La secretaria de Relaciones Exteriores "criticó abiertamente la decisión de invitar a Trump sin avisarle a la Cancillería”.
La titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores habría presentado su renuncia al cargo que ocupa desde hace un año tras la visita de Donald Trump a México, trascendió.
Claudia Ruiz Massieu presentó su renuncia la noche del 31 de agosto y manifestó su rechazo por la invitación hecha por Presidencia de la República al candidato del Partido Republicano sin ser consultada.
“Al parecer, la secretaria de Relaciones Exteriores decidió mantenerse en el cargo después de una tensa reunión en Los Pinos, donde criticó abiertamente la decisión de invitar a Trump sin avisarle a la Cancillería”, destaca Proceso.
De acuerdo con el trascendido, Enrique Peña Nieto habría solicitado al secretario de Turismo Enrique de la Madrid hablar con Ruiz Massieu Salinas para “hacerla recapitular”.
Fuentes de Presidencia aseguraron a Proceso que fue el subsecretario para América del Norte, Paulo Carreño King, el responsable de mantener comunicación con la embajadora Roberta Jacobson, quien fue ignorada e informada de la visita de Donald Trump hasta el 30 de agosto.
Reunión promueve el diálogo
La canciller aseguró que el encuentro entre el mandatario y el candidato se enmarca en la postura de apertura y diálogo promovida por el Gobierno federal. En conferencia de prensa indicó que la reunión responde a la responsabilidad del Ejecutivo para generar un diálogo constructivo con aquellos que tengan posibilidades de incidir en la relación bilateral.
"(Donald Trump) reaccionó rápidamente, su campaña respondió diciendo que había interés en generar este encuentro y el Presidente quiso tener precisamente a este candidato, quien durante estos meses ha mostrado que tiene propuestas basadas en desinformación o información errónea respecto a México sobre la relación bilateral", concluyó Ruiz Massieu.
Niños de Xochicuautla acusan a Peña, a La Gaviota e Higa por vulnerar derechos
TOLUCA, Edomex.- Una veintena de niños indígenas de la comunidad de San Francisco Xochicuautla promoverá un amparo para obligar a que se acate la suspensión definitiva de la autopista Toluca-Naucalpan, arguyendo violación a sus derechos por parte del presidente Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera, como titular del Sistema DIF, así como contra Grupo Higa-Autovan.
Priscila Hernández, directora de Earth Defenders, organización con sede en Washington DC dedicada a la defensa del derecho a un medio ambiente sano, indicó que este recurso es el primero en su tipo, posiblemente a escala mundial, y adelantó que será promovido este mismo día ante los tribunales federales.
“Hemos decidido demandar a Grupo Higa, al presidente Peña Nieto y a Angélica Rivera, entre otras autoridades, que han permitido, auspiciado y perpetrado violaciones a los derechos humanos de los niños, en razón de que desde hace casi una década han irrumpido ilegal y violentamente, con apoyo de granaderos, a territorio de la comunidad”, señaló.
En el recurso, dijo, también se advierte la responsabilidad de autoridades estatales, pero de manera fundamental de los señalados, en virtud de la relación de complicidad que tienen entre sí, y que queda de manifiesto con casos como el de la Casa Blanca de la primera dama del país.
La obra del Grupo Higa, señaló Hernández Bribiesca, se ha concretado sin pensar en las afectaciones a los menores de edad, quienes en algunos casos han sido golpeados por la fuerza pública (por ejemplo durante los desalojos) y han padecido durante una década violencia psicológica ante el temor generado por los policías armados que vigilan sus casas, amedrentan, golpean y detienen a sus papás.
“Están aterrorizados”, aseguró la abogada, tras precisar que este ambiente ha provocado en ellos pérdida de apetito, disminución del rendimiento escolar, sueño a temprana hora para evadirse de su realidad, por mencionar algunas consecuencias.
Entre los promoventes se encuentran niños de todas las edades, uno de ellos de 8 años que prácticamente ha pasado toda su vida en estas circunstancias, con lo que se violan los derechos de la niñez tutelados internacionalmente.
