-“Sabemos quién fue”, advierten durante protestas en Xalapa
De riguroso luto, algunos con lágrimas, fotoperiodistas y camarógrafos de Veracruz levantaron sus herramientas de trabajo en todo lo alto para recordar a Rubén Espinosa, colaborador del semanario Proceso y las agencias Cuartoscuro y AVC.
El acto de levantar sus cámaras, señalaron, fue para dejar en claro que la presencia de Espinosa Becerril sigue vigente, para recordar sus enseñanzas y obsesión por el trabajo, pero también para exigir justicia por este crimen.
Unas 200 personas, entre estudiantes, activistas sociales y reporteros, protestaron frente al Palacio de Gobierno para repudiar el artero asesinato de Rubén y Nadia Vera, activista de Casa Magnolia y del movimiento #YoSoy132.
Una enorme lona negra con los rostros de Rubén y Nadia, acompañados de la leyenda “Sabemos quién fue”, fue atravesada en la avenida Juan de la Luz Enríquez por espacio de hora y media en el centro histórico de Xalapa, con el fin de reclamar justicia y una investigación real de las causas del homicidio.
“No nos mataron a un reportero, ni a una activista… nos mataron a nuestros hermanos”, reprochó el periodista independiente Majloc.
Otros manifestantes echaron mano de réplicas de los cartones de moneros nacionales que han repudiado el quíntuple homicidio para marchar con las imágenes en señal de protesta.
Con varios funcionarios, secretarios de despacho y servidores públicos en periodo vacacional, los únicos que salieron a tomar fotografías y videos de la concentración fueron los llamados “orejas” de la Dirección de Política Regional y de la Secretaría de Gobierno.
No obstante, unos seis empleados del gobierno de Javier Duarte que tomaban fotos con sus celulares de quienes participaban en la marcha fueron echados a mentadas de madre de la manifestación.
Minutos después, la SSP mandó a dos uniformadas viales, quienes corrieron la misma suerte.
En la plaza Lerdo –rebautizada como plaza Regina Martínez, corresponsal de Proceso asesinada el 28 abril de 2012 en su domicilio– reporteros y activistas colocaron una ofrenda floral en honor a Rubén Espinosa y Nadia Vera, donde además expusieron imágenes de las víctimas y dejaron pensamientos de consuelo.
Antes de iniciar la marcha, los inconformes lanzaron consignas en contra del gobierno de Enrique Peña Nieto, de Javier Duarte y de Miguel Ángel Mancera.
En seguida, reprocharon la ola de violencia e impunidad que afecta al país, así como la represión y el hostigamiento gubernamental.
Durante la marcha, integrantes del Comité de Defensa y Lucha Universitaria expresaron su temor, pues las agresiones contra estudiantes de la Facultad de Humanidades y contra actores sociales han ido en aumento.
Acto seguido, recordaron la agresión salvaje a ocho jóvenes cometida el 5 de junio –dos días antes del proceso electoral– a manos de un comando, quienes con palos con clavos, machetes y otros instrumentos irrumpieron el interior de una vivienda. “Nos están matando, pero no nos van a callar”, fustigaron.
Karla Silva se suma a protesta
En León, Guanajuato, corresponsales, reporteros, fotógrafos y camarógrafos protestaron afuera de la delegación de la PGR y, en reunión con el delegado Juan Manuel Ulloa, exigieron que esta instancia federal asuma su responsabilidad e investigue el caso Narvarte.
“¡Justicia para Rubén, ni uno más!” y “¡Duarte, asesino!” fueron las consignas de los comunicadores guanajuatenses, quienes colocaron sus cámaras y grabadoras ante una fotografía de Espinosa Becerril.
En la protesta participó la reportera Karla Silva Guerrero, quien el 4 de septiembre pasado fue brutalmente golpeada en las oficinas del El Heraldo en Silao. Ella y su compañera Adriana Elizabeth Palacios fueron amenazadas con estas palabras: “Le bajas a tus notas o te va a llevar la chingada”.
Karla Silva y los periodistas que se manifestaron este martes recordaron al delegado de la PGR que en su momento la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) declinó investigar la agresión en contra de Karla y Adriana.
“¿Por qué la justicia es tan lenta, por qué no pasa nada?”, reclamó la reportera.
En la protesta se recordó que hace unas semanas fue asesinado en Comonfort el periodista Gerardo Nieto, cuyo crimen permanece sin ser esclarecido por la Procuraduría de Guanajuato, y que los diputados del Congreso local han sido renuentes a legislar para una norma de protección a periodistas y personas defensoras de derechos humanos.
Plantón en PGR de Sonora
La comunidad periodística de Sonora se plantó a las afueras de la delegación de la PGR para exigir justicia y el rápido esclarecimiento del multihomicidio donde perdió la vida Rubén Espinosa.
Los comunicadores mostraron pancartas y lanzaron consignas por más de 30 minutos, a fin de sumarse al repudio nacional e internacional por el ataque mortal registrado en un departamento de la colonia Narvarte contra este reportero gráfico, la activista chiapaneca Nadia Vera y otras tres mujeres.
El presidente del Foro Nacional de Periodistas, que aglutina a 3 mil comunicadores en 22 estados y 40 ciudades del país, Rafael Cano Franco, señaló que la lentitud con la que labora la FEADLE, dependiente de la PGR, se convierte en impunidad.
“Al no dar con resultados o responsables, se ofrece la facilidad para que cualquier otra persona atente contra los periodistas; en Sonora no sólo se han registrado agresiones físicas contra los comunicadores, sino también contra su dignidad y moral”, acusó.
Asimismo, los más de 40 periodistas representantes de medios locales y nacionales allí reunidos firmaron un pronunciamiento colectivo: “¿Cuántos más señor presidente?”
En el documento, exponen:
“Periodistas de Sonora también fuimos agredidos en el multihomicidio donde perdió la vida, prematura y violentamente, nuestro compañero Rubén Espinosa Becerril.
“Por eso, desde el noroeste de México, todos los comunicadores unidos elevamos la voz para unirnos en oración con las familias de las víctimas masacradas, impunemente, hasta ahora. Esta misma voz que gusta de ser franca y fuerte, pero con el sentimiento de impotencia que ahora nos ahoga, nos hace gritar exigiendo directamente a la Presidencia de la República que haga justicia y que deje el silencio ominoso, indignante y cómplice en el que se cobijan los cobardes asesinos.
“Esperamos que esta voz sonorense también llegue a la conciencia del gobernador de Veracruz, Javier Duarte, que ha fallado a la sociedad al permitir la impunidad, como hecho vinculante, en los 14 asesinatos de periodistas que siguen sin resolver.
“¡Queremos la verdad!
“¡Queremos justicia para Rubén y para todos los periodistas asesinados, casos que siguen impunes!
“¡Nuestra voz esta triste! ¿Cómo está la suya, presidente Peña Nieto?”.
-Escoltas del Alcalde de Monclova, Coahuila, presuntamente ebrios chocan auto oficial y huyen
Tres escoltas del Alcalde de Monclova, Coahuila, serían cesados de su cargo, luego de conducir una unidad oficial en estado de ebriedad y chocar contra un poste dejando cuantiosos daños materiales.
Los elementos a cargo de la protección de la primera autoridad de Monclova protagonizaron el accidente la madrugada del domingo y huyeron del lugar para evitar ser arrestados.
