Exhibe Clinton ignorancia política de Trump en primer debate presidencial
WASHINGTON.- En el primer debate presidencial estadunidense en el que participa una mujer, Hillary Rodham Clinton, la candidata del Partido Demócrata exhibió la ignorancia política de su contrincante republicano, Donald Trump, a quien acusó de vivir su propia realidad, totalmente alejada de la situación del país.
El ganador del debate entre Hillary y Trump... el peso
"Error", mantener a Pemex y CFE en presupuesto: Reyes Heroles
Fijan fianza por 23.1 mdp a excolaborador de Padrés; dan formal prisión a uno más
Excolaboradores del exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés, están siendo sancionados tras ser acusados de diversos delitos que van desde delincuencia organizada a uso indebido de la fuerza pública.
Duda “El Bronco” que PRI sancione a Medina; “puro show”, acota
CCE llama a Banxico a “corregir los desequilibrios” en la economía
Congreso de Chihuahua desdeña reclamo ciudadano y da aval a Consejo de la Judicatura
Presupuesto 2017, “absolutamente suficiente” para mandar señales de certeza: Meade
Cerca de 2 mil maestros están en proceso de ser cesados: Nuño
“Seguiremos caminando hasta encontrar a los 43”, clamor en el Zócalo
Suspende PRI derechos de Javier Duarte y seis de sus operadores
CNDH emite recomendación a la Sedena por ejecución arbitraria de 6 civiles
Margarita Zavala compara “discurso de odio” de AMLO con el de Trump
PRD se alía al PRI en San Lázaro para bloquear investigación sobre Iguala
Piñata de Trump se vende como "pan caliente" en Matamoros
Penetración de gas natural en México es apenas de 7%: Fenosa
Exigen a Peña en Madrid responder por “crimen de Estado” cometido en Iguala (Video)
En un debate en el que, contrario a lo que se pronosticaba, que Clinton sería la candidata que se exasperaría por los ataques de su contrincante, la abanderada demócrata parecía que daba cátedra de política a Trump, quien durante el evento no pudo explicar a detalle ninguna de sus propuestas.
“Donald, sé que vives en tu propia realidad”, le dijo Clinton a Trump, durante el debate llevado a cabo en la Universidad de Hofstra, en Nueva York, y moderado por Lester Holt, conductor del noticiario nacional de la cadena de televisión NBC.
Las ambigüedades de Trump en sus respuestas, y el control que demostró Clinton en el acto, provocaron que incluso a medio debate los medios de comunicación de Estados Unidos más importantes e influyentes declararan ganadora del encuentro político a la candidata presidencial de los demócratas.
Los momentos más difíciles para Trump durante el debate fueron cuando le preguntaron la razón por la cual se negaba a dar a conocer sus pagos tributarios, como lo han hecho los candidatos a la presidencia en los últimos 40 años.
“Mi historial de pagos de impuestos lo daré a conocer en contra de los deseos de mis abogados, pero sólo si ella (Clinton) da a conocer los 33 mil correos electrónicos –que envío usando un buzón electrónico personal– cuando era secretaria de Estado”, condicionó Trump cuando el moderador del debate le pidió que diera las razones de por qué no develaba sus responsabilidades tributarias como cualquier ciudadano.
Clinton no dejó pasar el momento de incomodidad de Trump, y declaró que el misterio de los pagos tributarios de su contrincante es posible que se deba a que oculta algo muy delicado.
“Posiblemente no es tan rico como dice, posiblemente no da tanto dinero en caridad como presume. Le debe 650 millones a los bancos, o tal vez no quiere que descubramos que no paga nada en impuestos federales”, fustigó Clinton.
Las muecas de Trump y su lenguaje corporal dejaron entrever que estaba furioso pero que se controlaba. Eludiendo responder concretamente a la pregunta, simplemente minimizó el hecho de que tenga una deuda de 650 millones de dólares.
“No es mucho dinero, son 650 millones de dólares”, subrayó el polémico candidato presidencial republicano y magnate de la industria de la construcción.
En otro de los momentos más ríspidos del primero de los tres debates presidenciales que habrá en Estados Unidos, antes de las elecciones presidenciales del martes 8 de noviembre, fue cuando se abordó el tema racial y la violencia policiaca contra los afroamericanos y otras minorías étnicas.
En su argumento para resolver el problema racial que se vive en Estados Unidos, Clinton propuso el respeto a las leyes, y que las leyes respeten a todos, además de hacer todo lo posible por evitar que las armas lleguen a las personas equivocadas.
Trump se limitó a decir que la solución al problema racial es la promulgación de más leyes y la imposición del orden.
En la discusión del tema, Trump acusó a los políticos de haber abandonado a la comunidad afroamericana, y denunció a Clinton de formar parte de estos políticos.
Fue en este inciso que Clinton le recordó a Trump que, en 1973, el Departamento de Justicia lo demandó en dos ocasiones por discriminación racial. El candidato republicano, como hizo durante casi todo el debate, evitó responder explícitamente sobre el señalamiento, y declaró que él, más que Clinton, se ha dedicado a visitar las comunidades afroamericanas.
“Donald me criticó por prepararme para este debate, y por prepararme para ser presidenta”, reviró Clinton a Trump.
Holt aprovechó el momento para preguntarle al candidato republicano por qué durante 5 años, pese a que la Casa Blanca dio a conocer el acta de nacimiento del presidente Barack Obama, continuó diciendo que el mandatario no había nacido en Estados Unidos. Sin dar una respuesta directa al cuestionamiento, Trump se limitó a señalar que el hecho de que la Casa Blanca develara el registro de nacimiento demostró que él “había hecho un buen trabajo” para forzar a que así lo hicieran las autoridades.
En materia económica, Clinton prometió que, de ganar la presidencia, creará más empleos, promoverá más inversiones y aumentará el salario mínimo y el de las mujeres.
Trump, sin dar a conocer proyectos concretos para generar el crecimiento económico, se concentró en decir que los empleos en Estados Unidos se están yendo a México y que su proyecto es detener que se sigan robando las plazas de trabajo.
“El Tratado de Libre Comercio de América del Norte es el peor acuerdo en la historia de Estados Unidos”, buscó justificar Trump.
Las propuestas económicas de Trump, según Clinton, principalmente su plan de reducir los impuestos a los ricos, provocará un incremento de 5 mil millones de dólares a la deuda nacional y una inequidad salarial.
En política exterior, sobre todo en la lucha contra el terrorismo y los ataques cibernéticos, Trump retomó generalidades y acusó a Clinton de ser la representante del estatus quo.
En ataques personales, Clinton sacó ventaja de Trump al recordarle al auditorio que el candidato republicano es reconocido por ser un misógino. Ha llamado “puercas” a las mujeres, sentenció la candidata demócrata.
Sin poder revirar a esto, Trump acusó a Clinton de estar gastando “cientos de millones de dólares” en comerciales para desacreditarlo “en lo personal con mentiras”.
Pese a ello, el consenso de los medios de comunicación de Estados Unidos sobre el primer debate fue declarar a Clinton como la ganadora.
El próximo debate presidencial se realizará el 9 de octubre en la Universidad de Washington en San Luis Missouri, y el tercer y último encuentro se llevará a cabo el 19 de octubre en la Universidad de Nevada-Las Vegas, en el estado de Nevada.
A pesar de mostrar pérdidas al inicio del encuentro, la moneda terminó con una ganancia de 1.9 por ciento para quedar en 19.51 unidades.
Con ello, la moneda mexicana se ubica por amplia ventaja como la de mejor comportamiento en las operaciones del 27 de septiembre entre más de 140 monedas, seguida por el rand sudafricano, que muestra un alza de 0.38 por ciento frente al dólar.
Las ganancias del peso comenzaron alrededor de las 20:30 horas, cuando el candidato republicano habló sobre la “burbuja” que viven en los mercados financieros.
"Cuanto más fuerte es Hillary y más fuerte es la probabilidad de su victoria, es mejor para el peso", señaló Eduardo Suárez, estratega de Bank of Nova Scotia en Toronto
Trump acusó además a la Fed de hacer trabajo político y de ser la culpable de generar distorsiones en el mercado accionario.
El ex director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Jesús Reyes Heroles González-Garza, aseguró que un error de la Reforma Energética fue mantener a las dos grandes empresas productivas del Estado dentro del presupuesto.
Al participar en el Foro Forbes, Economía 3.0, dijo que un error de fondo fue dejar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a Petróleos Mexicanos (Pemex) dentro del presupuesto porque desgraciadamente esto hace que haya un gran cúmulo de normatividad y procedimientos que se tienen que seguir observando.
Aunque se le dieron ciertos espacios a Pemex para tomar decisiones, esto ha entorpecido la agilidad para hacerlo y hay varios proyectos críticos que no son ni siquiera para crecer, sino para mantener la plataforma de producción de crudo y gas, y que han sido pospuestos en los cuatro años de la actual administración con todos los riesgos que esto implica para el futuro de la empresa y que francamente son preocupantes. Reconoció, que pese a que se abrieron espacios para asociaciones, no se ha conformado ninguna.
Por su parte, José Manuel Carrera, director corporativo de Alianzas y Nuevos Negocios de Pemex, dijo que lo que se verá hacia el futuro en la petrolera mexicana serán las alianzas en áreas como refinación , transporte, almacenamiento de hidrocarburos y otras áreas que no son sustantivas en las que Pemex se debe de retirar.
"Vamos a ver una evolución de Petróleos Mexicanos en diversas partes e las que se queda de manera eficiente y rentable y otras partes en las que vamos a ir dejando que el mercado y el sector privado vayan ocupando esas plazas".
A su vez, Alberto de la Fuente, presidente de Shell México, señaló que a esta petrolera internacional le interesa participar en la exploración y explotación de hidrocarburos en aguas profundas y en aguas arriba y aguas abajo, es decir, en toda la cadena de valor.
Excolaboradores del exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés, están siendo sancionados tras ser acusados de diversos delitos que van desde delincuencia organizada a uso indebido de la fuerza pública.
Este lunes 26, el juez segundo con sede en Hermosillo, Sonora, dictó auto de formal prisión a Héctor Herminio Ortiz Ciscomani, por beneficiarse con recursos públicos de los programas de asistencia social al sector rural.
Ortiz Ciscomani se desempeñó como titular de la Sagarpa durante la administración del panista Padrés Elías.
Por su parte, el juez tercero de distrito fijó una fianza de 23 millones 120 mil 109.97 pesos a Francisco Arnaldo Monge, excoordinador del Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública, también durante el gobierno de Padrés, quien fue preso por delito de uso indebido de atribuciones y facultades.
En lo que se refiere a Arnaldo Monge, la Procuraduría General de la República (PGR) cumplimentó una orden de aprehensión expedida por el juez tercero de distrito, con sede en la ciudad de Hermosillo, en contra de Monge por su probable responsabilidad en la comisión del delito de uso indebido de atribuciones y facultades.
Ese delito no se encuentra considerado como grave, por lo que tras solicitar la libertad bajo caución, el juez le impuso la fianza ya mencionada a efecto de obtener su libertad.
De acuerdo con un comunicado emitido por la PGR, una vez cumplimentada la orden de aprehensión, el Ministerio Público de la Federación presentó al imputado ante el juez tercero de distrito, con sede en la ciudad de Hermosillo, en donde rindió su declaración preparatoria.
Una vez que Francisco Arnaldo Monge cubra la suma fijada por el juez como fianza, será puesto en libertad, mientras tanto deberá permanecer recluido en el Cefereso 11 de la capital sonorense.
Hasta el momento, la Fiscalía Anticorrupción de Sonora ha integrado 302 averiguaciones previas en contra de 200 excolaboradores de Padrés.
Al menos seis de ellos se encuentran en calidad de prófugos de la justicia, por lo que la PGR solicitó a Interpol que intervenga para evitar que salgan del país.
A la fecha, 15 exfuncionarios han sido consignados penalmente. Además, se han ejecutado nueve órdenes de aprehensión y al menos tres sospechosos se encuentran en prisión, entre los que destaca el exsecretario de Comunicación Social, Jorge Morales Borbón, acusado de extorsión.
Los delitos por los que se les investiga son operación con recursos de procedencia ilícita, peculado, tráfico de influencias, fraude, extorsión y enriquecimiento ilícito, entre otros.
También se han decomisado cuentas, bienes muebles e inmuebles con un valor de 172 millones de pesos.
MONTERREY, NL.- El gobernador Jaime Rodríguez Calderón consideró que el PRI se abstendrá de sancionar al exmandatario Rodrigo Medina de la cruz, a quien se le investiga al interior del partido, pues sus procesos internos son una farsa, acotó.
“En el PRI no hacen nada. Puro show”, dijo brevemente el mandatario, luego de que el partido suspendiera temporalmente los derechos del aún gobernador de Veracruz Javier Duarte, acusado de actos de corrupción.
