Empresarios protestan contra la corrupción en el Ángel. Foto: Miguel Dimayuga
De acuerdo con el Foro, el factor que catapulta a México hasta el primer puesto es el crimen organizado. Entre las 10 naciones más corruptas de la clasificación, cinco son latinoamericanas y rebasan a México.
En una escala entre el uno y el siete, en la que a mayor transparencia más alta es la puntuación obtenida, México obtuvo un 2.5, de acuerdo con una revisión de Business Insider.
Las naciones latinoamericanas que no son miembros de la OCDE y superan a México en el índice de corrupción son Venezuela está a la cabeza, con 1.7; Bolivia, con 2; Brasil y Paraguay, ambos con 2.1 y la República Dominicana, con 2.2.
Un informe del Foro publicado en junio situaba a la corrupción como el problema más importante que debe enfrentar América Latina, según sus líderes políticos y de negocios. Escándalos como el de Petrobras, en Brasil; las acusaciones vertidas sobre la expresidenta argentina Cristina Fernández, y los sobornos de los que se acusa al ex mandatario guatemalteco Otto Pérez-Molina mantuvieron estancada a la región en la comparación de los índices 2014 al 2015.
La corrupción es uno de los elementos que incluye la fundación suiza en su índice anual de competitividad, basado en una encuesta a 15 mil líderes de negocios de 141 economías mundiales.
El caso de México parece, sin embargo, el más alarmante por tratarse de una economía más avanzada que sus pares latinos. En el índice global de competitividad ocupa el lugar 51 de 138, tras haber escalado seis peldaños gracias a la mayor eficiencia de sus mercados, y mantiene una larga serie de factores que asustan a los inversionistas: la corrupción, el más grave, seguido del crimen organizado y otros factores administrativos como la ineficiencia de la burocracia.
“La educación básica sigue siendo una significativa debilidad para su competitividad comparada con otros líderes regionales y mundiales, además de que la calidad institucional se ha rezagado. La economía mexicana ha sido golpeada por la caída de los precios del petróleo”, señala el Foro en su perfil sobre México.
Según el Foro Económico Mundial, los países desarrollados con mayores índices de corrupción son:
1. México (2.5)
2. Eslovaquia (2.7)
3. Italia (3.1)
4. Hungría (3.1)
5. Grecia (3.2)
6. República Checa (3.3)
7. España (3.4)
8. Corea del Sur (3.5)
9. Polonia (3.7)
10. Eslovenia (3.7)
La corrupción es uno de los elementos que incluye la fundación suiza en su índice anual de competitividad, basado en una encuesta a 15 mil líderes de negocios de 141 economías mundiales.
El caso de México parece, sin embargo, el más alarmante por tratarse de una economía más avanzada que sus pares latinos. En el índice global de competitividad ocupa el lugar 51 de 138, tras haber escalado seis peldaños gracias a la mayor eficiencia de sus mercados, y mantiene una larga serie de factores que asustan a los inversionistas: la corrupción, el más grave, seguido del crimen organizado y otros factores administrativos como la ineficiencia de la burocracia.
“La educación básica sigue siendo una significativa debilidad para su competitividad comparada con otros líderes regionales y mundiales, además de que la calidad institucional se ha rezagado. La economía mexicana ha sido golpeada por la caída de los precios del petróleo”, señala el Foro en su perfil sobre México.
Según el Foro Económico Mundial, los países desarrollados con mayores índices de corrupción son:
1. México (2.5)
2. Eslovaquia (2.7)
3. Italia (3.1)
4. Hungría (3.1)
5. Grecia (3.2)
6. República Checa (3.3)
7. España (3.4)
8. Corea del Sur (3.5)
9. Polonia (3.7)
10. Eslovenia (3.7)
Alerta Coneval por tijerazo a programas para los más pobres
Contrario a lo que anunció José Antonio Meade, recién nombrado titular de Hacienda, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 prevé un recorte de 75 mil 592 millones de pesos en programas y acciones de desarrollo social, equivalente a una reducción de 10.48% respecto de 2016; en otras palabras, un recorte dos veces superior al que sufriría el presupuesto federal.
Como cada año, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) analizó el proyecto que entregó la SHCP al Congreso el 8 de septiembre, y señaló, en un informe, que la administración de Enrique Peña Nieto pretende reducir el presupuesto en 67 de los 83 programas prioritarios de desarrollo social –en cinco de ellos, Hacienda ni siquiera especificó un presupuesto.