En rueda de prensa, el Alcalde Gerardo García Castillo comunicó que el choque fue un descuido del personal, pues al parecer conducían por la ciudad mientras ingerían bebidas alcohólicas.
“Vamos a actuar de manera enérgica y drástica”, advirtió el edil, tras destacar que se encontraba fuera de la ciudad cuando le notificaron el accidente.
El director de Seguridad Pública, Coronel Victorino Reséndiz Cortés, indicó que no hubo detenidos porque los escoltas abandonaron la unidad tras impactarla contra un poste en la Ciudad Deportiva, aunque otra versión señala que el accidente fue en la colonia Hipódromo, al oriente de la ciudad.
Sobre los daños en la camioneta, el alcalde señaló que cuenta con seguro y en breve será reparada. También dijo que contratará a más elementos para que estén a cargo de su seguridad.
García Castillo agregó que los escoltas empezaron a trabajar para el Ayuntamiento desde la administración anterior y que todos aprobaron en su momento los exámenes de control y confianza.
Al momento del percance, los oficiales no estaban a cargo de la seguridad del Edil, ya que éste se encontraba de viaje por Puerto Vallarta.
-Mancera reduce horas de trabajo a burócratas
Sin precisar cuándo inician los nuevos beneficios, el Mandatario calculó que éstos alcanzarán a 222 mil trabajadores en todos niveles.
Mancera estuvo en el Teatro Metropólitan para hacer el anuncio, acompañado de todo su Gabinete legal, así como de 3 mil grabadores sindicalizados y de confianza que llenaron el recinto.
"Estamos hablando de tener una jornada laboral que también conviva con las tareas de la familia. La jornada de servicio estará marcada de las 9:00 a las 19:00 horas en la Ciudad de México.
"Las trabajadoras que tengan hijos o hijas, cursando el preescolar a secundaria, no deberán laborar más allá de las 18:00 horas. Para hombres, el primer y tercer viernes de cada mes, el horario de trabajo iniciará a las 9:00, pero va a finalizar a las 3 de la tarde", precisó.
El anuncio arrancó los aplausos de los presentes, aunque hubo trabajadores sindicalizados que se quejaron por la precisión de los horarios.
"Para los permisos de maternidad, habrá permisos retribuidos, habrá permisos con derecho a percibir algún ingreso. Una compensación económica durante el tiempo que esté ausente.
"Las mujeres de personal técnico-operativo podrán solicitar un permiso de cuatro meses y medio, en el cual podrán percibir 40 por ciento de su salario bruto mensual, adicional a lo que ya está en ley por su licencia de maternidad", precisó.
Estas medidas, señaló Mancera, se derivan de recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.
"Las trabajadoras de estructura también podrán solicitar un permiso de hasta tres meses, en cual también tendrán derecho, si así lo solicitan, del 30 por ciento de su salario bruto mensual. Las trabajadoras de confianza, en lactancia, van a disponer de una hora diaria para alimentar", agregó.
Esta última medida se aplicará entrando una hora antes o saliendo una hora después, aclaró.
Pidió que ese tiempo adicional que ahora tendrán los servidores públicos lo dediquen a sus familias y sus hijos.
Mancera no hizo referencia a contarles de productividad, pero el anuncio provocó que algunos de los asistentes gritaran: "¡Mancera presidente!".
En el acto intervino el líder de los burócratas capitalinos, Juan Ayala, quien durante la reciente elección fue candidato a diputado local, pero perdió ante Morena.
El mismo líder sindical, que tiene control de 110 mil trabajadores, destapó a Mancera como aspirante presidencial y le aseguró que cuenta con el apoyo del gremio.
Los trabajadores de base actualmente ya gozan de dos periodos vacacionales de 10 días cada uno, además de otros 10 días que pueden utilizar a su conveniencia.
Cada tarjeta de asistencia mensual, sin retardo o faltas, les genera una "nota buena", lo cual representa un día descanso adicional, con lo cual pueden sumar otras 12 jornadas libres al año.
Todo lo anterior con goce de sueldo y sin contar con las licencias adicionales de paternidad y maternidad, matrimonio.
-Diputado federal del PRI dice que lo atacaron con disparos en Oaxaca
OAXACA, Oaxaca.- El diputado federal por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Samuel Gurrión Matías, fue atacado con disparos la tarde de este martes en la región de la Costa, Oaxaca, sin que resultara lesionado.
El legislador, quien ha manifestado sus intenciones de contender en las elecciones a gobernador de 2016, detalló que se encontraba a unos 10 kilómetros del poblado de Santo Domingo de Morelos, Pochutla –ubicado a unos 330 kilómetros de la capital-, cuando fue emboscado sobre la carretera.
En entrevista, precisó que acudió al municipio para realizar una inauguración de obras, tras lo cual emprendió el camino de regreso, pero durante el tránsito él y sus acompañantes se percataron que sujetos armados colocaban palos sobre la carretera.
Ante ello, indicó, el conductor del vehículo en el que viajaba -una Escalade negra- maniobró para escapar, mientras sus escoltas repelían la agresión, misma que se efectuó con armas de grueso calibre.
“Nos querían matar”, dijo el representante por mayoría relativa en el séptimo distrito, Juchitán de Zaragoza, por lo que aseguró que interpondrá una denuncia penal por los hechos.
El también empresario editor del periódico adiario, con sucursal en Oaxaca y Chiapas, apuntó que su trabajo político ha sido intenso en la entidad, por lo que, aseguró, el hecho puede tener relación con su labor.
La mañana de este martes, a través de su cuenta de Twitter @samygurrion, el diputado informó que realizaría una gira en la zona de la Costa.
En tanto, la Fiscalía General del Estado (antes Procuraduría General de Justicia) sostuvo que personal de la dependencia se encuentra en el poblado Santo Domingo de Morelos, para recabar las evidencias correspondientes y esperan que el diputado presente la denuncia formal.
-Matar a periodistas en tiempos de Duarte y de Mancera
Si usted es periodista, fotógrafo, activista o simplemente joven, no realice fiestas en su casa, no invite a extranjeros –menos de nacionalidad colombiana–, no altere sus movimientos, porque si es asesinado la Procuraduría capitalina tratará de responsabilizarlo de su propio destino.
La criminalización de las víctimas es la ruta sospechosa que está adoptando la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) para minimizar el multihomicidio de Rubén Espinosa Becerril, fotorreportero amenazado por elementos de seguridad pública de Xalapa, Veracruz; Nadia Vera Pérez, antropóloga y activista de derechos humanos, quien acusó directamente al gobernador veracruzano Javier Duarte de lo que le sucediera; Yesenia Quiroz Alfaro, joven de origen michoacano y cultora de belleza; Olivia Alejandra Negrete Avilés, una mujer que hacía el trabajo doméstico, y una joven colombiana a la que han identificado con el nombre de Nicole.
En la primera versión oficial del multihomicidio, el pasado domingo 2, el procurador capitalino Rodolfo Ríos orientó el móvil al robo, y relató que en el departamento 401 de la calle Luz Saviñón 1909 hubo una fiesta desde la noche del jueves hasta la mañana del viernes 31 de julio.
No mencionó que el comando que torturó, ejecutó y presumiblemente abusó sexualmente de las víctimas actuó de manera muy similar a otros episodios relacionados con las denuncias del propio Rubén Espinosa Becerril en contra de estudiantes y maestros agredidos en Xalapa. El 5 de junio pasado, 10 hombres allanaron los domicilios de jóvenes estudiantes de la Universidad Veracruzana. Los atacaron con machetes, bates, bastones y armas largas.