La afirmación de El Bronco ocurre mientras a escala nacional el PRI emprende una investigación en respuesta a una denuncia de afiliados tricolores que pidieron la expulsión del exmandatario de Nuevo León, debido a que denigra la imagen del partido.
Actualmente, Rodrigo Medina se encuentra vinculado a proceso por ejercicio indebido de funciones, al ser detectado un mal uso de 3 mil 680 millones de pesos para favorecer con estímulos fiscales y materiales a la armadora surcoreana KIA.
Cuando se le mencionó que él mismo podría seguir inscrito en el padrón de militantes del Revolucionario Institucional, luego de renunciar en el 2014, El Bronco demandó ser dado de baja.
“Esto es una huevonera del presidente (del partido). Le voy a decir que me borre y a la chingada, yo no quiero estar inscrito ahí. Yo ya borré al PRI de mi mente, mi corazón y de mi alma. Pues si me tienen ahí apuntado, pues yo no soy militante del PRI. Yo y mi familia renunciamos desde hace tiempo”, justificó el mandatario.
Luego consideró que si sigue inscrito ahí, es por error, pues recordó que en los listados del partido figuran “hasta los muertos” como elementos activos.
Para el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la volatilidad y la incertidumbre llegaron para quedarse por un tiempo indeterminado en todo el mundo y más aún, en México, por sus circunstancias particulares.
Al emitir su mensaje semanal, el organismo presidido por Juan Pablo Castañón advirtió que ya hay suficientes señales de alerta que llaman a la acción responsable en materia fiscal, monetaria, económica y política.
Eso sí, dejó claro que “no se trata de caer en el sobresalto: nuestra economía hoy y el contexto que vivimos son completamente distintos a las crisis devaluatorias del pasado. Pero tampoco podemos menospreciar los focos amarillos”.
Y dichos focos amarillos son un dólar que rebasa los 20 pesos, el precio del petróleo que no repunta, una economía que crece lentamente, además de la dependencia del mercado estadunidense.
En este contexto, la cúpula empresarial señaló que “es poco lo que podemos incidir en el curso de asuntos como las elecciones en Estados Unidos o los precios del petróleo internacional. A lo que sí estamos obligados es a corregir los desequilibrios en variables fundamentales para la estabilidad macroeconómica de nuestro país, que no han dejado de deteriorarse, ampliando nuestra exposición y debilidad ante los riesgos internacionales”.
De hecho, confió en que esta misma semana deberán aparecer señales que alienten la confianza desde la junta de Gobierno del Banco de México (Banxico).
“El banco central debe apegarse a su cometido de asegurar la estabilidad de precios, ejerciendo su autonomía frente presiones de coyuntura o de índole política. Lo más importante es cuidar que no se detenga la recuperación que ha tenido el poder adquisitivo de importantes sectores de la población. No podemos permitirnos que se debilite el mercado interno, que es lo que nos ha dado gran parte del poco crecimiento que mantenemos, a pesar de la escena internacional”, advirtió.
El CCE aprovechó para presumir que las empresas han hecho un esfuerzo para absorber los costos provocados por la depreciación del peso, de hecho aseguró que el efecto ha sido mínimo en la población.
“El impacto del tipo de cambio para la mayoría de la población ha sido mínimo. Desde el cierre del 2013 -cuando comenzó la tendencia con la caída en los precios del petróleo- la depreciación de nuestra moneda es de más de 51%, mientras que, en ese mismo lapso, la inflación general acumulada fue de sólo 7.6% y la subyacente de 8.2% durante estos años. Esto evidencia además el esfuerzo realizado por las empresas para absorber los costos y amortiguar una repercusión en precios que pudiera haber sido y parecer justificada”, defendió.
No obstante, puso el dedo en la llaga y reconoció que cada vez hay más evidencia de presión, con cuatro meses de variaciones consecutivas al alza, siendo la última la más elevada para periodo similar en nueve años.
“En varios rubros el impacto es ya fuerte y aunque el traspaso de costos no ha sido excesivo, se aprecia esta trayectoria clara al alza, especialmente en las mercancías no alimenticias”, precisó.
Panorama gris, recorte insuficiente
…Y viene lo peor. De hecho, el CCE dijo que es muy importante la política que decida seguir el Banco de México.
Sin embargo, alertó que la clave para generar confianza para el 2017 y a más largo plazo reside en la política fiscal. Existe consenso en cuanto a que los focos de vulnerabilidad para la estabilidad macroeconómica: principalmente el aumento constante del déficit y de la deuda del sector público, que han incidido en desequilibrios en el balance de pagos del país. Es claro que la pronunciada depreciación del peso se debe en gran medida a estas debilidades internas, que recrudecen los temporales del exterior.
En este contexto, para el sector empresarial, el recorte hecho en el Paquete Económico resulta insuficiente, pese a que el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, aseguró que dicho tijeretazo al gasto “manda señales de estabilidad”.
Para los empresarios, la realidad es otra:
“Pensamos que la reducción en el presupuesto por 239 mil millones de pesos propuesta por el ejecutivo federal es insuficiente ante todos estos retos. De entrada porque no alcanza para reducir la deuda como proporción del Productor Interno Bruto (PIB) que, al final del ejercicio, estaría entre 52.5% y 53%, sin contar la de los estados, de aproximadamente 3%. Es pertinente hacer un esfuerzo aún mayor, para llegar a un ajuste de cuando menos 300 mil millones de pesos”.
De hecho, aclaró que “hay más tela de donde cortar” en subsidios, que superan los 400 mil millones. Sumado, es casi un billón de pesos de dónde generar los ahorros que hacen falta. Hay innumerables áreas de gastos superfluos que también se deben de racionalizarse”.
Además, dijo, los otros poderes de la Nación, tanto el legislativo como el judicial, tienen que dar muestras de poder encontrar mecanismos de ajuste y de ahorro para racionalizar sus propios gastos.
“La racionalización del gasto público no tiene por qué afectar el crecimiento, en la misma proporción en la que su aumento exponencial a lo largo de décadas, no colaboró para aumentarlo. Desde el 2012, el crecimiento acumulado apenas rebasará 11%, inferior al incremento de la deuda del 12%”, detalló.
CHIHUAHUA, Chih.- Con excepción del grupo parlamentario del PAN, el resto de las fuerzas políticas aprobó fast track la creación del Consejo de la Judicatura, luego de que la semana pasada la iniciativa no pudo pasar la aduana legislativa, debido a que organizaciones civiles tomaron la tribuna.
El panista Rogelio Loya Luna solicitó que se devolviera el decreto a la Comisión de Justicia, ya que como vicepresidente de ésta no fue convocado en tiempo y forma, menos hubo análisis ni consulta a la sociedad civil, lo que significa un desdén al Sistema Nacional de Anticorrupción.
A partir de esa intervención se generó una discusión en el pleno, donde los priistas encabezaron la defensa del decreto presentado por la juarense Mayra Chávez Jiménez, quien aseguró que alguna persona firmó de recibida la invitación enviada a Loya para reunirse en la comisión. Al final, desecharon la propuesta de Loya Luna con 25 votos en contra y seis de los panistas, a favor.
Rodrigo de la Rosa Ramírez, coordinador de la fracción del PRI, aseveró que sólo buscan crear el Consejo de la Judicatura y que la designación de los integrantes corresponderá a la siguiente legislatura, la número 65 que tendrá mayoría panista.
Lo secundaron los coordinadores de las fracciones del PRD, PT, Movimiento Ciudadano y legisladores de su mismo partido, quienes acusaron al PAN de argumentar sólo de manera política y no jurídica.
El presidente de la bancada panista, César Jáuregui Moreno, cuestionó a sus homólogos que defendieron el decreto con la justificación de “fortalecer” al Poder Judicial, cuando en realidad buscan “atrincherar” a los agentes ministeriales en el Tribunal Superior de Justicia, que es el único refugio que les queda a los priistas y a quienes han secundado al gobierno de César Duarte que ya termina.
El Poder Judicial es presidido por el priista Gabriel Sepúlveda Reyes, originario de Parral y uno de los más apoyados en el gobierno duartista, junto con el magistrado de la Primera Sala Penal, Jorge Abraham Ramírez Alvídrez, quien fue diputado del PRI la legislatura pasada y al que pretenden proponer como integrante del Consejo de la Judicatura estatal.
En ese panorama de confusión, los priistas propusieron el decreto la semana pasada, pero se los impidió un grupo de ciudadanos y hoy, con un fuerte dispositivo de seguridad, subieron el tema a tribuna y lo aprobaron por mayoría.
César Jáuregui indicó que el decreto no contempla los requisitos para elegir a los integrantes del Consejo de la Judicatura y cuestionó que se haga a menos de diez días de concluir la gestión de Duarte Jáquez, sin tomar en cuenta a quienes se han manifestado en contra.
El diputado de Movimiento Ciudadano, Fernando Reyes Ramírez, justificó que lo que aprobarían era el organismo que administrará, vigilará y disciplinará al Poder Judicial, no designarían a los integrantes del nuevo órgano judicial.
Reyes arremetió contra los magistrados del Tribunal Estatal Electoral cuando surgió la propuesta de incluirlos dentro del Consejo recién creado y los calificó de “chambistas, pusilánimes, ignorantes y chafas”, por lo que urgió a vigilarlos.
Entre la participación de diez legisladores a favor y en contra del decreto, en una de sus intervenciones Jáuregui Robles refirió que con el pretexto de “fortalecer las instituciones”, en Veracruz los diputados crearon una fiscalía anticorrupción (desechada por la SCJN), y en Quintana Roo aprobaron una escolta de 15 agentes para el gobernador una vez que deje el cargo. “¿Y qué hay de las iniciativas presentadas al cuarto para las doce? No hay precedentes, porque los resultados electorales legitiman a un político (…) no es porque yo quiera hacer las cosas y tú no (el gobierno entrante o el saliente), dicen que no tenemos argumento jurídico, pero sólo cambiaron el transitorio para que en vez de designar a los integrante del Consejo de la Judicatura el 16 de octubre, lo hagan 20 días después de que se publique el decreto, pero esa publicación va a ser antes del 3 de octubre, se los aseguro. Entonces, una vez publicada, antes de la salida del actual gobierno (…) si el Poder Judicial hace la designación el 6 de octubre y la legislatura pretender modificar el decreto mediante la facultad constituyente permanente, tiene que volver a convocar a los municipios y se puede prestar a litigio, porque los integrantes nombrados pueden alegar: ‘A nosotros nos estás afectando derechos constitucionales adquiridos que ya me designó el Consejo de la Judicatura’, y van a generar amparos y litigios”, advirtió.
El Consejo de la Judicatura entrará en vigor en enero de 2017 y se integrará por cuatro integrantes del Poder Judicial, dos del Ejecutivo y dos del Legislativo.
De cara a la volatilidad que enfrentan los mercados financieros derivada del proceso electoral estadunidense principalmente, el gobierno mexicano propuso un paquete económico con un mensaje de estabilidad hacia los mercados internacionales, aseguró el secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), José Antonio Meade.
Luego de participar en el Foro Forbes, Economía 3.0, organizada por dicha publicación, el encargado de la política fiscal del país señaló que “para atar las expectativas de largo y mediano plazo frente a la volatilidad, se envió un paquete que propone regresar a un superávit primario, que la deuda baje como porcentaje del PIB y un recorte al gasto muy importante y muy significativo”.
Además Meade explicó que el gobierno tiene un compromiso con la estabilidad y en el mediano plazo ya que “eso es lo que los mercados habrán de tomar en cuenta, ya una vez que se empiecen a despejar las incógnitas que hoy generan la incertidumbre”.
En un contexto donde el peso se deprecia a niveles históricos y es golpeado por la especulación del mercado, el titular de la SHCP soltó:
“Vale la pena que no nos quedemos sólo en la coyuntura de corto plazo, los mercados se habrán de mover a diario, hoy es un día importante, desde el punto de vista de cómo se siente la elección en EU, pero todavía faltan 44 días, tres debates. Creo que en este periodo que sigue, si bien debemos estar vigilantes, no nos debemos dejar perder por la coyuntura y por el minuto a minuto”.
Según José Antonio Meade, el recorte presentado para 2017, es el más relevante que se haya presentado en la historia moderna, y éste “es suficiente para mandar señales de certeza ante el mercado volátil.
“Es absolutamente suficiente para mandar las señales de certeza, así lo han acreditado los analistas, las calificadoras. La duda hoy es si el congreso estará a la altura de ese reto, en términos de aprobarlo y si nosotros seremos capaces de implementarlo. Por la capacidad de implementarlo que no quepa la menor duda de que seremos capaces”, sentenció.
