Rafael Olvera Amezcua fue acusado en Estados Unidos de ser responsable de la conspiración que estafó a 6 mil 800 ahorradores en 2014. La demanda dice que Olvera habría utilizado decenas de millones de dólares que robó a mexicanos para comprar unas 100 propiedades en ese país, 26 tan sólo en San Antonio, Texas. En entrevista con SinEmbargo, Fernando González Santillana, quien fue designado por los acreedores como interventor del proceso de concurso mercantil al que está sometido Ficrea, explicó que el principal objetivo del recurso legal es que los bienes se sumen a los que se pueden vender y el dinero que se obtenga sea repartido entre las víctimas del desfalco.
Rafael Olvera Amezcua, accionista principal de la financiera popular Ficrea, fue demandado ante una corte de Florida, Estados Unidos. El cargo que se le imputa es el robo de 65 millones de dólares a las personas que invirtieron sus ahorros en esa empresa, informó en un artículo el San Antonio Express News.
De acuerdo con la demanda, Olvera Amezcua habría utilizado los recursos “para construir un imperio de lavado de dinero” en San Antonio, Texas, y en la península de la Florida.
La demanda identifica al empresario, quien actualmente vive en Miami, como responsable de una conspiración criminal para esconder decenas de millones de dólares que estafó en 2014 a 6 mil 800 ahorradores a través de su Sociedad Financiera Popular.
De acuerdo con autoridades mexicanas, la estafa habría implicado una suma total de 2 mil 700 millones de pesos, aproximadamente 160 millones de pesos, aunque la demanda estaría relacionada solo con 65 millones de dólares, una parte del monto total.
El acusado habría usado el dinero para adquirir unas 100 propiedades en Estados Unidos, incluyendo 26 sólo en San Antonio, entre casas e inmuebles de uso comercial. En Florida los bienes adquiridos con el dinero robado incluirían un condominio en las exclusivas Trump Towers, en la playa de Sunny Isles, cerca de Miami.
La demanda fue interpuesta por un despacho estadounidense a petición del abogado mexicano Javier Navarro Velasco, quien fue designado como síndico responsable de la venta de activos de la empresa para pagar a los ahorradores defraudados.
“La empresa, manejada en gran parte a través de la base de operaciones de Olvera Amezcua en el Condado de Miami-Dade, Florida, involucró la transferencia de millones de dólares robados de Ficrea a Estados Unidos y otras partes del mundo, la recepción de esos fondos robados en EU, y el uso de esos recursos para comprar y crear empresas controladas por Olvera Amezcua, que luego fueron utilizados para la compra de viviendas, bienes de inversión, yates, automóviles y otros activos”, dice la demanda, de acuerdo con el Express News.
Además de Olvera Amezcua también aparecen en la demanda su hijo Rafael Olvera Silva; su esposa Susana Silva Tortolero, agentes de bienes raíces, compañías que le ayudaron a cerrar tratos de algunos terrenos y más de 40 empresas que habrían comprado propiedades en su nombre.
En entrevista con SinEmbargo, Fernando González Santillana, quien fue designado por los acreedores como interventor del proceso de concurso mercantil, explicó que el principal objetivo de esta demanda, es que los bienes, que de principio le corresponden a la familia Olvera, se sumen al resto de los que están en concurso mercantil para que se puedan vender y el dinero que se obtenga sea repartido a los acreedores.
“La demanda no sólo es buena, sino que es necesaria. No sólo involucra los bienes que se encuentran en este momento en Miami, porque a futuro tendríamos que ver de qué manera y en qué condiciones se involucran los bienes que están en otros países como España y Gran Bretaña, e incluso dentro de Estados Unidos, como Texas”, comentó.
A casi dos años de que se hiciera público el desfalco, varios de los procesos legales iniciados en México continúan aún en la búsqueda de culpables, a pesar de que desde un principio se supo que se trataba de lavado de dinero.
Sin embargo, el delito no se comprobó en tribunales mexicanos y se dejó en libertad a varias personas que fueron acusadas.
Para González Santillana, la autoridad en México ha venido dando “palos de ciego”, ya que no encuentra un delito real para imputar a los directivos de Ficrea y no se ha iniciado ninguna investigación por fraude.
Desde el inicio de sus movilizaciones para recuperar su patrimonio, los ahorradores no han dejado de insistir en la responsabilidad que tuvieron la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Comisión Nacional para la Defensa de los usuarios de Instituciones Financieras (Condusef), por las labores, el seguimiento y las condiciones en las que llevó adelante la intervención de Ficrea y por el conocimiento que tenían esos organismos de todas las irregularidades que causaron este quebranto.
“Todas las acusaciones que en teoría tenían que llevar a cabo las autoridades, se han negado a realizarlas. La PGR a través de la CNBV, nunca conllevó a la acusación de fraude, o no lo han hecho. El motivo no se conoce y nos despierta dudas y enojos, porque vemos que la autoridad no está actuando para poder llevar a cabo el rescate de esos bienes”, sostuvo.