La PGJDF afirmó desde el 2 de agosto que mantiene varias “líneas de investigación”, pero entre el 3 y 4 sólo ha filtrado a varios medios y columnistas afines a las versiones oficiales que Rubén Espinosa y las cuatro mujeres estaban en una fiesta y probablemente su ejecución estuvo relacionada con asuntos de narcotráfico colombiano. En el mejor de los casos, Rubén Espinosa y Nadia Vera estuvieron en el lugar y el momento equivocados, parece inducir esta versión.
Les bastó mencionar la nacionalidad de una de las asistentes para construir una versión a modo que excluyera al gobierno de Veracruz o a fuerzas de seguridad pública de esa entidad, encabezadas por Arturo Bermúdez Zurita, como parte de las “líneas de investigación”.
Hasta ahora no han dicho si ya investigaron por qué Rubén Espinosa desistió de su denuncia ante la Fiscalía Especial para Delitos contra Periodistas en el 2013. El fotorreportero que colaboró en Proceso y Cuartoscuro le dijo a más de una decena de amigos que no confiaba en las autoridades y que habían bloqueado su denuncia. También denunció en una entrevista con Rompeviento TV que temía por su vida.
Las autoridades ministeriales capitalinas le filtraron al periódico ‘La Razón’ el video de la única cámara que, al parecer, grabó imágenes de lo ocurrido en la calle. La cámara de vigilancia del edificio 1909 de Luz Saviñón, lugar donde ocurrió el multihomicidio, está descompuesta.
El video reproduce imágenes de las 3 de la tarde del viernes 31 de julio en el cruce de las calles de Zempoala y Luz Saviñon. La versión “filtrada” afirma que los tres hombres que llevan arrastrando una maleta voluminosa con ruedas, son los presuntos asesinos de las cuatro mujeres y el periodista.
Los tres hombres se subieron a un Mustang modelo 2006, placas 486 VRN, que posteriormente fue localizado en la delegación Coyoacán, en la colonia Paseos de Taxqueña.
La versión de La Razón reproduce lo siguiente:
“De acuerdo con los reportes del expediente FBJ/BJ-1/T2/4379/15-07, los investigadores cuentan con indicios para presumir que en las maletas llevaban algunas joyas y pertenencias que sacaron de la habitación de Nicole y de la maquillista Yesenia Quiroz, la cual fue hallada en completo desorden.
“Así lo relató a las autoridades la joven Esbeidy, quien vivía con ellas y quien las encontró sin vida. Sin embargo, no pudo especificar qué tipo de alhajas eran las que tenían las dos jóvenes”.
Las necropsias a la colombiana Nicole y a la maquillista Yesenia Quiroz establecen que las estrangularon y después les dieron el tiro en la cabeza. La primera fue hallada boca abajo sobre la cama y Yesenia en el piso. Nadia Vera presentaba múltiples golpes en el rostro. Todo esto, según el expediente “filtrado” de la Procuraduría capitalina.
En otros medios se reproduce la versión de que el Mustang era de Nicole, de 29 años, y que la PGJDF cuenta con testimonios de dos testigos: “Arturo”, identificado como amigo de Rubén Espinosa, y Esbeidy, quien compartía el departamento con sus amigas. Las versiones indican que contra Nicole “hubo especial y marcada saña”.
La versión de la dependencia capitalina ya generó una airada reacción de la comunidad de colombianos radicados en la Ciudad de México. Desde el lunes 3 de agosto la cuenta en Twitter “MeMuevoPorColombia” reclamó: “No a la estigmatización de los colombianos. Pedimos verdad”.
El lunes 3 enviaron una carta al embajador colombiano en México, José Gabriel Ortiz, para solicitarle que haga “un pronunciamiento ante esta situación, como la exigencia a las autoridades mexicanas de una investigación seria, que devele los móviles y culpables de este crimen atroz”.
“Desconocemos la identidad de nuestra compatriota. Sin embargo, nos solidarizamos con su familia y expresamos el dolor que este hecho causa y esperamos que tanto la embajada como el consulado colombiano puedan estar en disposición de facilitar los trámites necesarios, si así lo solicitan los familiares”, advirtieron en su carta.
Por otro lado, los vecinos que han querido hablar con los medios de comunicación desmienten la versión de una “fiesta” en el departamento 401 donde fueron asesinadas las cuatro mujeres y el fotoperiodista.
Uno de los vecinos narró que a la una de la mañana del viernes salió de su departamento a ver la luna y observó a dos de las víctimas. “Estaban platicando en la terraza, me vieron y se metieron, pero fiesta no hubo”, afirmó.
Una extraña coincidencia vincula las versiones preliminares de la Procuraduría capitalina con el nefasto discurso de Javier Duarte, en Poza Rica, hace un mes. Ante reporteros de la entidad, les advirtió que debían “portarse bien” porque “lamentablemente, algunos de los colaboradores, trabajadores de los medios de comunicación, tienen vínculos con grupos de la delincuencia organizada”.
“Se los digo por ustedes, por sus familias, pero también por mí y por mi familia, porque si algo les pasa a ustedes al que crucifican es a mí. Pórtense bien. Todos sabemos quiénes andan en malos pasos. Dicen que en Veracruz sólo no se sabe lo que todavía no se nos ocurre. Todos sabemos quiénes de alguna o de otra manera tienen una vinculación con estos grupos. Que nos hagamos como que la Virgen nos habla es otra historia”, arengó.
¿Quién es Javier Duarte para hablar como prefecto de escuela y no como gobernador de una entidad? Si ya sabe “quiénes andan en malos pasos” ¿por qué no los investiga y los lleva ante un juez? ¿Desde cuándo aquel dicho de que “calumnia que algo queda” es el típico recurso para generalizar y criminalizar a todo un gremio?
La posición de Duarte coincide como una gota de agua con la orientación que la Procuraduría capitalina le está dando a la investigación del multihomicidio de la Narvarte.
Si el jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera –el mismo que como procurador investigó el “suicidio” de Digna Ochoa– opta por seguir la misma ruta de Duarte, estaremos ya en una situación doblemente criminal y peligrosa: el segundo crimen contra periodistas y activistas se comete desde las instancias de procuración de justicia.
-Denuncian consulta “amañada” sobre parque eólico en Oaxaca
OAXACA, Oax. (apro).- La Secretaría de Energía (Sener) y el gobierno de Gabino Cué autorizaron la construcción de un parque eólico a la empresa Eólica del Sur, proyecto que supuestamente dejará una “derrama económica” de 4 mil 300 millones de dólares, aunque sólo beneficiará a unos 500 propietarios y apenas generará cerca de 350 empleos.
El parque eólico, explicó el gobierno de Cué Monteagudo, se construirá unas 5 mil 300 hectáreas de los municipios zapotecos de Juchitán de Zaragoza y El Espinal, donde se instalarán 132 aerogeneradores.
Aunque el gobierno del estado estimó esta acción como “un hecho sin precedentes en Oaxaca”, porque se realizó mediante consultas, organizaciones no gubernamentales y la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco (APPJ) calificaron de “amañadas” las reuniones.
En abril pasado, la APPJ, junto con la organización Prodesc, interpuso un amparo en el Séptimo Distrito Federal en Salina Cruz por la fase informativa, la tercera de cinco, que conforma la consulta indígena que se realiza en Juchitán desde noviembre de 2014, con la finalidad de aprobar o no el parque eólico en Juchitán.