Sobre el recorte de 239 mil millones de pesos detalló que prácticamente todas las secretarías enfrentan recortes entre el 30% y 40%, además de que todos los fondos y fideicomisos fueron revisados para una aplicación eficiente del presupuesto, “lo que ayudará a enviar señales positivas a los mercados frente a la volatilidad generada, en parte, por las elecciones presidenciales de Estados Unidos”.
Y adelantó que las entidades federativas tendrán que hacer un esfuerzo en cuanto al gasto.
“No podemos esperar que el esfuerzo de gasto se concentre exclusivamente en los ramos administrativos, y que no participen en este ajuste todas las entidades, los diferentes niveles de gobierno. Por eso hemos hecho un llamado a diferentes entidades a que se sumen en este esfuerzo”.
El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Aurelio Nuño, informó que 2 mil profesores están en proceso de ser cesados, y tendrán 10 días para explicar por qué han faltado a clases.
“Los maestros que están en proceso de ser cesados son cerca de 2 mil. Son mil 200 en el caso de Oaxaca, y estamos hablando de 500 en el caso de Chiapas, 80 en el caso de Michoacán y más o menos 20 en el caso de Guerrero”, puntualizó el funcionario federal.
Esos profesores ya están siendo notificados, dijo, y aclaró que viene el proceso legal en el que tienen 10 días hábiles para responder e ir a explicar por qué motivo o razón faltaron, y después de eso se dará la baja donde corresponda y, por supuesto, la sustitución.
Al concluir su participación en la cuarta edición del Foro Forbes, Nuño aseguró que este año aumentó casi 200% la inversión en los recursos destinados para atender rubros como la infraestructura y otros rezagos en las escuelas normales del país, en particular en la Rural de Ayotzinapa, cuyos alumnos, dijo, continúan siendo evaluados.
Sobre la reforma educativa, sostuvo que se trata de un proceso complejo, que además tuvo una coyuntura muy complicada después de los hechos ocurridos en Nochixtlán, Oaxaca, el pasado 19 de junio, con saldo de ocho muertos y decenas de heridos.
“Eso hizo que la tensión subiera de manera dramática, que se requirieran un conjunto de mesas para poder distender la situación”, apuntó el titular de la SEP.
De acuerdo con Nuño, en los diálogos se atienden en estos momentos temas de índole local con sectores de Michoacán, Guerrero y Oaxaca, como adeudos y regularización de maestros, pero en ninguno de los casos, sostuvo, se ha tratado el tema de la abrogación o cambios a la reforma educativa.
Según Nuño, se está siguiendo el camino para regularizar maestros en Michoacán, Oaxaca y Guerrero, porque son estados donde habido gran desorden en tiempos anteriores y se contrató a muchos maestros de manera irregular. “Se está haciendo un camino para que estos maestros conforme a la ley puedan ser regularizados”, subrayó.
Y presumió que 100% de los planteles educativos de Chiapas, Oaxaca, Michoacán y Guerrero han reiniciado actividades.
El sol ya había caído cuando un normalista tomó la palabra. Hace dos años, recordó, “aproximadamente a esta hora iniciaba la pesadilla en Iguala. 43 desaparecidos, el homicidio de tres… no pueden quedar en la impunidad”.
Frente a él, en la plancha del Zócalo capitalino, seguían miles de participantes a la marcha que conmemoró los dos años de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero.
Desde el templete instalado entre el Palacio Nacional y la sede del gobierno de la Ciudad de México, los padres expresaron dos años de tristeza y rabia acumuladas desde la noche del 26 de septiembre de 2014.
Y reafirmaron que no abandonarán la búsqueda de los normalistas.
También recordaron que durante dos años recorrieron en distintas ocasiones el país, realizaron campañas en el plano internacional, enfrentaron las mentiras y la falta de voluntad del gobierno por investigar sobre el paradero de sus hijos.
Entre repudios a la administración federal y al presidente Enrique Peña Nieto, agradecieron el apoyo de la ciudadanía, de organizaciones sociales y del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), los cuales los acompañaron a lo largo de estos dos años de búsqueda.
La madre Carmelita Cruz desató su desesperación: “Que no nos entreguen cuerpos”, advirtió, “porque vida se cobra con vida”.
Vidulfo Rosales, el abogado de los padres, se dirigió a la administración federal: “A este gobierno corrupto de Enrique Peña Nieto que, pese a los constantes llamados que hizo para que se olvidaran de los 43, fracasó de manera rotunda”.
“Seguiremos caminando hasta encontrar nuestros 43 compañeros”, advirtió.
“Nosotros no quisimos estar aquí”, dijo Joaquina García Velázquez al pedir a la asistencia, con la voz quebrada, “que nos sigan apoyando”.
Tras agradecer a los manifestantes, Epifanio Álvarez recordó que “hace dos años a esta hora nuestros hijos estaban a salvo”, y declaró: “Fueron dos años de sufrimiento, el pinche gobierno quiso darnos dinero (…) esas mentiras que nos hicieron nos han lastimado desde un principio”.
“Son inocentes nuestros hijos, sabemos que nada deben”, aseveró. “No va a terminar como (Peña Nieto) pensaba, no vamos a volver a nuestras casas (…) Sabemos que los militares estuvieron ahí”.
“No están solos”, gritó la muchedumbre.
Hilda Leguideño planteó por su parte que “nosotros no claudicaremos en la búsqueda de nuestros hijos y exigiremos justicia”.
“No vamos a conmemorar, vamos a luchar, a protestar y derrumbar este gobierno podrido”, gritó Felipe de la Cruz, vocero del movimiento, al invitar a “todo mexicano digno” a declararse “en contra de este gobierno”.
Detrás de los padres estaba tendida una manta en la que se podían leer las exigencias del movimiento: “Presentación con vida de los 43 normalistas”, “No más desaparecidos, respeto a los derechos humanos”, “Cumplimiento cabal a las recomendaciones del GIEI”, “Castigo a los culpables” y “Apertura de nuevas líneas de investigación”.
Decenas de miles de personas –activistas, normalistas, sindicalistas, estudiantes e integrantes de organizaciones sociales sobre todo– participaron en la marcha, bajo el monitoreo de activistas e incluso de la oficina mexicana del Alto Comisionado de la ONU sobre Derechos Humanos.
Los padres de los 43 encabezaron la marcha, vestidos con chalecos rojos. Entre sus manos agarraban las mantas blancas con los rostros de sus hijos desaparecidos. En los últimos dos años estas mantas recorrieron las calles de México, pero también de Estados Unidos y de Europa.
“Ya no queremos otro año más”, exhortó un padre de familia mientras caminaba, al añadir: “No vamos a dejar de exigir la vida de nuestros hijos”.
Detrás de ellos caminaron contingentes de normalistas, liderados por un grupo de estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos, de Ayotzinapa.
Al llegar al “anti monumento a los 43”, ubicado en el cruce de Reforma y Bucareli, los padres dieron un pase de lista que terminó con un llamado a la justicia.
Unos manifestantes parados en una banqueta exhibieron una manta con la fotografía de Tomás Zerón de Lucio acompañada por la mención: “PGR, cómplice”.
En abril pasado, el GIEI señaló que Zerón, entonces titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), afectó la escena del basurero de Cocula de manera irregular, mintió en la investigación sobre la tragedia de Iguala y manipuló evidencias.
Desde esta revelación, los padres exigieron a la PGR que destituyera e investigara a Zerón, cercano de Peña Nieto desde su administración en el Estado de México.
El pasado 14 de septiembre, Zerón renunció a la AIC; sin embargo, horas después fue nombrado secretario técnico de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), lo que los padres recibieron como un insulto.
Durante hora y media, la marcha recorrió el Paseo de la Reforma de manera pacífica. En el cruce con Juárez la policía intervino cuando estallaron unos petardos.
Los inconformes reclamaron justicia en uno de los casos más emblemáticos de violaciones a los derechos humanos perpetrados por el Estado mexicano bajo la administración de Peña Nieto.
A las 18:30 horas la marcha alcanzó la explanada del Zócalo capitalino, ocupada por dos gigantescas carpas blancas del gobierno capitalino.
En las fachadas de los edificios que rodean la Plaza de la Constitución seguían colgados los adornos y símbolos nacionales, instalados para la celebración de la Independencia del pasado 15 de septiembre.
A diferencia de manifestaciones anteriores –entre ellas la del jueves 15–, el gobierno capitalino no impidió hoy el paso al Zócalo.
Javier Duarte era uno de los rostros del nuevo PRI cuando empezó la presidencia de Enrique Peña Nieto. De hecho, el gobernador de Veracruz estaba identificado como parte de la renovación de cuadros del priismo, sin embargo, hoy es la imagen más denostada del partido y sus derechos partidistas han sido retirados en víspera de que concluya la investigación de la PGR sobre corrupción del mandatario.
La Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI determinó este lunes la suspensión de derechos de militante al gobernador Javier Duarte y otros de sus colaboradores: Juan Carlos Rodríguez García, Gabriel Deantes Ramos, José Antonio Chara Mansur Beltrán, Arturo Bermúdez Zurita, Israel Ramos Mange y Daniel Cordero Gálvez.
El presidente de la Comisión, Fernando Elías Calles, indicó que se hizo una revisión minuciosa y se ponderaron los antecedentes, las condiciones jurídicas y de los elementos con que se cuenta para dar trámite a las denuncias interpuestas por los militantes del partido contra Duarte y sus seis operadores.
Los seis políticos veracruzanos tienen 15 días para defenderse ante la Comisión Nacional de Justicia Partidaria y ofrecer las pruebas que a su derecho convengan.
Los integrantes de la Comisión de Justicia Partidaria avalaron iniciar un proceso sancionador contra Duarte de Ochoa. Esta es la primera vez que a un gobernador en funciones le suspenden de manera temporal sus derechos partidarios. El máximo castigo que podrá derivarse de esta investigación será la de expulsarlo, y con ello quitarle la militancia en el PRI.
Duarte y los seis priistas involucrados en acusaciones de corrupción fueron suspendidos en sus derechos políticos partidistas de manera temporal. La Comisión de Justicia Partidaria del PRI señaló que la atracción de PGR de dos investigaciones contra Javier Duarte fue clave para tomar esta decisión.
Previo a este juicio partidista por el cual se le quitaron los derechos como militante a Duarte, el jueves 22 el titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDO) de la PGR, José Guadalupe Medina Romero, confirmó que investiga al gobernador de Veracruz y a Vicente Guillermo Benítez González, extesorero de esa entidad y actual diputado local por Nueva Alianza , por los delitos de enriquecimiento ilícito, peculado e incumplimiento del deber legal.
Sin embargo, desde finales de junio en el PRI comenzaron a pergeñar la salida de Duarte con un juicio en la Comisión Nacional de Justicia Partidaria para quitarle primero sus derechos partidarios y luego proceder a la expulsión.
Aunque los gobernadores de Chihuahua, César Duarte, y de Quintana Roo, Roberto Borge, también están en la lista de miembros del partido que llevan un juicio dentro de la Comisión Nacional de Justicia del PRI, el caso del mandatario de Veracruz es al que más peso le han dado.
No es casual que ahora se retomen las 350 solicitudes de juicio político que se han presentado en la Cámara de Diputados desde el 2013 a la fecha en contra de Javier Duarte, lo mismo que dos investigaciones en marcha de la PGR por la presunta propiedad de 35 empresas vinculadas con el gobernador, lo que motivo la integración de la carpeta de investigación FED/SEIDF/UEIDFF-VER/0000691/2016 por presunto desvío de recursos públicos.
Incluso, el caso de Duarte ha ocasionado confrontaciones en el propio PRI. El viernes 23 un grupo de 16 diputados del priismo veracruzano y cuatro del Verde publicaron que eran injustas y desproporcionadas las acusaciones en contra de Duarte y acusaron al presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, de vulnerar el principio de presunción de inocencia.
La respuesta de Ochoa fue insistir en que en el PRI no se solaparía a ninguno de sus miembros por incumplir con la transparencia, rendición de cuentas y fallar a la ciudadanía.
Por la mañana, el senador priista Héctor Yunes Landa –excandidato perdedor al gobierno de Veracruz– anticipó que el siguiente paso será la expulsión de Javier Duarte del PRI y posteriormente dimitirá como mandatario estatal.
“Estimó y aprecio a Javier Duarte, pero primero está el partido y las sanciones. Enrique Ochoa Reza ha fijado un posicionamiento claro de que va a combatir la corrupción y tiene que empezar por la casa, y el barrido empezó por Veracruz”, advirtió durante la guardia del mes patrio en el parque de Los Berros.
Perfil de los sancionados
Junto con Duarte de Ochoa fueron suspendidos el exsecretario del Trabajo y Previsión Social y conocido “mapache electoral”, Gabriel Deantes Ramos; el polémico secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, identificado por la tropa policiaca como “Capitán Tormenta”, así como el llamado prestanombres de Duarte, José Antonio Chara Manzur Beltrán, y los militantes Juan Carlos Rodríguez García, Israel Ramos y Daniel Cordero.
