CIUDAD DE MÉXICO- El 6 de enero de 2016, un año antes de estallar el escándalo de corrupción de Odebrecht, el mandatario Enrique Peña Nieto cumplió una promesa que la administración de Felipe Calderón hizo a una filial de la empresa brasileña en 2010: mediante decreto presidencial, el priista estableció un arancel de 5% a las importaciones de polietileno de baja densidad para favorecer la producción de este hidrocarburo en el complejo Etileno XXI, operado por la misma empresa brasileña.
El arancel que Peña Nieto decretó formaba parte de una cláusula contenida en el contrato de suministro de etano que celebró Pemex Gas y Petroquímica Básica (PGPB, hoy Pemex Transformación Industrial) con el consorcio Braskem-Idesa el 19 de febrero de 2010, con Calderón Hinojosa y el expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva como testigos de honor.
Al firmar este contrato, que fue enviado de manera anónima a través de la plataforma digital Méxicoleaks, Pemex se comprometió a vender 66 mil barriles de gas etano a Braskem –una filial de Odebrecht– y su socio mexicano Grupo Idesa durante 20 años, por un precio inferior a los estándares del mercado.
En el mismo documento, estas empresas se comprometieron a construir y operar el complejo Etileno XXI –para transformar el gas en etileno y su derivado polietileno– en Coatzacoalcos, Veracruz.
El contrato, diseñado con evidentes desventajas para Pemex, generó pérdidas multimillonarios a la empresa mexicana: tan sólo en 2016, la petrolera perdió casi 2 mil millones de pesos, dejó sin etano a sus plantas procesadoras y actualmente compra en el extranjero parte de la materia prima que está obligada a entregar por 20 años a la empresa brasileña, como lo documentó la reportera Jesusa Cervantes en Proceso en febrero pasado.
“Al daño financiero hay que sumarle el costo de construcción de un ducto especial que rebasó los 6 mil millones de pesos. Pero además un barco arrendado por Pemex va de regreso a Houston, Estados Unidos, luego de entregar 4 mil toneladas de etano que el gobierno compró para abastecer a Odebrecht”, señala el reportaje de este semanario.
Desde diciembre de 2016, Odebrecht se encuentra en el centro de un escándalo internacional, estigmatizada por sus prácticas de corrupción en distintos países de América Latina y África. En México, directivos de la empresa confesaron ante la justicia brasileña que pagaron unos 10.5 millones de dólares de sobornos a Emilio Lozoya Austin, primero mientras éste coordinaba los asuntos internacionales de la campaña electoral de Enrique Peña Nieto, y en un segundo tiempo ya como director general de Pemex.
La cláusula VII de los inversionistas, en el contrato obtenido por Apro y los demás medios que conforman la Alianza Méxicoleaks, establece:
“Es fundamental para la economía de las Instalaciones del Proyecto que el Gobierno de México incremente las tarifas aplicables a la importación de toda clase o tipo de polietileno a México desde otros países distintos a aquellos con los que México ha celebrado Tratados de Libre Comercio a tarifas que sean al menos similares a las tarifas aplicables a las importaciones de dicha clase o tipo de polietileno en los Estados Unidos de América o Canadá (actualmente 6.5%)”.
Y no sólo esto: el gobierno aseguró que ayudaría el consorcio en “agilizar la obtención de permisos”, y que realizaría “los esfuerzos comercialmente razonables para apoyar a (Braskem-Idesa) en sus esfuerzos de obtener un incremento por el gobierno de México en las tarifas de importación de polietileno”.
Por Pemex firmaron los entonces subdirectores Arturo Arreguí García, de Planeación; Armando Arenas Briones, de Producción; Fernando Amor Castillo, de Gas Licuado y Petroquímicos Básicos, y Víctor Domínguez Cuéllar, de Ductos. Y aunque su jefe directo era el panista Jordy Herrera –quien fue secretario particular de Calderón cuando éste fue director de Banobras–, aquél no figura en el contrato.