Después de 18 meses de presuntas “consultas”, los gobiernos federal y estatal confirmaron que en octubre próximo iniciará la construcción del parque eólico que la empresa Mareña Renovables pretendía instalar en la zona huave.
A través de un comunicado, el gobierno de Cué detalló que la empresa que llevará a cabo el proyecto es Eólica del Sur, con instalaciones en el municipio de El Espinal y Juchitán de Zaragoza, beneficiando a más de 500 propietarios. Asimismo, abundó, se van a generar 350 empleos a lo largo de 15 a 20 meses.
Las etapas para la realización de este proyecto estratégico fueron: Acuerdos previos, donde se midieron los impactos del proyecto, sus dimensiones y acuerdos con los interesados; Etapa consultiva, censo con los interesados y la ciudadanía de los municipios involucrados, y la Etapa deliberativa, en la que se acordó a favor del proyecto.
Y finalmente la de Construcción, esta última programada para los meses de octubre o noviembre de este año.
También explicó que las tierras no se adquieren o se compran, aunque hay un arrendamiento por 30 años con los dueños, el cual comprende 5 mil 300 hectáreas, lo que deriva en recursos seguros en el tiempo que dure el contrato de renta.
Además, se van a ver favorecidos los municipios con la renovación de todas las luminarias, esto significa, que ahora ellos tendrán luminarias ahorradoras de energía y desde luego se van a ver reflejados en los costos del consumo de la misma, puntualizó.
Finalmente, los gobiernos federal y estatal destacaron que Oaxaca se convierte en un estado a la vanguardia en energía renovable y aporta su granito de arena al país en este tema, ya que se están sentando los precedentes del gran potencial para generar energía solar e hidroeléctrica.
-“Primera semana por la paz México-Japón”, a 70 años de Hiroshima y Nagasaki
Organizaciones civiles y culturales realizan la “Primera Semana por la Paz México-Japón” en la Ciudad de México para conmemorar el 70 aniversario del lanzamiento de las bombas atómicas sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki.
A partir de ayer y hasta el domingo 9 de agosto, en distintas sedes culturales de esta capital se llevarán a cabo actividades en torno a la paz, la enseñanza y la memoria de la devastación de las bombas y sus efectos sobre las víctimas, sus sobrevivientes y la humanidad, según las agrupaciones organizadoras.
Las actividades incluirán teatro, danza butoh, exhibiciones fotográficas, proyecciones y debates sobre el cine japonés de posguerra, además de un taller de Amnistía Internacional.
Este lunes 3 de agosto abrió el festival con la función “Teatro para el Fin del Mundo: El Haiku del Derrumbe”, en la Casa Museo León Trotsky.
El jueves 6, cuando se conmemora el 70 aniversario de la caída de la bomba en Hiroshima en 1945, se hará sonar la “Campana de la paz” en el Parque Lira a las 8:30 de la mañana.
Para el domingo 9, aniversario de la explosión en Nagasaki, se plantará el “Árbol por la paz”, aunque aún no está definido el lugar donde se hará.
Las organizaciones participantes en la “Primera Semana por la Paz México-Japón” son:
La Gracia Producciones, empresa cultural creada en el 2013; la organización no gubernamental Red ECO-PAZ, cuya misión es la “construcción de una cultura de paz”; La Sociedad Mexicana de Japonología, A.C. (SOMEJA) –creada en 1992 para promover las relaciones amistosas entre los dos países– y Mayors for Peace, organización internacional de ciudades dedicadas a la promoción de la Paz, establecida en 1982 en Hiroshima.
El año pasado, en el Centro Cultural Chapultepec, La Gracia Producciones inició las actividades relativas al bombardeo de las dos ciudades japonesas. Ahí se organizó un breve homenaje a las víctimas.
Para octubre próximo, las organizaciones civiles esperan la llegada del “Barco de la Paz” a Cozumel, cuyos tripulantes traerán testimonios de los hibakusha, como se les conoce a los sobrevivientes de las bombas atómicas que causaron miles de muertes en la isla y dieron paso al fin de la Segunda Guerra Mundial.
Mañana 5 de agosto, el embajador de Japón en México, Akira Yamada, inaugurará la exhibición fotográfica “Hiroshima y Nagasaki: 70 años del desastre nuclear” en el Senado de la República.
-Liberan en Chiapas a indígena que “por error” estuvo preso más de un año
TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- Preso injustamente por un año y cinco meses por llamarse igual que un homicida del municipio de Villacorzo, el zoque Víctor Hernández quedó este día en libertad, confirmó su abogada Francelia Estrada Gálvez.
Hernández Gómez, de 49 años, fue detenido en febrero de 2014 en el estado de Oaxaca y confundido con un homicida cuyo nombre real es Víctor Manuel Hernández Gómez, por lo que fue puesto a disposición de la Procuraduría de Chiapas que, a su vez, lo consignó ante Horacio Estrada, juez del ramo penal en Villaflores y quien dictó ocho años de prisión contra el indígena.
Al retomar el caso, la defensora Estrada Gálvez comprobó el caso de homonimia y la nula labor de investigación que realizó la PGJE y juez penal, por lo que impugnó el procedimiento.
El 1 de noviembre de 2000 fue asesinado en la comunidad de Ocotal Maravillas, municipio de Villacorzo, Raquel Guillén Santiago, de 20 años.
Los primos de la víctima, Fredy Guillén Tamayo y Octavio Guillén Ruiz, únicos testigos del crimen, denunciaron ante las autoridades judiciales a Víctor Hernández Gómez como responsable del homicidio.
Luego de asentar el nombre del asesino en la averiguación previa 2016/49-B/2000, elementos de la PGJE iniciaron la búsqueda de Hernández Gómez, quien para entonces ya había huido del pueblo.
En tanto, el otro Víctor Hernández Gómez, zoque originario de la comunidad Luis Echeverría, municipio de Ocotepec, migró al vecino estado de Oaxaca para buscar trabajo y enviar dinero a su esposa, embarazada en ese entonces, y a sus cuatro pequeños hijos que viven en la extrema pobreza, como casi todos en ese lugar.
La abogada documentó que los padres de Raquel Guillén Santiago no conocían al detenido y sentenciado, pero eso no importó al juez, quien dictó cárcel de ocho años al zoque.
Luego de una campaña mediática y la recolección de firmas a través de Change.org, la denuncia llegó a las instancias del Poder Judicial de Chiapas y de la PGJE, que tomaron cartas en el asunto.
Previo a su liberación, Hernández Gómez recibió la visita de varios funcionarios y de la oficina estatal de derechos humanos para conocer su caso. Le preguntaron quiénes eran sus abogados y quién estaba sufragando la campaña mediática.
Antes, la abogada Francelia Estrada había interpuesto un amparo para obtener la libertad del indígena sin resultado alguno. Sin embargo, hoy de forma sorpresiva entregaron a los defensores la boleta de liberación de Hernández Gómez.
Estrada Gálvez, Arturo Ramos, Pepe Espinosa y Ramiro Gómez, quienes hicieron pública la denuncia e iniciaron la campaña de denuncia, fueron los primeros en recibir a Víctor Hernández Gómez.
En su comunidad natal ya lo esperan ansiosos su esposa Francisca Martínez Hernández y sus cuatro hijos menores de edad: José Antelmo, Rodrigo, Francisco Javier y un bebé de un mes.