La Comisión del PRI sesionó después de las 18:00 y, tras dos horas de reunión privada, decidió suspender en sus derechos a los siete funcionarios y exservidores públicos.
Los siete integrantes de la Comisión que decidieron el destino de Duarte fueron Fernando Elías Calles, Héctor Gutiérrez de la Garza, el senador Arturo Zamora, Mónica Clara Molina, Laura Zapata Martínez, Arturo Ugalde y Sergio Cuevas.
Apenas el fin de semana, Duarte desafió que, pese a la eventual sanción del PRI, él continuará siendo el gobernador hasta el 30 de noviembre, cuando culmina su gestión. Si nos van a sancionar por la energía, por el trabajo, por el esfuerzo y resultados, nos van a tener que sancionar a todos”, retó.
Lo anterior lo declaró Javier Duarte durante la inauguración del bulevar Luis Donaldo Colosio, el sábado 24.
Mientras la clase política estaba concentrada en la eventual sanción a Duarte y éste no tuvo actividad política, en Xalapa se padeció un caos vial, pues diversas organizaciones magisteriales cerraron vialidades en las salidas al puerto de Veracruz y Ciudad de México para presionar por su pronto pago.
En Ruiz Cortines, el libramiento a Banderilla y Lázaro Cárdenas colapsó la circulación vehicular, y reportaron demoras las corridas de autobuses foráneos hacia Puebla, Veracruz, Ciudad de México y Córdoba.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación dirigida al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos Zepeda, por el cateo ilegal, detención arbitraria y ejecución arbitraria en agravio de seis personas –dos de ellas menores de edad– en San Luis de La Loma, municipio de Técpan de Galeana, Guerrero.
En un comunicado, el organismo precisó que tras concluir sus investigaciones encontró evidencias que confirman que con esas acciones, elementos de la Sedena violaron los derechos humanos a la libertad, integridad y seguridad personal, así como el derecho a la inviolabilidad del domicilio, a la vida, acceso a la justicia y a la verdad.
Precisó que alrededor de las 14 horas del 1 de septiembre de 2012, mientras se festejaba el cumpleaños de una de las víctimas, 20 militares armados llegaron en dos vehículos oficiales y se introdujeron violentamente al domicilio donde se festejaba a una de las víctimas; sacaron a las dos personas menores de edad y cuatro adultos, uno de los cuales carecía de movilidad en ambas piernas.
De acuerdo con versión de los testigos, los agraviados fueron subidos a los vehículos militares que partieron hacia al poblado El Guayabo, donde cerca de las 15 horas fueron privados de la vida con disparos de armas de fuego.
A raíz de esos acontecimientos, la CNDH recibió cinco quejas e inició el expediente CNDH/2/2012/8319/Q, y con el fin de documentar las violaciones a derechos humanos, visitadores adjuntos y peritos realizaron diversos trabajos de campo para recopilar testimonios y documentos.
También se solicitó información a la Sedena, a la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero, a la Secretaría de Marina, Procuraduría General de la República (PGR) y Procuraduría General de Justicia de Guerrero.
En los informes recibidos por la CNDH, la Sedena fue la única autoridad que admitió haber participado en los hechos.
Según la recomendación 42/2016, de las declaraciones de los 20 elementos del Ejército ante el agente del Ministerio Público Militar se desprenden contradicciones e inconsistencias en relación con su versión de un enfrentamiento armado.
La descripción del terreno refuerza que no se trató de un enfrentamiento armado entre las víctimas y los militares, ya que éstos refirieron que los agraviados se encontraban ocultos entre los matorrales al momento de la agresión, lo que no concuerda con el hallazgo de los cuerpos sin vida, que se localizaron en un área abierta y sin protección alguna.
En este caso, el uso de la fuerza letal fue injustificado, ya que las víctimas, al encontrarse sometidas y desarmadas, no representaban una amenaza al personal de las fuerzas armadas, pues no portaban armas de fuego, objetos, instrumentos o herramientas que pusieran en peligro la vida de los militares o de terceros.
Por todo lo anterior, la CNDH solicitó al titular de la Sedena la reparación integral del daño, que contemple atención médica y psicológica a los familiares, en calidad de víctimas, afectados por la privación de la vida de los seis agraviados, para restablecer su salud física y mental, así como una compensación y/o indemnización justa.
Pidió también una amplia colaboración en la queja y denuncia de hechos que promueva ante la Unidad de Inspección y Contraloría General del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, y la Procuraduría General de Justicia Militar, respectivamente, para que se investiguen los delitos contra la disciplina militar que se pudieran desprender de la conducta que motivó la recomendación y por la colocación de armas de fuego en el lugar de los hechos.
Y, entre otros puntos, que colabore en la presentación y seguimiento de la denuncia de hechos que formule ante la PGR, para que se investigue a los servidores públicos federales que intervinieron en los hechos, así como la procedencia de las armas halladas en la escena, además de capacitar en materia de derechos humanos al personal de la Sedena para que, en el ámbito de sus atribuciones, elimine las detenciones, cateos e intromisiones domiciliarias, sujetando todo acto de ingreso a un domicilio a los requisitos establecidos en el derecho positivo constitucional e internacional.
La aspirante presidencial del PAN, Margarita Zavala, comparó el discurso de su contrincante rumbo al 2018, Andrés Manuel López Obrador, de Morena, con el del candidato presidencial republicano de Estados Unidos, Donald Trump, pues aseguró que ambos tienen discursos de odio.
Frente a estudiantes de la Universidad Anáhuac, donde ofreció una conferencia sobre la participación ciudadana desde la responsabilidad social, la esposa del expresidente Felipe Calderón respondió así a la pregunta del público sobre qué opinaba del tabasqueño:
“Más allá del nombre, más allá de que lo conozco perfectamente bien y que también ha sido mi razón para decir ‘bueno, empecemos de una vez porque él ya lleva dos siglos en campaña’, me preocupa el discurso porque nos enfrenta”.
La panista agregó: “no podemos dejar pasar el discurso de odio, no sólo en términos de lo que pueda suceder en una votación, sino en términos del veneno que genera”.
Margarita Zavala comentó que se deben evitar estos discursos de odio, ya que, más allá de impulsar un proyecto electoral como el de López Obrador, las consecuencias de dividir al país “serían terribles”. Entonces, dijo que México debe elegir entre el camino del odio o de la construcción de instituciones para resolver problemas como la corrupción, desigualdad y falta de Estado de Derecho.
En otros países, dijo, el discurso del odio ya ha tenido consecuencias. Y puso como ejemplo Gran Bretaña, donde –según dijo– los ataques a los migrantes resultaron en el Brexit, y en Estados Unidos pues gane quien gane la presidencia, el daño está hecho contra los mexicanos.
Según la exprimera dama, para México existen dos rutas: “la primera es hacernos responsables sociales y de la inclusión de los que menos tienen; y el segundo, es el enfrentamiento con un discurso de odio, igual al discurso de odio de Estados Unidos”.
Por el lado de la contienda interna en el PAN para elegir candidato presidencial, la exprimera dama se dijo dispuesta para tener un encuentro con el líder nacional de su partido, Ricardo Anaya, para hablar de la candidatura panista hacia Los Pinos.
Los asistentes también la cuestionaron sobre los dos años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Al respecto, la panista aseguró que es caso es “la expresión de la cooptación y la corrupción del Estado que hace que el Estado mismo lleve a sus verdugos a unos jóvenes”.
El PRD se alió a los partidos “asociados” al PRI (PVEM y PES) para bloquear de manera formal las investigaciones sobre el caso Ayotzinapa y limitarlas a “la atención a las víctimas”.
De manera inesperada, la Junta de Coordinación Política (Jucopo), que preside ahora el PRD, presentó un punto de acuerdo propuesto por el PRI y avalado sólo por el PVEM, PES y PRD, para cambiar el objetivo de la comisión del caso Iguala.
En septiembre de 2015 se creó la segunda comisión, teniendo como objetivo el de la primera: “dar seguimiento” a las investigaciones de GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes).
Ahora en la Jucopo, el PRI pidió cambiar el “objetivo” con el argumento de la desintegración del GIEI, consideración que fue respaldada por sus aliados tradicionales, el Verde y PES, con la novedad que a éstos se sumó el PRD.
El nuevo objetivo establece “ya no dar seguimiento al GIEI”, sino “dar seguimiento a las obligaciones del Estado mexicano, en particular a la atención de víctimas”.
Con ello no sólo acotan a la segunda comisión para el caso Ayotzinapa, sino que a dos años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes, el PRI “le cedió” su lugar al PVEM para que presida el segundo año de dicha comisión.
Lo paradójico del caso es que el diputado que el PVEM tiene como representante en la comisión es el guerrerense que fue diputado local y quien se negó a procesar las denuncias en contra del entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca, por haber presuntamente ordenado matar a dos perredistas de la localidad. Se trata de Arturo Álvarez Agli.
Araceli Damián, diputada de Morena y quien junto con MC –y en ocasiones con el PAN– ha dado la batalla para ir más allá de la llamada “verdad histórica”, dio a conocer lo anterior, por lo que este martes 27 demandarán a la Jucopo mantener el “objetivo” de la comisión.
El diputado del Verde fue el mismo que “echó abajo” el acuerdo ya tomado por la comisión para entrevistarse con los miembros del 27 Batallón de Infantería, e incluso ingresar a sus instalaciones, como lo ofreció en noviembre de 2015 el propio general titular de la Sedena, Salvador Cienfuegos.
Por otra parte, el coordinador del PAN, Marko Cortés, cuestionó que el gobierno de Enrique Peña Nieto no haya sido capaz de dar con el paradero de los 43 normalistas y que fraguara una “verdad histórica” que se está desmoronando.
A su vez, el presidente de la Jucopo, el perredista Francisco Martínez Nery, se concretó a anunciar que el tema será abordado en la sesión de este martes 27.
En tanto que el panista Federico Döring dio a conocer que el PRI se negó a catalogar este 26 de septiembre como “día de la desaparición forzada”.
Matamoros, Tamps. Previo al debate presidencial en Estados Unidos, en la frontera de Tamaulipas, se venden en 200 pesos, y como “pan caliente”, las piñatas del candidato republicano, Donald Trump.
Los artesanos Rigoberto Loera y Aide Briseño elaboraron la efigie del candidato del Partido Republicano a la presidencia de Estados Unidos, por considerar de interés para los hispanos residentes en el Valle de Texas.
En las afueras de Matamoros, por los rumbos del libramiento Emilio Portes Gil, este matrimonio da forma, con periódico, engrudo y papel crepe a la figura del también empresario que esta noche sostendrá un debate con la aspirante presidencial del Partido Demócrata, Hilary Clinton.
Rigo Loera plasma con maestría los rasgos maduros y la expresión agresiva que caracterizan al político norteamericano, y dice: “A mi me cae gordo por todo lo que dice de los mexicanos. Ya ya van como ocho piñatas que vendo de él, y las han pedido mucho en el Valle de Texas”.
Junto a su mujer Aide, cotizan las figuras entre 200 y 250 pesos, muy lejos de los 650 pesos que la Piñatería Ramírez cobra por la misma piñata en Reynosa.
“Yo creo que para todos hay trabajo; yo surto a dos o tres comercios del centro por pedido. Las hacemos en cinco o seis horas; esta, por ejemplo, iba a hacer un capitán América y cuando nos la pidieron, la transformamos de inmediato en Donald Trump. Hay que darle gusto al cliente”.
Dice tener conocimiento del gusto en que los hispanos de Texas, en sus hogares, “agarran con gusto a golpes las piñatas de Trump. Que bueno que los paisanos por lo menos así se desquiten”.
El presidente de Gas Natural Fenosa, Ángel Larraga, dijo que a más de 18 años de que esta empresa española llegara a México, la penetración de este combustible entre los consumidores mexicanos es de apenas 7 por ciento, y el resto del mercado está en manos del gas LP.
Urgió a las autoridades mexicanas a crear incentivos para los inversionistas, tales como establecer regulación asimétríca a Petróleos Mexicanos (Pemex) que hasta ahora ha sido el único comercializador de este combustible, y establecer modelos de eficiencia, con lo que en los próximos años se realizarían inversiones del sector privado de entre 4 mil y 5 mil millones de pesos para el desarrollo de infraestructura.
Durante su participación en el seminario La distribución del gas natural en México: retos y oportunidades, convocado por Fundación Gas Natural, empresarios del sector expusieron que es necesario que el gobierno mexicano dé a conocer con claridad las reglas de distribución y comercialización por las que deberá regirse esta industria.
La presidenta de la Asociación Mexicana de Gas Natural, Tania Ortiz dijo que no existe claridad sobre si los empresarios que operan en México tendrán acceso a los ductos de internación al mercado al mercado de Estados Unidos.
