Detienen a 49 normalistas en Michoacán tras enfrentamiento con policías (Audios)
Al menos dos camiones quemados en la carretera libre Carápan-Zacapu, a la altura de la Cañada de los Once Pueblos, cuatro unidades recuperadas y 49 detenidos fue el saldo de un enfrentamiento entre estudiantes normalistas y la Policía de Michoacán.
Según la versión oficial, no se registraron lesionados y los detenidos se encuentran en las oficinas de la Procuraduría de Justicia de Michoacán, en Morelia. La Secretaría de Seguridad Pública informó que entre los aprehendidos hay cuatro menores de edad: Rosalba Agustín A. Fátima C.T., Lucía S.S. y Marisol C.V.
No obstante, los normalistas denunciaron que en la gresca algunos de sus compañeros resultaron heridos de bala y gravemente golpeados. Además, declararon que “más de 50 compañeros se encuentran detenidos-desaparecidos”, y dijeron que temen por sus vidas.
De acuerdo con los informes de las autoridades, al menos unos 300 normalistas de la Organización de Normales Oficiales del Estado de Michoacán (ONOEM) incendiaron un autobús y un vehículo de carga sobre la carretera Zamora-Zacapu, a la altura de la comunidad de Carápan.
Todo se registró cerca de las 16:00 horas de este martes. Los normalistas llegaron al crucero y secuestraron un autobús de pasajeros de la línea ETN y un camión de carga, a los cuales prendieron fuego sobre la vialidad.
Los jóvenes inconformes trataban de apoderarse de seis unidades. Sin embargo, con la llegada de integrantes del Grupo Operaciones Especiales de Michoacán (GOE), los jóvenes prendieron dos de ellas. El hecho originó un enfrentamiento.
En su mayoría cubiertos del rostro, los normalistas usaron piedras y palos como proyectiles. Al final unos 40 jóvenes fueron detenidos y trasladados al Ministerio Público de Morelia. Según información oficial, la autoridad les aseguró otras cuatro unidades, dos autobuses de pasajeros y dos camiones repartidores.
La protesta de los estudiantes fue para exigir la liberación inmediata de los ocho normalistas que desde el pasado 15 de agosto están presos en el Cereso “David Franco Rodríguez”, mejor conocido como Mil Cumbres. También piden plazas automáticas para los egresados.
Al lugar de los hechos se trasladaron elementos de la Policía Michoacán, de los municipios de Chilchota, Zacapu, Paracho y Uruapan.
La versión de los normalistas
La información oficial de los hechos y el número de detenidos y heridos difiere de lo que afirman los estudiantes de la Escuela Normal Indígena de Michoacán (ENIM), perteneciente a la Organización de Normales Oficiales del Estado de Michoacán (ONOEM) y la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM).
Mediante el perfil de Facebook “Yo si soy Ayiotzinapa” y de dos testimonios en poder de Apro, denunciaron que esta tarde fueron víctimas de represión por parte de las policías federal y de Michoacán “y personas vestidas de civil”, cuando terminaban un bloqueo en la carretera federal a la altura del municipio de Chilchota.
1. El testimonio de un normalista de Michoacán.
2. El testimonio de un normalista de Michoacán.
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Desaparición de los 43 confirma contubernio crimen organizado-Estado: rector de la Ibero
El rector de la Universidad Iberoamericana (UIA), David Fernández Dávalos, afirmó que Iguala “es la punta visible del iceberg de un problema bastante más profundo y fundamental en el país”, y los desaparecidos de Ayotzinapa, subrayó, son la confirmación del contubernio entre el crimen organizado y algunos sectores del Estado.
De acuerdo con el académico, los normalistas desaparecidos en septiembre de 2014 no hacen a un lado a otros desaparecidos del país, sino que los representan frente al conjunto nacional de aquellos sobre quienes el gobierno no ha sabido dar respuesta.
“Son tan valiosos unos como los otros, pero los primeros representan a todos frente al conjunto nacional”, precisó Fernández Dávalos en la mesa de diálogo La desaparición forzada: alternativas y propuestas desde la sociedad civil, que formó parte de las jornadas conmemorativas Ayotzinapa 43: 24 meses, organizadas el 26 y 27 de septiembre por la Asociación de Egresados de la Universidad Iberoamericana (ASEUIA), en colaboración con varias instancias universitarias.
Fernández Dávalos subrayó que Ayotzinapa no tiene relevancia en sí misma como un hecho aislado, sino como manifestación de dinámicas profundas de corrupción, contubernio y descomposición del Estado mexicano.
El rector sostuvo que ese se ha vuelto un caso paradigmático, cuya resolución permitiría descubrir todas las complicidades entre el crimen organizado y el Estado.
De acuerdo con un comunicado difundido por la UIA, Yadira González, hermana de Juan González Hernández, desaparecido desde hace 10 años en Querétaro y representante del movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, señaló que la iniciativa de Ley General sobre Desaparición Forzada no toma en cuenta los “daños colaterales”, es decir, aquellos familiares que viven alrededor de la persona desaparecida y que se ven afectadas por su ausencia.
También criticó que los legisladores proponen leyes basadas en sus propias vivencias y en fantasías de lo que creen que podría funcionar. Y destacó la urgencia de capacitar a agentes de investigación y del Ministerio Público, e incluso a estudiantes de psicología en las universidades, porque las casas de estudios –añadió– no están formando especialistas en el trato a víctimas de desaparición.
Por su parte, Sara Hernández Alcántara, madre de Juan González Hernández, invitó a todos los estudiantes de la UIA presentes en el foro a ser conscientes del peligro y el problema que representaría para sus familias el que uno de sus integrantes desapareciera súbitamente.
A su vez, el doctor Gilberto Santa Rita, académico del departamento de Derecho de la Ibero, destacó que México vive una etapa “muy importante pero muy oscura, en la que las personas se defienden a través de audiencias”, y el caso de Ayotzinapa, dijo, “ha caído en un agujero negro, debido a la opacidad en torno a los jueces”.
“Quienes juzgan, quienes legislan, así como los militares, están muy lejos de las víctimas; pareciera que la ciudadanía y las autoridades pertenecen a bandos irreconciliables”, añadió el especialista en temas penales.
En el encuentro también participaron Alister Guerrero, representante de Servicios y Asesoría para la Paz, y Héctor Cerezo, representante del Comité Cerezo México, quien estuvo preso durante más de siete años en un penal de alta seguridad en México junto con dos hermanos, coacusados por daño en propiedad ajena, terrorismo y fabricación de artefactos explosivos, crímenes que nunca se les comprobaron.
Cerezo señaló que para frenar las desapariciones en México es necesaria una gran alianza social, pues ningún esfuerzo en solitario podrá lograrlo.
Indígenas reciben dinero de más en Bancomer, lo regresan y las amenazan con acusarlas de robo
Dos mujeres indígenas del municipio de Coahuitlán, de la Sierra del Totonacapan, Veracruz, fueron intimidadas por el gerente de una sucursal de Bancomer en Papantla, cuando intentaron regresar dinero que una cajera del ese banco les dio de más.
De acuerdo la señora Virginia Juárez, amiga de las mujeres, éstas acudieron a la institución bancaria retirar cierta cantidad de dinero, pero la cajera por error les dio nueve mil 450 pesos de más. Sin embargo en ese momento las cuentahabientes, quienes sólo hablan idioma tutunakú, no revisaron el dinero y se retiraron del lugar.
Más tarde, cuando la empleada del banco se dio cuenta del faltante, contacto a las mujeres para que regresaran el efectivo, y ellas aceptaron con la única condición de que les pagaran el traslado hacia Papantla.
Fue el pasado viernes cuando las mujeres acudieron nuevamente a la sucursal acompañadas de Virginia Juárez. En dicho lugar fueron recibidas por la cajera, quien no cumplió con el trato y no les pago el dinero acordado, supuestamente por un problema económico.
En ese momento intervino el gerente del banco, quien de forma grosera y prepotente trato de intimidar a las dos mujeres para que sin objeción alguna regresaran el dinero, e incluso las amenazó con solicitar la presencia de la policía.
No obstante, la señora Virginia fue quien confrontó al encargado de la sucursal de Bancomer, y le exigió que respetara a las mujeres, quienes no merecían ningún mal trato por su aspecto y origen, y quienes en ningún momento se negaron a regresar el efectivo que por error la misma institución le entregó, por lo que tampoco debió amenazarlas.
Ante los hechos las víctimas tomaron la decisión de presentar una queja ante a las oficinas de la Comisión de Derechos Humanos, ya que aseguran que la forma en que fueron tratadas se debió a la vestimenta que portaban y por ser indígenas.
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Confirma Función Pública que PGR ya pidió información sobre Javier Duarte
La Secretaría de la Función Pública (SFP) recibió solicitud del Ministerio Público Federal para entregar información relativa al gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, confirmó el encargado de despacho, Javier Vargas.
En conferencia, luego de encabezar un taller sobre el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, el también subsecretario de Responsabilidades Administrativas dijo que por tratarse de procesos administrativos que están en marcha, no podía ofrecer mayores detalles.
Sin embargo, reconoció que en el caso de Duarte de Ochoa “ya me solicitó información el Ministerio Público”, aunque dijo que es algo que de manera cotidiana le piden sobre numerosos funcionarios públicos.
Además, recordó que la ley le prohíbe hacer públicos casos específicos respecto de los gobernadores de Veracruz; Chihuahua, César Duarte, y el exmandatario de Quintana Roo, Roberto Borge, todos surgidos de las filas del PRI.
Lo que sí dejó claro, de acuerdo con Notimex, es que están en marcha auditorías en todos los estados de la República y la Ciudad de México, en las que coadyuvan tanto la SFP como las contralorías de las entidades.
Se vigila el correcto uso de los recursos públicos pertenecientes a los estados y, en su caso, las partidas federales que se otorgan a los gobiernos locales.
Respecto de los tres gobernadores señalados por presuntos actos de corrupción, aclaró que “no serán juzgados por las nuevas leyes del Sistema Nacional Anticorrupción”, pues los presuntos ilícitos en que pudieran haber incurrido se habrían cometido antes de que éste entre en vigor, lo que se espera ocurra el próximo año.
Vargas recordó que la secretaría es una autoridad administrativa y, por lo tanto, “no meterá a nadie a la cárcel”, pero puede encontrar elementos para aplicar sanciones a funcionarios que hayan incurrido en irregularidades.
Entre las sanciones, el funcionario mencionó la inhabilitación por 20 años, el juicio político e incluso denunciar a los responsables ante autoridades penales.
Sobre las novedades que incluye el Sistema Nacional Anticorrupción, dijo que a escala federal el número de funcionarios que están obligados a presentar declaraciones podría pasar de casi 300 mil actuales a cerca de tres millones.
También se podrá sancionar a particulares que hayan incurrido en actos de corrupción en su relación con funcionarios y entidades públicas.
Igual adelantó que en fechas próximas se dará a conocer una aplicación para dispositivos móviles, mediante la cual los ciudadanos podrán presentar denuncias contra funcionarios, en las que se pueden añadir, como pruebas, textos, videos o fotografía pruebas.
El sistema, abundó, estará complementado con un call center abierto 24 horas, para recibir denuncias y las cuales generarán una clave y contraseña de usuario, para que el ciudadano le dé seguimiento desde que la presenta hasta que se genera una sanción.
En otro tema, se refirió al presupuesto solicitado por el Ejecutivo federal para el ejercicio fiscal 2017, que asciende a 9 mil millones de pesos, el cual incluye las operaciones de la Auditoría Superior de la Federación, el Tribunal de Justicia Administrativa, SFP y Órganos Internos de Control, entre otros.
A su juicio se trata de una suma suficiente para la labor y en la cual ya vienen presupuestados los nuevos organismos que considera el Sistema Nacional Anticorrupción, que podría estar trabajando en pleno a partir de mayo o junio de 2017.
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Osorio Chong ya inició su campaña rumbo al 2018; inunda redes con spots
Identificado como uno de los aspirantes a la candidatura presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para la elección de 2018, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, inició una vasta campaña de propaganda personal en las principales redes sociales, práctica que no está legislada.
Aprovechando este vacío legal para hacer propaganda de sí mismo, semejante al uso que le dan a los tiempos oficiales de los partidos en radio y televisión los presidentes del PRI, Enrique Ochoa Reza; del PAN, Ricardo Anaya, y de Morena, Andrés Manuel López Obrador, Osorio Chong inició su campaña personalizada en Facebook, Twitter, Youtube, Instagram y Periscope desde el pasado miércoles 21.
Osorio Chong inclusive sustituyó en sus promocionales el emblema de la Secretaría de Gobernación por su propio logotipo que aparece junto a su nombre, Miguel Ángel, con mayúsculas en negro y sus apellidos en letras más pequeñas: Es un círculo de fondo blanco con tonalidades verdes y rojas –los colores patrios que hizo suyos el PRI–, que más bien parece un árbol caído a la derecha.
El miércoles 21, en ocasión de su visita a Sinaloa, el exgobernador de Hidalgo subió a las redes sociales un primer spot de 30 segundos, en el que aparece reunido con jóvenes, ante quienes habla, luego se deja rodear por ellos y hasta se toma selfies, imágenes acompañadas por música.
“Tuvimos un gran encuentro con jóvenes. Escuché sus críticas y propuestas convencido de que dialogando es como se construyen soluciones”, escribió el funcionario para presentar el spot en las redes sociales.
“Consolidemos una juventud que propone, crea y trabaja. La participación activa es obligación de todos. En unidad lograremos el México que merecemos”, es la idea que expone, por escrito, el promocional que rubrica la Secretaría de Gobernación.
Al día siguiente, el jueves 22, Osorio Chong difundió otro spot a través de las redes sociales, esta vez rodeado de mujeres de la Asociación Mexicana de Impartidoras de Justicia, ante quienes también posó sonriente.
“Los derechos de las mujeres no son un tema exclusivo de ellas, sino una condición necesaria para México”, dice el promocional, rubricado también por la Secretaría de Gobernación.
Pero fue el viernes 23 cuando Osorio Chong difundió un spot sin que él aparezca y con imágenes sobre México y llamados a la unidad –“trabajando en equipo todos los días podemos superar los desafíos”–, en el que ya no aparece el emblema de la Secretaría de Gobernación, sino sólo su nombre.
Y ayer, lunes 26, justo cuando se conmemoró el segundo aniversario de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, Osorio Chong emitió otro spot en el que aparece con mujeres indígenas:
“La participación de las mujeres indígenas es fundamental para lograr la igualdad de género en nuestro país”.
Este martes 27 emitió otro spot en el que no aparece él, sino frases sobre el fondo colorido –“Lo que nos une es el orgullo de nacer en nuestro país”, “México somos todas y todos”, “Es con unidad como lograremos darle a nuestro país el presente y futuro que merece”–, y como remate su nombre con el logotipo que asemeja un árbol caído.
Osorio Chong ha sobrevivido en el cargo de secretario de Gobernación, pese a que la violencia y la inseguridad se han disparado a niveles del gobierno de Felipe Calderón y pese a la fuga del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, mientras que han caído el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, y Manlio Fabio Beltrones, sus rivales en la candidatura presidencial.
Con esta campaña de propaganda personalizada, el secretario de Gobernación ha comenzado otra etapa en la búsqueda de la candidatura presidencial para 2018.
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Al menos dos camiones quemados en la carretera libre Carápan-Zacapu, a la altura de la Cañada de los Once Pueblos, cuatro unidades recuperadas y 49 detenidos fue el saldo de un enfrentamiento entre estudiantes normalistas y la Policía de Michoacán.
Según la versión oficial, no se registraron lesionados y los detenidos se encuentran en las oficinas de la Procuraduría de Justicia de Michoacán, en Morelia. La Secretaría de Seguridad Pública informó que entre los aprehendidos hay cuatro menores de edad: Rosalba Agustín A. Fátima C.T., Lucía S.S. y Marisol C.V.
No obstante, los normalistas denunciaron que en la gresca algunos de sus compañeros resultaron heridos de bala y gravemente golpeados. Además, declararon que “más de 50 compañeros se encuentran detenidos-desaparecidos”, y dijeron que temen por sus vidas.
De acuerdo con los informes de las autoridades, al menos unos 300 normalistas de la Organización de Normales Oficiales del Estado de Michoacán (ONOEM) incendiaron un autobús y un vehículo de carga sobre la carretera Zamora-Zacapu, a la altura de la comunidad de Carápan.