-Se amparan afectados por derrame en río Sonora; “Grupo México miente”, acusan
HERMOSILLO, Son. (apro).- La comisión presidencial para el rescate de los ríos Sonora y Bacanuchi, presidida por Rodolfo Lacy Tamayo, declaró concluida la fase de contingencia por el derrame de 40 mil metros cúbicos de metales tóxicos que se registró el 6 de agosto del año pasado.
En contraparte, habitantes de la zona interpusieron cinco amparos contra diversas omisiones por parte de Grupo México y de diversas autoridades federales, y para exigir que sus derechos sean garantizados a través del cumplimiento de los compromisos planteados a raíz de los hechos ocurridos en el municipio de Cananea.
En conferencia de prensa, vecinos y productores organizados en los Comités de Cuenca del Río Sonora detallaron los daños ambientales y económicos que han sufrido a raíz del episodio contaminante, y señalaron que no han recibido atención médica y de remediación suficiente por parte de las autoridades y la empresa responsables.
“A 12 meses de los hechos, tanto el gobierno federal como (la minera) Buenavista del Cobre han sido omisos en la remediación del río Sonora provocada por el derrame. El gobierno ha sido omiso en la atención, y Grupo México ha estado mintiendo constantemente a la opinión pública acerca de que el problema ya está solucionado y el río está limpio”, subrayó Julieta Lamberti, investigadora de Poder, organización que brinda acompañamiento a los afectados.
Por su parte, el titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Guillermo Haro Bélchez, destacó que en los últimos meses se logró la remediación ambiental de los primeros 30 kilómetros desde la pileta de lixiviados hasta el río Bacanuchi, de donde se retiraron mil 302 metros cúbicos de tierra contaminada, según informó
Los residuos retirados, precisó, serán dispuestos en un lugar dentro de la mina Buenavista del Cobre autorizado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
No obstante, los integrantes de la comisión se negaron a entregar a los representantes de los medios los estudios, imágenes o videos probatorios del resarcimiento ambiental, pero anunciaron el inicio de las obras de de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental de Sonora (UVEAS).
Dicha Unidad, cuya inversión será de 279 millones, operará hasta 2029 con recursos del fideicomiso Río Sonora y estará localizada en el municipio de Ures.
En conferencia de prensa, el titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), Mikel Arriola Peñalosa, informó que a la fecha han atendido a 10 mil 875 personas afectadas por el derrame. De esa cifra, agregó, existen 360 casos confirmados de padecimientos por exposición a los metales tóxicos y se ha indemnizado a 179 víctimas con una bolsa de 7.8 millones de pesos.
El funcionario federal detalló que de esos 360 afectados, 290 (80.56%) presentaron daños en la piel, 25 experimentaron gastroenteritis (6.94%), 15 deficiencias oftalmológicas (4.17%), 11 afecciones neurológicas (3.06%), dos padecimientos cardiovasculares (0.52%) y 17 otros síntomas (4.72%).
Precisó que a la fecha se han entregado 36 mil 752 indemnizaciones, que generaron una derrama económica de 795.2 millones y representan 7.6 veces el Producto Interno Bruto (PIB) registrado en la región del río Sonora en 2013.
En total, la comisión presidencial ha destinado mil 140 millones de pesos para resarcimiento del tejido social, económico y ambiental de las cuencas sonorenses, dijo.
A su vez, el presidente del Fideicomiso del Río Sonora, Rodolfo Lacy Tamayo, adelantó que en la próxima fase de remediación se concentrarán en la construcción de 37 plantas potabilizadoras, la unidad de vigilancia en Ures y en atender las necesidades de la población.
“El resarcimiento social se está concluyendo en cada uno de los siete pueblos afectados y en este momento se están entregando indemnizaciones a 85% de los afectados”, estimó.
Sin embargo, las cuentas alegres entregadas por la comisión presidencial fueron cuestionadas por los más de 40 pobladores del río Sonora que irrumpieron en la sala de conferencias del hotel capitalino donde se presentaron los funcionario ambientales.
Allí, la investigadora de la Universidad de Sonora, Reina Castro Longoria, destacó que el macro derrame debe ser considerado como delito de lesa humanidad, porque además de afectar a 23 mil pobladores del río Sonora, la contingencia alcanzó al millón de residentes de Hermosillo, quienes desde hace un mes fueron advertidos de que los contaminantes sedimentados en la presa El Molinito fueron desfogados a la presa capitalina Abelardo L. Rodríguez, por orden de la Comisión Nacional del Agua.
“Si ustedes (integrantes de la comisión presidencial) han hecho cientos o miles de análisis al agua, no los han entregado a la luz pública de una manera transparente, porque en el portal oficial de la Semarnat, un mes tienen valores altísimos, luego los desaparecen por completo y los siguientes reportes son más altos que todos los anteriores, como es el caso de hasta 200 microgramos de arsénico por litro”, resaltó la académica.
A esa queja se unieron otras más de quienes acudieron al recinto del Fideicomiso y donde los pobladores aprovecharon para exponer sus casos.
Ante las denuncias ciudadanas, el titular de Cofepris prometió integrar una de mesa de análisis a las reuniones del Fideicomiso, donde se tomen en cuenta los casos de afectados que escapan a la burocracia ambiental.
-Cae presunto líder de Guerreros Unidos en Edomex
En un tiroteo registrado en Querétaro, la Secretaría de Marina Armada de México (Semar) detuvo al presunto jefe de Guerreros Unidos en el sur del Estado de México, Adrián Jaimes Vences y/o Adrián Jiménez Rodríguez y/o Gael Jaimes López.
Según la Semar, la captura ocurrió este lunes 3 en San Juan del Río Querétaro, durante un patrullaje de los hombres de mar en las inmediaciones del fraccionamiento Las Rosas, donde “detectó al probable delincuente circulando a bordo de un vehículo”.
Al darse cuenta de la acción de los marinos, el ahora detenido “accionó un arma de fuego contra el personal de la Armada de México”. Los marinos respondieron a la agresión, aplicando el Manual de Uso de Fuerza adjudicable al Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea.
En el comunicado en el que dio a conocer el hecho, la Semar evitó precisar el tipo de arma utilizada por el detenido.
Señaló que también resultó lesionada una mujer de 65 años, quien al parecer conducía el vehículo en el que iba el delincuente. La Marina tampoco dio más detalles sobre esta persona, sólo dijo que sus heridas no fueron de gravedad.
De igual manera, aseguró que Adrián Jaimes Vences y/o Adrián Jiménez Rodríguez y/o Gael Jaimes López operaba principalmente en Valle de Bravo, donde participaba en el trasiego de estupefacientes y armas en el sur del Estado de México, “así como en la ejecución de grupos antagónicos”.
El sur del Estado de México forma parte del corredor en el que Guerreros Unidos y Los Rojos se disputan el control del narcotráfico en ese territorio y el estado de Guerrero.
El nombre del grupo criminal ha sido mencionado en las investigaciones de la Procuraduría General de la República sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
La Marina aseguró en su comunicado que la detención del jefe del narcotráfico se hizo en colaboración de inteligencia con la Procuraduría General de Justicia del Estado de México.
-Obligada por las evidencias, la PGJDF recompone investigación de multihomicidio
La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) poco a poco se ha visto obligada a recomponer la tesis inicial del robo en el crimen del fotoperiodista Rubén Espinosa y cuatro mujeres.