Y, en coincidencia con Tania Ortiz, Larraga dijo que es indispensable que haya regulación “pareja” pare este mercado y el del gas licuado de petróleo (LP), en donde la regulación es débil.
En su intervención, Rosanety Barrios, jefa de la Unidad de Políticas de Transformación de la Industria de la Secretaría de Energía, dijo que llegó el momento de abordar la distribución y comercialización de gas natural, sin exclusividades y en condiciones de competencia efectiva.
La funcionaria aseguró que el gobierno mexicano trabaja para incrementar la producción de energéticos en el país, destacó que no se han detenido ni se van a detener las rondas para licitar campos de crudo y gas como resultado de la reforma energética.
Ante las peticiones de los empresarios, el comisionado Jesús Serrano, integrante de la Comisión Reguladora de Energía, aseguró que como parte de la estrategia gubernamental para que haya más comercializadores en el mercado del gas natural, Pemex cederá hasta 70 por ciento de su cartera como se anunció en julio pasado; destacó que a más tardar en breve se darán a conocer las condiciones de acceso a ductos de internación, y a más tardar en dos semanas estará disponible la información sobre acceso a capacidad de transporte que es parte de los derechos adquiridos.
MADRID.- Miembros del colectivo Madrid43Ayotzinapa y otros grupos españoles se manifestaron hoy en el centro de la capital española para exigir la aparición de los normalistas desaparecidos hace dos años en Iguala, Guerrero.
Los inconformes dijeron que el presidente Enrique Peña Nieto “tiene que responder por este crimen de Estado” en el que participaron “policías locales, estatales, federales y militares”.
Los manifestantes recorrieron toda la zona comercial del centro madrileño, desde la plaza de Callao, las calles Preciados y Arenal, hasta llegar a la plaza de Ópera, donde terminaron su concentración exigiendo que “¡Ya basta! Estamos hasta la madre de ver morir a nuestra gente en México, y aquí nadie dice nada”.
También denunciaron que el gobierno mexicano recurre a la “violencia de Estado”, porque después de Ayotzinapa se registraron otros actos de violencia extrema de la fuerza pública, como los casos de Tanhuato, Apatzingán y Nochixtlán, entre otros.
“México es un país donde la tortura, las desapariciones y las muertes violentas se han convertido en hechos cotidianos”.
Muchas de las víctimas, señalaron, “son jóvenes estudiantes que, en el contexto de privaciones y pobreza de sus propias familias, luchan por la defensa de la educación pública en medio de las difíciles condiciones de las escuelas normales rurales, objeto de acoso estatal y federal durante décadas”.
La concentración en la plaza de Callao dio inicio con una danza ceremonial azteca con un grupo de danzantes llamados Guerreros de Luz.
Al frente de la danza, en el piso, fueron colocadas las fotografías de los 43 estudiantes desaparecidos, sobre los que hubo un pase de lista, nombre por nombre.
La manifestación contra “el terrorismo de Estado” estuvo acompañada por el grupo de batucada Ritmos de Resistencia, al tiempo que se corearon consignas como “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”.
Uno de los organizadores recriminó que “el crimen de Estado es lo más grave que un Estado pueda cometer crímenes contra su propio pueblo”.
Asimismo, aseguraron que sólo la masacre contra la población civil como consecuencia de la guerra en Siria, supera en número de muertos a México, país que formalmente no está inmerso en un conflicto armado.
“México es un país donde la tortura, las desapariciones y las muertes violentas se han convertido en hechos cotidianos”.
Muchas de las víctimas, señalaron, “son jóvenes estudiantes que, en el contexto de privaciones y pobreza de sus propias familias, luchan por la defensa de la educación pública en medio de las difíciles condiciones de las escuelas normales rurales, objeto de acoso estatal y federal durante décadas”.
La concentración en la plaza de Callao dio inicio con una danza ceremonial azteca con un grupo de danzantes llamados Guerreros de Luz.
Al frente de la danza, en el piso, fueron colocadas las fotografías de los 43 estudiantes desaparecidos, sobre los que hubo un pase de lista, nombre por nombre.
La manifestación contra “el terrorismo de Estado” estuvo acompañada por el grupo de batucada Ritmos de Resistencia, al tiempo que se corearon consignas como “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”.
Uno de los organizadores recriminó que “el crimen de Estado es lo más grave que un Estado pueda cometer crímenes contra su propio pueblo”.
Asimismo, aseguraron que sólo la masacre contra la población civil como consecuencia de la guerra en Siria, supera en número de muertos a México, país que formalmente no está inmerso en un conflicto armado.
Pide UV la intervención de Peña para que el gobierno de Veracruz pague adeudo
La rectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón de Guevara, envió una carta al presidente Enrique Peña Nieto para manifestar su inconformidad por la asfixia financiera en que el gobierno de Javier Duarte mantiene a la institución académica.
En una misiva que replicó en redes sociales, Ladrón de Guevara pide encarecidamente al Ejecutivo que intervenga para que la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) del gobierno de Duarte salden los montos pendientes de subsidios y participaciones estatales y federales.
“Ni la Universidad Veracruzana ni los veracruzanos merecemos gobernantes que faltan al más elemental deber ciudadano, que olvidan su juramento de servicio a la patria”, destaca la misiva.
Y reprocha que desde 2014, cuando el Poder Ejecutivo entrampó el depósito de recursos, la UV está en una situación crítica.
La carta fue enviada a poco más de 60 días de que concluya el sexenio de Javier Duarte, al que diversos sindicatos de maestros también reclaman pagos.
En el documento, la académica también reprocha que por la falta de recursos, la institución académica ha debido cancelar obras, suspender proyectos educativos y culturales, y reducir el mantenimiento de las instalaciones.
“Al día de hoy sólo contamos con los recursos suficientes para la operación cotidiana y para la atención a los compromisos salariales con su personal administrativo”, puntualiza.
Aministía Internacional reclama en Londres justicia por los normalistas desaparecidos
Cuarenta y tres sillas con las fotos de los estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos hace dos años, fueron colocadas este lunes ante la embajada mexicana en Londres para reclamar justicia.
El acto de la organización de derechos humanos Aministía Internacional denunció que el gobierno de Enrique Peña Nieto ha puesto obstáculos a la investigación para que se esclarezca la suerte de estos 43 jóvenes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, que estudiaban para ser profesores en las escuelas primarias más pobres del país, informó AFP.
Un pequeño grupo de activistas de la organización portaban pancartas con el lema “¡Encuéntralos!”.
“Colocamos estas sillas vacías ante la embajada en protesta silenciosa contra su incapacidad para encontrar a los estudiantes”, dijo a la AFP Tilly Lavenas, quien participó en el acto.
Erika Guevara Rosas, responsable de América en Amnistía Internacional, dijo en un comunicado que “la tragedia de Ayotzinapa ha puesto al descubierto cómo la administración de Peña Nieto no se detiene ante nada para encubrir las violaciones de los derechos humanos que ocurren ante su mirada en México”.
“Las autoridades en México han hecho todo lo posible para obstruir la justicia y proteger su imagen”, añadió Guevara.
Los 43 jóvenes desaparecieron la noche del 26 de septiembre de 2014 en la ciudad de Iguala, Guerrero, cuando fueron atacados por policías de esa localidad en el autobús en que viajaban, quienes los habrían entregado al cártel de los Guerreros Unidos.
Las autoridades aseguran que los narcotraficantes los asesinaron y quemaron sus cuerpos en un basurero, pero un análisis forense independiente en el lugar señalado, puso en duda esta versión.
Según Amnistía Internacional, más de 28 mil personas desaparecieron en México desde 2006, cuando el gobierno lanzó su gran ofensiva contra el narcotráfico.
Roban a un niña de dos años en la capital de Oaxaca; se la arrebatan a su madre
OAXACA, Oax.- La Fiscalía General de Justicia (FGJ) y los cuerpos policiales instrumentaron operativos de seguridad en esta capital, luego de reportarse el secuestro de la niña Azul Zoe García Bautista, de dos años de edad.
Mónica Bautista Cruz, madre de la pequeña, denunció que alrededor de las 9 de la mañana de este lunes fue interceptada por un sujeto que le arrebató a su hija en la calle Jazmines, esquina con Belisario Domínguez, en la colonia Reforma.
El presunto secuestrador subió a una camioneta negra y huyó con dirección a la terminal de autobuses que se encuentra a unas cuadras de donde ocurrió el robo de Azul Zoe García Bautista, quien portaba su uniforme de guardería en el momento de los hechos.
Inmediatamente después, los padres de la menor se trasladaron a la FGJ para a presentar la denuncia correspondiente, y las corporaciones policiales montaron operativos en las entradas y salidas de esta capital para dar con el paradero de la pequeña.
“Ni olvido ni perdón” en caso Ayotzinapa, promete Osorio Chong dos años después
Hace dos años, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, desdeñó el asesinato de seis personas y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero, pero ahora promete que no habrá perdón ni olvido en el caso.
Justo al cumplirse dos años de los hechos de Iguala, en los que desaparecieron 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Osorio Chong expresó la solidaridad y el compromiso del gobierno de Enrique Peña Nieto con las víctimas y familiares de esos sucesos.
“Lo he dicho antes y lo repito: ni olvido para las víctimas ni perdón para los culpables. Ese es el compromiso del gobierno de la República”, expresó el funcionario al participar en un acto denominado Empoderamiento de Mujeres Indígenas y Jornadas de Acceso a la Justicia, en la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Este posicionamiento de Osorio Chong contrasta con la posición que él en lo personal y el gobierno de Peña en su conjunto asumieron tras los hechos de Iguala, los días 26 y 27 de septiembre de 2014, cuando los desdeñaron al considerar que eran de carácter local y que no había elementos para que interviniera la Federación.
“En lo que estamos ayudando es en la coadyuvancia para encontrar a los chavos. Hay averiguaciones contra presuntos responsables, hay que esperar entonces”, dijo Osorio Chong una semana después de los hechos, el 3 de octubre.
Según el funcionario, “el Estado seguirá actuando con determinación y transparencia para conocer la verdad de lo sucedido y garantizar que los culpables enfrenten la justicia”.
Son inadmisibles, dijo, hechos como los de Iguala, y más aún cuando se presume la participación de autoridades de ese y otros municipios de la región y, por supuesto, de las policías de esos ayuntamientos. Osorio omitió los señalamientos al Ejército en esos hechos.
El encargado de la política interior del país dijo que la instrucción del presidente de la República es mantener un diálogo con las familias, así como con las instancias internacionales que coadyuvan con el caso.
A dos años de Ayotzinapa, la violencia e impunidad en Guerrero, siguen
CHILPANCINGO, Gro.- A dos años de la masacre y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la violencia en Guerrero no cesa.
Las principales ciudades asemejan escenarios de guerra y cementerios clandestinos. Los asesinatos, la desaparición de personas y el hallazgo de fosas se han vuelto algo comunes, situación que mantiene a la entidad entre los primeros lugares de incidencia delictiva en todo el país.
Durante los primeros 10 meses de la administración del gobernador Héctor Astudillo Flores, quien tomó protesta el 27 de octubre pasado, se han registrado mil 849 homicidios dolosos de noviembre de 2015 a agosto de este año, indican cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
No obstante, el desdén de Astudillo frente a la tragedia que se vive en la entidad se reflejó el 17 de julio durante una conferencia, organizada por el grupo Autofin en su consorcio hotelero ubicado en la zona Diamante de Acapulco, en la que el mandatario afirmó que la entidad “es segura” para los paseantes porque la disputa de las principales plazas del narco se trata de una guerra entre criminales y la mayoría de las personas ejecutadas “no son turistas, ni famosos”.
Homicidios, secuestros, fosas…
De acuerdo con el reporte del organismo federal, de enero a agosto de este año suman mil 484 homicidios dolosos en Guerrero, es decir, 12.33 % más que en 2015 cuando se registraron mil 321 asesinatos ligados a la delincuencia organizada durante el mismo periodo.
Las cifras oficiales durante este año ubican a Guerrero en el primer lugar en homicidios dolosos a escala nacional, seguido por los estados de México, con mil 377, así como Michoacán; Chihuahua y Sinaloa con cifras menores a 800 crímenes.
El primer lugar en homicidios dolosos por número de habitantes, lo ocupa el estado de Colima que registró una tasa de 52.47 personas asesinadas por cada cien mil habitantes. Luego sigue Guerrero con el 41.32% y después Sinaloa con el 23.92 %.
La mayoría de ejecuciones registradas este año en Guerrero, han ocurrido en las principales ciudades donde las bandas delictivas mantienen una brutal disputa por las plazas y constantemente se anuncian estrategias de Seguridad dirigidas por el Ejército.
El informe federal indica que el 44% de los homicidios dolosos de la entidad se han registrado en el puerto de Acapulco que suma 654 asesinatos; le sigue Chilpancingo, con 145; Iguala, con 96, donde los crímenes en particular casi se han duplicado ya que el año pasado se reportaron 71. Mientras que en Chilapa y el balneario de Zihuatanejo, los homicidios se han incrementado en casi un 100%.