Todo se registró cerca de las 16:00 horas de este martes. Los normalistas llegaron al crucero y secuestraron un autobús de pasajeros de la línea ETN y un camión de carga, a los cuales prendieron fuego sobre la vialidad.
Los jóvenes inconformes trataban de apoderarse de seis unidades. Sin embargo, con la llegada de integrantes del Grupo Operaciones Especiales de Michoacán (GOE), los jóvenes prendieron dos de ellas. El hecho originó un enfrentamiento.
En su mayoría cubiertos del rostro, los normalistas usaron piedras y palos como proyectiles. Al final unos 40 jóvenes fueron detenidos y trasladados al Ministerio Público de Morelia. Según información oficial, la autoridad les aseguró otras cuatro unidades, dos autobuses de pasajeros y dos camiones repartidores.
La protesta de los estudiantes fue para exigir la liberación inmediata de los ocho normalistas que desde el pasado 15 de agosto están presos en el Cereso “David Franco Rodríguez”, mejor conocido como Mil Cumbres. También piden plazas automáticas para los egresados.
Al lugar de los hechos se trasladaron elementos de la Policía Michoacán, de los municipios de Chilchota, Zacapu, Paracho y Uruapan.
La versión de los normalistas
La información oficial de los hechos y el número de detenidos y heridos difiere de lo que afirman los estudiantes de la Escuela Normal Indígena de Michoacán (ENIM), perteneciente a la Organización de Normales Oficiales del Estado de Michoacán (ONOEM) y la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM).
Mediante el perfil de Facebook “Yo si soy Ayiotzinapa” y de dos testimonios en poder de Apro, denunciaron que esta tarde fueron víctimas de represión por parte de las policías federal y de Michoacán “y personas vestidas de civil”, cuando terminaban un bloqueo en la carretera federal a la altura del municipio de Chilchota.
1. El testimonio de un normalista de Michoacán.
2. El testimonio de un normalista de Michoacán.
Informaron que al menos 50 manifestantes fueron llevados en autobuses por los uniformados sin que hasta ahora sepan su paradero, por lo que los consideran “detenidos-desaparecidos”, además de que “algunos iban gravemente heridos de bala y no se sabe a dónde los han trasladado (ni) su condición de salud física y psíquica”.
Los normalistas advirtieron que si sus compañeros no son liberados con vida, comenzarán a quemar vehículos y a tomar otras acciones.
De acuerdo con su versión, este martes alrededor de las 10 de la mañana iniciaron un bloqueo en la carretera federal a la altura de la comunidad indígena de Carápan, en el municipio de Chilchota, en el estado de Michoacán.
Durante la protesta, entregaron volantes y pedían cooperación para su movimiento, cuya principal exigencia –la misma desde hace cuatro meses– era “que se acomoden (dar empleo) a los compañeros egresados de la generación 2016”, según uno de los testimonios en poder de esta agencia.
Alrededor de las 14:00 horas, cuando ya se retiraban hacia su plantel ubicado Cherán, “fueron alcanzados por un fuerte operativo del Mando Único de la Policía Michoacán, quienes atravesaron las patrullas y al instante comenzaron a dispararles con sus armas de alto poder directamente a los camiones en que se transportaban los estudiantes normalistas”.
Según la denuncia, los policías golpearon “con brutalidad a los jóvenes correteándolos en el bosque que se encuentra en esta comunidad de Carápan”, mientras que a otros más se los llevaron detenidos en autobuses.
Enseguida, responsabilizaron de la agresión “al gobierno estatal de Silvano Aureoles Conejo, al gobierno federal de Enrique Peña Nieto. Exigimos cese a la represión contra el movimiento estudiantil-popular en Michoacán”.
Incluso, llamaron a organismos defensores de derechos humanos, nacionales e internacionales, a poner “atención ante los acontecimientos en Michoacán contra el movimiento estudiantil-popular, también solicitamos de sus labores en acciones urgentes al gobierno federal y estatal, ni un detenido desaparecido más”.
Las voces
Testimonios de audio en poder de Apro describen los momentos de la agresión que denunciaron los normalistas indígenas de Cherán.
“Nosotros nos íbamos retirando para mostrar, ahora sí, que no cayéramos en enfrentamiento. Más sin en cambio, ellos empezaron a disparar, ni siquiera esperaron que nos bajáramos de los autobuses, empezaron a disparar armas de diferente calibre al cuerpo”, contó un joven que dijo haber estado en el enfrentamiento.
“No entendemos por qué esa situación del gobierno, si nosotros somos estudiantes de la Escuela Normal Indígena. Venimos de comunidad y lo único que pelamos es un trabajo digno”, agregó. Luego, hizo clara la consigna: “Se van a quemar una unidad por cada compañero detenido y así van a ir subiendo” hasta que los liberen con vida.
El estudiante comentó que tienen apoyo en comunidades como Santa Fe, Aranza, Cañada y San Isidro.
Contrario a la versión de las autoridades, declaró: “Nosotros no nos encontrábamos realizando ningún acto vandálico y mucho menos teníamos armas. Lo único que hacíamos era un volanteo y un boteo para poder sostener nuestro movimiento. Muchos compañeros fuimos seguidos por policías en los cerros, ahí estuvieron disparándonos”.
En el audio de casi seis minutos, solicitó solidaridad con su causa y la donación de víveres. “No somos más que estudiantes que venimos de comunidades indígenas y buscamos una oportunidad para salir adelante”.
En una segunda grabación, otra persona también relató los hechos:
“Andábamos alrededor de 120 compañeros, andábamos con cuatro autobuses. Ya íbamos retirándonos de la actividad cuando de repente nos alcanzó un fuerte operativo de policía estatal y policía federal, en conjunto con la policía municipal. Eran alrededor de 30 o 35 patrullas y nos alcanzaron a esa altura de Carápan.
“De ahí se atravesaron en los autobuses en que nos estábamos trasladando y de ahí empezaron a disparar hacia los autobuses. Algunos compañeros bajamos y la mayoría se quedó en los autobuses, pues quedó en shock. Hubo un pequeño enfrentamiento, nos dimos de golpes, hubo disparos y lamentablemente se llevaron dos autobuses”, narró.
En la denuncia, añadió que la mayoría de los detenidos son mujeres y que una de ellas logró comunicarse con él. “Nos comenta la compañera –dijo– que en el autobús en el que va ella van algunos compañeros heridos de bala”.
Y advirtió: “estamos ejerciendo diferentes actividades de presión para la liberación inmediata de nuestros compañeros”.
De inmediato pidió la solidaridad “de cada una de las normales que pertenecemos a la FECSM, al igual que la solidaridad de cada una de las comunidades o pueblo en general que nos quiera apoyar con nuestras acciones de protesta para exigir la liberación inmediata de nuestros compañeros”.
Según este testimonio, el enfrentamiento con la policía fue entre las 13:30 y las 14 horas de este martes 27.
‘Layín’ lo hace otra vez, vuelve a repartir dinero en un festejo
El polémico alcalde de San Blas, Hilario Ramírez, mejor conocido como Layín, sorprendió a los asistentes de San Francisco de Asís en Ahuacatlán, Nayarit al lanzar al aire varios billetes durante las fiestas patronales.
El video de una transmisión que se realizó en vivo, se muestra su arribo a la fiesta patronal, pero también se exhibe la ‘generosidad’ del alcalde
que generó polémica al declarar que robó poquito.
En las imágenes se ve como Layín suelta decenas de billetes de 20 y de 50 pesos para recompensar a los hombres, mujeres y niños que se acercaron a saludarlo en su arribo a Ahuacatlán.
Además el edil se dedicó a repartir besos, a demostrar su fuerza al hacer una clase de malabar cargando a niños y niñas con una mano, así como también posó para algunas fotos del recuerdo.
Minutos después de lanzar billetes, una multitud ansiosa lo persigue mientras vitorea ‘bolo, bolo, bolo’, pero al llegar a ese punto del recorrido, la gente de ‘Layín’, les pide que se acomoden más adelante, pero el munícipe de San Blas, toma unos billetes y los entrega en mano de los niños y mujeres que se acercan a él.
Esta no es la primera ocasión que el alcalde de San Blas regala dinero en una fiesta patronal, ya que desde el 2014 que inició funciones como edil independiente ha hecho esta clase de retribuciones a la población.
Ramírez ha estado en el centro de la controversia por haber sido acusado de levantarle la falda a una mujer, así como por regalar dinero, despensas y automóviles.
Sin revelar montos, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, giró instrucciones a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) para otorgar un reconocimiento económico a los integrantes de la delegación que participó en los recientes Juegos Paralímpicos Río 2016.
“Le he encargado al director de la Conade (Alfredo Castillo) que entreguemos reconocimientos a todos los participantes de la delegación. Se premiará el esfuerzo de los deportistas de la misma forma que se hará con el deporte convencional”, anunció Peña Nieto a los atletas paralímpicos.
Durante la recepción de los deportistas en la residencia oficial de Los Pinos este martes, el mandatario federal también se comprometió a compensar a los ganadores de medallas con los mismos beneficios económicos que se reparten en el deporte convencional.
De esta manera, la Comisión entregará tres millones de pesos al ganador de la medalla de oro, dos millones al merecedor de la presea de plata y un millón al atleta que obtuvo el bronce, tal y como se decidió compensar a los deportistas convencionales que compitieron en los Juegos Olímpicos Río 2016.
En la pasada justa paraolímpica, la delegación mexicana, integrada por 69 atletas, consiguió 15 preseas: cuatro de oro, dos de plata y nueve de bronce.
“Ahí verá cómo le hace Alfredo”, reiteró Peña Nieto, quien de igual forma instruyó a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y a la Conade con la idea de brindarle mayores apoyos a los entrenadores, así como a los equipos multidisciplinarios de los paralímpicos.
“Hagamos ruta que les dé certidumbre, que les dé certeza y tengan una motivación para seguir adelante y seguir construyendo una historia de éxito”, pidió el mandatario.
El titular de la Conade, Alfredo Castillo, estimó que el monto por concepto de estímulos económicos a los atletas paralímpicos asciende a 42.4 millones de pesos.
Aunque aseguró que el tema de compensar económicamente a toda la delegación paralímpica lo verá con el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, al final aceptó: “la instrucción que dé se acata”.
El líder del PRI en Veracruz, Felipe Amadeo Flores Espinosa, se unió al deslinde y protección del aún gobernador Javier Duarte de Ochoa.
El líder priista veracruzano, exprocurador general de Justicia en el sexenio de Duarte, expuso que la decisión de quitar los derechos como priista al mandatario es “histórica”, aunque celebró que las reglas sean “para todos”.
“Las reglas y estatutos del partido aplican para todos, más allá de nuestro cargo o responsabilidad pública”, justificó.
En un comunicado emitido por el Comité Ejecutivo Estatal del PRI, Flores Espinosa dijo que esta medida “responde al compromiso” que ha hecho el líder nacional del partido, Enrique Ochoa Reza, por garantizar la legalidad y combatir la corrupción.
“Todos debemos rendir cuentas. Así lo debemos entender los priistas y así lo deben entender otras fuerzas políticas que han actuado en la opacidad”.
Flores Espinosa dijo que el PRI de Veracruz respalda a su dirigente nacional en esta cruzada y descartó que ello vaya a provocar una ruptura interna en las filas de los priistas veracruzanos.
“Nadie puede estar contra la transparencia y la honestidad. Esos son valores que debemos defender si queremos recuperar la confianza de los veracruzanos”, acotó.
Amadeo Flores señaló que el PRI ya se metió en una dinámica de recorrer el estado y empezar a animar a la militancia y a los ciudadanos de cara a las elecciones municipales de 2017, donde se renovarán 212 alcaldías.
“Estamos recorriendo el estado y hemos visto muchas ganas por participar. Los sectores y organizaciones también están haciendo su trabajo para buscar a los mejores candidatos que nos garanticen mantenernos como una fuerza electoral competitiva”, atajó.
Un reportaje publicado esta noche por The Wall Street Journal y firmado por Juan Montes dice que Andrés Manuel López Obrador no informó de dos departamentos en su última declaración de bienes, parte de la 3de3, y eso “podría restarle credibilidad”.
El periódico afirma que los compró cuando era Jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal.
Estos dos departamentos, de acuerdo con lo dicho por López Obrador antes, y ahora por su vocero, fueron heredados a sus hijos. Pero como su ex esposa –con quien tenía copropiedad– falleció sin dejar testamento, el trámite de cesión no se ha concluido.
El diario norteamericano, uno de los más influyentes en el sector económico y financiero del mundo, dice que esos departamentos se adquirieron en 2002.
El periodista Juan Montes dice que es una omisión grave que podría restar presencia entre los votantes a un líder que habla de honestidad.
The Wall Street Journal dice que López Obrador, “el principal aspirante a la presidencia de México en 2018, que se promociona a sí mismo como una figura honesta que lucha contra una mafia política corrupta, no dio a conocer dos apartamentos de su propiedad en su declaración de bienes liberada en agosto”.
“El izquierdista se unió recientemente al número creciente de políticos mexicanos que dieron a conocer sus propiedades, a raíz de la presión pública por una serie de escándalos de conflicto de interés que ha perseguido a la administración del Presidente Enrique Peña Nieto”, agrega The Wall Street Journal.
López Obrador “hizo lo que equivalía a una declaración de pobreza. Dijo que no tenía una cuenta de cheques o una tarjeta de crédito, y que gana solamente 31 mil dólares al año [610 mil 700 pesos, al tipo de cambio de hoy, de 19.70 pesos] como jefe de su propio partido político, el Movimiento por la Regeneración Nacional o Morena. También afirmó que no poseía propiedades o automóviles”.
“Pero no dio a conocer la propiedad de dos apartamentos en la Ciudad de México, adquiridos durante su etapa como Alcalde de la capital, de acuerdo con documentos de propiedad pública revisados por The Wall Street Journal. Los registros muestran que López Obrador compró en 2002 los dos apartamentos de 818 pies cuadrados [75.99 metros cuadrados] en el sur de la ciudad, en Coyoacán, por un monto de alrededor de 109 mil dólares”, agrega.
De acuerdo con la Unidad de Datos de SinEmbargo, en una revisión realizada recientemente y ya publicada, además de las propiedades presentadas en su declaración patrimonial del año 2000, cuando era Jefe de Gobierno del Distrito Federal, no se encuentran en su declaración 3de3 de agosto (a la que hoy refiere el Journal):
Un departamento en el Distrito Federal, adquirido a crédito en 1984
Una casa ubicada en Villahermosa, Tabasco, adquirida en 1981.
Una casa en Teapa, Tabasco, adquirida en 1985.
Una casa Teapa, adquirida en 1998, por donación o herencia.
Un predio rústico en Teapa, Tabasco, adquirido en el 2000.
En junio de 2011, la periodista Linaloe R. Flores dijo en un reportaje publicado en SinEmbargo, a propósito de los precandidatos presidenciales que aspiraban a participar en 2012:
“De acuerdo con el Registro Público de la Propiedad (RPP), los suspirantes que carecen de vivienda propia son: Manlio Fabio Beltrones Rivera, Alonso Lujambio Irazábal, Santiago Creel Miranda, Ernesto Cordero Arroyo y Marcelo Ebrard Casaubón. Tampoco tienen casa en el DF: Enrique Peña Nieto y Josefina Vázquez Mota, aunque ellos residen en el Estado de México. El único precandidato bajo cuyo nombre aparece patrimonio es Andrés Manuel López Obrador. Este suspirante acreditó el 13 de enero de 1988 ante el RPP su departamento marcado con el 301, en el edificio número 57 de la calle Odontología, en Copilco Universidad, el cual adquirió en 27 millones de viejos pesos, pagados al contado con un crédito del entonces Banco Nacional de México (Banamex). La adquisición la hizo en copropiedad con Rocío Beltrán Medina, su entonces esposa y quien falleció en 2003. Los datos del departamento constan en el folio real 613504. López Obrador posee otra propiedad con el folio 613505”.
Si los departamentos de los que habla The Wall Street Journal se adquirieron en 2002, cuando López Obrador era Jefe de Gobierno, se trata de propiedades que nunca antes habían sido mencionadas ni por la prensa ni por el mismo político de izquierda.
“PUEDE HERIR SU CREDIBILIDAD”
López Obrador fue Alcalde de 2000 a 2005. “No hay nada ilegal en la compra de la propiedades, pero tergiversar su valor neto puede herir a su credibilidad como honesto”, dice el diario.