Con las evidencias testimoniales y documentales recabadas hasta ahora, ya quedó claro que las víctimas no celebraban ninguna fiesta el día del multihomicidio y que Espinosa, su amiga la activista Nadia Vera y un amigo común llegaron al departamento de la colonia Narvarte a las dos de la madrugada del viernes 31 de julio. Ahí, el fotógrafo y su compañero permanecieron unas horas y después el amigo se retiró.
En este punto en particular, la versión de la PGJDF apunta a que Rubén nunca salió del departamento, pero hay otra versión que sostiene lo contrario: que salió con su amigo y regresó más tarde, solo.
La tesis del robo también se sostiene con pinzas porque hasta ahora no tienen el inventario de las pertenencias sustraídas. Sólo se sabe que los tres sospechosos se llevaron celulares e identificaciones.
El procurador Rodolfo Ríos sostuvo este martes un encuentro informal con reporteros de la “fuente”, quienes le recriminaron que la dependencia a su cargo haya filtrado al diario La Razón el video que muestra a los sospechosos salir del edificio y llevarse el Mustang rojo, con franjas blancas en el toldo y el cofre, que el pasado lunes fue encontrado, abandonado, en la delegación Coyoacán.
Forzado por esa situación, el funcionario distribuyó el video del C4 de la Secretaría de Seguridad Pública del DF, en el que se observa a tres sujetos saliendo del edificio ubicado en el número 1909 de la calle Luz Saviñón a las 15:02 horas del viernes 31.
Uno de ellos intentó cruzar la calle a pie, jalando dos maletas negras, una grande y otra pequeña encima, aparentemente pesadas –en las que la PGJDF sospecha que llevaba los objetos y valores sustraídos del departamento–; otro, caminó en sentido contrario a la circulación de los autos. El primero y el tercero subieron al Mustang, presuntamente propiedad de una de las víctimas, la colombiana de nombre Nicole o Simone.
Para la PGJDF, los tres hombres son los principales sospechosos de la ejecución de cinco personas: el fotoperiodista colaborador de Proceso, Rubén Espinosa, la promotora cultural y activista, Nadia Vera, la estudiante de belleza Yesenia Quiroz, así como Alejandra, trabajadora doméstica y la colombiana.
Ríos Garza detalló que el Mustang, placas 486VRN –cuya tarjeta de circulación se encontró dentro del departamento en cuestión– no está a nombre de la colombiana, sino de un individuo que ya está plenamente identificado y que en cualquier momento sería llamado a declarar.
“Tenemos ya unos datos en el sistema de a quién pertenece el Mustang. Tenemos una dirección, se tiene que verificar, pero será llamado a declarar en la averiguación previa para que nos diga por qué no estaba en su posesión este vehículo y por qué estaba en la posesión de esta persona (la colombiana) en ese lugar (el departamento)”.
De acuerdo con información de Milenio, se trata de Sergio Cervantes Conde, residente de la colonia Primero de Mayo, cerca de las colonias Romero Rubio y Morelos.
En un breve comunicado, la Procuraduría aclaró que hasta el momento ninguna persona se ha presentado a declarar ante el Ministerio Público para deslindar responsabilidades sobre el título de propiedad del auto.
Policías de investigación, agregó, acudieron a un domicilio de la delegación Venustiano Carranza donde los vecinos negaron conocer a la persona identificada en el documento vehicular. Sin embargo, dijeron que a esa vivienda llega correspondencia sobre vehículos de lujo a nombre de diferentes destinatarios, pero con el mismo domicilio.
Dos testigos clave
Según el titular de la PGJDF, desde el viernes 31, cuando se descubrió el crimen hasta hoy al mediodía, la Fiscalía de Homicidios ha tomado 20 declaraciones. Entre ellas, las de una de las mujeres que compartía el departamento con al menos dos de las víctimas, y la del amigo de Rubén Espinosa que estuvo con él en el departamento.
De acuerdo con la línea de tiempo reconstruida en la investigación, Nadia, Rubén y un amigo de éste llegaron al departamento el viernes 31 de julio a las 02:00 horas. Antes estuvieron en otro lugar, aparentemente, un bar. Los jóvenes se quedaron ahí toda la madrugada, pero en la mañana el testigo se retiró del lugar. Rubén se quedó en el departamento. Alrededor de las nueve horas llegó la empleada doméstica a trabajar.
Lo dicho por el procurador contradice la primera versión que se conoció del hecho, pues se dijo que Espinosa Becerril llegó a una fiesta que había en el departamento desde el jueves en la tarde.
Rodolfo Ríos agregó que se han realizado 80 peritajes en apología, genética, toxicología, identificación dactilar, química, identificación de grupo sanguíneo, prueba de Harrison, mecánica, tránsito, criminalística y fotografía.
Además, comentó que en el quíntuple homicidio se utilizó la misma arma de fuego, calibre 9 milímetros, la cual no está relacionada con ningún otro hecho delictivo. En el lugar se hallaron cinco casquillos.
El funcionario confirmó que el día del crimen los vecinos no escucharon ruidos extraños ni los disparos en el departamento. Reconocieron que sus habitantes solían hacer reuniones de manera esporádica con música.
Reiteró que la PGJDF no ha descartado ninguna línea de investigación, incluso la relacionada con el trabajo periodístico del fotorreportero Rubén Espinosa y el activismo social de Nadia Vera.
A diferencia de lo que ayer dijo el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, en el sentido de que no había tenido contacto con el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, luego de las denuncias públicas que hicieron Rubén y Nadia, este martes, el procurador reviró:
“Se ha tenido contacto, el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, el doctor Miguel Ángel Mancera, con el gobernador de aquella entidad en Veracruz, como un servidor con el Fiscal General de Veracruz”.
Añadió que están en espera de que les envíen información sobre la existencia de alguna denuncia de Rubén o Nadia interpuesta en ese estado.
Sobre la identidad de la mujer colombiana, el procurador dijo que ya se enviaron sus huellas dactilares al consulado de Colombia en México para confirmar los datos, así como al Instituto Nacional de Migración para conocer el estado legal que tenía en el país.
Versiones periodísticas aseguraron que la mujer de 29 años había llegado un mes antes a México y tenía pocos días de vivir en el departamento, al que llegó por recomendación de la anterior inquilina.
CNDH pide investigación con evidencias
El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, demandó al Gobierno del Distrito Federal que la justicia para las víctimas del multihomicidio se refleje “en resultados rápidos y concretos de la investigación, soportados con evidencias”.
Según un comunicado, el organismo da “especial seguimiento” a la actuación de la autoridad ministerial en la investigación de los hechos. Agregó que para esclarecer el crimen, la PGJDF “debe atender todas” las líneas de investigación.
“Ningún crimen, ninguna agresión, ninguna desaparición, ningún daño en propiedad de bienes de los comunicadores debe quedar impune. En la medida en que haya impunidad es en la medida en que se generan condiciones para que esto siga sucediendo”, dijo el ombudsman.
-Relator de la OEA pide al gobierno de Peña investigar a fondo el crimen de Rubén
WASHINGTON.- La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la OEA condenó el asesinato del reportero gráfico de Proceso y Cuartoscuro, Rubén Espinosa, e instó al gobierno de México a llevar a cabo un investigación exhaustiva del crimen.
Dependiente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Relatoría indicó que Espinosa, además de reportero gráfico también era “un activista que exigía medidas para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra los periodistas”.