El caso también ha sido denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pero avanza lento debido a que se tienen muchas denuncias contra México.
En la comunidad habitan alrededor de 2 mil 500 niños, y al menos 300 padecen de manera directa las afectaciones de la obra, ya sea porque viven sobre el trazo carretero o porque sus escuelas se ubican a 150 o 200 metros de la autopista.
Las denuncias se sustentan con testimonios de los pequeños afectados, estudios científicos, los mandatos judiciales de suspensión de la obra y documentos que prueban su ilegalidad, en virtud de que la vía pretende cruzar por el bosque otomí-mexica protegido como parte de las Ciénegas del Río Lerma y como parque nacional, por lo que se tiene prohibido cambiar el uso de suelo.
La promoción de este amparo, del que también se espera suspensión definitiva para el proyecto carretero, advirtió, es la última oportunidad para que las autoridades mexicanas atiendan y ejecuten el mandato, pues de no hacerlo los recursos posteriores se entablarán ante órganos internacionales.
De entrada, el viernes 23 se llevará el caso una mesa de trabajo en materia de medio ambiente en la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Priscila Hernández, directora de Earth Defenders, organización con sede en Washington DC dedicada a la defensa del derecho a un medio ambiente sano, indicó que este recurso es el primero en su tipo, posiblemente a escala mundial, y adelantó que será promovido este mismo día ante los tribunales federales.
“Hemos decidido demandar a Grupo Higa, al presidente Peña Nieto y a Angélica Rivera, entre otras autoridades, que han permitido, auspiciado y perpetrado violaciones a los derechos humanos de los niños, en razón de que desde hace casi una década han irrumpido ilegal y violentamente, con apoyo de granaderos, a territorio de la comunidad”, señaló.
En el recurso, dijo, también se advierte la responsabilidad de autoridades estatales, pero de manera fundamental de los señalados, en virtud de la relación de complicidad que tienen entre sí, y que queda de manifiesto con casos como el de la Casa Blanca de la primera dama del país.
La obra del Grupo Higa, señaló Hernández Bribiesca, se ha concretado sin pensar en las afectaciones a los menores de edad, quienes en algunos casos han sido golpeados por la fuerza pública (por ejemplo durante los desalojos) y han padecido durante una década violencia psicológica ante el temor generado por los policías armados que vigilan sus casas, amedrentan, golpean y detienen a sus papás.
“Están aterrorizados”, aseguró la abogada, tras precisar que este ambiente ha provocado en ellos pérdida de apetito, disminución del rendimiento escolar, sueño a temprana hora para evadirse de su realidad, por mencionar algunas consecuencias.
Entre los promoventes se encuentran niños de todas las edades, uno de ellos de 8 años que prácticamente ha pasado toda su vida en estas circunstancias, con lo que se violan los derechos de la niñez tutelados internacionalmente.
El caso también ha sido denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pero avanza lento debido a que se tienen muchas denuncias contra México.
En la comunidad habitan alrededor de 2 mil 500 niños, y al menos 300 padecen de manera directa las afectaciones de la obra, ya sea porque viven sobre el trazo carretero o porque sus escuelas se ubican a 150 o 200 metros de la autopista.
Las denuncias se sustentan con testimonios de los pequeños afectados, estudios científicos, los mandatos judiciales de suspensión de la obra y documentos que prueban su ilegalidad, en virtud de que la vía pretende cruzar por el bosque otomí-mexica protegido como parte de las Ciénegas del Río Lerma y como parque nacional, por lo que se tiene prohibido cambiar el uso de suelo.
La promoción de este amparo, del que también se espera suspensión definitiva para el proyecto carretero, advirtió, es la última oportunidad para que las autoridades mexicanas atiendan y ejecuten el mandato, pues de no hacerlo los recursos posteriores se entablarán ante órganos internacionales.
De entrada, el viernes 23 se llevará el caso una mesa de trabajo en materia de medio ambiente en la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Fuente: Proceso y Sexenio| Proceso| VENERANDA MENDOZA