“Esto es una ofensa a la transparencia y la honestidad. Tenía la obligación de dar a conocer los apartamentos en su declaración”, dijo Max Kaiser al diario norteamericano, un experto en lucha contra la corrupción del IMCO, una organización no lucrativa que promueve la responsabilidad del gobierno. “La gente espera que sea coherente con su retórica”.
El vocero de López Obrador, César Yáñez dijo el político compró los dos apartamentos, pero los donó a sus dos hijos mayores. Sin embargo, López Obrador sigue apareciendo en el registro público como el propietario, afirma The Wall Street Journal.
Yáñez dijo que “los hijos de López Obrador pronto aparecerán como propietarios. Dijo que el papeleo se ha retrasado debido a que la primera esposa de López Obrador, la madre de sus hijos mayores, no tenía testamento. Murió en 2003”.
El diario estadounidense señala que López Obrador “ha perdido por poco la Presidencia de México en dos ocasiones, y es ampliamente considerado como una de los principales candidatos en las próximas elecciones en 2018”.
Cita la última encuesta de Reforma, que da 24 por ciento de intención de voto a López Obrador y 26 por ciento a Margarita Zavala.
Dice que “su capital político ha aumentado en los últimos dos años por los escándalos de la administración de Enrique Peña Nieto, incluidas las acusaciones de conflicto de interés de una mansión de 4 millones, comprada por la Primera Dama, Angélica Rivera, a un prominente contratista del Gobierno mexicano.
“López Obrador menudo arremete contra la corrupción. Su terreno de juego para los mexicanos es simple: es una figura honesta en un país gobernado por políticos corruptos. Muchos mexicanos, particularmente los jóvenes, lo ven como la némesis de Peña Nieto y las élites del país”.
UNA NOTA CON HISTORIA
El pasado 11 de agosto, el líder de Morena hizo pública su declaración patrimonial, de intereses y fiscal, en donde aseguró tener ingresos por 600 mil pesos al año y no tener ningún bien inmueble ni autos.
“Realmente no tengo bienes materiales; ya lo que tenía lo cedí, lo entregué a mis hijos, a los hijos mayores, desde que falleció Rocío, se les entregó lo que les correspondía. Y a Jesús Ernesto [su hijo menor] también ya le entregué la casa que me heredaron mis padres en Palenque, es una quinta de alrededor de 13 mil metros cuadrados, una hectárea con 3 mil metros”, explicó en el video en aquella ocasión.
En los documentos, López Obrador declaró no contar con inmuebles ni autos, algún tipo de crédito. Sin embargo, el líder partidista señaló que su actual esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, cuenta con cuatro propiedades inmuebles: una casa en la Ciudad de México que adquirió a crédito en 2013, de la que no especificó el monto; un departamento en Puebla, comprado también a crédito en 2015; un terreno, pagado al contado, también en Puebla en 2010, y otro comprado a crédito en la misma entidad en 2013. Así como una casa de en Chiapas que le donaron en 2012 y que está a nombre de un dependiente de él. De ninguna de éstas se declaró su valor.
“Podrán pensar que es arrogancia pero no quiero que la derecha me confunda con [Carlos] Salinas, [Ernesto] Zedillo, [Vicente] Fox, [Felipe] Calderón, [Enrique] Peña y otros corruptos. No somos iguales”, escribió en el mensaje que acompañó el video.
“Nos quieren meter a todos en el mismo costal y yo no soy corrupto”, señaló.
Desde que el político tabasqueño dio a conocer la información generó dudas respecto a la veracidad de la misma. La coordinadora del IMCO, Alexandra Zapata, señaló que existían ciertos datos que generaban sospechas está mintiendo o que no era claro.
“Le insistimos que si había regalías que declarar, que si había conferencias y nos dijo que no, por supuesto que genera dudas y la 3de3 no es una declaración en la que se puede ir agregando cosas conforme la prensa vaya detectando inconsistencias. Al entregar estas declaraciones Andrés Manuel, al igual que el cien por ciento de los funcionarios y candidatos que han participado en esta iniciativa, tiene que firmar una carta en la que bajo protesta de decir la verdad, dicen que se hacen responsables de la información contenida en sus declaraciones, que es verdad, que es exhaustiva al momento de presentarla”, indicó en entrevista con Radio Formula.
El titular de la Secretaría de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, informó que en los siguientes años, como resultado de la Primera Subasta Eléctrica, 11 compañías pondrán en operación 16 nuevas plantas eólicas y solares.
Esta nueva infraestructura adicionará a la capacidad instalada nacional dos mil 85 megawatts, que representa tres cuartas partes de lo que se había instalado en el país desde 1994, apuntó.
Durante su participación en el Energy Day, organizado por la Cámara Británica de Comercio, Coldwell destacó que el pasado jueves 22 se anunciaron los resultados preliminares de la Segunda Subasta de Largo Plazo, en la que 57 de los licitantes presentaron 475 ofertas económicas, es decir, más del doble de ofertas de las registradas en la primera licitación de marzo.
Y señaló que ya se trabaja en el diseño de la Tercera Subasta que se realizará en abril de 2017.
Sobre los avances en la implementación de la reforma energética, el titular de la Sener indicó que está en marcha la expansión de la Red Nacional de Gasoductos, ante la creciente necesidad de consumo de gas natural de la industria y de las centrales de generación eléctrica.
Agregó que la ampliación de esta red de transporte permite reconvertir las viejas centrales eléctricas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que funcionan a partir de combustóleo y construir nuevas plantas de ciclo combinado para que utilicen gas natural, a fin de reducir los costos de generación y utilizar fuentes energéticas más limpias, en beneficio del medio ambiente.
Sobre el sector hidrocarburos, señaló que a la fecha se han suscrito 30 contratos para la exploración y extracción de aceite y gas en campos terrestres y en aguas someras, lo que abona a la construcción de un sistema industrial diversificado.
En un comunicado, la Sener sostuvo que su titular también destacó la estrecha cooperación bilateral que México tiene con el Reino Unido en el campo de la energía, específicamente en proyectos relacionados con los temas de electricidad, renovables, petróleo, gas y eficiencia energética, así como en un esquema de becas para los siguientes tres años.
Al evento asistieron Oliver Evans, ministro consejero de la Embajada del Reino Unido, y David Shields, analista y director general de la revista Energía a Debate.
El rector de la Universidad Iberoamericana (UIA), David Fernández Dávalos, afirmó que Iguala “es la punta visible del iceberg de un problema bastante más profundo y fundamental en el país”, y los desaparecidos de Ayotzinapa, subrayó, son la confirmación del contubernio entre el crimen organizado y algunos sectores del Estado.
De acuerdo con el académico, los normalistas desaparecidos en septiembre de 2014 no hacen a un lado a otros desaparecidos del país, sino que los representan frente al conjunto nacional de aquellos sobre quienes el gobierno no ha sabido dar respuesta.
“Son tan valiosos unos como los otros, pero los primeros representan a todos frente al conjunto nacional”, precisó Fernández Dávalos en la mesa de diálogo La desaparición forzada: alternativas y propuestas desde la sociedad civil, que formó parte de las jornadas conmemorativas Ayotzinapa 43: 24 meses, organizadas el 26 y 27 de septiembre por la Asociación de Egresados de la Universidad Iberoamericana (ASEUIA), en colaboración con varias instancias universitarias.
Fernández Dávalos subrayó que Ayotzinapa no tiene relevancia en sí misma como un hecho aislado, sino como manifestación de dinámicas profundas de corrupción, contubernio y descomposición del Estado mexicano.
El rector sostuvo que ese se ha vuelto un caso paradigmático, cuya resolución permitiría descubrir todas las complicidades entre el crimen organizado y el Estado.
De acuerdo con un comunicado difundido por la UIA, Yadira González, hermana de Juan González Hernández, desaparecido desde hace 10 años en Querétaro y representante del movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, señaló que la iniciativa de Ley General sobre Desaparición Forzada no toma en cuenta los “daños colaterales”, es decir, aquellos familiares que viven alrededor de la persona desaparecida y que se ven afectadas por su ausencia.
También criticó que los legisladores proponen leyes basadas en sus propias vivencias y en fantasías de lo que creen que podría funcionar. Y destacó la urgencia de capacitar a agentes de investigación y del Ministerio Público, e incluso a estudiantes de psicología en las universidades, porque las casas de estudios –añadió– no están formando especialistas en el trato a víctimas de desaparición.
Por su parte, Sara Hernández Alcántara, madre de Juan González Hernández, invitó a todos los estudiantes de la UIA presentes en el foro a ser conscientes del peligro y el problema que representaría para sus familias el que uno de sus integrantes desapareciera súbitamente.
A su vez, el doctor Gilberto Santa Rita, académico del departamento de Derecho de la Ibero, destacó que México vive una etapa “muy importante pero muy oscura, en la que las personas se defienden a través de audiencias”, y el caso de Ayotzinapa, dijo, “ha caído en un agujero negro, debido a la opacidad en torno a los jueces”.
“Quienes juzgan, quienes legislan, así como los militares, están muy lejos de las víctimas; pareciera que la ciudadanía y las autoridades pertenecen a bandos irreconciliables”, añadió el especialista en temas penales.
En el encuentro también participaron Alister Guerrero, representante de Servicios y Asesoría para la Paz, y Héctor Cerezo, representante del Comité Cerezo México, quien estuvo preso durante más de siete años en un penal de alta seguridad en México junto con dos hermanos, coacusados por daño en propiedad ajena, terrorismo y fabricación de artefactos explosivos, crímenes que nunca se les comprobaron.
Cerezo señaló que para frenar las desapariciones en México es necesaria una gran alianza social, pues ningún esfuerzo en solitario podrá lograrlo.
Indígenas reciben dinero de más en Bancomer, lo regresan y las amenazan con acusarlas de robo
Dos mujeres indígenas del municipio de Coahuitlán, de la Sierra del Totonacapan, Veracruz, fueron intimidadas por el gerente de una sucursal de Bancomer en Papantla, cuando intentaron regresar dinero que una cajera del ese banco les dio de más.
De acuerdo la señora Virginia Juárez, amiga de las mujeres, éstas acudieron a la institución bancaria retirar cierta cantidad de dinero, pero la cajera por error les dio nueve mil 450 pesos de más. Sin embargo en ese momento las cuentahabientes, quienes sólo hablan idioma tutunakú, no revisaron el dinero y se retiraron del lugar.
Más tarde, cuando la empleada del banco se dio cuenta del faltante, contacto a las mujeres para que regresaran el efectivo, y ellas aceptaron con la única condición de que les pagaran el traslado hacia Papantla.
Fue el pasado viernes cuando las mujeres acudieron nuevamente a la sucursal acompañadas de Virginia Juárez. En dicho lugar fueron recibidas por la cajera, quien no cumplió con el trato y no les pago el dinero acordado, supuestamente por un problema económico.
En ese momento intervino el gerente del banco, quien de forma grosera y prepotente trato de intimidar a las dos mujeres para que sin objeción alguna regresaran el dinero, e incluso las amenazó con solicitar la presencia de la policía.
No obstante, la señora Virginia fue quien confrontó al encargado de la sucursal de Bancomer, y le exigió que respetara a las mujeres, quienes no merecían ningún mal trato por su aspecto y origen, y quienes en ningún momento se negaron a regresar el efectivo que por error la misma institución le entregó, por lo que tampoco debió amenazarlas.
Ante los hechos las víctimas tomaron la decisión de presentar una queja ante a las oficinas de la Comisión de Derechos Humanos, ya que aseguran que la forma en que fueron tratadas se debió a la vestimenta que portaban y por ser indígenas.
Tras 50 años Obama propone a Jeffrey DeLaurentis como embajador en Cuba
El presidente estadunidense Barack Obama propuso a Jeffrey DeLaurentis como el primer embajador del país para Cuba en más de 50 años.
Este martes la Casa Blanca anunció que Obama busca darle la nominación a DeLaurentis para el cargo como embajador en la isla. DeLaurentis actualmente es el principal funcionario de la misión diplomática en La Habana.
“No hay ningún servidor público más adecuado para mejorar nuestra capacidad de comprometernos con el pueblo cubano y promover los intereses de Estados Unidos en Cuba que Jeff”, aseveró Obama tras enviar su nombramiento al Senado.
También destacó, de acuerdo con las agencias AP y EFE, la carrera diplomática de DeLaurentis y su “amplia experiencia en Cuba y América Latina”, así como su desempeño como jefe de la misión en La Habana desde agosto de 2014.
“Jeff ya está trabajando con Cuba en temas que hacen avanzar los intereses nacionales de Estados Unidos, como la aplicación de la ley, la lucha contra las drogas, la protección del medio ambiente, la lucha contra la trata de personas, la ampliación de las oportunidades comerciales y agrícolas, y la cooperación en la ciencia y la salud”, puntualizó Obama.
Luego insistió en que el diplomático se ha involucrado con el pueblo cubano, y ha expresado y defendido los valores estadunidenses en el tema de los derechos humanos en la isla.
Sin embargo, ahora se requiere que el Senado confirme la nominación de Obama, aunque podría haber oposición a la propuesta previo a la salida del presidente, en enero próximo.
Incluso, senadores republicanos que se oponen a la normalización de las relaciones entre ambos países prometieron bloquear cualquier nominación.
Obama y su homólogo cubano Raúl Castro anunciaron en diciembre de 2014 la reanudación de las relaciones diplomáticas entre ambos países.
Ante el anuncio del asalto a la oficina de la casa productora y distribuidora de cine Piano, con sede en la colonia Roma, su director general Julio Chávez Montes dijo a Apro: “La ciudad vive una situación de deterioro que el gobierno no quiere reconocer… no se puede minimizar el crimen como un simple ‘efecto cucaracha’”, comentó en alusión a lo dicho por Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la CDMX.
El robo a la distribuidora se efectuó el domingo 25 por la noche y fue perpetrado por un grupo de delincuentes que allanaron la oficina localizada en la calle de Zacatecas de la colonia Roma, de donde se llevaron seis equipos de cómputo con valor mayor a 100 mil pesos.
Chávez Montes explicó que los ladrones forzaron la puerta y que a pesar de haber cámaras de seguridad de la Ciudad de México, aún no hay noticia de los asaltantes; ayer por la mañana realizaron la denuncia en la delegación Cuauhtémoc (averiguación previa CI-FCH/CUH-7/UI-2S/D/02097/09-2016), pero a la fecha ni siquiera se han presentado peritos a recoger evidencias, y ante la necesidad de trabajar –“porque no se puede frenar el curso de labor de una oficina”–, debieron colocar una nueva puerta y seguir con su agenda en ese espacio.
“Para nosotros es una historia tristemente común, además de nosotros el departamento de nuestro vecino también fue robado este domingo, le sustrajeron chequeras que cobraron el lunes por la mañana en diez sucursales bancarias por fuertes cantidades; hace poco asaltaron el café que está en la parte baja del edificio y, previo a eso, una pozolería a cuadra y media. Nosotros tenemos la oportunidad de hablar con un medio de comunicación, pero ¿y los que no?
“Creo que la ciudad vive una situación de deterioro que el gobierno no quiere reconocer, no pueden minimizar robos como el del Periférico a un simple ‘efecto cucaracha’, como dijo Mancera”, en alusión a la fotografía de ayer captada por un ciudadano en los carriles laterales de esa vía a la altura de Reforma y que más tarde se hizo “viral”, donde se observa a dos sujetos encapuchados asaltando cada uno a automovilistas en pleno congestionamiento vehicular.
Y enfatizó:
“Vivimos una situación que se ha vuelto común en la Ciudad de México y la delegación Cuauhtémoc, no hay elementos en las calles a pesar de los asaltos y el crimen, y donde la fuerza pública sólo está presente para frenar la libertad de expresión de la ciudadanía, como ocurrió el 15 de septiembre. Es momento de que el gobierno capitalino deje de vernos como enemigos”.
El director general de Piano comentó que a pesar del robo no perdieron información de su trabajo, pues tenían todo respaldado y lograron cambiar claves a distancia.
Piano es la empresa distribuidora del filme Llévate mis amores (dirigido por Arturo González Villaseñor, producido por Indira Cato y con fotografía de Antonio Mecalco), documental que narra la vida de Las Patronas, un grupo de mujeres veracruzanas que alimentan a los migrantes que viajan en el tren “La Bestia”, proyecto que apoya el semanario Proceso y mismo que llegará a cines comerciales en octubre.
El Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), que representa a los padres y madres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, fue blanco de amenazas a través de su cuenta de Twitter.
En la página de la organización civil en esa red social, se advierte la amenaza de quien envió un mensaje el mismo 26 de septiembre como @TercoDeJesus, y que horas antes de la marcha por el segundo aniversario de la desaparición de los jóvenes hizo la siguiente advertencia:
“Hola @CentroProdh espero que no se paren a las 16:00 en el Ángel si es que no quieren que su sangre sea derramada. El Patrón ya dio la orden”, dice el mensaje adjunto a una fotografía de balas sobre un papel blanco que lleva inscrito el nombre de la organización.
En la cuenta de Twitter de @TercoDeJesus aparecen mensajes amenazantes a periodistas e intelectuales como Rafael Pérez Gay, Epigmenio Ibarra, Denise Dresser y Héctor de Mauleón, entre otros.
En respuesta al mensaje, el Centro Prodh tuiteó: “Como desde hace 28 años, @CentroProh reitera su compromiso de acompañar a las víctimas de violaciones a #DDHH y nunca ceder ante amenazas”.
En la investigación realizada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre el caso de la desaparición forzada de los 43 estudiantes, existe una mención a El Patrón.
De acuerdo con la investigación del organismo, la noche del 26 de septiembre de 2014 policías federales se acercaron a agentes municipales de Iguala, quienes detuvieron un camión con normalistas en la zona conocida como Puente del Chipote.
Al preguntar los federales qué harían con los jóvenes, los municipales declararon que serían llevados a Huitzuco, Guerrero, y “allá que El Patrón decida qué hacer con ellos”.
Hasta ahora las investigaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) no han dado con la identidad de El Patrón.
CHILPANCINGO, Gro.- Padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, estudiantes, profesores y activistas marcharon en la ciudad de Iguala a dos años de la tragedia ocurrida en septiembre de 2014.
La protesta comenzó cerca de las 14:30 horas sobre la parte norte y se desplazó sobre el Periférico con dirección al lugar donde comenzó la cacería orquestada por sicarios del grupo delictivo Guerreros Unidos, quienes actuaron en contubernio con policías de los tres niveles y el Ejército.
La Secretaría de la Función Pública (SFP) recibió solicitud del Ministerio Público Federal para entregar información relativa al gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, confirmó el encargado de despacho, Javier Vargas.
En conferencia, luego de encabezar un taller sobre el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, el también subsecretario de Responsabilidades Administrativas dijo que por tratarse de procesos administrativos que están en marcha, no podía ofrecer mayores detalles.
Sin embargo, reconoció que en el caso de Duarte de Ochoa “ya me solicitó información el Ministerio Público”, aunque dijo que es algo que de manera cotidiana le piden sobre numerosos funcionarios públicos.
Además, recordó que la ley le prohíbe hacer públicos casos específicos respecto de los gobernadores de Veracruz; Chihuahua, César Duarte, y el exmandatario de Quintana Roo, Roberto Borge, todos surgidos de las filas del PRI.
Lo que sí dejó claro, de acuerdo con Notimex, es que están en marcha auditorías en todos los estados de la República y la Ciudad de México, en las que coadyuvan tanto la SFP como las contralorías de las entidades.
Se vigila el correcto uso de los recursos públicos pertenecientes a los estados y, en su caso, las partidas federales que se otorgan a los gobiernos locales.
Respecto de los tres gobernadores señalados por presuntos actos de corrupción, aclaró que “no serán juzgados por las nuevas leyes del Sistema Nacional Anticorrupción”, pues los presuntos ilícitos en que pudieran haber incurrido se habrían cometido antes de que éste entre en vigor, lo que se espera ocurra el próximo año.
Vargas recordó que la secretaría es una autoridad administrativa y, por lo tanto, “no meterá a nadie a la cárcel”, pero puede encontrar elementos para aplicar sanciones a funcionarios que hayan incurrido en irregularidades.
Entre las sanciones, el funcionario mencionó la inhabilitación por 20 años, el juicio político e incluso denunciar a los responsables ante autoridades penales.
Sobre las novedades que incluye el Sistema Nacional Anticorrupción, dijo que a escala federal el número de funcionarios que están obligados a presentar declaraciones podría pasar de casi 300 mil actuales a cerca de tres millones.
También se podrá sancionar a particulares que hayan incurrido en actos de corrupción en su relación con funcionarios y entidades públicas.
Igual adelantó que en fechas próximas se dará a conocer una aplicación para dispositivos móviles, mediante la cual los ciudadanos podrán presentar denuncias contra funcionarios, en las que se pueden añadir, como pruebas, textos, videos o fotografía pruebas.
El sistema, abundó, estará complementado con un call center abierto 24 horas, para recibir denuncias y las cuales generarán una clave y contraseña de usuario, para que el ciudadano le dé seguimiento desde que la presenta hasta que se genera una sanción.
En otro tema, se refirió al presupuesto solicitado por el Ejecutivo federal para el ejercicio fiscal 2017, que asciende a 9 mil millones de pesos, el cual incluye las operaciones de la Auditoría Superior de la Federación, el Tribunal de Justicia Administrativa, SFP y Órganos Internos de Control, entre otros.
A su juicio se trata de una suma suficiente para la labor y en la cual ya vienen presupuestados los nuevos organismos que considera el Sistema Nacional Anticorrupción, que podría estar trabajando en pleno a partir de mayo o junio de 2017.
Ejecutan a presuntos homicidas de funcionario en Oaxaca
OAXACA, Oax.- La Fiscalía General de Justicia de la entidad informó que pobladores de la sierra sur asesinaron a cuatro personas por su presunta responsabilidad en el crimen del agente municipal suplente de San Pablo Coatlán, Aristeo Cruz.
Las víctimas, dijo, presentaban el tiro de gracia y huellas de tortura.
De acuerdo con el legajo 308/FMIA/2016, elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) realizaban el levantamiento del cuerpo de Aristeo Cruz en la población de San Antonio Lalana, perteneciente a San Pablo Coatlán, Miahuatlán, cuando fueron informados que otros cuatro sujetos habían sido ejecutados.
Al trasladarse al paraje denominado El Basurero, perteneciente a San Isidro Comitlán, localizaron a orillas de una vereda los cadáveres de cuatro personas del sexo masculino, que se presume fueron los autores del crimen de Cruz.
En una brecha, a 50 metros del camino de terracería que lleva a San Pablo Coatlán, se halló el primer cuerpo de un hombre de aproximadamente 40 años, de complexión robusta y tez morena.
El segundo cadáver fue localizado a 20 metros del lado derecho de la brecha, entre la hierba. La víctima, de aproximadamente 35 años, tez clara y complexión robusta, vestía un pantalón de mezclilla azul.
El tercer cuerpo, de tez morena clara, complexión robusta y aproximadamente 35 años, tenía un tatuaje en la parte interna del pie izquierdo, arriba del tobillo.
La última víctima, de aproximadamente 40 años, complexión robusta y tez morena, presentaba un tatuaje arriba de la tetilla izquierda.
Los cuatro cuerpos estaban sin camisa ni calzado, y no se les encontró identificación o alguna otra pertenencia. Todos tenían el tiro de gracia.
La comunidad informó que no conocían a los presuntos asesinos de Cruz, porque no son de la región, por lo que quedaron en calidad de desconocidos.
El costo total por la inseguridad y el delito en hogares de México representó un monto de 236 mil 800 millones de pesos en 2015, equivalente a 1.25% del Producto Interno Bruto (PIB), al consumarse 29 millones 300 mil delitos del fuero común, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
El organismo precisó que el número de víctimas de los delitos del fuero común ascendieron a 23 millones 300 mil ciudadanos y tuvieron una pérdida promedio equivalente a 5 mil 905 pesos por persona.
Al dar a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública (Envipe) 2016, el Inegi detalló que el total de delitos consumados el año pasado representa una tasa de 28 mil 202 víctimas por cada cien mil habitantes, cifra estadísticamente equivalente a la estimada para 2014, según un sondeo realizado en 95 mil 714 viviendas.
El Inegi destacó que después de los delitos de robo o asalto en la calle o transporte público, la extorsión se colocó en 2015 como el segundo delito más frecuente a escala nacional, con 24.2% del total.
Sin embargo, el pago solicitado en la extorsión continúa con tendencia a la baja, al pasar de 5.4% en 2014, a 4.7% en 2015.
Las entidades más lastimadas por la extorsión fueron Baja California, Chihuahua, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, San Luís Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.
En tanto, el delito de robo o asalto en la calle o en el transporte público se dio en mayor medida en la Ciudad de México, Guanajuato, Estado de México, Nuevo León y Tabasco.
La “cifra negra”, o la no denuncia de diferentes tipos de delitos en todo el país, aumentó a 93.7%, 0.9% respecto de la estimación de 2014, que se colocó en 92.8%.
Entre las razones para no denunciar delitos ante las autoridades por parte de las víctimas destaca la “pérdida de tiempo” (33%) y la “desconfianza en la autoridad” (16.6%).
De hecho, la Envipe destacó que 76.1% de la población de 18 años y más considera que la policía de Tránsito es corrupta, seguida de la Policía Preventiva Municipal (66.7%).
Aún más, del total de averiguaciones previas iniciadas por el Ministerio Público, en 45.9% de los casos no pasó nada o no se resolvió la denuncia, mientras que 25.9% está en trámite y sólo el 7.7% de las personas recuperaron sus bienes.
Se dispara el gasto en medidas preventivas
El gasto que realizan los hogares mexicanos para protegerse contra la delincuencia también se disparó, en este caso 17.7%. Es decir que las familias gastaron en cambiar o colocar cerraduras y candados, cambiar puertas y ventanas, colocar rejas o bardas, realizar acciones con los vecinos, o comprar un perro guardián.
El costo total a consecuencia de la inseguridad y el delito en hogares representó 236.8 mil millones de pesos, es decir, 1.25% del Producto Interno Bruto (PIB), que equivale a 5 mil 905 pesos por persona afectada por la inseguridad y el delito.
A escala nacional, 59.1% de la población de 18 años y más considera “la inseguridad y delincuencia” como el problema más importante que en su entidad federativa, seguido del “desempleo”, con 40.8%, y la “pobreza”, con 31.9%.
Respecto de la inseguridad, nueve de cada diez personas se sienten desprotegidas o vulnerables en los cajeros automáticos, y siete de cada diez en los bancos, al igual que en el transporte público. Además, 63.8% de la población de 18 años y más identifica en los alrededores de su vivienda, como primera conducta delictiva o antisocial, el consumo de alcohol en la calle, seguida de robos y asaltos frecuentes, así como el consumo de droga.
Identificado como uno de los aspirantes a la candidatura presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para la elección de 2018, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, inició una vasta campaña de propaganda personal en las principales redes sociales, práctica que no está legislada.
Aprovechando este vacío legal para hacer propaganda de sí mismo, semejante al uso que le dan a los tiempos oficiales de los partidos en radio y televisión los presidentes del PRI, Enrique Ochoa Reza; del PAN, Ricardo Anaya, y de Morena, Andrés Manuel López Obrador, Osorio Chong inició su campaña personalizada en Facebook, Twitter, Youtube, Instagram y Periscope desde el pasado miércoles 21.
Osorio Chong inclusive sustituyó en sus promocionales el emblema de la Secretaría de Gobernación por su propio logotipo que aparece junto a su nombre, Miguel Ángel, con mayúsculas en negro y sus apellidos en letras más pequeñas: Es un círculo de fondo blanco con tonalidades verdes y rojas –los colores patrios que hizo suyos el PRI–, que más bien parece un árbol caído a la derecha.
El miércoles 21, en ocasión de su visita a Sinaloa, el exgobernador de Hidalgo subió a las redes sociales un primer spot de 30 segundos, en el que aparece reunido con jóvenes, ante quienes habla, luego se deja rodear por ellos y hasta se toma selfies, imágenes acompañadas por música.
“Tuvimos un gran encuentro con jóvenes. Escuché sus críticas y propuestas convencido de que dialogando es como se construyen soluciones”, escribió el funcionario para presentar el spot en las redes sociales.
“Consolidemos una juventud que propone, crea y trabaja. La participación activa es obligación de todos. En unidad lograremos el México que merecemos”, es la idea que expone, por escrito, el promocional que rubrica la Secretaría de Gobernación.
Al día siguiente, el jueves 22, Osorio Chong difundió otro spot a través de las redes sociales, esta vez rodeado de mujeres de la Asociación Mexicana de Impartidoras de Justicia, ante quienes también posó sonriente.
“Los derechos de las mujeres no son un tema exclusivo de ellas, sino una condición necesaria para México”, dice el promocional, rubricado también por la Secretaría de Gobernación.
Pero fue el viernes 23 cuando Osorio Chong difundió un spot sin que él aparezca y con imágenes sobre México y llamados a la unidad –“trabajando en equipo todos los días podemos superar los desafíos”–, en el que ya no aparece el emblema de la Secretaría de Gobernación, sino sólo su nombre.
Y ayer, lunes 26, justo cuando se conmemoró el segundo aniversario de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, Osorio Chong emitió otro spot en el que aparece con mujeres indígenas:
“La participación de las mujeres indígenas es fundamental para lograr la igualdad de género en nuestro país”.
Este martes 27 emitió otro spot en el que no aparece él, sino frases sobre el fondo colorido –“Lo que nos une es el orgullo de nacer en nuestro país”, “México somos todas y todos”, “Es con unidad como lograremos darle a nuestro país el presente y futuro que merece”–, y como remate su nombre con el logotipo que asemeja un árbol caído.
Osorio Chong ha sobrevivido en el cargo de secretario de Gobernación, pese a que la violencia y la inseguridad se han disparado a niveles del gobierno de Felipe Calderón y pese a la fuga del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, mientras que han caído el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, y Manlio Fabio Beltrones, sus rivales en la candidatura presidencial.
Con esta campaña de propaganda personalizada, el secretario de Gobernación ha comenzado otra etapa en la búsqueda de la candidatura presidencial para 2018.
PRD da marcha atrás en su intención de limitar alcances de la Comisión Ayotzinapa
Después de que Proceso.com.mx exhibió el acuerdo del PRI –al que se sumó el PRD– para reducir los alcances de la Comisión Ayotzinapa a sólo dar seguimiento a la “atención a víctimas”, así como eliminar el seguimiento de las indagaciones de grupos internacionales, Francisco Martínez Nery, coordinador perredista y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), confió a este medio que buscaría ampliar nuevamente los alcances de dicha instancia. Y lo logró.
A dos años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos, Proceso dio a conocer la noche del lunes 26 el acuerdo de la Jucopo firmado el 20 de septiembre, en el que se “modifica la denominación y el objeto de la comisión”. En el punto dos del acuerdo firmado por PRI y PRD, se estableció:
“El nuevo objeto de la comisión antes mencionada será dar seguimiento a las acciones del Estado mexicano, particularmente aquellas referentes al cumplimiento de acuerdos y esquemas de atención a víctimas, en relación con los hechos ocurridos en Iguala, a alumnos de la escuela normal rural de Ayotzinapa ‘Raúl Isidro Burgos’”, se indica en la Gaceta publicada el martes 20.
El hecho fue dado a conocer por la diputada de Morena, Araceli Damián, quien alertó sobre la posibilidad de “sepultar” cualquier iniciativa de indagación. En tanto que el coordinador del PRD, Martínez Nery, habló con la reportera para aclarar que discutiría el tema con el PRI y se trataría de ampliar de nuevo el objeto de la Comisión Ayotzinapa.
Cerca de las 3 de la tarde, como estaba programado en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, el presidente de la Mesa Directiva, el panista Javier Bolaños, dio paso a la agenda política para que, en dos rondas, los siete partidos políticos fijaran su posición a dos años de la trágica desaparición forzada de los 43 estudiantes.
La diputada del PRD, Cristina Gaytán y quien logró este año que los familiares de Julio César Mondragón, el estudiante de Ayotzinapa que desapareció la noche del 26 de septiembre y fue encontrado desollado la mañana del 27, fueran recibidos por la Comisión Ayotzinapa, se fue con todo en contra de la legisladora Araceli Damián, de Morena, por haber revelado la pretensión de dar carpetazo a las indagaciones.