La condena también se extendió para el caso de la activista chiapaneca Nadia Vera Pérez y otras tres mujeres que se encontraban junto con el fotoperiodista y que fueran ejecutados el pasado 31 de julio en un departamento de la colonia Narvarte, en el Distrito Federal.
En su pronunciamiento, la Relatoría “insta a las autoridades mexicanas a actuar de manera pronta y oportuna para investigar el crimen e identificar y sancionar a los responsables”.
Asimismo da cuenta de que Espinosa había salido de Veracruz para refugiarse en el DF “tras recibir amenazas”. Con base en las propias declaraciones del fotógrafo en diversas entrevistas, destaca que el colaborador de Proceso y Cuartoscuro dijo que mientras cubría una manifestación de estudiantes una persona del gobierno del estado de Veracruz se le acercó y le advirtió que dejara de tomar fotos si no quería terminar como Regina Martinez, la corresponsal de Proceso asesinada en Veracruz en 2012.
“La Relatoría manifiesta especial preocupación por la reiteración de este tipo de actos violentos contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación en México”, dijo.
En el comunicado, refiere que en el 2014 fueron asesinados ocho periodistas presuntamente por ejercer su libertad de expresión y que en lo que va del año suman cinco, incluido Espinosa.
“El estado de Veracruz es de los más peligrosos para ejercer el periodismo en México”, subraya la Relatoría Especial de la OEA, con sede en esta ciudad, y enfatiza que “cuando tales delitos quedan impunes fomenta la reiteración de actos violentos similares y puede resultar en el silenciamiento y en la autocensura de los y las comunicadoras”.
Por separado, la organización no gubernamental defensora de los derechos humanos Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), se unió a la condena internacional por el asesinato del fotógrafo.
“Una vez más la muerte de un periodista provee una ilustración alarmante de las amenazas y la violencia que enfrentan los periodistas y defensores de derechos humanos en México”, dijo.
Wola sostuvo que la “cobertura” que hacía Espinosa de las cuestiones sociales en Veracruz “le valió la ira de los funcionarios estatales, y plantea también serias dudas sobre el preocupante patrón de homicidios de periodistas en México”, especialmente en la entidad gobernada por el priista Javier Duarte.
-Caen dos exmilitares salvadoreños que trabajaban para “Los Zetas”
Elementos del Grupo de Coordinación Tamaulipas (GCT) detuvieron a 41 presuntos integrantes de dos grupos criminales, entre ellos dos entre ellos dos exmilitares salvadoreños.
Los centroamericanos Luis Antonio Funes y José Miguel Ángel Gálvez aceptaron que trabajaban como sicarios para un grupo delincuencial que opera en Reynosa, y recibían un pago mensual de 15 mil pesos cada uno.
En un comunicado, el GCT precisó que las detenciones de los dos exmilitares y otras 39 personas derivaron de los operativos realizados a partir del 21 de julio en las regiones centro, frontera y costa de la entidad.
La dependencia estatal precisó que en la región centro del estado personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Policía Federal (PF) y Fuerza Tamaulipas detuvo en tres acciones distintas a ocho personas, cuatro de las cuales formaban parte de una banda de secuestradores y extorsionadores que operaba en los municipios de San Carlos, Padilla y Victoria.
En tanto, en la región frontera la PF capturó a Gloria Leticia López Morales y a los dos exmilitares salvadoreños. La detención de los tres sujetos se registró en la carretera Playa General Lauro Villar-Tijuana, en el tramo de la caseta de peaje Palo Blanco.
La mujer declaró que su función era reclutar a delincuentes extranjeros, mientras que los exmilitares indicaron que trabajaban como sicarios y recibían un pago mensual de 15 mil pesos cada uno.
En Reynosa, 13 personas a quienes se les aseguraron armas de fuego y equipos de comunicación fueron aprehendidas en el fraccionamiento San Valentín, mientras que en la colonia Lomas Real de la Jarachina Norte cayeron cuatro sujetos encargados de colocar cámaras de video vigilancia para un grupo delincuencial.
Por último, en la región costa se logró la detención de 13 infractores, entre ellos cinco secuestradores.
Además de esas 41 detenciones realizadas del 21 de julio a la fecha, el Grupo de Coordinación Tamaulipas deshabilitó cinco narco-campamentos, tres de ellos en el municipio de Nuevo Laredo y dos más en Aldama.
Agregó que de enero a agosto del presente año, personal de las fuerzas de seguridad federal y estatal han localizado nueve narco-campamentos, de los cuales tres operaban en Nuevo Laredo, cuatro en Aldama, uno en Nueva ciudad Guerrero y uno más en Ciudad Victoria.
-Con Peña, repuntan pobreza y desigualdad en México
El 9 de enero de 2014, desde el templete instalado en el municipio guerrerense de Cochoapa El Grande, el más pobre del país, el presidente Enrique Peña Nieto declaró que el año que iniciaba debía “ser un año que nos permita acelerar el paso, especialmente en la concreción de este objetivo prioritario: abatir la pobreza y la desigualdad”.
Año y medio más tarde, el pasado jueves 23 de julio, el veredicto de la medición de pobreza 2014 del Consejo Nacional de Evaluación de las Políticas de Desarrollo Social (Coneval) esfumó los deseos del mandatario: a finales del año pasado, 55.3 millones de mexicanos vivían en la pobreza, 2 millones –y 200 mil menores de edad– más que en el inicio de la administración priista.
Pese a la millonaria inyección de recursos al diseño de políticas públicas enfocadas a revertir la pobreza, durante cada minuto que transcurrió entre 2012 y 2014 se hundieron dos mexicanos en la pobreza.
Según el Coneval, a finales de 2014 80% de los mexicanos se encontraba en pobreza o al borde de caer en ella –ya sea por su magro ingreso o por sufrir carencias sociales–, o sea 95 millones de personas.
Los 24.6 millones restantes obtuvieron ingresos satisfactorios sin sufrir de carencias. Eso quiere decir que en el segundo país más desigual de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), solo el 20% de la población se salvó del rezago social.
En entrevistas por separado, expertos sostienen que la principal explicación del incremento de la pobreza se encuentra en la caída de los ya escasos ingresos de millones de mexicanos.
Sin embargo, coinciden en señalar el fracaso de la política social del gobierno para garantizar sus derechos a todos los ciudadanos, como establece la Constitución.
De acuerdo con la organización Gestión Social y Cooperación (Gesoc), la cual monitorea el diseño, el desempeño y la calidad de las políticas públicas de desarrollo social, el gobierno federal destinó 457 mil millones de pesos a su política social el año pasado, equivalente al 11.6% del presupuesto programable.
Más de la cuarta parte de este presupuesto, 141 mil millones de pesos, fue asignada a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y el resto se repartió entre la docena de secretarias involucradas en la política social, como la Secretaría de Educación Pública (SEP), la Secretaría de Salud (SSA) o la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Con esa asignación, la Sedesol fue la secretaría con el tercer mayor presupuesto del gabinete de Peña Nieto en 2014, aunque de acuerdo con el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados, realizó un subejercicio de 4 mil 482 millones de pesos.
“Los más pobres”
“Llegamos dónde nadie había llegado; alcanzamos a los más pobres de los pobres”. Es con ese lema que la titular de la Sedesol, Rosario Robles, suele presentar a la Cruzada Nacional contra el Hambre durante los eventos públicos.