El proyecto presupuestario establece recortes severos a programas que inciden en las poblaciones indígenas, los beneficiarios del Seguro Popular, los pequeños agricultores y ganaderos o los jornaleros agrícolas. En otras palabras: a los más pobres en general.
Al asumir la SHCP, el pasado 8 de septiembre, Meade aseguró que el presupuesto 2017 sería “serio” y con un “alto contenido social”; según el análisis, el presupuesto destinado a los programas y acciones de desarrollo social pasó de 940 mil 281 millones de pesos a 864 mil 689 millones en el proyecto del próximo año.
El gobierno federal pretende recortar 3 mil 835 millones de pesos al presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) –6.2% de su presupuesto 2016–, 19 mil 543 millones al de la Secretaría de Educación Pública (SEP) –un recorte de 9.3%–, y 8 mil 405 millones a la Secretaría de Salud (SSa) –9.4% menos–.
El programa Prospera sufriría un recorte de 2.7% en valor real, mientras los presupuestos destinados a las paraestatales Liconsa y Diconsa disminuirían en una proporción similar. El Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas tendría que operar con un presupuesto inferior en 17.3% al de 2016, y el Seguro de Vida para Jefas de Familia prácticamente desaparecería, con una reducción presupuestaria de 98.8%.
También se reducirían de manera significativa los presupuestos de varios programas de la SEP que más contribuyen a combatir rezagos sociales –según el Coneval–: el Programa Nacional de Becas –menos 17.5%–, el programa de Educación para Adultos –disminuido en una tercera parte–, o el programa para la Inclusión y la Equidad Educativa, entre otros.
La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), que lleva a cabo la estrategia de vivienda social en el país y se encuentra a cargo de Rosario Robles, sufriría un recorte de 42.9%: su presupuesto pasaría de 22 mil 552 millones de pesos a 13 mil 216 millones.
Por ello, el Programa de Apoyo a la Vivienda operaría con un presupuesto reducido en 21.6%, mientras el programa de Infraestructura sería recortado en 57%.
La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) operaría con un presupuesto de 4 mil 586 millones –menos de la mitad de lo que obtuvo este año– por lo que los programas de apoyo a la población indígena serían de los más afectados, pese que tres de cada diez indígenas mexicanos se encuentren en pobreza extrema, es decir, más de cuatro veces el promedio nacional.
Según el Coneval, la administración de Peña Nieto pretende eliminar 71% del presupuesto al Programa de Infraestructura Indígena, 3.3% al de Derechos Indígenas y 0.4% al de Apoyo a la Educación Indígena.
Varios de los programas que opera la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) se verían afectados por el recorte, entre ellos el de Apoyos a Pequeños Agricultores –menos 26.9%–, de Fomento a la Agricultura –menos 32.9%–, o el de Fomento Ganadero –menos 51%–.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) también vería su presupuesto derrumbarse en caso de que los legisladores aprueben el proyecto sin mayores modificaciones: de 23 mil 86 millones de pesos a 10 mil 121 millones, una caída de 57.3%.
El tema de las Áreas Nacionales Protegidas (ANP) surgió en la coyuntura este domingo 2 a raíz del aterrizaje de un helicóptero en el Arrecife Alacranes, con el senador priista Emilio Gamboa Patrón, Guillermo Ruiz de Teresa –coordinador de Puertos y Marina Mercante de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)– y el empresario yucateco Emilio Díaz Castellanos a bordo.
El proyecto presupuestario plantea reducir en 2.6% los fondos destinados al Programa de Manejo de Áreas Naturales Protegidas, así como fuertes disminuciones a los programas de Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable –menos 62.4%–, de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento –menos 73.2%– y de Recuperación y Repoblación de Especies en Riesgo, con 86% menos recursos.
Si bien el gobierno federal multiplicó las declaraciones mediáticas en los últimos meses para afirmar su compromiso en la reducción de la obesidad y la diabetes –juntos representan la primera causa de muerte en el país–, el proyecto presupuestario 2017 prevé una reducción de 25.1% del programa de Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes.
Ese no sería el único recorte en el sector salud: el Seguro Popular sería “amputado” en 11.3% de su presupuesto, el Seguro Médico Siglo XXI de una tercera parte, y el programa de Apoyos para la Protección de las Personas en Estado de Necesidad prácticamente a la mitad.
El programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género, que maneja el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), por su parte, sufriría un recorte de 47.7%.
Como cada año, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) analizó el proyecto que entregó la SHCP al Congreso el 8 de septiembre, y señaló, en un informe, que la administración de Enrique Peña Nieto pretende reducir el presupuesto en 67 de los 83 programas prioritarios de desarrollo social –en cinco de ellos, Hacienda ni siquiera especificó un presupuesto.