Gaytán acusó de protagonismo a Damián, de haber revelado la modificación del “objeto” de la comisión, “aun sabiendo que el acuerdo publicado en la Gaceta no correspondía al cien por ciento con lo que se había consensuado”. Incluso la llamó a debatir el tema, y de paso se fue contra el dirigente de Morena, Andrés Manuel López Obrador.
Luego, la perredista calificó de “error” lo publicado en la Gaceta, donde se eliminaba cualquier acto de investigaciones sobre los hechos por parte de los diputados de la Comisión Ayotzinapa.
El acuerdo de la Jucopo firmado el 27 de septiembre.
“El nuevo objeto de la comisión será dar seguimiento a las acciones del Estado mexicano, particularmente referentes al cumplimiento de acuerdos y esquemas de atención a víctimas, así como el seguimiento a las recomendaciones, y hay que enfatizar en esto de manera muy amplia, de las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, a alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa ‘Raúl Isidro Burgos’. Así, compañera, diputada, compañeros, abonamos más a la verdad y justicia por los 43 desaparecidos y en pro de las familias que día a día siguen teniendo desaparecidos a lo largo de todo nuestro país”, justificó la perredista Cristina Gaytán.
La perredista empezó de esa forma con sus reclamos hacia la diputada Araceli Damián. En un principio no la llamó por su nombre, pero se refirió a ciertos diputados como “seres viles que hacen uso político del dolor y la desgracia de las familias de las víctimas… para satisfacer sus necesidades protagónicas”.
Después, directamente acusó: “Los distraeré por dos minutos de este tema, para referirme a mi compañera diputada Araceli Damián, a quien invito a debatir en esta tribuna.
“Lo hago porque no dejaré pasar por mí o por mi partido, sino por las víctimas, uno más de sus acostumbrados montajes histriónicos. Porque en revancha por no obtener la presidencia de la comisión, ha puesto en riesgo la confianza que algunos hemos logrado construir con base en el trabajo, muchas horas de estudio y trabajo, constancia y, sobre todo, cercanía con las víctimas”.
También aclaró a Damián que si su grupo (Morena) no recibió la presidencia, fue porque existe el acuerdo de que nadie ligado con el caso de los 43 desaparecidos puede estar en dicha posición: “Le recuerdo que (Andrés Manuel) López Obrador tuvo una cercana relación con (el exalcalde preso de Iguala) José Luis Abarca. Ese es el motivo por el que Morena no podía presidir esta comisión”.
Lo cierto es que Morena nunca ha pedido la presidencia de dicha comisión y menos la legisladora Araceli Damián, ya que su condición de integrante suplente la hacen inelegible para tal cargo.
La perredista no paró en sus señalamientos contra la legisladora de Morena y la acusó de ser una persona “fría y calculadora”: “Aun así, sabiendo que el acuerdo publicado en la Gaceta no correspondía al cien por ciento con lo que se había consensado y firmado por la Jucopo, como ya se ha aclarado, esperó fría, calculadora e irresponsablemente el 26 de septiembre para denunciar una infamia.
“¡Claro! correr la denuncia a un medio de comunicación le garantizaba cinco minutos o dos días de gloria ante esta incongruencia, diputada. ¿Ahora sí preocupados por Ayotzinapa? Ya ante el error de la publicación se hacen las precisiones y correcciones al texto, para fortalecer el trabajo y objeto de la comisión y dar todas las garantías para que desde esta cámara abonemos a una comisión fuerte, que influya para lograr la verdad y nos lleve a obtener justicia”.
La perredista también reclamó a la diputada de Morena el “informe alterno” que Damián presentó al segundo que dio a conocer de manera oficial la Comisión de Ayotzinapa, y donde no se hacen señalamientos o cuestionamiento alguno a los trabajos de las autoridades mexicanas, sino únicamente una cronología de encuentros solicitados a funcionarios y exfuncionarios.
Y cerró así: “No se manipulará la información anteponiendo el afán de agradar a su grupo parlamentario por encima del dolor de las víctimas, porque no es a usted, compañera diputada, que las víctimas de estos hechos le llaman para saber qué es lo que sucedió”.
La retahíla de señalamientos y acusaciones no doblegó a la legisladora de Morena quien, serena, reviró: “Lo que acabamos de vivir es una muestra de cómo trabaja ese partido político. Estamos en un momento en donde la exigencia es que el Estado mexicano aclare los hechos de la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014”.
Y cerró así: “Por supuesto que nos duele Ayotzinapa y Morena hace un trabajo íntegro, no como los que firman el Pacto por México y que en un momento tan delicado salgan con declaraciones personales, en lugar de señalar los faltantes, toda la obstrucción a la verdad que el gobierno federal y los partidos políticos corifeos de este gobierno están manipulando la investigación de una manera lamentable… no venimos a decir que si salimos o no en los medios. Eso no nos importa, nos importa saber dónde están esos 43, es la única manera en que los padres van a encontrar paz y que la sociedad mexicana se va a reconciliar con este Estado corrupto y asesino”.
Araceli Damián se refirió a los partidos que firmaron el Pacto por México, precisamente los que firmaron el acuerdo del 20 de septiembre pasado, en donde se limitaba el trabajo de la comisión: PRI, PAN y PRD.
Finalmente, el albazo dado a conocer por la diputada y expuesto en medios de comunicación como Proceso, obligó a dar marcha atrás a la pretendida intención de que la Cámara de Diputados abdique de su obligación de “dar seguimiento a las recomendaciones y medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.
El presidente de la Jucopo y coordinador del PRD, Francisco Martínez Nery, dijo que ahora la comisión mantiene su vigencia y amplía su objeto de trabajo, “al buscar dar seguimiento no sólo a los resultados del GIEI, sino a las acciones del Estado mexicano relacionadas con los sucesos”.
También aclaró que el nuevo presidente de la comisión será el diputado del PVEM, Cándido Ochoa Rojas, quien antes fungía como suplente de dicho partido; ahora esa posición del Verde la ocupará el guerrerense Arturo Álvarez Angli y quien durante su paso como diputado local de Guerrero evitó juzgar al entonces presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, ante la denuncia de haber ordenado asesinar a dos perredistas de esa entidad.
Cerca de las 3 de la tarde, como estaba programado en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, el presidente de la Mesa Directiva, el panista Javier Bolaños, dio paso a la agenda política para que, en dos rondas, los siete partidos políticos fijaran su posición a dos años de la trágica desaparición forzada de los 43 estudiantes.
La diputada del PRD, Cristina Gaytán y quien logró este año que los familiares de Julio César Mondragón, el estudiante de Ayotzinapa que desapareció la noche del 26 de septiembre y fue encontrado desollado la mañana del 27, fueran recibidos por la Comisión Ayotzinapa, se fue con todo en contra de la legisladora Araceli Damián, de Morena, por haber revelado la pretensión de dar carpetazo a las indagaciones.
Gaytán acusó de protagonismo a Damián, de haber revelado la modificación del “objeto” de la comisión, “aun sabiendo que el acuerdo publicado en la Gaceta no correspondía al cien por ciento con lo que se había consensuado”. Incluso la llamó a debatir el tema, y de paso se fue contra el dirigente de Morena, Andrés Manuel López Obrador.
Luego, la perredista calificó de “error” lo publicado en la Gaceta, donde se eliminaba cualquier acto de investigaciones sobre los hechos por parte de los diputados de la Comisión Ayotzinapa.
El acuerdo de la Jucopo firmado el 27 de septiembre.
El acuerdo de la Jucopo firmado el 27 de septiembre.
La perredista empezó de esa forma con sus reclamos hacia la diputada Araceli Damián. En un principio no la llamó por su nombre, pero se refirió a ciertos diputados como “seres viles que hacen uso político del dolor y la desgracia de las familias de las víctimas… para satisfacer sus necesidades protagónicas”.
Después, directamente acusó: “Los distraeré por dos minutos de este tema, para referirme a mi compañera diputada Araceli Damián, a quien invito a debatir en esta tribuna.
“Lo hago porque no dejaré pasar por mí o por mi partido, sino por las víctimas, uno más de sus acostumbrados montajes histriónicos. Porque en revancha por no obtener la presidencia de la comisión, ha puesto en riesgo la confianza que algunos hemos logrado construir con base en el trabajo, muchas horas de estudio y trabajo, constancia y, sobre todo, cercanía con las víctimas”.
También aclaró a Damián que si su grupo (Morena) no recibió la presidencia, fue porque existe el acuerdo de que nadie ligado con el caso de los 43 desaparecidos puede estar en dicha posición: “Le recuerdo que (Andrés Manuel) López Obrador tuvo una cercana relación con (el exalcalde preso de Iguala) José Luis Abarca. Ese es el motivo por el que Morena no podía presidir esta comisión”.
Lo cierto es que Morena nunca ha pedido la presidencia de dicha comisión y menos la legisladora Araceli Damián, ya que su condición de integrante suplente la hacen inelegible para tal cargo.
La perredista no paró en sus señalamientos contra la legisladora de Morena y la acusó de ser una persona “fría y calculadora”: “Aun así, sabiendo que el acuerdo publicado en la Gaceta no correspondía al cien por ciento con lo que se había consensado y firmado por la Jucopo, como ya se ha aclarado, esperó fría, calculadora e irresponsablemente el 26 de septiembre para denunciar una infamia.
“¡Claro! correr la denuncia a un medio de comunicación le garantizaba cinco minutos o dos días de gloria ante esta incongruencia, diputada. ¿Ahora sí preocupados por Ayotzinapa? Ya ante el error de la publicación se hacen las precisiones y correcciones al texto, para fortalecer el trabajo y objeto de la comisión y dar todas las garantías para que desde esta cámara abonemos a una comisión fuerte, que influya para lograr la verdad y nos lleve a obtener justicia”.
La perredista también reclamó a la diputada de Morena el “informe alterno” que Damián presentó al segundo que dio a conocer de manera oficial la Comisión de Ayotzinapa, y donde no se hacen señalamientos o cuestionamiento alguno a los trabajos de las autoridades mexicanas, sino únicamente una cronología de encuentros solicitados a funcionarios y exfuncionarios.
Y cerró así: “No se manipulará la información anteponiendo el afán de agradar a su grupo parlamentario por encima del dolor de las víctimas, porque no es a usted, compañera diputada, que las víctimas de estos hechos le llaman para saber qué es lo que sucedió”.
La retahíla de señalamientos y acusaciones no doblegó a la legisladora de Morena quien, serena, reviró: “Lo que acabamos de vivir es una muestra de cómo trabaja ese partido político. Estamos en un momento en donde la exigencia es que el Estado mexicano aclare los hechos de la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014”.
Y cerró así: “Por supuesto que nos duele Ayotzinapa y Morena hace un trabajo íntegro, no como los que firman el Pacto por México y que en un momento tan delicado salgan con declaraciones personales, en lugar de señalar los faltantes, toda la obstrucción a la verdad que el gobierno federal y los partidos políticos corifeos de este gobierno están manipulando la investigación de una manera lamentable… no venimos a decir que si salimos o no en los medios. Eso no nos importa, nos importa saber dónde están esos 43, es la única manera en que los padres van a encontrar paz y que la sociedad mexicana se va a reconciliar con este Estado corrupto y asesino”.
Araceli Damián se refirió a los partidos que firmaron el Pacto por México, precisamente los que firmaron el acuerdo del 20 de septiembre pasado, en donde se limitaba el trabajo de la comisión: PRI, PAN y PRD.
Finalmente, el albazo dado a conocer por la diputada y expuesto en medios de comunicación como Proceso, obligó a dar marcha atrás a la pretendida intención de que la Cámara de Diputados abdique de su obligación de “dar seguimiento a las recomendaciones y medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.
El presidente de la Jucopo y coordinador del PRD, Francisco Martínez Nery, dijo que ahora la comisión mantiene su vigencia y amplía su objeto de trabajo, “al buscar dar seguimiento no sólo a los resultados del GIEI, sino a las acciones del Estado mexicano relacionadas con los sucesos”.
También aclaró que el nuevo presidente de la comisión será el diputado del PVEM, Cándido Ochoa Rojas, quien antes fungía como suplente de dicho partido; ahora esa posición del Verde la ocupará el guerrerense Arturo Álvarez Angli y quien durante su paso como diputado local de Guerrero evitó juzgar al entonces presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, ante la denuncia de haber ordenado asesinar a dos perredistas de esa entidad.
Sí se discutirá iniciativa de bodas gay en el Congreso: Roque Villanueva
Humberto Roque Villanueva, subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, aseguró que la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto, encaminada a legalizar los matrimonios gay, sí se discutirá en el Congreso de la Unión.
“(El presidente) espera del Poder Legislativo un debate o una discusión, cuando menos en comisiones, creo que así lo hará… el Poder Legislativo tiene la suficiente madurez para abordar el tema con sensatez”, confirmó Roque Villanueva.
De esa manera descartó la versión que sostiene que los legisladores del PRI mantendrán dicha iniciativa en la “congeladora”, porque impulsarla les representará descalabros electorales.
Villanueva indicó que, por el momento, la discusión ya se está dando fuera del Congreso, mediante foros y movilizaciones, tanto de la comunidad lésbico-gay, que apoya la iniciativa presidencial, como del Frente Nacional por la Familia (FNF), que la rechaza.
Y en este terreno, dijo, “Gobernación está en su papel de cuidar que ninguno de los participantes violente ninguna de las normas jurídicas que tienen que ver con el tema”.
Y respecto de las acusaciones en el sentido de que los obispos y ministros de culto están promoviendo la homofobia y, pese a esto, no se les ha sancionado, Roque Villanueva dijo que el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) –dependiente de Gobernación– ya los está investigando:
“Incluso –dijo– se ha convocado a distintos ministros de culto o personas que han opinado en lo que, estima la comunidad lésbico-gay, se asemeja a un discurso de odio”.
Roque Villanueva consideró que no son presiones las que realiza en el Congreso tanto la comunidad lésbico-gay como el Frente Nacional por la Familia, sino que más bien es un “cabildeo”, como sucede normalmente con “las leyes y todas las iniciativas”.
Y finalmente habló sobre los recientes asesinatos de dos sacerdotes de Veracruz y uno de Michoacán, señalando que “lamentablemente son parte de la descomposición que tenemos en la sociedad”.
Aseguró que estos crímenes no fueron por motivos religiosos: “Puedo casi garantizar que no hay motivo religioso”, dijo.
Senadores piden a Meade reconsiderar recorte en cultura
La Comisión de Cultura del Senado, presidida por Gerardo Sánchez García, solicitará una reunión con el secretario de Hacienda, José Antonio Meade Kuribreña, para analizar el presupuesto destinado al sector, y advertirle sobre los riesgos de dejar sin transferencias en ese campo a los estados de la República.
El senador Sánchez García, perteneciente al grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), señaló a través de un comunicado que en la reunión con el titular de Hacienda participarían todos los senadores de la Comisión de Cultura, a fin de presentar propuestas concretas para reconsiderar el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación.
Asimismo, propone que la comisión a su cargo elabore un punto de acuerdo para presentar ante el pleno de la Cámara alta, en el cual se presente la solicitud de revertir los recortes.
El comunicado señala que la idea de concretar una reunión con Meade Kuribreña es del secretario de la Comisión de Cultura, el panista Javier Lozano Alarcón, quien consideró contradictorio que por un lado se hagan recortes al sector, cuando al justificar la creación de la Secretaría de Cultura, en septiembre de 2015, el presidente Enrique Peña Nieto dijo que la cultura es un aspecto fundamental para el desarrollo nacional.
El comunicado menciona también que en la actualidad se está trabajando en la creación de una Ley de Cultura (no se especifica si reglamentaria o general, pues ese aspecto está en debate), “para dar solidez a la creación de la secretaría del ramo, pero ahora no se contará con los recursos financieros para ello”.
Según las cifras de Lozano, el recorte a la cultura es de 30%, pero el presupuesto para transferencias a estados y municipios viene en cero, y es un error, pues esas entidades no cuentan con recursos propios para la cultura. Además, consideró que de mantenerse así el país, no podrá avanzar, debido a que hay una “sinergia natural entre cultura y actividades que generan recursos económicos, como el turismo”.