En el tema de secuestros, Guerrero también se ubica en el cuarto lugar a nivel nacional con 54 casos denunciados formalmente en ocho meses y en el delito de extorsión, ocupa el quinto lugar con 142 casos registrados por autoridades ministeriales, refiere el reporte mensual del SESNSP.
Mientras que en el caso de registro oficial de fosas clandestinas, el 14 de junio Apro publicó la nota Radiografía del horror en Guerrero donde se indica que en los últimos ocho años han sido exhumados 298 cuerpos y restos óseos de 113 fosas clandestinas en diferentes regiones de la entidad.
De acuerdo con un reporte oficial de la Fiscalía General del estado (FGE), obtenido por este reportero vía acceso a la información, el año con más registro de hallazgo de cuerpos en fosas clandestinas fue 2014, fecha en que ocurrió la tragedia de Ayotzinapa, con 101 víctimas exhumadas principalmente en las ciudades de Iguala, Acapulco, Chilpancingo y Chilapa.
Luego, destaca el año 2010 con 68 personas exhumadas. En ese entonces se localizó el tiradero de cadáveres en la mina de San Francisco Cuadra, en Taxco de Alarcón, donde las autoridades ministeriales informaron oficialmente sobre la exhumación de 64 cuerpos, de los que únicamente ocho fueron identificados y el resto fueron depositados en una fosa común en la ciudad de Chilpancingo.
En 2015, las autoridades ministeriales reportaron 31 cadáveres exhumados y en los primeros seis meses de este año fueron 14 cuerpos de cuatro fosas, ocho de ellos identificados y seis sin identificar.
Es decir, de 2009 a lo que va de este año, un promedio anual de 37 personas fueron ejecutadas y localizadas en ciudades como Acapulco, Taxco, Chilpancingo y Chilapa sin que exista registro preciso de zonas rurales, que representa la mayoría del territorio guerrerense.
Desde hace décadas familias completas han decidido salir a buscar a sus desaparecidos, en medio de un contexto de impunidad y violencia, impulsadas por la nula investigación que refleja la indolencia gubernamental frente a este fenómeno que padecen los guerrerenses desde los sesenta pero que se visibilizó en todo el mundo tras el caso Ayotzinapa.
Más de 43 desaparecidos
A principios de agosto, familiares de desaparecidos dieron a conocer que de 2006 a la fecha han registrado un promedio de 500 denuncias formales por desaparición de personas en la entidad, denunciaron que el gobierno federal y estatal pretenden “invisibilizar” la grave crisis de derechos humanos y dejar impunes los crímenes.
Además, estimaron que la cifra de desaparecidos en la entidad es superior a los casos denunciados formalmente, ante la desconfianza en las autoridades y el temor de los familiares de las víctimas.
El vocero de los padres de los 43, Felipe de la Cruz anunció un frente común de familiares de desaparecidos en la entidad para exigir en conjunto que las autoridades investiguen realmente para determinar el paradero de las víctimas, luego de que el caso Ayotzinapa evidenció la descomposición de las instituciones del país y exhibió las carencias estructurales del sistema de seguridad y justicia para enfrentar “esta práctica abominable”.
De la Cruz recordó que hasta el momento no existen mecanismos de búsqueda, registros de personas desaparecidas o un marco normativo para prevenir y sancionar la desaparición forzada.
Por ello, a finales de agosto familiares de desaparecidos en la entidad procedentes de Iguala, Chilpancingo, Acapulco, Chilapa y Ayoztinapa realizaron el primer foro denominado Entre el dolor y la esperanza, que se caracterizó por congregar a los colectivos de familiares que desde la masacre y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa decidieron romper el silencio y hacer visible este problema que exhibió a la entidad como un extenso cementerio clandestino en el país.
Las víctimas denunciaron en la sede del Congreso local que la indiferencia, incapacidad y la colusión de autoridades de los tres niveles y el Ejército con la delincuencia han cegado al gobierno frente a este crimen de lesa humanidad en la entidad y el resto del país.
Los familiares de desaparecidos asumieron el compromiso de “tomar las instituciones” para colocar el tema en la agenda pública, al afirmar que el gobierno tiene una alta responsabilidad en la desaparición de sus familiares, al argumentar que protegen a sus secuaces.
También, exigieron investigar la línea de “la macrocriminalidad” por los negocios que grupos delincuenciales, coludidos “con la clase política”, han realizado con el comercio de la droga en ciudades de Estados Unidos.
En el mismo foro, el antropólogo Abel Barrera Hernández, director del centro de derechos humanos de la Montaña Tlachinollan, indicó que las víctimas de la desaparición forzada en la entidad decidieron alzar la voz de manera unida contra un gobierno “coludido con grupos criminales” que a diario cometen asesinatos, secuestros y desapariciones.
Todo esto en un contexto de impunidad y estrategia de seguridad fallida para frenar la arremetida delincuencial y culpó a las autoridades civiles y castrenses del “horror” que se vive en la entidad desde hace varios años.
“No podemos permitir que se den el lujo de cobrar sueldos millonarios y que se regodeen en nuestra tragedia. Ya basta de tanta simulación, corrupción e indiferencia de quienes mal gobiernan nuestro estado”, expresó Abel Barrera, quién reprochó la apatía y perversidad de las autoridades frente al drama que se vive en la entidad.
Por ello, dijo que ante la desconfianza que existe en las autoridades por su colusión con las bandas del crimen, los familiares de los desaparecidos no tuvieron otra alternativa que buscar a las víctimas en los cerros y destapar fosas en Iguala y otros puntos de la entidad.
Luego, denunció que el gobierno ha lanzado amenazas a los familiares para que dejen de impulsar las búsquedas ciudadanas de cuerpos en fosas clandestinas y, por el contrario, pretenden dar trato de delincuentes a las víctimas por hacer lo que le corresponde a las autoridades.
Política y crimen organizado
En agosto de 2012, Proceso documentó la red de complicidades y alianzas con políticos y presuntos delincuentes que tejió el exgobernador Ángel Aguirre Rivero desde 2010 cuando comenzó su campaña en la zona Norte, la cual marcó su debacle junto con el PRD tras la masacre y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en la ciudad de iguala.
Ahora, el gobernador Astudillo reedita la misma historia con diferentes personajes y políticos de su partido señalados por sus presunto nexos con el narco.
El 13 de septiembre, Apro publicó la nota Captura de “La Señora” cimbra a clases política y empresarial de Guerrero donde se indica que la detención de Clara Elena Laborín, esposa del narcotraficante capturado Héctor Beltrán Leyva El H y considerada como la líder del cártel de los Beltrán Leyva en el puerto de Acapulco, sacudió a la clase política de la entidad.
Ello debido a que junto a Laborín Archuleta también fue detenido Alan Contreras Páez, El Cha, señalado por el gobierno federal como operador financiero y principal enlace con el empresario acapulqueño Joaquín Alonso Piedra, El Señor de los Fierros.
Alonso Piedra fue aprehendido el 26 de julio por policías federales en la zona urbana del principal destino turístico de la entidad, y este hecho marcó la debacle de Clara Elena Laborín, La Señora, al tiempo que exhibió la red de infiltración de la delincuencia en el sector empresarial y político del puerto.
En ese entonces las autoridades federales señalaron –después de una ola de masacres y señalamientos públicos– que Alonso Piedra, conocido por financiar campañas de PRI y PRD en el puerto, era quien lavaba activos de los Beltrán Leyva en Acapulco.
De esta forma, el eje Laborín Archuleta, Contreras Páez y Alonso Piedra mantenía una relación estrecha con empresarios porteños y políticos, entre ellos el gobernador Héctor Astudillo y el exalcalde priista de Acapulco, Manuel Añorve Baños, considerado como el principal operador político del Ejecutivo, y el actual presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Robespierre Robles Hurtado, protegido de Astudillo Flores.
También con el exacalde de Acapulco y actual líder de Movimiento Ciudadano (MC), Luis Walton Aburto, y el presidente municipal postulado por el PRD, Evodio Velázquez Aguirre.
A principios de este año Robespierre Robles, el influyente notario público 19 que fue designado por el gobernador Astudillo como presidente del TSJ sin tener carrera judicial y sin mérito alguno, había sido vinculado públicamente con el narco, específicamente con el empresario Joaquín Alonso.
El 28 de julio, Apro dio a conocer que el hijo menor del presunto lavador de los Beltrán en Acapulco, Iván David Alonso Bustamante, se desempeñaba desde noviembre como coordinador de vinculación empresarial de la fundación priista Colosio en Guerrero, que preside el notario y presidente del TSJ, Robespierre Robles Hurtado.
En la edición 2074, la revista Proceso publicó un reportaje titulado “Guerrero en llamas y el gobernador sin control”, donde se da cuenta de los presuntos vínculos de Héctor Astudillo y el presidente del TSJ, Robespierre Robles Hurtado, con el empresario porteño Joaquín Alonso Piedra.
No obstante, cuando al priista Astudillo se le preguntó directamente si el presunto operador de la organización criminal –a quien además se vincula con el empresario Tony Rullan– le había inyectado recursos a su campaña para gobernador, respondió: “No es verdad”.
Pero la red del presunto “lavador” de los Beltrán abarca no sólo la esfera priista, sino también a integrantes del PRD, dado que su sobrino José Alberto Alonso Gutiérrez, El Güero, funge como director de Saneamiento Básico de la administración del alcalde perredista de Acapulco, Evodio Velázquez Aguirre, según reportes oficiales.
Alonso Gutiérrez se desempeña en el mismo cargo desde la pasada administración municipal que encabezó el empresario gasolinero y líder de MC en Guerrero, Luis Walton Aburto.
Por su parte, los presuntos nexos de Manuel Añorve con el cártel de los Beltrán Leyva se remontan al año 2010, cuando se desempeñaba como alcalde de Acapulco, hecho documentado públicamente por varios medios de comunicación con base en declaraciones ministeriales de presuntos delincuentes.
Además, el 14 de julio pasado el gobernador Astudillo y Federico Figueroa, empresario investigado desde 2014 por sus presuntos nexos con el narco, presentaron un libro biográfico sobre el hermano de éste último, el fallecido cantautor Joan Sebastian en la ciudad platera de Taxco de Alarcón.
A pesar de que reportes oficiales de la Fiscalía local, ubican a Federico Figueroa como uno de los líderes de la estructura del grupo criminal Guerreros Unidos, responsable de la masacre y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el gobernador Astudillo decidió convivir con el cuestionado empresario y difundió fotografías en sus redes sociales.
Matan a un profesor de tenis y a su pareja en Cuernavaca
El profesor de tenis Pablo Moreno López y su pareja sentimental, Macarena Sierra Paz, perdieron la vida después de ser atacados por un par de sujetos que les dispararon a quemarropa.
Los hechos ocurrieron la mañana de ayer en Cuernavaca, Morelos, cuando la pareja y la hija de ella, Frida Macarena Velázquez Sierra, de 21 años de edad, llegaban a su domicilio en la calle 2 de Abril.
De acuerdo con información recabada por un medio local, al llegar al número 19 de la calle mencionada, las dos mujeres bajaron del auto. Casi inmediatamente después, dos sujetos armados se acercaron a pie y dispararon al vehículo compacto color vino, con placas de circulación 1-PW-970 del estado de Morelos, donde se encontraba el promotor y profesor de tenis, quien quedó muerto en el asiento del conductor.
Macarena Sierra Paz, de 47 años de edad, se tiró al suelo y tapó con su cuerpo a su hija Frida. Los asesinos se acercaron a ellas y dispararon directamente a la madre, hiriéndola en el abdomen, mientras que la hija recibió un rozón en el cuello.
Después de disparar contra las mujeres, los asesinos subieron a una motocicleta y huyeron del lugar.
Luego de recibir un reporte, alrededor de las 11:40, elementos de la Policía del Mando Único arribaron al lugar de los hechos y encontraron a Pablo Moreno López con impactos de bala en la cara y en el pecho.
Paramédicos de la Cruz Roja llegaron minutos después y atendieron a Macarena Sierra Paz, quien tenía tres disparos en el abdomen, y a su hija Frida Macarena Velázquez Sierra. Ambas fueron trasladadas al hospital Parres, donde minutos más tarde falleció la primera.
Ejidatarios exigen a SCT pago de hectáreas para aeropuerto de GDL
Ejidatarios del Zapote, Jalisco, exigieron a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes el pago de las 305 hectáreas donde hace 52 años fue construido el aeropuerto de Guadalajara. Con carteles improvisados en los que escribieron "queremos nuestro pago", los poco más de 200 campesinos iniciaron un mitin en las instalaciones de la dependencia, entre Xola y el Eje Central.
