesionadas y algunas tuvieron que ser hospitalizadas.
De acuerdo con un despacho informativo de la agencia Associated Press (AP), la oposición aprovechó la ausencia del presidente Emmanuel Macron, quien se encuentra de visita oficial en Australia, para presentar una imagen de desorden en un país sin líder en medio de las críticas a la policía por no actuar lo suficientemente rápido para calmar la violencia.

“Hay un gobierno. Hay un estado que está siendo gobernado y que seguirá reaccionando”, dijo Macron desde Sídney.

Según el jefe de la policía de París, Michel Delpuech, los actos violentos fueron perpetrados por agresores enmascarados de un grupo libertario llamado Black Blocs, que tiene unos mil 200 miembros y que estuvo al margen de la protesta por el Día del Trabajo que congregó a 20 mil personas.

La intención de los activistas radicales era generar el caos, apuntó.

En crisis, sistema penitenciario del país: CNDH


Ciudad de México. El sistema penitenciario nacional está en crisis, muchas de las prisiones del país no garantizan los más mínimos derechos para las personas privadas de su libertad y conforme a los estándares internacionales su evaluación está en números rojos.
Así lo documentó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en su Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2017, que se presentó este miércoles.
Ruth Villanueva Castilleja, tercera visitadora general de la CNDH, subrayó que pese a los avances de años recientes, "nadie en su sano juicio puede pensar que tenemos un buen sistema penitenciario, no lo hay y eso se tiene que decir". Lamentó en ese sentido que ninguno de los cinco aspirantes a la Presidencia de la República se haya referido a fondo a este tema.
El estudio incluyó un análisis de 198 de las 378 cárceles varoniles, femeniles y mixtas del país: 131 estatales en las que están internas 161 mil 855 personas, 20 centros federales donde hay 21 mil 906 presos, tres prisiones militares en las que hay 539 personas privadas de la libertad, 44 municipales con 2 mil 529 internos y 17 establecimientos femeniles con 9 mil 705 presas.
La calificación en promedio nacional para los centros penitenciarios es de 6.3, pero son las cárceles municipales las peor evaluadas. De acuerdo con la funcionaria de la CNDH actualmente estos centros locales alcanzaron una calificación de 3.99, apenas arriba de la obtenida el año pasado que fue de 3.90.
Las estatales pasaron de 6.27 puntos en 2016 a 6.30 en 2017, los centros federales de 7.21 a 7.33 y los militares de 7.95 a 8.13. Los centros femeniles obtuvieron una calificación de 7.26 puntos, mientras los mixtos apenas de 5.98. En ese sentido, Villanueva Castilleja urgió en la necesidad de que haya al menos una cárcel para mujeres por cada entidad federativa, pues apenas existen 17 en el país.
Las deficiencias detectadas en los centros estatales, abundó, es que no hay separación entre la población en proceso y la sentenciada, insuficiencia de personal de seguridad y custodia, deficientes condiciones materiales, sobre población y hacinamiento, mala higiene en instalaciones, falta de actividades laborales y capacitación para el trabajo; además de el grave problema de autogobierno o co gobierno, falta de atención y prevención de incidentes violentos.
En las cárceles federales la CNDH documentó que no se dan situaciones de autogobierno ni sobrepoblación o hacinamiento, pero se afecta el contacto de los reclusos con el exterior. Además, en 16 hay personal insuficiente, 14 careen de actividades laborales y de capacitación y deficiencias en la atención a la salud de la población penitenciaria, en 13 se detectó insuficiencia para la prevención de adicciones y desintoxicación, en ocho no hay separación entre procesados y sentenciados.
En las prisiones municipales se detectó inexistencia o insuficiencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento de los centros; falta de actividades educativas, deportivas, laborales y de capacitación para el trabajo; no hay separación entre procesados y sentenciados; falta de reglamentos y manuales; deficiencias en las condiciones materiales y de higiene de las instalaciones, entre otras.
En cuanto a las prisiones militares recurrente fue la falta de actividades laborales y de capacitación para el trabajo.
La tercera visitadora de la CNDH señaló que las cárceles de tres estados: Nayarit, Guerrero y Tamaulipas son las peor calificadas a escala nacional.

Avión militar de EU se estrella en Georgia; 5 muertos


Washington. Un avión militar de transporte estadunidense se estrelló el miércoles en el sureño estado de Georgia con saldo de cinco muertos, dijo una portavoz de la Guardia Nacional a la AFP.
"Hay cinco fallecidos", dijo la portavoz, que señaló que el avión siniestrado pertenece a la Guardia Nacional de Puerto Rico.

Antimotines refuerzan Managua ante nuevas protestas


Managua. La Policía de Nicaragua movilizó hoy a sus fuerzas antidisturbios en un céntrico sector de Managua y en torno a la casa del presidente Daniel Ortega, ante el anuncio de nuevas marchas y "plantones" de estudiantes universitarios que protagonizaron encendidas protestas hace dos semanas.
Varias decenas de efectivos antimotines amanecieron resguardando la rotonda Hugo Chávez, en el viejo centro de la capital, para evitar que sea atacada por manifestantes, informó el canal 15 de televisión local.
También fue reforzada la seguridad en torno a la siempre vigilada residencia de Ortega, en el reparto El Carmen, así como en los alrededores del Parlamento donde también se ubican numerosas oficinas públicas y estaciones de gasolina, según constató Dpa.
Mientras, decenas de jóvenes salieron esta mañana (local) desde la jesuita Universidad Centroamericana (UCA) para marchar pacíficamente hacia el Parlamento y protestar por la formación de una Comisión de la Verdad que consideran será pro-gubernamental.
Otro "plantón" antigubernamental fue anunciado frente al hospital "Cruz Azul", cerca del sector, para protestar por la muerte del estudiante de 15 años Alvaro Conrado, herido por la Policía en las protestas de abril y que no recibió atención médica en ese centro.
El Gobierno bautizó con el nombre de Chávez una rotonda situada sobre la Avenida Bolívar, que termina en las costas del lago Xolotlán. En el centro de la rotonda colocó un colorido monumento metálico con el rostro del mandatario venezolano, aliado de Ortega y fallecido en 2013.
En los últimos días, grupos de manifestantes quemaron y derribaron al menos una docena de "árboles de la vida", moles de hierro luminosas de 17 metros de altura consideradas un símbolo del Gobierno de Ortega y de la primera dama, Rosario Murillo.
Murillo ordenó instalar en Managua 134 "arbolatas", como se les conoce popularmente, a un costo de 3.3 millones de dólares (según datos de la prensa) ya que cada árbol, equipado con miles de mini-bombillos eléctricos, habría costado 25 mil dólares.
Las protestas contra Ortega comenzaron el pasado 17 de abril, un día después de que el Gobierno anunciara una reforma al Seguro Social, sin consenso con el sector privado, que aumentaba los aportes o cuotas mensuales de las empresas y de miles de trabajadores y jubilados.
Aunque el presidente revocó la reforma, las protestas se extendieron a 14 ciudades del país tras la violenta respuesta policial y de grupos de choque oficialistas, que dejaron 63 muertos y cientos de heridos y detenidos según organismos no gubernamentales. El Gobierno sólo reconoce 10 fallecidos.