A su vez, el senador Luis Humberto Fernández, del Partido de la Revolución Democrática, también secretario de la comisión, lamentó que el gobierno federal mantenga una campaña en los medios masivos de comunicación donde habla de las becas y cultura como las “cosas buenas”, cuando son los rubros donde vienen los recortes:
“Estamos hablando de una esquizofrenia entre lo que se anuncia y lo que se recorta, entonces es un llamado a la sensatez y a la coherencia, para evitar que existan dos canales de comunicación dentro del gobierno, es decir, entre lo que se quiere hacer y lo que se quiere decir”.
Finalmente los senadores, en reunión de trabajo, acordaron realizar un foro más (se han realizado ya varios) de análisis y discusión sobre el proyecto de Ley de Cultura, al cual convocarán a la Cámara de Diputados, especialistas, intelectuales y personas “cuyas trayectorias contribuyan a conformar un marco jurídico adecuado para fortalecer la riqueza cultural del país”.
Presuntas asignaciones a empresas “fantasma” se revisan con seriedad: Moreira
El gobernador de Coahuila Rubén Moreira, afirmó que su administración revisa “con seriedad” la presunta asignación de presupuesto a empresas “fantasma”, para lo que ha pedido respuesta de parte de la Secretaría de Finanzas y una auditoria por parte de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas.
“Pedí dos cosas: la primera, que se preparara una respuesta por parte de la Secretaría Finanzas; que tiene que recolectar información en las áreas en donde se generan los contratos. Porque la Secretaría de Finanzas es la parte final de la cadena, en donde se paga todo esto”, declaró el hermano del exgobernador Humberto Moreira.
La segunda petición, siguió, fue “que de ser necesario se haga una auditoría por parte de la Secretaría de la Función Pública”.
De acuerdo con vanguardia, Moreira descartó que las publicaciones sobre los presuntos desvíos de recursos de su administración, formen parte de una campaña por la cercanía del proceso electoral.
“No, yo lo estoy viendo de una manera muy seria. Hay algunos señalamientos. Lógico, tenemos que hacer una indagatoria”, señaló el gobernador coahuilense.
Además refirió que toda la información con la que se han fundamentado las investigaciones de los contratos, es pública porque está en internet.
“La información está en la red. Lo que yo he visto, todo esto no es una tema oculto, son cosas que están en la red y que se pueden pedir por transparencia. Por ejemplo, el día hoy, las facturas que salen están la red, están en nuestro blog de transparencia”, reconoció.
Asimismo, indicó que una vez que el Congreso local envíe la solicitud de comparecencia del secretario de Finanzas, Ismael Ramos Flores, anunciada ayer, sí se presentará el secretario, aunque una vez que termine la investigación que se le ha encomendado.
Moreira dijo estar tranquilo porque toda la información que se ha difundido está en la red y son mecanismos que el mismo gobierno estatal realizó para que los gastos fueran del conocimiento público.
“Son los mecanismos que nosotros dispusimos para que fueran del conocimiento de la gente, y precisamente por eso lo hicimos, si sale algo que es irregular, pues lo checamos. Pero yo lo que vi hoy, está en la red, en nuestra propia página de internet. Y se puede revisar cualquier inquietud. No hay que prejuzgar. Hay que revisar primero”, subrayó.
Desmiente Silvano Aureoles “toque de queda” en Michoacán
MORELIA, Mich.- El gobernador Silvano Aureoles Conejo desmintió los rumores que corren en redes sociales sobre que en Michoacán hay “toque de queda” por la inseguridad.
“Tal alarma es falsa”, aseguró al encabezar la reunión del Grupo de Coordinación Michoacán.
Señaló que con estas reuniones “continúa el fortalecimiento de la estrategia conjunta en todas las regiones de la entidad para garantizar la tranquilidad de las y los michoacanos”.
En la sesión, que también fue presidida por el mando especial para la seguridad del estado, el general Pedro Felipe Gurrola Ramírez, se puso de manifiesto que en redes hay quienes pretenden crear pánico entre la población, por lo que es necesario enfatizar en la falsedad de dicha alarma.
Asimismo, se revisaron las acciones emprendidas a través de operativos y tareas de inteligencia contra actividades delictivas.
También se revisó el operativo de seguridad que se desplegará con motivo del desfile del 30 de septiembre, durante el festejo por el CCLI aniversario del natalicio de don José María Morelos y Pavón.
En la reunión también estuvieron presentes el secretario de Seguridad Pública, José Antonio Bernal Bustamante; el procurador general de Justicia del estado, José Martín Godoy Castro; el comandante de la 10ª Zona Naval, vicealmirante Luis Mario Ramón Bravo Román; el comisario estatal de la Policía Federal, Israel Galván Jaime, entre otros.
Llega hasta la CoIDH el caso Atenco
WASHINGTON.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) trasladó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), en San José, Costa Rica, el caso de violación a los derechos humanos cometidos en mayo de 2006 en San Salvador Atenco, en el municipio de Texcoco, Estado de México.
La CIDH entregó a la competencia de la CoIDH el caso número 12.846, que se refiere a las violaciones a los derechos humanos de 11 personas a manos de policías en los operativos del 3 y 4 de mayo de aquel año.
“El caso se relaciona con violaciones a los derechos humanos cometidas en contra de Mariana Selvas Gómez, Georgina Edith Rosales Gutiérrez, María Patricia Romero Hernández, Norma Aidé Jiménez Osorio, Claudia Hernández Martínez, Bárbara Italia Méndez Moreno, Ana María Velasco Rodríguez, Yolanda Muñoz Diosdada, Cristina Sánchez Hernández, Patricia Torres Linares y Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo, en el marco de las detenciones y traslados realizados en los operativos policíacos que tuvieron lugar en los municipios de Texcoco y San Salvador Atenco los días 3 y 4 de mayo de 2006, respectivamente, en el contexto del conflicto y las protestas de floricultores y otros grupos”, informo la CIDH sobre el envío del caso a la Corte.
De acuerdo con la CIDH, la detención de las 11 mujeres fue ilegal, arbitraria y sin que se les informara sobre las razones de su captura, ni sobre los cargos respectivos. De igual manera, determinó que las 11 mujeres acudieron a rendir su primera declaración sin contar con información mínima, ni defensa técnica.
Indicó que su decisión de trasladar a la Corte el caso derivó del análisis de las pruebas disponibles, con la acreditación de que se cometieron “graves actos de violencia física y psicológica, incluyendo diversas formas de violencia sexual en contra de las 11 mujeres, y violación sexual en el caso de siete de ellas”.
La CIDH acreditó que los actos cometidos en San Salvador Atenco fueron obra de “agentes estatales, calificó estos hechos como tortura y determinó que las 11 mujeres fueron víctima de diversas formas de tortura física, psicológica y sexual en el marco de su detención, traslado y llegada al centro de detención”.
En su argumento para enviar el caso a la Corte, la CIDH subrayó “que el Estado mexicano incumplió con su obligación de investigar estos actos con la debida diligencia y en un plazo razonable”. Y estableció que hubo afectaciones a la integridad psíquica y moral en perjuicio de los familiares de las víctimas.
“En el informe de Fondo, la CIDH recomendó al Estado disponer una respiración integral a favor de las víctimas por las violaciones de derechos humanos declaradas en el informe, incluyendo el aspecto material y moral, y brindar tratamiento medico y psicológico o psiquiátrico”, indicó el comunicado de prensa que divulgó la CIDH.
El órgano jurídico de la Organización de Estados Americanos (OEA) recomendó continuar de manera efectiva, con la debida diligencia y dentro de un plazo razonable, con el objeto de esclarecer los hechos en forma integral, e identificar y sancionar los distintos grados de responsabilidad, desde la autoría material hasta posibles autorías intelectuales y otras formas de responsabilidad.
Las conclusiones fincan responsabilidad a la cadena de mando de las distintas formas de participación de diversos cuerpos de seguridad, tanto a nivel estatal como federal, así como de posibles actos de encubrimiento u omisión.
La CIDH también recomendó disponer las medidas administrativas, disciplinarias o penales correspondientes frente a las acciones u omisiones de los funcionarios estatales que contribuyeron a los distintos factores de denegación de justicia identificados en el informe.
“Finalmente, la CIDH recomendó adoptar medidas legislativas, administrativas y de otra índole, para evitar la repetición de violaciones de derechos humanos como las cometidas en este caso”.
La Comisión pidió la jurisdicción de la Corte el pasado sábado 17 por la necesidad de obtención de justicia para las víctimas. Durante la tramitación del caso ante la CIDH, el Estado reconoció su responsabilidad por algunas de las violaciones a los derechos humanos de las víctimas.
Magistrada del TEPJF denuncia desacato a restitución de alcaldesas en Chenalhó y Oxchuc
TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis.- La expresidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), María Del Carmen Alanís Figueroa, denunció que a un mes de la resolución de ese organismo jurisdiccional, las autoridades locales chiapanecas no han acatado el fallo de restituir en sus cargos a las mujeres indígenas alcaldesas de Chenalhó y Oxchuc, por lo que podrían incurrir en algún tipo de responsabilidad legal.
En el marco del Foro Democracia Paritaria, organizado por el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), Alanís Figueroa ofreció la conferencia sobre “Mujeres indígenas y violencia política de género” donde habló de los casos ocurridos en Chiapas, donde mujeres alcaldesas fueron removidas de los cargos que ganaron por la vía del voto directo en las urnas el domingo 19 de julio de 2015.
La actual magistrada del TEPJF dijo que las sentencias no han podido ser notificadas a quienes están ejerciendo indebidamente el cargo y que hasta ahora ni el Congreso, ni el Ejecutivo, ni Seguridad Pública han informado medida alguna que hayan adoptado para cumplir con la sentencia.
El TEPJF resolvió el 17 de agosto restituir en su cargo de alcaldesa del municipio de Chenalhó a Rosa Pérez Pérez y el 30 de agosto resolvió de forma similar a favor de la alcaldesa de Oxchuc, María Gloria Sánchez.
Sin embargo, las autoridades estatales siguen ejerciendo los recursos de esos municipios quienes no tienen derecho a ello, dijo la magistrada.
Expuso que en los casos de Oxchuc y Chenalhó el TEPJF inició acciones nunca antes tomadas por un Tribunal Electoral, como órdenes de protección y que los juzgadores deben tener responsabilidad para que se cumplan las sentencias sin que se ponga en riesgo a nadie.
Señaló que como autoridad jurisdiccional el Tribunal cumplió con su obligación Constitucional y ahora es tarea de las autoridades locales trabajar intensamente en la implementación de las sentencias.
Destacó la importancia de la ejecución de las sentencias sobre Oxchuc y Chenalhó para que no vuelvan a ocurrir casos como el de Rosa Pérez y María Gloría Sánchez.
“Queremos presidentas municipales, síndicas, regidoras ejerciendo sus cargos en un contexto libre de violencia y discriminación”, dijo Alanís Figueroa.
El Foro “Democracia Paritaria” fue organizado por el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), con el objetivo de elaborar un documento previamente discutido y analizado durante el foro, para crear un paquete de reformas legislativas que garanticen la no violencia política contra las mujeres e igualdad de oportunidades de género.
Este evento fue el primero de ocho foros titulados “Diálogos para fortalecer el marco constitucional y legal del proceso electoral en Chiapas 2017-2018”, y se inició con el foro de paridad por ser uno de los temas con mayor atención regulatoria y jurisprudencial en el país.
Oswaldo Chacón Rojas, consejero presidente del IEPC, pidió a las mujeres a no rendirse en su lucha por la igualdad de género y les garantizó que en las consejeras y consejeros electorales tienen un aliado, porque como funcionarios electorales tienen la responsabilidad de garantizar los derechos político electorales de todos los ciudadanos.
En ese marco la doctora Flavia Freidenberg, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de México (UNAM), expuso en conferencia magistral aspectos alarmantes sobre la participación de la mujer en las actividades políticas del país, mencionando que en México solo 12% de los alcaldes son mujeres.
Asimismo señaló que la violencia política contra las mujeres siempre ha existido, pero fue hasta hace poco cuando la paridad de género se hizo un principio constitucional, que se magnificaron los ejemplos de violencia olvidándose que los derechos humanos son universales y están por encima de los usos y costumbres.
“Chiapas es un claro ejemplo de lo que pasa cuando no se respetan las candidaturas en el registro, por eso este foro es ideal para trabajar en el tema, pues lo que urge es tipificar en una ley cuáles son los actos de acoso y violencia de género. Estaría muy bien que Chiapas tuviera una ley al respecto y con los trabajos de hoy se desarrollará una propuesta para conocer las vías de denuncia y sus sanciones”, expresó Freidemberg.
Posteriormente se desarrolló un panel de expertos que contó con la participación de Dr. Santiago Nieto Castillo, titular de la Fepade; la maestra Dania Paola Ravel Cuevas, consejera electoral del IEDF; la licenciada Pamela San Martín Ríos y Valles, integrante del Consejo General del INE, y la Dra. Inés Castro Apreza, del CESMECA-UNICACH, para dar pie al inicio de las mesas de trabajo.
Todos los panelistas concordaron en que se debe promover el liderazgo femenino y que tiene que ser desde el ámbito local que se elaboren nuevas normas que garanticen la no violencia hacia las mujeres, tipificando de manera penal como un grave delito para que bajo ninguna circunstancia exista violencia de género.
Después se formaron mesas de trabajo que discutieron temas como: La violencia política y el protocolo para su atención; el liderazgo político de las mujeres; paridad en la administración pública; democracia partidaria con la perspectiva de género y registro paritario.
Las conclusiones fueron: que se debe desarrollar una mayor difusión y capacitación sobre la paridad de género y la no violencia política hacía la mujer; así como crear un observatorio integrado por mujeres y que el Instituto de Elecciones debiera crear un protocolo de actuación que ponderé a la mujer indígena.
Diputados del PRD solicitan juicio político contra Tomás Zerón por Ayotzinapa
La fracción del PRD en la Cámara de Diputados solicitó juicio político contra Tomás Zerón, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), por el uso indebido de sus funciones y por presuntamente haber manipulado las pruebas en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, que posteriormente llevaron a la construcción de la llamada “verdad histórica”.
Acompañado de los diputados Cristina Gaytán y Jesús Zambrano –vicecoordinador de la fracción perredista–, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y coordinador del PRD, Francisco Martínez Neri, presentó la solicitud de juicio político ante la secretaría general de la Cámara de Diputados que encabeza Mauricio Farah.
Durante la presentación, los perredistas destacaron que si el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, deseaba esclarecer la desaparición de los jóvenes, debió haber empezado por separar del cargo a Tomás Zerón y no premiarlo con la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
De acuerdo con Martínez Neri, la solicitud de juicio político contra el exdirector de la AIC es por cambiar las evidencias en el río San Juan, y cuestionó que la procuradora Arely Gómez, quien tuvo conocimiento del hecho, lo haya mantenido en el cargo para luego ser premiado por el Ejecutivo federal.
La escena del crimen fue presuntamente modificada por Tomás Zerón, lo que debió haber sido sancionado, insistió Jesús Zambrano, quien agregó que la solicitud de juicio político llevará su curso, y aunque existen varios políticos demandados, apuntó, el PRD seguirá atento al curso de dicha solicitud.
Por otra parte, el presidente de la Jucopo dijo que buscará ampliar nuevamente el objetivo de la Comisión Ayotzinapa, que la semana pasada fue limitada a la atención a las víctimas.
MC cobija a exfuncionaria de Segob que fue removida tras la fuga de “El Chapo”
MONTERREY, NL.- Cristina Fernanda Reséndiz Durruty, removida de la Dirección General de Ejecución de Sanciones, luego de que Joaquín El Chapo Guzmán se fugó del penal del Altiplano, encontró cobijo en Movimiento Ciudadano (MC).
En entrevista, el regidor regiomontano Horacio Tijerina, vocero del partido, precisó que la exfuncionaria del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social es responsable de manejar el presupuesto de la Casa Ciudadana, desde finales de julio pasado.
Vía telefónica, el reportero buscó contactar este miércoles a la exfuncionaria en las oficinas de MC en esta entidad, sin embargo, cuando se dijo a la persona que respondió que se trataba de una entrevista, la comunicación se cortó.
Al parecer, en MC les incomoda tocar el tema de la remoción de Reséndiz Durruty, pues cuando se le preguntó al mismo Tijerina si conocía el antecedente de la exfuncionaria de la Secretaría de Gobernación (Segob), prefirió dar por terminada la entrevista. “Eso necesita una conversación amplia. Disculpa, va llegando el alcalde”, dijo.