Encabezados por Nicolás Vega Peñaloza, presidente del comisariado ejidal, explicaron que determinaron trasladarse a la Ciudad de México ante la falta de respuesta de las autoridades. "Saben que ya ganamos en el tribunal colegiado de Jalisco la demanda, esos terrenos son ejidales porque nunca se procedió a su expropiación", asentaron.
Expusieron que sus padres murieron esperando el pago de los terrenos; ahora, tras una larga lucha que implicó interponer más de cuatro amparos, ya tenemos la sentencia a nuestro favor. Esos terrenos son nuestros.
La SCT pretende pagar ocho pesos por metro cuadrado, "es una burla para los 95 ejidatarios y sus familias, pues llevan 52 años utilizando el terreno del cual no tienen documentos que los avalen como propietarios.
Una comisión inició el diálogo con funcionarios de la dependencia.
UNAM tendrá aumento de presupuesto: Graue
El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Luis Graue Weichers, afirmó que el paquete presupuestal para 2017 no contempla un recorte para la Máxima Casa de Estudios.
Entrevistado en el contexto del Foro Forbes, Economía 3.0, informó que incluso tendrá un incremento de 0.5 por ciento.
La Universidad siempre estará en favor de todo incremento para la educación superior y, afortunadamente, el Presupuesto de Egresos de la Federación no contempla una afectación para la Universidad.
Otras instituciones educativas que sí tendrán reducciones en sus presupuestos, dijo, están conversando directamente con la Cámara de Diputados y respetaremos su decisión.
A dos años de la desaparición de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, el rector de la UNAM consideró que " es una atrocidad de la que el país todavía no cicatriza".
Sobre la educación en general en México, agregó, que tiene que mejorar y crecer y aseveró que la matrícula en bachillerato creció y se mantuvo en el nivel licenciatura y creció en el posgrado.
En su conferencia señaló que 3.2 por ciento de los jóvenes que no estudian, ni trabajan y son conocidos como "ninis" se declaran delincuentes de acuerdo con una encuesta realizada por la UNAM el año pasado. Se debe atender esta situación porque sino le va a cobrar la factura al país, destacó.
México, número uno en embarazos no deseados en jóvenes: OCDE
México encabeza una lista nada honrosa de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) de embarazos no planificados con medio millón de casos en menores de 19 años, aunque se tienen niñas de entre 10 y 11 años, informó el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera.
Durante la firma de un convenio entre el Instituto de la Juventud y el Fondo de Población de las Naciones Unidas señaló que en la ciudad de México se tienen registrados 35 mil casos y de estos el 18 por ciento es de jóvenes que no lo planificaron, es decir más o menos seis mil 300 casos.
Ese número nos genera varias consecuencias, como es el abandono o postergación de los estudios, por ocuparse de su salud y el desarrollo de un nuevo ser; y el que enfrenten casos de discriminación, lo cual se tiene medido por el Consejo de Prevención contra la Discriminación, que las lleva a consecuencias de depresión y afectación de su autoestima.
Ante funcionarios de su gabinete y del Fondo de la Población de las Naciones Unidas dijo que debemos ser más efectivos, diciendo las cosas como son, con campañas que tenemos de Conoce tu sexualidad, Disfruta tú sexualidad y por supuesto Ten una sexualidad responsable.
La directora del Injuve, María Fernanda Olvera, comentó que al año se registran 14 mil embarazos de jóvenes de 12 a 18 años, aunque no todas son de la ciudad de México y en una estrategia coordinada se pretende bajar la cifra en los próximos dos años.
En el marco del Día Mundial para la Prevención del Embarazo No Planificado en Adolescentes se firma ese convenio y se impulsa el programa Ya tengo 15, donde por primera vez participarán 200 hombres y 200 mujeres, de 14 a 16 años, quienes recibirán un taller intensivo de 30 horas, los sábados.
Se trata de que reciban información de embarazos, prevención de violencia, proyecto de vida, métodos anticonceptivos y nuevas masculinidades, recibiendo al término un reconocimiento y una computadora de escritorio como una herramienta de información y de desarrollo educativo, indicó.
Con el Fondo de Población, explicó, se creará una base de datos que permitirá la elaboración de políticas públicas más efectivas y certeras.
Instalan mesas de trabajo para expedir primeras leyes de la CDMX
Diputados locales instalaron hoy las cinco mesas de trabajos legislativos para atender las disposiciones del régimen transitorio de la reforma constitucional en materia de reforma política de la Ciudad de México por el que se faculta a la Asamblea Legislativa (ALDF) para expedir las primeras cinco leyes constitucionales de la ciudad. Las mesas engloban los temas de Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, procedimientos e instituciones electorales y alcaldías, así como de propuestas ciudadanas ante la Asamblea Constituyente.
El presidente de la Comisión de la Reforma Política del Distrito Federal, José Encarnación Alfaro Cazares, señaló que en la ALDF esperarán los tiempos legales y constitucionales para dar las observaciones correspondientes al proyecto presentado por el jefe de Gobierno capitalino.
En ese sentido, afirmó que se debe analizar la iniciativa presentada para diseñar la construcción de iniciativas de leyes secundarias, “nos corresponde emitir opiniones y formular propuestas a la Asamblea Constituyente para que ellos le den cauce, pero no debemos estar al margen de los procesos, debemos trabajar en paralelo” agregó.
El diputado y presidente de la Comisión de Gobierno de la ALDF, Leonel Luna Estrada afirmó que cada mesa de trabajo busca dar como resultado herramientas valiosa para la discusión que se hace ya en la Asamblea Constituyente.
El diputado de Morena Alfonso Suarez del Real expuso su preocupación porque el proyecto de Constitución manda hasta el 2019 todo lo relativo a los derechos humanos, “sin embargo algo que resulta fundamental es contar con una defensoría del pueblo al día siguiente de que entre en vigor la Constitución”.
En tanto el coordinador parlamentario de Morena, César Cravioto, señaló que defenderán que no haya reelección en ninguno de los tres poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además que haya revocación de mandato del jefe de Gobierno, darle poder a los ciudadanos en la toma de decisiones para su comunidad y castigos ejemplares a políticos y partidos políticos que compren el voto.
Asimismo propondrán una redacción tal del poder judicial que impida reelecciones “a modo” para quienes presiden el Tribunal Justicia y que el presidente de la judicatura sea electo y en cuanto las alcaldías que sean autónomas, y que cuenten con un mando de la policía local.
El diputado del PRI Adrían Ruvalcaba expresó su preocupación porque al sustituirse las delegaciones por alcaldías se genere un impacto sobre los impuestos de los ciudadanos al crearse más puestos administrativos.
Inician clases bajo protesta en la Unich
San Cristóbal de Las Casas, Chis. Maestros y alumnos que desde el 22 de agosto pasado tienen tomadas las instalaciones de la unidad que la Universidad Intercultural de Chiapas (Unich) tiene en el municipio de Las Margaritas, iniciaron clases bajo protesta este lunes, luego de que la rectoría habilitó una sede alterna para atender al grupo contrario, informó el catedrático Pedro Hernández Luna.
“Los padres de familia, los maestros, los alumnos y los integrantes de organizaciones autorizaron que se abriera la escuela y comenzaran las clases bajo protesta para seguir exigiendo la instalación de una mesa de diálogo para que sean resueltas nuestras demandas”, agregó
Recordó que padres de familia, profesores, estudiantes e integrantes de organizaciones sociales tomaron la escuela el 22 de agosto para exigir la reinstalación de 12 catedráticos despedidos “injustificadamente” en febrero pasado y la destitución del rector Miguel Angel Yáñez Mijangos y del coordinador de la unidad ubicada en Las Margaritas, Vicente Cruz Gómez.
Dijo que estos dos funcionarios ya fueron destituidos pero las autoridades no han resuelto el asunto de los 12 maestros y una trabajadora administrativa despedidos, entre quienes se encuentra él.
Añadió que con tal de no atender su exigencia, las autoridades habilitaron una sede altera en el vecino municipio de Comitán para que reciban clases los alumnos que no participan en el movimiento de protesta.
Ante ello, abundó, los inconformes decidieron iniciar las clases en las instalaciones de la unidad de la Unich, pero seguirán bajo su control hasta que sea atendida su demanda.
“A partir de hoy cambiamos la estrategia de lucha y se inician las clases con los maestros de la plantilla original, que no han sido reinstalados por las autoridades universitarias, pues han negado la posibilidad de diálogo”, afirmó.
Hernández Luna aseguró que el 70 por ciento de los aproximadamente 250 alumnos “participa en el movimiento de protesta para exigir la reinstalación de los docentes despedidos”. En la unidad de Las Margaritas se imparten las licenciaturas en derecho con enfoque intercultural; lengua y cultura, y turismo alternativo.
Comentó que la plantilla docente está integrada por 22 maestros, de los cuales 16 que participan en las protestas iniciaron las clases en la sede de la unidad y el resto, más otros de reciente contratación, lo hicieron en Comitán.
“Nuestra exigencia es que las autoridades abran una mesa de diálogo para definir la situación de los despedidos, pues estamos dispuestos a dialogar”, aseveró.
Sostuvo que “no es el rector (Roberto Morales Ortega) el que está tomando las decisiones sino Karen Ballinas Hernández, operadora del gobierno estatal, cuando por ley es a él a quien le compete resolver cualquier conflicto y no delegar a una segunda persona que nada tiene que ver con la universidad”.
La verdad saldrá, dice cardenal sobre cura asesinado
Morelia, Mich. El cardenal Alberto Suárez Inda solicitó a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) que continúe con las investigaciones para dar con el paradero de los asesinos del cura José Alfredo López Guillén, localizado a unos kilómetros de la cabecera municipal de Puruándiro.
En rueda de prensa, se refirió a las “interpretaciones maliciosas” que salieron a relucir cuando algunos medios informativos publicaron supuestas fotos del clérigo entrando a un hotel con un joven, y de quien no se sabe nada. “Es preferible guardar silencio y esperar, ya que la verdad sale a relucir tarde o temprano”.
El arzobispo de Morelia dijo que lo cierto es que el sacerdote fue asesinado pocas horas después de que lo secuestraron y fue localizado sin vida el sábado en la noche. Además, le robaron dos vehículos de su propiedad y objetos de valor. “No nos quedaremos con lamentaciones, ni nos dejaremos invadir por la amargura”, dijo.
Suárez Inda pidió por “la conversión de quienes hacen el mal”, tras enfatizar que no sólo pide justicia, sino también que se construya la paz y se fomente el respeto a los demás.
Rechazan taxistas de Tabasco entrada de Uber
Villahermosa Tab. Más de 400 taxistas de 24 uniones del estado protestaron este lunes contra la entrada de la empresa Uber en el estado y demandaron al presidente Enrique Peña Nieto frene este servicio que considera ilegal y afecta sus fuentes de trabajo.
Los inconformes anunciaron la conformación de un frente común donde participan los estados de Campeche, Yucatán, Veracruz, Cancún, Oaxaca y Tabasco y convocaron a una caravana para este martes en la ciudad de Mérida.
Desde tempranas horas los socios y chóferes se concentraron en el estacionamiento del Parque Tabasco, donde con mantas pidieron al mandatario federal “apague el switch satelital a nivel nacional”.
Los taxistas acusaron que han registrado pérdidas de hasta el 50 por ciento derivado del problema del pirataje y la entrada de las unidades Uber en la entidad. “Hacen lo que quieren y no pagan impuestos”, acusó el secretario general de los taxis amarillos, Luis Vidal Baeza.
Por otra parte, un grupo de conductores de Uber se manifestó en el parque La Choca, ubicado en la capital tabasqueña, para pedir un alto a los operativos que realiza la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para detenerlos.
Señalaron que hasta el momento, la SCT lleva alrededor de 55 unidades retenidas y acusaron que la dependencia utiliza cuentas falsas para pedir el servicio y “cazar” a los socios de la empresa.
Marchan en Guerrero y Oaxaca por los 43 de Ayotzinapa
A dos años de la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, se llevan a cabo movilizaciones en los estados de Guerrero y Oaxaca.
En Acapulco, Guerrero, Aproximadamente 500 alumnos y maestros de las preparatorias populares de la Universidad Autónoma de Guerrero (Uagro) marcharon por el Bulevar de las Naciones, en la zona Diamante, en solidaridad con los familiares de los 43 normalistas desaparecidos en hechos violentos registrados en Iguala, el 26 de septiembre de 2014.
Los alumnos y mentores exigieron que los planteles de las preparatorias sean reconocidos oficialmente, ya que sólo cuentan con el reconocimiento de la Uagro, en lo relativo al plan de estudios.
Durante los actos de protesta realizados, han cerrado negocios, centros comerciales, tiendas departamentales (de ropa, colchones, electrónica y telefonía celular, entre otros), ubicados en multiplaza Las Palmas en la zona Diamante.