El proyecto presupuestario establece recortes severos a programas que inciden en las poblaciones indígenas, los beneficiarios del Seguro Popular, los pequeños agricultores y ganaderos o los jornaleros agrícolas. En otras palabras: a los más pobres en general.
Al asumir la SHCP, el pasado 8 de septiembre, Meade aseguró que el presupuesto 2017 sería “serio” y con un “alto contenido social”; según el análisis, el presupuesto destinado a los programas y acciones de desarrollo social pasó de 940 mil 281 millones de pesos a 864 mil 689 millones en el proyecto del próximo año.
El gobierno federal pretende recortar 3 mil 835 millones de pesos al presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) –6.2% de su presupuesto 2016–, 19 mil 543 millones al de la Secretaría de Educación Pública (SEP) –un recorte de 9.3%–, y 8 mil 405 millones a la Secretaría de Salud (SSa) –9.4% menos–.
El programa Prospera sufriría un recorte de 2.7% en valor real, mientras los presupuestos destinados a las paraestatales Liconsa y Diconsa disminuirían en una proporción similar. El Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas tendría que operar con un presupuesto inferior en 17.3% al de 2016, y el Seguro de Vida para Jefas de Familia prácticamente desaparecería, con una reducción presupuestaria de 98.8%.
También se reducirían de manera significativa los presupuestos de varios programas de la SEP que más contribuyen a combatir rezagos sociales –según el Coneval–: el Programa Nacional de Becas –menos 17.5%–, el programa de Educación para Adultos –disminuido en una tercera parte–, o el programa para la Inclusión y la Equidad Educativa, entre otros.
La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), que lleva a cabo la estrategia de vivienda social en el país y se encuentra a cargo de Rosario Robles, sufriría un recorte de 42.9%: su presupuesto pasaría de 22 mil 552 millones de pesos a 13 mil 216 millones.
Por ello, el Programa de Apoyo a la Vivienda operaría con un presupuesto reducido en 21.6%, mientras el programa de Infraestructura sería recortado en 57%.
La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) operaría con un presupuesto de 4 mil 586 millones –menos de la mitad de lo que obtuvo este año– por lo que los programas de apoyo a la población indígena serían de los más afectados, pese que tres de cada diez indígenas mexicanos se encuentren en pobreza extrema, es decir, más de cuatro veces el promedio nacional.
Según el Coneval, la administración de Peña Nieto pretende eliminar 71% del presupuesto al Programa de Infraestructura Indígena, 3.3% al de Derechos Indígenas y 0.4% al de Apoyo a la Educación Indígena.
Varios de los programas que opera la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) se verían afectados por el recorte, entre ellos el de Apoyos a Pequeños Agricultores –menos 26.9%–, de Fomento a la Agricultura –menos 32.9%–, o el de Fomento Ganadero –menos 51%–.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) también vería su presupuesto derrumbarse en caso de que los legisladores aprueben el proyecto sin mayores modificaciones: de 23 mil 86 millones de pesos a 10 mil 121 millones, una caída de 57.3%.
El tema de las Áreas Nacionales Protegidas (ANP) surgió en la coyuntura este domingo 2 a raíz del aterrizaje de un helicóptero en el Arrecife Alacranes, con el senador priista Emilio Gamboa Patrón, Guillermo Ruiz de Teresa –coordinador de Puertos y Marina Mercante de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)– y el empresario yucateco Emilio Díaz Castellanos a bordo.
El proyecto presupuestario plantea reducir en 2.6% los fondos destinados al Programa de Manejo de Áreas Naturales Protegidas, así como fuertes disminuciones a los programas de Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable –menos 62.4%–, de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento –menos 73.2%– y de Recuperación y Repoblación de Especies en Riesgo, con 86% menos recursos.
Si bien el gobierno federal multiplicó las declaraciones mediáticas en los últimos meses para afirmar su compromiso en la reducción de la obesidad y la diabetes –juntos representan la primera causa de muerte en el país–, el proyecto presupuestario 2017 prevé una reducción de 25.1% del programa de Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes.
Ese no sería el único recorte en el sector salud: el Seguro Popular sería “amputado” en 11.3% de su presupuesto, el Seguro Médico Siglo XXI de una tercera parte, y el programa de Apoyos para la Protección de las Personas en Estado de Necesidad prácticamente a la mitad.
El programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género, que maneja el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), por su parte, sufriría un recorte de 47.7%.
Fuente: Proceso| La Redacción| MATHIEU TOURLIERE