Cuando trabajaba para la Segob, la ahora integrante de MC formaba parte del grupo que tenía la responsabilidad directa de dar seguimiento a las actividades de El Chapo en la penitenciaría federal de alta seguridad.
En su edición 2030, la revista Proceso publicó que al momento en que Guzmán Loera se fugó del Altiplano, el 11 de julio de 2015, Reséndiz Durruty fungía como encargada de Ejecución de Sanciones, órgano del que depende el Archivo Nacional de Sentenciados, de acceso restringido.
Y en el sexenio pasado se desempeñó como coordinadora de Servicios Generales de la Policía Federal, cuando la corporación dependía de Genaro García Luna.
México, en un vacío de poder que llena la delincuencia: Buscaglia
Durante su gestión, el panista Felipe Calderón Hinojosa pretendió combatir la delincuencia organizada con un Estado sucio y corrupto. Contó para ello con un gran presupuesto para instrumentar una “represión sucia con desapariciones forzadas”.
El priista Enrique Peña Nieto no sólo sumó a las pifias de su predecesor “la represión social” contra grupos que buscaban detener las violaciones masivas a derechos humanos; también se metió a negociar con grupos criminales. El resultado: más fosas y más desapariciones forzadas.
Así resume Edgardo Buscaglia lo que ha pasado en México durante los últimos dos sexenios. Y advierte: las desapariciones forzadas en el país no son producto de una junta militar, sino de “un fenómeno atomizado” que se va trasladando de un lugar a otro. Forman parte de la corrupción y la impunidad donde 99.9% de los casos no se resuelven.
Según el especialista en seguridad, prevención y combate al delito, temas en los que ha asesorado a países de cuatro continentes, eso es resultado del vacío de poder. “Estamos ante un Estado fragmentado donde algunos sectores se asocian a los grupos criminales; otros luchan contra ellos, y así como hay policías que combaten a cárteles de la droga, otros se les alinean”.
E insiste: las desapariciones forzadas empiezan a darse de manera fragmentada en todo el país. “A veces son periodistas; otras, activistas sociales: otras, empresarios que se niegan a ser extorsionados, otras pueden ser entre los mismos delincuentes”.
En junio de 2013 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos contabilizó 27 mil 243, cifra similar a la que reportó la Secretaría de Gobernación: 27 mil 523.
En marzo de 2016, el gobierno de Enrique Peña Nieto, por medio del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, admitió que la cifra creció a 28 mil 161 personas. A ellas habría que sumar las 43 desapariciones forzadas de los estudiantes de Ayotzinapa.
Ellos fueron calcinados por el grupo criminal Guerreros Unidos, según “la verdad histórica” construida por Tomás Zerón cuando fue titular de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República. Hoy, este personaje es secretario técnico del secretariado encargado de contabilizar a los desaparecidos.
“Pax” mafiosa
Edgardo Buscaglia sostiene que, antes de combatir a la delincuencia organizada y “lanzar a las Fuerzas Armadas o policiacas a la calle, primero se debe limpiar mínimamente al Estado”, algo que no hizo Calderón. Y, añade, deben establecerse controles patrimoniales democráticos a funcionarios y policías, así como una ley de extinción de dominio que apliquen las unidades de investigación patrimonial autónomas en cada entidad federativa que trabajen en red.
Asimismo, dice, debe haber una prevención social y una prevención de corrupción política para evitar la filtración del crimen organizado en las listas de candidatos a cargos de elección popular en todos los niveles.
Si no se limpia el Estado sucio, advierte, la corrupción aumenta exponencialmente a nivel operativo. Y pone un ejemplo: cuando Genaro García Luna estuvo al frente de la Agencia Federal de Investigación, los policías federales ya estaban corrompidos.
Así, cuando Calderón lo nombró titular de la Secretaría de Seguridad Pública y le otorgó un presupuesto 20 veces superior, la corrupción se incrementó; peor aún, los delitos y violaciones a los derechos humanos se dispararon, explica.
Y puntualiza: Al incrementar el presupuesto a la Policía Federal (PF), Calderón sólo le echó gasolina al fuego. Además, indica, lo hizo contar con instituciones de prevención social en medio de vacíos de Estado, sin someter a la policía a una auditoría social.
“¿Cómo pudo ocurrírsele aumentar la capacidad represiva a través de presupuestos altos? Lo único que hizo fue crear este tsunami de más de 27 mil desaparecidos.”
Lo que hoy tiene México es represión sucia con desapariciones forzadas, gente colgada en las calles, comandos de la PF secuestrando a sus propios compañeros, activistas sociales. Calderón nunca entendió que con un Estado fragmentado y sucio era imposible combatir a la delincuencia organizada, sostiene Buscaglia.
Abunda: en este clima de impunidad y corrupción, pequeños pedazos de la PF trabajan para grupos criminales, como el Cártel de Sinaloa; otros se alinean con Los Zetas o con La Familia Michoacana, etcétera. Hoy, ellos mismos comienzan a limpiar sus territorios para los grupos criminales. En ese proceso de limpia caen ángeles y demonios.
Ante la impunidad –99.9% de las desapariciones jamás se resuelven–, los grupos criminales piensan en los costos y beneficios: si no hay sanción por asesinar a alguien o enterrarlo en una fosa, las cosas pueden seguir.
En su reporte entregado al Senado en febrero último, la Procuraduría General de la República (PGR) indica que de agosto de 2006 a octubre de 2015 el gobierno localizó 662 cuerpos en 201 fosas.
El año más crítico fue 2011, cuando se detectaron 26 fosas en Veracruz, Tamaulipas y Durango. En la última entidad había 53 cuerpos, según la PGR. Sin embargo, la prensa local reportó 231, la mayoría no identificados, y denunció que las autoridades estatales exhumaron los cadáveres con trascabos y retroexcavadoras, “como si se tratara de cascajo”.
Según el reporte de la procuraduría, entre octubre de 2014 y junio de 2015 en Iguala, Guerrero, se descubrieron 63 fosas con 133 cuerpos: ninguno era de los estudiantes de Ayotzinapa.
Buscaglia comenta al respecto: Las desapariciones donde participa el crimen organizado son por disputas territoriales, como en Durango. Cuando ello sucede, las convenciones internaciones lo consideran “un conflicto armado”, pues algunos elementos del Estado se alinean con alguno de los bandos, mientras la población civil queda en medio de los enfrentamientos.
“Durango sufrió uno de los más altos índices de desapariciones forzadas; luego se colapsa ese índice una vez que el Cártel de Sinaloa toma el territorio y establece a sus funcionarios”, señala el especialista.
Explica: dada la crónica incapacidad del Estado mexicano para procesar casos, imponer castigos y desmantelar redes criminales por falta de controles patrimoniales, la tasa de homicidios se reduce porque un grupo criminal se adueña del territorio, desplaza a sus rivales y hace alianzas con el gobierno. Esa es la pax mafiosa.
Comisión de la verdad
Los tsunami de desapariciones forzadas y homicidios obedecen sólo a los conflictos, aleatorios o no, entre las redes criminales. Cuando un grupo triunfa, va en pos de otro territorio. Ante el vacío de poder del Estado, las bandas criminales son las que imponen las tasas de desapariciones, no el Estado.
Buscaglia, presidente del Instituto de Acción Ciudadana en México, recuerda que en los ochenta había una “pirámide de comando y control” del gobierno federal. El crimen organizado formaba parte de ella, pero durante la pretendida “transición democrática” se desmantelaron las instituciones autoritarias. Lo grave es que no se sustituyeron.
Y pone un ejemplo: Lo que hizo Vicente Fox con el Centro de Investigación y Seguridad Nacional no fue sustituirlo por una policía democrática. Además, en las entidades siguen los mismos jueces. “Con esa pirámide de comando de control desquebrajada, el crimen organizado comenzó a financiar a los políticos y a imponer policías y funcionarios.
También hay grupos que cometen desapariciones forzadas. “Forman parte del Estado y los conforman policías estatales. Ellos son los que cavan las fosas, extorsionan gente, asesinan”.
Cita el caso de Chiapas, donde, como sucedió en Afganistán, “un pedazo del Estado trata de imponer la ley a otro pedazo del Estado, asediando a fiscales y deteniéndolos. Eso me tocó verlo. Y esto es difícil de resolver porque no está sujeto a una orden de Los Pinos, Hoy, el presidente Peña Nieto es un cero a la izquierda, una figura simbólica con menos poder que la reina de Inglaterra”.
Buscaglia insiste: Peña Nieto continuó con los errores de Calderón en la persecución al crimen organizado, y además lo hizo sin implementar ninguna medida de control patrimonial ni de prevención para atacar la corrupción política.
Peor aún, “se metió a negociar con los grupos criminales, como en Michoacán. Ahí neutralizó a los grupos sociales que defendían a la población. Con ello agregó a los errores de Calderón la represión a los grupos sociales y la entrega incondicional de territorio (a los criminales)”.
También habla de otros estados, como Chihuahua, donde ese mismo esquema se aplicó pero no de manera pública. Afirma que hoy el control de esa entidad lo tienen los grupos criminales.
Buscaglia también menciona el caso de Cherán, donde Peña Nieto ha enviado a la PF y al Ejército para fragmentar a esa comunidad indígena y reprimirla. Al mismo tiempo empieza a incrementarse la violencia, la violación a los derechos humanos, las desapariciones forzadas y el descubrimiento de fosas clandestinas.
Frente a esa realidad oprobiosa, dice, los familiares de víctimas y desaparecidos deben crear una sola agrupación, una Comisión de la Verdad, y elaborar una agenda nacional; deben buscar el respaldo y financiamiento de organismos internacionales, como el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Desapariciones, invitar a técnicos extranjeros para organizar sus descubrimientos y testimonios, y pedir asesoría a jueces o exjueces extranjeros.
Recomienda que, una vez organizados, deben “rodear el Congreso”, ejercer presión para que las autoridades respondan por los desaparecidos. Dice que un ejemplo digno es el de los padres de los normalistas de Ayotzinapa, a quienes el gobierno de Peña Nieto no ha podido dividir.
“Ellos han tenido la mejor práctica internacional, apoyo en Europa. Han hecho escándalo mediático. Ya pusieron en jaque al gobierno. Tarde o temprano su caso va a llegar a la Corte Penal Internacional.”
Advierte que cuando las organizaciones de víctimas empiezan a aglutinarse, el gobierno trata de cooptarlas, bloquearlas, meterles miedo, darles dinero. “Nunca había visto tanto reparto de dinero como en México. En Brasil, Colombia o Argentina nunca vi algo así”.
Javier Duarte dice que ante "grilla" responde con trabajo
Xalapa, Ver. El gobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa, dijo que “cuando nos distrae la agenda política, la grilla, los dichos, los dimes y diretes, nosotros respondemos con trabajo, con resultados, con agenda seria e importante”.
Luego de que el lunes la comisión nacional de justicia partidaria del PRI, decidió suspenderle sus derechos políticos, al igual que a seis de sus colaboradores cercanos, el mandatario encabezó un acto público en el que destacó que su administración deja un estado competitivo, y que “lo otro queda en el anecdotario”.
“Sin desatender lo urgente, lo que debo atender con prontitud y celeridad; no descuido lo importante, lo que deja huella, raíces y que permite asegurar el crecimiento y desarrollo de nuestra sociedad”, señaló.
En la explanada principal de Palacio de Gobierno, el político priísta presentó los Resultados del Programa 1000 Grandes Empresas. Destacó que bajo su mandato se han atraído 175 mil 562 millones de pesos de inversión privada y se han creado mil 83 grandes empresas. Mencionó que al lado de sus compañeros de trabajo ha creado una sinergia positiva, de trabajo para lograr que -durante su gestión- Veracruz pasara del lugar 24 a 10 en competitividad a nivel nacional. “Parece fácil pero ha sido un logro titánico en estos tiempos de crisis económica mundial", apuntó
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Detienen a párroco que abusó sexualmente de niño en Morelos
Cuernavaca, Mor. Un párroco que fue acusado de abuso sexual contra un menor de edad en el año 2009 fue detenido esta tarde por agentes de la Policía de Investigación Criminal adscritos a la Fiscalía Regional Metropolitana de la Fiscalía General del Estado (FGE).
El acusado Omar “N”, fue detenido en la colonia San Gaspar del municipio de Jiutepec, Morelos, en atención al mandamiento del juez mixto de primera instancia del VII distrito judicial. El delito que se le imputa es violación en agravio de un menor de edad.
De acuerdo a un comunicado el Ministerio Público se allegó de los elementos de prueba necesarios en contra de Omar, quien fue denunciado por violación contra un menor de 12 años de edad, de quien presuntamente abusó en las instalaciones de una parroquia ubicada en Tepalcingo, Morelos.
“En marzo de 2009, el imputado convocó a sus feligreses al aseo de la iglesia ya que se aproximaba la fiesta del pueblo. Alrededor de las ocho de la noche de ese día, Omar llevó al menor al área del coro donde lo golpeó y abusó sexualmente de él", refirió el comunicado.
El párroco, según la FGE, amenazó a la víctima para que no denunciara los hechos; sin embargo, los padres conocieron lo sucedido y presentaron la denuncia por la cual se inició la carpeta de investigación.
Mantiene Metro precio del boleto
El director del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Jorge Gaviño Ambriz, solicitó a integrantes de la Comisión de Protección Civil de la Cámara de Diputados, que en el presupuesto de Egresos 2017 se consideren 25 millones de pesos para reparar un tramo de la Línea A, y resolver los problemas de inundaciones causados por las lluvias, en el municipio Los Reyes La Paz, en el estado de México.
Asimismo, indicó que en la gestión del jefe de Gobierno, Miguel Mancera Espinosa, no aumentará el costo del Metro y se mantendrá el boleto en su precio actual de cinco pesos.
En entrevista, el funcionario local se comprometió además a construir un colector con el estado de México que evite inundaciones en las líneas del oriente de la ciudad, a partir de que les entreguen 25 millones de pesos.
Detalló que el objetivo es “tener esos recursos y poner un drenaje marginal en el territorio de Los Reyes La Paz, estado de México y de esta manera resolver en definitiva la inundación de esas calles que afectan a las familias, pero también la infuncionalidad del Sistema de Transporte Colectivo cuando llueve mucho”.
Precisó que “año con año se repiten estas inundaciones y con este recurso podremos resolverlo en forma definitiva, en esta colonia particularmente”.
Gaviño Ambriz dio a conocer que el Sistema de Transporte Colectivo Metro será el encargado de realizar la obra “en territorio del estado de México, con Fondo Metropolitano”.
Resaltó que el colector beneficiará a 50 mil personas que viven en la zona de Los Reyes la Paz, en el estado de México, que año con año padecen las inundaciones en la zona.
Respecto a los 200 millones de pesos de fondos federales que se avalaron para realizar el proyecto ejecutivo de las obras de ampliación de la línea A, ijo que el dinero tampoco se ha entregado.
A su vez, la presidenta de la Comisión de Protección Civil, María Elena Orantes López, comentó que la solicitud se derivó de un acuerdo conjunto entre el estado de México, particularmente del municipio Los Reyes La Paz, y de la Ciudad de México.
Cadena de homicidios deja 6 muertos en Zacatecas
Zacatecas, Zac. En una nueva cadena de homicidios presuntamente vinculados con el crimen organizado, este martes seis personas fueron asesinadas, dos jóvenes fueron baleados y un hombre más fue privado ilegalmente de su libertad, en distintos hechos que las autoridades presumen están vinculados con el ajuste de cuentas entre integrantes del crimen organizado.
Alrededor de las 07:20 horas de este martes, al sur del municipio de Guadalupe –conurbado a la capital de Zacatecas-, en el crucero a la comunidad de Santa Mónica, fue abandonada una camioneta Yukón color dorado con franjas verdes, en cuyo interior se encontraban los cadáveres de tres hombres, son signos de tortura y ejecutados, además del tiro de gracia. Junto a los cadáveres los ejecutores dejaron un narcomensaje.
Por otra parte la misma mañana de este martes, en un domicilio ubicado en la calle Tierra y Libertad de la colonia Plan de Ayala, en la ciudad de Fresnillo, un comando armado llegó a “levantar” y privar de la libertad con lujo de violencia a un joven de 23 años de edad. Un hermano menor de éste, de sólo 13 años de edad, intentó auxiliarlo y los sicarios le dispararon en un fémur. Más tarde arribaron policías al lugar y el menor fue trasladado grave a un hospital, pues había perdido mucha sangre.