En esta entidad más de 15 mil jóvenes estudian en dichas preparatorias, ubicadas en zonas con altos índices de marginación. Son los padres de familia quienes aportan el dinero para las reparaciones de la infraestructura en los planteles escolares, y el pago de salarios a maestros.
En el municipio de Iguala, Contingentes de la Ceteg y del Movimiento Popular de Guerrero y de la UAG marchan en esta ciudad en donde hace dos años fueron levantados en forma violenta 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa; ejecutados tres más, y asesinados tres civiles también.
Los contingentes han efectuado un mitin en donde cayeron muertos dos estudiantes la noche del 26 de septiembre, y colocaron una ofrenda en el lugar donde fue ejecutado y desollado el estudiante Julio César Mondragón, la madrugada del 27 de septiembre.
En la marcha participan colonos de Iguala, estudiantes del Centro Regional de Educación Normal (CREN) y maestros que denunciaron que el alcalde del PRI, Esteban Albarrán, ordenó desde temprana hora de este lunes que grupos, al parecer vinculados con la delincuencia organizada, resguardaran las instalaciones del palacio municipal.
En Oaxaca, jóvenes adheridos a la Coordinadora Estudiantil Normalista del Estado de Oaxaca (Ceneo) marchan en la capital para exigir justicia.
Los alumnos de las 11 escuelas normales que existen en la entidad partieron de crucero de Trinidad de Viguera, sobre la carretera federal 190 Oaxaca – México, con rumbo al zócalo de la ciudad.
A su paso, exigen la presentación con vida de los estudiantes desaparecidos en el municipio de Iguala, Guerrero, cuando realizaban actividades para recaudar fondos, con el fin de trasladarse a la Ciudad de México para participar en la marcha conmemorativa del 2 de octubre.
Los normalistas de esta entidad exigen castigo a los autores materiales e intelectuales de lo que consideraron “un crimen de estado encubierto” -dicen- por el ex procurador General de la República, Jesús Murillo Karam.
El artista plástico Francisco Toledo lamentó que a dos años de la desaparición de los estudiantes no se sepa aún la verdad de lo ocurrido, a pesar de que “alguien debe saber; hay alguien que sabe lo qué pasó, pero no sabemos por qué mantiene la boca cerrada”.
“Pronto habrá justicia”, dice AMLO sobre Ayotzinapa
A pocas horas del inicio de la marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino al cumplirse dos años de la desaparición de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, el presidente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, asentó en su cuenta de Twitter: “además de inhumana, la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, es infame que el gobierno ni siquiera diga la verdad. Pronto habrá justicia”.
Búsqueda de los 43 ha sido "criminal e inepta": comunidad de Uia
La búsqueda realizada por el gobierno federal para encontrar a los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa ha sido "criminal e inepta", aseguraron estudiantes de la Universidad Iberoamericana (Uia).
"Los servidores públicos han manipulado la evidencia, callado y forzado voces. Han realizado todo tipo de acciones cuyo propósito es destruir la verdad, apostando al olvido para que sustituya el miedo, la rabia, la tristeza, resistencia y lo más importante; la esperanza por encontrar luz en obscuridad que abraza una nación convulsa y secuestrada".
Julian Lomelín y Jorge Ruiz, estudiantes de ciencia política e integrantes del Programa de Derechos Humanos de la Uia, comentaron que "no es posible que la investigación de uno de los actos delictivos más atroces de la historia moderna del país realizada por el Estado mexicano, ante los ojos de todo el mundo, se haya basado en declaraciones y testimonios obtenidos mediante la tortura. La verdad histórica esclarece que no fueron quemados, que la evidencia encontrada no estaba ahí, que las imagenes que pudieron haber agravado el acontecimiento principal no se ha revelado".
Al cumplirse dos años de la desaparición forzada de los normalistas, estudiantes y académicos realizaron una jornada conmemorativa denominada Diálogo y reflexiones sobre desaparición forzada, impunidad y participación ciudadana. En la Galería Andrea Pozzo, repartieron retratos de los 43 jóvenes desaparecidos y pasaron lista de cada uno. Cuando escuchaban el nombre de los normalistas, los jóvenes se levantaban del lugar y dejaban las fotografías en las sillas, en la ausencia de los estudiantes.
"Seguimos sin saber dónde están. Esto no significa que no los hayamos buscado; sin embargo su ausencia demuestra que, como sociedad, no hemos hecho lo necesario para encontrarlos" agregaron.
Durante la mesa de diálogo Patrones de desaparición forzada, historiografía y memoria, Rodolfo Gamiño, académico del Departamento de Historia de la casa de estudios, indicó que a lo largo de la historia de México la desaparición forzada es un fenómeno presente y es continuo. "Ayotzinapa no fue un accidente, ni algo que se salió de las manos; es toda una ingeniería represiva que data de estos años".
En su intervención, María Luisa Aspe, investigadora del mismo departamento, afirmó que "el proyecto original de la reforma educativa planteaba la desaparición de las normales rurales" pero gracias a la movilización y presión política de normalista e integrantes de la Coordinara Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) lo han impedido.
"Guerrero es un microcosmos de la impunidad que atraviesa el país porque reúne muchos denlos ingredientes que tiene que ver con la impunidad, corrupción de las autoridades en los tres niveles de gobierno y falta del Estado de derecho.
"En el estado hay una enorme desigualdad. En los últimos 50 años la pobreza no ha bajado en más del cinco por ciento. El 1962 el índice era de 70 por ciento, en la actualidad está en 69.7".
En entrevista por separado, Aracely Téllez Trejo, directora general del medio universitario agregó que no hay que olvidar lo que sucedió en septiembre de 2014. "En el momento en el que olvidamos podemos desaparecer todos. Necesitamos recuperar la memoria para que la desaparición de normalistas o cualquier otra persona no vuelva a suceder. Nadie tiene el derechos a desaparecer personas ni aquí ni en ninguna parte del mundo".
Encañonan a esposa de empresario acusado de lavado de dinero
Agentes de la Policía Federal Ministerial en compañía de funcionarios adscritos a la Unidad Especializada en Análisis Financiero de la Procuraduría General de la República (PGR), que encabeza Crisógono Díaz Cervantes, alias Quicho, encañonaron este lunes a Hena Adriana Braham, esposa de Roberto Gómez Jauregui y privaron ilegalmente de su libertad por varias horas al chofer de la señora, para que revelen el paradero del empresario, quien enfrenta una orden de aprehensión por presunto lavado de dinero.
Según consta en una queja que los abogados de la familia Gómez Jauregui presentaron ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), los hechos ocurrieron en Los Cabos, Baja California Sur.
“El día de hoy 26 de septiembre de 2016, la señora esposa de mi defendido, de nombre Hena Adriana Braham Fuentes se dirigía a la escuela de su hija menor de edad (Escuela Macgregor Picacho) en la ciudad de San José del Cabo, en compañía de su chofer Sergio N., a eso de las 8 u 8:30 de la mañana (hora local).
“Vieron que un vehículo Jetta blanco los seguía y por ende optaron por agilizar la entrega de la menor a las maestras de la escuela y siguieron su camino.
“Fueron interceptados por dos camionetas y el Jetta blanco que les cerraron el paso. De inmediato bajaron ocho hombres y una mujer y los encañonaron con armas de fuego exigiendo bajaran del vehículo con uso de fuerza. La señora esposa de mi defendido (Hena Adriana) tiene siete meses de embarazo, lo que es evidente en tanto su estado de gravidez salta a la vista.
Sin importar lo anterior, fue apuntada con arma de fuego en su vientre y le gritaban que les dijera el paradero de su marido. Mientras, subieron al chofer Sergio N. a una camioneta.
“La señora Hena Adriana les exigió le mostraran identificaciones y algún documento que les permitiera ese acto. Ellos sólo le insistían en que diera el dato del paradero de su marido. Le dijeron que tenían gente para sacar de la escuela a su hija menor y que los llevarían a revisar su casa, que mejor cooperara”, destaca la queja presentada ante la CNDH.
Jauregui es contador de varias empresas de Grupo Denim, propiedad de los hermanos Juan Marcos y Salomón Villarreal, allegados al ex gobernador de Coahuila Humberto Moreira, quienes junto con Jaureguí enfrentan desde septiembre de 2015 orden de aprehensión por el delito de lavado de dinero.
Antonio Villarreal es un empresario de los ramos textil, construcción y bienes raíces, que también fue diputado del PRI y titular de Desarrollo Regional de La Laguna con Humberto Moreira. Su hermano Salomón Juan Marcos Villarreal fue candidato a una diputación plurinominal en Coahuila en 2005.
A Salomón Juan Marcos, en lo particular, le imputan el blanqueo de 16.4 millones de pesos, a su hermano Antonio la suma de 34.9 millones de pesos y a Jauregui un lavado por 22 millones de pesos, según informes federales.
Emilio Pedroza Montes, Juez Sexto de Distrito en Procesos Penales Federales de Jalisco, instruyó la captura de los empresarios coahuilenses y otros 9 indiciados, por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero -ambos graves-, en la causa penal 106/2015.
Sin embargo, los abogados de los hermanos Villarreal y de Jauregui consiguieron cancelar ante un juez de amparo las órdenes de captura contra los tres, las cuales están a la espera de que un tribunal colegiado de circuito confirme el amparo y protección de la justicia.
La acusación señala que, a través de varias empresas de Grupo Denim, propiedad de los Juan Marcos, se blanquearon en el sistema financiero un total de 441 millones 337 mil 909 de origen ilegal.
Los empresarios empezaron a ser indagados desde el 2011, cuando la Secretaría de Hacienda detectó que sus compañías tramitaron millonarias devoluciones con documentos presuntamente falsos.
Respecto de los hechos de este lunes, según se desprende de la queja presentada por los abogados de Jauregui ante la CNDH –de la que tiene copia La Jornada- se mencio que “la única mujer que participó en el operátivo (en Los Cabos) mostró un gafete de PGR y fue quien dijo a los agentes federales que dejaran de encañonar, que podía causarle un problema al embarazo.
“Ella le insistió en que diera la localización de su marido. La señora Hena Adriana quiso hacer una llamada con su celular y se lo jalonearon diciéndole que no podía llamar a nadie.
“Le exigieron moviera su vehículo para no seguir dificultando el tráfico a lo que ella les contestó que por eso tenía la necesidad de su chofer, que en su estado no podía hacerlo.
“Fue así que armándose de valor la señora Hena Adriana les dijo que ella iba a caminar hacia la escuela de su hija y que no le podían hacer nada, menos en su estado, que no tenían una orden para ello. Caminó y la dejaron finalmente en paz.
“Sin embargo, sin mandamiento judicial alguno se llevaron su camioneta (que es de su propiedad), Frontier 2015 0 2016 color grisobscuro. Se llevaron a Sergio, su chofer.
“No se sabe qué está pasando con Sergio (el chofer). Únicamente se tuvo noticia de que lo llevaron a un domicilio para preguntar por otro trabajador bajo el pretexto de que le llevaba unas ‘gorditas’.
Todo es señal de que lo están usando para intentar ejecutar alguna orden de aprehensión en contra de Roberto o cualquiera de los empresarios o directivos implicados. Lo tienen privado de su libertad contra su voluntad de manera ilegal”, refiere la queja ante la CNDH.
Abogados de los empresarios investigados por la PGR dijeron a La Jornada que esta noche presentarán una órden de aprehensión contra quien resulte responsable de la privación ilegal de la libertad del chofer de la esposa de Jauregui y de la presión hacia la familia del contador de las empresas de Antonio Villarreal.
Se compromete Peña a ampliar pesquisas sobre Iguala
Cartagena de Indias, Colombia. En el marco de su presencia en este país donde hoy se firmarán los Acuerdos de Paz donde fungirá como testigo, el presidente Enrique Peña Nieto se refirió a la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa a dos años de ocurridos los sucesos: “reitero el firme compromiso del Gobierno de la República para llegar hasta sus últimas consecuencias en la investigación que sigue su curso, y que ha contado con la participación de organismos internacionales, sobre todo la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.”
En un mensaje a medios que ofreció Peña Nieto, aseguró que el gobierno federal ampliará las investigaciones a través de la Procuraduría General de la República a efecto de que estos hechos queden realmente esclarecidos.
Asimismo, “que todos los responsables de los muy lamentables hechos ocurridos, que han significado la desaparición de 43 jóvenes estudiantes, se llegue hasta las últimas consecuencias, se deslinden las debidas responsabilidades, se dé con los responsables, involucrados y participantes del crimen organizado, de instituciones o miembros de las autoridades municipales, policía municipal, y todos aquellos señalados como presuntamente responsables”.
Enfatizó en que la CIDH tiene abierto el espacio, para conocer, para que coadyuve en los trabajos que correspondan a la autoridad responsable de llevar a cabo la investigación, que es la Procuraduría General de la República.