Seis años después de firmarse el contrato, Peña Nieto impuso un arancel de 5% sobre el precio del kilo de polietileno de baja densidad lineal (LLDPE) importado desde países distintos a Canadá y Estados Unidos, según el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
El 22 de junio de 2016, el entonces secretario de Energía Pedro Joaquín Coldwell inauguró Etileno XXI, con prácticamente un año de retraso respecto del contrato inicial, y cinco meses después que Peña Nieto firmara el decreto presidencial.
En estas fechas, la investigación Lava Jato ya era conocida y los nombres de Marcelo Odebrecht y su empresa empezaban a ser familiares en la región.
Dos años después, el escándalo de corrupción arrasó en la región: en Perú, Pedro Pablo Kucynski tuvo que renunciar a la presidencia y el expresidente Ollanta Humala está preso, en Ecuador fue detenido el vicepresidente Jorge Glas, en Colombia el exgerente de campañas del presidente Juan Manuel Santos fue enviado a prisión provisional…
En México, la Procuraduría General de la República afirma que sigue investigando el caso, sin embargo, pese a los señalamientos directos hacia Lozoya, la dependencia dejó de informar sobre los avances de sus indagaciones. Es más: en abril pasado, la PGR se negó en entregar información al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), pues aseveró que ésta tiene un carácter reservado.
Estafa a Pemex
En el momento de firmar el compromiso para el suministro de 66 mil toneladas diarias de etano a Etileno XXI, Pemex no sólo se comprometió a venderlo a 16 centavos de dólar por galón –mientras que el valor en el mercado es de 50 centavos de dólar por galón–: no calculó que no tendría suficiente etano para abastecer a sus dos plantas transformadoras “Cangrejera” y “Morelos”, que a la fecha trabajan al 40% de su capacidad.
Por ello, desde su primer año de entrada en vigor, el contrato le salió mal a Pemex: la petrolera no entregó a Braskem-Idesa todo el etano que debía y, en consecuencia, le pagó a la filial de la brasileña 283 millones de pesos.
Actualmente, Pemex tiene que comprar etano a precio de mercado y en dólares, según la convocatoria publicada en abril de este año, pero lo vende a Braskem-Idesa por debajo del precio mínimo y en pesos, de acuerdo con la filtración recibida vía Méxicoleaks. “El precio al que vendió el etano fue menor al costo de ventas y al gasto de transportación incurridos”, señaló la ASF en su revisión de la Cuenta Pública 2016.
Y no sólo esto: el contrato fue utilizado como aval para que el gobierno mexicano, a través de Bancomext, participe a la construcción de Etileno XXI –que representó una inversión de 5 mil 100 millones de dólares– con una línea de crédito de 120 millones de dólares “y como estructurador de un crédito sindicado con otros 17 bancos del mundo”, según el documento.
Nacional Financiera (Nafin), por su parte, estableció tres líneas de crédito por 620 millones de dólares entre 2012 y 2016 para que Braskem-Idesa pudiera financiar Etileno XXI, e incluso el Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA) que debió pagar durante los cuatro años de construcción, según los informes anuales de la dependencia.
Se buscó a varios funcionarios de Nafin para que explicaran las cifras de sus propios informes y exactamente cómo es que Nafin financió el IVA del proyecto, que debió pagar Braskem-Idesa por sus propias actividades, pero no hubo respuesta a los requerimientos de información.
Domínguez Cuellar, uno de los funcionarios de Pemex que firmó el contrato, salió de Pemex, pero no del sector energético: trabaja ahora en la consultora DM Integración Energética, especializada en el asesoramiento del mercado de gas y petróleo en México.
Arenas Briones, quien fungió como director de PGPB hasta 2014, fue señalado en 2009 por ser parte de una red de corrupción en la asignación de contratos con Pemex a empresas de sus familiares.
Por el lado de Idesa, uno de los firmantes fue José Luis Uriegas Uriegas, como director general, quien antes de entrar en Idesa era funcionario en Nafin, la dependencia que prestó 620 millones de dólares a Braskem-Idesa para el proyecto del cual se benefició en demasía.
Fuente: Proceso