Respecto a la demanda interpuesta en Estados Unidos, señaló que “es una garantía de que no habrá intereses por parte del sistema judicial mexicano que también ha sido muy errado y parcial en sus resoluciones”.
En noviembre pasado, Andy Tiwari, un connotado abogado de San Antonio que representa al acusado dijo que su cliente negaba haber cometido cualquier irregularidad y dijo que Olvera Amezcua no haría comentarios sino hasta después de que los tribunales mexicanos resolvieran su asunto.
El dinero sustraído por Olvera Amezcua fue enviado a Estados Unidos, España y Gran Bretaña.
La comisión bancaria mexicana aseguró propiedades, yates, vehículos , y pertenecías del acusado, sin embargo el dinero obtenido de esos bienes fue significativamente menor que los adeudos de Ficrea.
En la demanda, Navarro Velasco estaría pidiendo que el acusado sea obligado a pagar daños, intereses y los gastos procesales y solicita que el juez ordene el decomiso de propiedades del acusado para que sean subastadas y se recupere dinero para los defraudados.
“La empresa, manejada en gran parte a través de la base de operaciones de Olvera Amezcua en el Condado de Miami-Dade, Florida, involucró la transferencia de millones de dólares robados de Ficrea a Estados Unidos y otras partes del mundo, la recepción de esos fondos robados en EU, y el uso de esos recursos para comprar y crear empresas controladas por Olvera Amezcua, que luego fueron utilizados para la compra de viviendas, bienes de inversión, yates, automóviles y otros activos”, dice la demanda, de acuerdo con el Express News.
Además de Olvera Amezcua también aparecen en la demanda su hijo Rafael Olvera Silva; su esposa Susana Silva Tortolero, agentes de bienes raíces, compañías que le ayudaron a cerrar tratos de algunos terrenos y más de 40 empresas que habrían comprado propiedades en su nombre.
En entrevista con SinEmbargo, Fernando González Santillana, quien fue designado por los acreedores como interventor del proceso de concurso mercantil, explicó que el principal objetivo de esta demanda, es que los bienes, que de principio le corresponden a la familia Olvera, se sumen al resto de los que están en concurso mercantil para que se puedan vender y el dinero que se obtenga sea repartido a los acreedores.
“La demanda no sólo es buena, sino que es necesaria. No sólo involucra los bienes que se encuentran en este momento en Miami, porque a futuro tendríamos que ver de qué manera y en qué condiciones se involucran los bienes que están en otros países como España y Gran Bretaña, e incluso dentro de Estados Unidos, como Texas”, comentó.
A casi dos años de que se hiciera público el desfalco, varios de los procesos legales iniciados en México continúan aún en la búsqueda de culpables, a pesar de que desde un principio se supo que se trataba de lavado de dinero.
Sin embargo, el delito no se comprobó en tribunales mexicanos y se dejó en libertad a varias personas que fueron acusadas.
Para González Santillana, la autoridad en México ha venido dando “palos de ciego”, ya que no encuentra un delito real para imputar a los directivos de Ficrea y no se ha iniciado ninguna investigación por fraude.
Desde el inicio de sus movilizaciones para recuperar su patrimonio, los ahorradores no han dejado de insistir en la responsabilidad que tuvieron la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Comisión Nacional para la Defensa de los usuarios de Instituciones Financieras (Condusef), por las labores, el seguimiento y las condiciones en las que llevó adelante la intervención de Ficrea y por el conocimiento que tenían esos organismos de todas las irregularidades que causaron este quebranto.
“Todas las acusaciones que en teoría tenían que llevar a cabo las autoridades, se han negado a realizarlas. La PGR a través de la CNBV, nunca conllevó a la acusación de fraude, o no lo han hecho. El motivo no se conoce y nos despierta dudas y enojos, porque vemos que la autoridad no está actuando para poder llevar a cabo el rescate de esos bienes”, sostuvo.
Respecto a la demanda interpuesta en Estados Unidos, señaló que “es una garantía de que no habrá intereses por parte del sistema judicial mexicano que también ha sido muy errado y parcial en sus resoluciones”.
En noviembre pasado, Andy Tiwari, un connotado abogado de San Antonio que representa al acusado dijo que su cliente negaba haber cometido cualquier irregularidad y dijo que Olvera Amezcua no haría comentarios sino hasta después de que los tribunales mexicanos resolvieran su asunto.
El dinero sustraído por Olvera Amezcua fue enviado a Estados Unidos, España y Gran Bretaña.
La comisión bancaria mexicana aseguró propiedades, yates, vehículos , y pertenecías del acusado, sin embargo el dinero obtenido de esos bienes fue significativamente menor que los adeudos de Ficrea.
En la demanda, Navarro Velasco estaría pidiendo que el acusado sea obligado a pagar daños, intereses y los gastos procesales y solicita que el juez ordene el decomiso de propiedades del acusado para que sean subastadas y se recupere dinero para los defraudados.
Fuente: Sin Embargo| Daniela Barragán