Más tarde, alrededor del medio día, trascendió que habitantes del municipio de Valparaíso denunciaron a la dirección de seguridad pública municipal el hallazgo de tres cadáveres –dos hombres y una mujer–, maniatados, con signos de tortura y el tiro de gracia, sobre un camino de terracería que comunica a las comunidades rurales de la Mesa de Pobres y Santa Potenciana.
Un joven más de 22 años de edad –cuyo nombre no proporcionaron las autoridades–, fue baleado por sujetos armados en la colonia Las Palmas, en la capital de Zacatecas, por sujetos no identificados. En otro hecho en la misma ciudad, este martes un comando armado de al menos seis pistoleros baleó la fachada de una vivienda ubicada en la calle José Árbol y Bonilla, de la colonia H. Ayuntamiento. No se reportaron personas lesionadas o muertas.
Aparte en la cabecera municipal de Cañitas de Felipe Pescador, otro grupo de pistoleros llegaron y balearon el domicilio del Martín Vaquera Huerta, líder de una organización de productores de frijol. No se reportaron personas lesionadas.
Asimismo, este martes personal de la Procuraduría General de Justicia de Zacatecas envió a la fosa común del panteón municipal La Resurrección, los restos de 29 personas –entre ellos dos mujeres–, que permanecían en el refrigerador del anfiteatro de la ciudad de Fresnillo, en calidad de “no reconocidos”, y por ende no reclamados por sus familiares.
Los 29 cadáveres que fueron inhumados en la fosa común son víctimas de la violencia en la entidad, en los últimos dos meses, en el municipio de Fresnillo y el norte del estado.
Parlamento griego aprueba un nuevo paquete de reformas
Atenas. El Parlamento griego aprobó hoy un nuevo paquete de reformas, que incluye entre otros ítems la venta de bienes estatales, tales como compañías de agua y gas.
La aprobación se logró tras varios días de debate, que fueron transmitidos por la televisión estatal.
La venta de bienes estatales también afectaría varios aeropuertos, autopistas y puertos en el país europeo.
Las reformas eran un requisito para recibir un tramo de ayuda millonaria por valor de 2.8 millones de euros (3.2 millones de dólares) por parte de acreedores internacionales.
La suma, que sería percibida en este otoño (boreal) integra una ayuda económica por un total de 86 mil millones de euros.
Dólar cierra a la baja, se vendió en $19.84 en bancos
Al término de las operaciones bancarias de este martes en la Ciudad de México, el dólar libre se vendió hasta en 19.84 pesos, 34 centavos menos respecto del cierre previo, y se compró en un precio mínimo de 18.66 pesos.
El euro se ofreció en una cotización máxima de 22.21 pesos, 59 centavos menos en comparación al cierre previo, mientras la libra esterlina se ubicó en 25.70 pesos y el yen hasta en 0.277 pesos a la venta.
El Banco de México (Banxico) fijó en 19.5044 pesos el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en territorio mexicano.
Zonas Económicas Especiales buscan mejorar empleos en región Sur-Sureste del país
Las Zonas Económicas Especiales ofrecen certeza jurídica a los inversionistas porque corresponden a una visión de Estado en la que participan los Poderes Ejecutivo y Legislativo, los tres órdenes de Gobierno y el sector privado, afirmó el Jefe de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales (ZEE), Gerardo Gutiérrez Candiani.
Al participar en la Sesión Ordinaria del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales (CEEG), el funcionario federal explicó que las ZEE buscan generar mejores empleos en la región Sur-Sureste del País, donde en promedio el 80 por ciento de los trabajadores laboran en condiciones de informalidad.
Gerardo Gutiérrez Candiani explicó que se tienen identificados 80 proyectos de infraestructura que se llevarán a cabo durante los próximos ocho años y permitirán desarrollar centros logísticos de clase mundial. Las primeras Zonas Económicas que se pondrán en marcha en Lázaro Cárdenas, que abarca los estados de Michoacán y Guerrero; la región Istmo, Oaxaca y Veracruz y Puerto Chiapas.
Actualmente, precisó que existen 6 mil 286 trámites federales, alrededor de 250-350 trámites municipales y hasta 850 trámites estatales, en las ZEE los inversionistas podrán tramitar todos sus permisos a través de una Ventanilla Única, lo que reducirá costos administrativos y mejorará el clima de negocios.
Por su parte, Frédéric Garcia afirmó que “no hay posibilidad de un crecimiento incluyente si existe una brecha entre el Norte y el Sur del País”, por lo que se ha establecido un Comité para el Desarrollo del Sur-Sureste a través del cual el CEEG busca impulsar políticas e instrumentos que promuevan la incorporación de las regiones rezagadas del sur al desarrollo productivo.
Las empresas del CEEG generan más del 10 por ciento del PIB, más de 500 mil empleos de alta calidad, representan más del 40 por ciento de la Inversión Extranjera Directa en México y más del 11 por ciento de las exportaciones totales del país. El Presidente del CEEG señaló que el Consejo tiene entre sus objetivos promover las capacidades y el potencial del país como un destino atractivo para la inversión y fomentar en las pequeñas y medianas empresas el cumplimiento con las normas y procedimientos que les permitan desarrollar su capacidad productiva y contribuir así en el fortalecimiento del Estado de derecho.
Delitos en hogares significaron casi 237 mil mdp en 2015
En 2015 el costo total a consecuencia de la inseguridad y el delito en hogares representó un monto de 236 mil 800 millones de pesos, equivalente a 1.25 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), como resultado de la consumación de 29 millones 300 mil delitos del fuero común entre los que se excluye delitos como delincuencia organizada, narcotráfico, portación de armas exclusivas del Ejército, tráfico de indocumentados, entre otros según revela la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública (ENVIPE) 2016.
El total de delitos consumados en 2015, representa una tasa de 28 mil 202 víctimas por cada cien mil habitantes durante este año, cifra estadísticamente equivalente a la estimada para 2014, de acuerdo con el sondeo realizado en 95 mil 714 viviendas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Después del robo o asalto en la calle o transporte público, la extorsión sigue siendo el segundo delito más frecuente pues representa 24.2 por ciento del total de los delitos ocurridos durante 2015. Sin embargo, el pago del monto solicitado en la extorsión continúa con tendencia a la baja, al pasar de 5.4 por ciento en 2014 a 4.7 por ciento en 2015.
El documento precisa que el número de víctimas de los delitos del fuero común ascendieron a 23 millones 300 mil ciudadanos y tuvieron una perdida promedio equivalente a 5 mil 905 pesos por persona.
El muestreo realizado entre el 1 de marzo y el 26 de abril de 2016, detalla que la percepción de inseguridad a nivel nacional es encabezada por el Estado de México con el 90.6 por ciento; seguida de Tabasco con 87.9; Tamaulipas , 86.2; Veracruz, 85.1 y Guerrero con 84.7 por ciento.
El gasto de los hogares en medidas para protegerse de la delincuencia en 2015 fue de 77 mil 900 millones de pesos y tuvo un incremento de 17.7 por ciento respecto del estimado en 2014. Entre las principales medidas tomadas estuvieron: cambiar o colocar cerraduras y/o candados, cambiar puertas o ventanas y colocar rejas o bardas.
La cifra negra, es decir el nivel de delitos no denunciados o que no derivaron en averiguación previa fue de 93.7 por ciento a nivel nacional durante 2015, mientras que en 2014 fue de 92.8 por ciento.
La ENVIPE, estima que en 2015 se denunció el 10.5 por ciento del total de los delitos, y para los cuales el Ministerio Público inició Averiguación Previa o Carpeta de Investigación en 59.6 por ciento de los casos.
Durante 2015 se inició averiguación previa en el 6.3 por ciento del total de los delitos. Lo anterior, representa un 93.7 por ciento de delitos donde no hubo denuncia o no se inició averiguación previa.
La encuesta estima que los principales motivos que llevan a la población víctima de un delito a no denunciar son circunstancias atribuibles a la autoridad, tales como considerar la denuncia como pérdida de tiempo con 33 por ciento y la desconfianza en la autoridad con 16.6 por ciento.
La percepción de inseguridad de la población de 18 años y más, en las entidades federativas al momento del levantamiento de la encuesta (marzo-abril 2016), se ubicó en 72.4 por ciento, manteniéndose en niveles similares a los estimados de 2013 a 2015.
Sin embargo, la sensación de inseguridad en los ámbitos más próximos a las personas se ha incrementado en 2016, llegando a 65.1 por ciento y 45.4 por ciento de la población de 18 años y más que se siente insegura en su municipio o delegación y en su colonia o localidad, respectivamente.
La ENVIPE estima a nivel nacional que 59.1 por ciento de la población de 18 años y más considera la Inseguridad y delincuencia como el problema más importante que aqueja hoy en día en su entidad federativa, seguido del Desempleo con 40.8 por ciento y la Pobreza con 31.9 por ciento.
A nivel nacional, el espacio donde la población de 18 años y más se siente más insegura son los cajeros automáticos ubicados en la vía pública, el transporte público y el Banco.
Sobre el nivel de confianza en autoridades a cargo de la seguridad pública, seguridad nacional, procuración e impartición de justicia, el 87 por ciento de la población de 18 años y más identifica a la Marina como la autoridad que mayor confianza le inspira con “Mucha o Algo de confianza”, seguido del Ejército con 84.9 por ciento. Por otro lado, los hombres presentan un mayor nivel de confianza en la Marina, el Ejército y la Policía Federal.
Propone INE suspensión temporal de consejera de Colima
El Instituto Nacional Electoral (INE) propuso al Consejo General suspender 30 días a la consejera presidenta del Instituto Electoral del estado de Colima, Felícitas Alejandra Valladares Anguiano, por incurrir en “negligencia, ineptitud y descuido” al haber informado erróneamente que el PAN y no el PRI iban ganando la elección de gobernador.
El proyecto de acuerdo, que se votará mañana, plantea que la funcionaria electoral deberá ser suspendida por 30 días sin goce de sueldo y ordena al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima que designe al consejero presidente provisional.
La consejera Presidenta declaró el 11 de junio de 2015 al programa radiofónico del periodista Joaquín López Dóriga que el conteo final de votos favoreció al panista Jorge Luis Preciado con 495 votos, equivalentes a un 0.17 por ciento, y no a Ignacio Peralta, actual gobernador y entonces candidato postulado por el PRI-Verde-Nueva Alianza.
El INE se tardó más de un año en resolver la queja presentada por el PRI, partido al que le respondió que no procedía remover a Valladares ni a sus colegas, dado que lo hecho por la funcionaria no constituye violación alguna a los lineamientos sobre resultados preliminares y conteos rápidos.
Sin embargo, consideró que la consejera presidenta sí “actuó con negligencia, ineptitud y descuido en el desempeño de sus funciones, al haber dado a conocer, de forma anticipada y a través de un medio de comunicación social, resultados electorales imprecisos y equivocados, correspondientes a la elección de gobernador de esa entidad federativa”.
Argumenta que esta declaración fue en detrimento de los principios rectores de la función electoral, principalmente el de certeza.
Con ello se escribirá un capítulo más de la polémica elección celebrada en Colima. Al final, Peralta ganó con un mínimo margen, sin embargo su triunfo fue anulado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Esto, porque los magistrados dieron la razón al PAN tras recibir un video en el que el secretario de Desarrollo Social del estado, Rigoberto Salazar Velasco, admitió ante el Congreso local que era suya la voz de unos audios en los que ordenaba apoyar al candidato del PRI.
La elección se repitió en enero de este año y dado que el tricolor se inconformó con las actuaciones de la consejera presidente y del resto de los consejeros, su organización quedó a cargo del INE. Peralta volvió a ganar esos comicios y por eso hoy encabeza la gubernatura.
Mañana el INE resolverá una batería de solicitudes para que se sancione a consejeros de seis organismos públicos locales y ésta es la única que prospera.
Duarte no será juzgado con nuevas leyes anticorrupción
El encargado de despacho de la Secretaría de la Función Pública, Javier Vargas Zempoaltecatl, aseguró que el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, y ex mandatarios priístas -acusados de haber incurrido en actos de corrupción- no serán juzgados por las nuevas leyes del Sistema Nacional Anticorrupción.
Al impartir el taller “Sistema Nacional Anticorrupción”, rechazó precisar si en la dependencia hay investigaciones en torno a esos señalamientos, y dijo que es información reservada dar a conocer los resultados de auditorías practicadas a los príistas –Duarte, Rodrigo Medina, César Duarte y Roberto Borge-, o si ha entregado información al Ministerio Público, porque forman parte de una investigación.
“Imagínense el daño que se le puede ocasionar a alguien si hacemos pública una observación y después, al momento de darle su garantía de audiencia al servidor público nos acredita lo solvente a esa observación y no resulta ninguna responsabilidad”, señaló.
Vargas Zempoaltecatl subrayó que la “Secretaría de la Función Pública nunca va a meter a la cárcel a nadie, somos una autoridad administrativa para eso está la PGR y para eso se creó la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción”, indicó durante el taller Sistema Nacional Anticorrupción.
Pidió “no perder de vista los ámbitos de competencia que tenemos. Al día de hoy, la procuradora (Arely Gómez) ha dicho que existen expedientes abiertos en el ámbito penal, y seguramente en las contralorías estatales están abiertas investigaciones”.
Osorio Chong afina su estrategia de redes sociales
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, incluyó en sus mensajes difundidos vía redes sociales un logotipo y su nombre. Esta misma estrategia se halla en fotografías y videos recientes en los que aparece con distintos grupos como jóvenes e indígenas.
Roberto Femat, director general de Comunicación Social de la Secretaría de Gobernación, dijo que el mecanismo, en vigor desde el viernes pasado, tiene el objetivo de dar mejor uso a las redes sociales.
“Son mensajes alusivos a su forma de pensar y a las actividades propias de su responsabilidad, de la cual no puede desprenderse. No hay ningún interés electoral en ello”, aseveró. Señaló que es una alternativa novedosa de comunicación.
En la cuenta de Facebook, donde tiene hoy 146 mil 490 contacto, así como en la de Twitter, con 963 mil 082 seguidores, la fotografía de portada es grupal: Osorio Chong con un grupo de jóvenes; ahí se lee: “la juventud es el presente y futuro de México”.
Estos videos temáticos, con el logotipo de varios colores y el nombre del funcionario, sin precisar su cargo, empezaron a difundirse el viernes; el primero es relacionado a los derechos de las mujeres; le sigue el de la estrategia “Soy México”, registro de nacimiento de la población México-estadunidense.
El tercero se refiere a la importancia del diálogo, “la mejor herramienta para encontrar soluciones” y, el más reciente, es también un material videograbado acerca de la participación de las mujeres indígenas “fundamental para lograr la igualdad de género en nuestro país”.
Por otra parte, el partido Acción Nacional anunció que presentará una queja ante el Instituto Nacional Electoral (INE) contra el secretario para que deje de hacer promoción personalizada en redes sociales y actos anticipados de campaña.
Francisco Gárate, representante del PAN, recordó que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha aplicado sanciones severas, como la reciente nulidad de la elección de Zacatecas. El blanquiazul busca que se apliquen medidas cautelares y se le ordene suspender esta campaña.
El secretario Osorio Chong fue gobernador de Hidalgo y en su partido, el PRI, lo mencionan como aspirante a la candidatura presidencial; al consultarle al respecto, el funcionario suele responder que ahora es momento de trabajar para dar resultados.
Celebra Peña inversión de 4 mil mdd de Cisco en México
Al reunirse con el presidente Enrique Peña Nieto en la Residencia Oficial de Los Pinos, el CEO mundial de la empresa Cisco Systems, Chuck Robins, anunció la inversión de 4 mil millones de dólares en México entre 2016 y 2018 monto que representa uno de los mayores proyectos en lo que va de esta administración.
Durante el encuentro Enrique Peña Nieto celebró que se haya destinado esta inversión a México por parte de este consorcio dedicado a la producción de enrutados, servidores, interruptores, pantallas de telepresencia y puntos de acceso inalámbricos.
Con la canalización de estos montos en México se logrará la creación de 270 empleos de forma directa y 167 de manera indirecta, sin embargo según informó la empresa “tomando en cuenta la base instalada con la que ya se cuenta el proyecto incluye, a través de sus socio de manufacturas, a 4 mil 830 empleos directos y mil 15 indirectos”.