A través de los 90 programas que conforman la Cruzada y que operan distintas secretarias –sobre todo la Sedesol, la Sagarpa, Semarnat, Salud y Educación–, el gobierno pretende erradicar el hambre en el país, por lo que le atribuyó cerca de 200 mil millones de pesos el año pasado.
Sin embargo, al analizar los datos del Coneval, y más particularmente al comparar la evolución de las carencias sociales con el nivel de ingreso de la población, se puede observar que la política social del gobierno peñanietista no mejoró las condiciones de vida de los más necesitados.
Así, desde 2012 los indicadores de varias carencias sociales se estancaron para el 10% de los mexicanos más pobres: el rezago educativo se quedó en 33%, la falta de acceso a los servicios básicos de vivienda permaneció en 58%, mientras que el 90% de ellos seguía sin contar con seguridad social.
En cambio, los programas de afiliación al Seguro Popular redujeron en un 4% la falta de acceso a los servicios de salud del decil de mexicanos más pobres, mientras que la calidad de sus espacios de vivienda mejoró en un 1%.
Respecto a la población total de México, las carencias antes mencionadas disminuyeron entre 2012 y 2014. La única excepción fue el rezago en el acceso a la alimentación que, además de disminuir de menos de 1% para el decil más pobre, se agravó en términos generales.
Durante los primeros dos años de gobierno de Peña Nieto y a pesar de la Cruzada Nacional contra el Hambre, la falta de acceso a la alimentación pasó de 23.3% a 23.4%. Al terminarse el año pasado, 28 millones de mexicanos sufrían esa carencia; 600 mil más que en 2012.
Es más: de acuerdo con la base de datos de los Logros de la Cruzada Nacional contra el Hambre, que registra los montos gastados por municipio y por entidad federal hasta el cierre de 2014, ciertas de las entidades más beneficiadas por los programas claves de la estrategia, como Prospera o el programa de pensiones “65 y más”, registraron incrementos en los niveles de pobreza y de rezago alimentario.
De acuerdo con este documento, cuya copia tiene Proceso, Chiapas fue una de las entidades más beneficiadas por la Cruzada en 2014. Recibió, por ejemplo, 2 mil 358 millones de pesos del gobierno federal para Prospera, 2 mil millones en el programa de pensiones “65 y más”, 319 millones en tarjetas SinHambre y otros 179 millones en tiendas Diconsa, entre muchos.
No obstante, la tasa de pobreza se incrementó en 4.7%, la de pobreza extrema aumentó en un 1.5% y el rezago en acceso a la alimentación se disparó en un 14.2% y la pobreza extrema.
Administrar la pobreza
De mismo modo, el gobierno federal gastó 3 mil 419 millones de pesos en el estado de México para las pensiones “65 y más”; mil 590 millones en Prospera; poco más de mil millones de pesos en la dotación de leche fortificada; o mil 868 millones en las tarjetas SinHambre, entre muchos.
Otra vez, la tasa de pobreza creció de 12.8%, la de pobreza extrema se disparó en un 27.6% y el rezago en el acceso a la alimentación en un 24.2%.
El Coneval estimó que las tres cuartas partes de la población indígena se encontraba en situación de pobreza a finales del año pasado, los cuales sin duda les incluía en los “más pobres de los pobres”.
Pero tampoco llegó la política social a mejorar sus niveles de vida. La tasa de pobreza extrema entre los indígenas se incrementó de 1.2% en dos años y alcanzó el 31.8% de la población, más de cuatro veces la tasa de extrema pobreza en la población no indígena.
Según el segundo informe de gobierno, que Peña Nieto entregó en septiembre de 2014, la administración priista destinó 151 mil millones de pesos al “desarrollo integral de los pueblos indígenas” durante sus primeros dos años en el poder –un promedio anual de 75 mil millones, 30 mil millones más de lo que invertía su antecesor–.
Según el Coneval, la tasa de pobreza se agravó en 11 entidades federales –con mayor magnitud en Veracruz, Oaxaca, el estado de México y Michoacán–, se estancó en siete y mejoró en 14, sobre todo en Nayarit, Guerrero y Jalisco.
El pasado 27 de julio, las organizaciones reunidas en la Acción Ciudadana Frente a la Pobreza estimaron que el gobierno federal comete un “grave error de enfoque” en el combate a la pobreza, al concentrar sus esfuerzos a través de la Cruzada Nacional contra el Hambre.
“La Cruzada presenta problemas serios de diseño y de rendición de cuentas, quizá los más importantes son que reduce su objetivo a 7 millones de personas y que pretende resolverla con comedores, tarjetas y comités”, plantearon, al estimar que en México ya no se necesitan más programas sociales para “repartir cosas”.
Durante sus primeros dos años a cargo de la dependencia, Rosario Robles no dejó de elogiar los logros de la “Política Social de Nueva Generación” emprendida bajo la administración de Peña Nieto. Según ella, el nuevo enfoque dejó atrás las viejas estrategias asistencialistas.
“Basar la política social en programas la vuelve asistencialista, ya que la población, cuando está recibiendo el beneficio desde el gobierno, se vuelve presa de la idea que si se comportan mal lo pueden perder”, comenta a esta agencia la socióloga Araceli Damián, investigadora en el Colegio de México (Colmex). Estima que la política social en México equivale a “administrar la pobreza”.
Ejercicio de comunicación
En plena crisis de credibilidad tras la evasión espectacular de Joaquín “El Chapo” Guzmán –que hizo anecdótica la visita de Peña Nieto a Francia–, y en medio de una delicada situación económica –marcada entre otros por el hundimiento del peso frente al dólar y del derrumbe de los precios del petróleo, la decepcionante “Ronda Uno”, y los recortes presupuestarios –, el gobierno tuvo que rendir cuentas sobre el fracaso del combate a la pobreza.
La Sedesol fue la primera en reaccionar: la presentación de los resultados del Coneval aún no terminaba en el Centro Cultural Isidro Fabela, ubicado en la colonia San Ángel, cuando la dependencia emitió un “posicionamiento” en el que interpretó las cifras de la pobreza para presentar un balance positivo de sus acciones, en un intento de contener las críticas que no tardarían en llover.
En este documento, en lugar de comentar el incremento de la pobreza general, la Sedesol se felicitó de la reducción de la pobreza extrema, que según el Coneval disminuyó de 9.8% a 9.5% entre 2012 y 2014. A finales del año pasado, esa institución consideraba que vivían en México 11.4 millones de personas en la miseria, 100 mil menos que en 2012.
La Sedesol no mencionó que durante este periodo el número de mexicanos cuyos ingresos no bastaban para comprar la canasta alimentaria se incrementó de 0.6%, hasta afectar a 24.6 millones de personas el año pasado, un millón más que en 2013.
La entidad también se jactó de la reducción de la pobreza extrema en los menores de edad y las personas mayores de 65 años. Si bien concedió que “seguimos teniendo una deuda con las personas con discapacidad”, ni siquiera evocó al incremento de esta condición en la población indígena.
En su comunicado, la Sedesol insistió que a raíz de la “buena focalización” de los programas sociales, los ingresos del 10% de los hogares más pobres del país aumentaron. Y no de un 2.1% como lo planteó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), sino de 6.5% entre 2012 y 2014.
Pero aun tomando en cuenta el Módulo de Condiciones Socioeconómicas (MCS), que reportó un incremento de 6.5% del ingreso trimestral promedio de los hogares más pobres del país, la ganancia fue de un peso por día y por persona. El ingreso de cada ocupante del hogar pasó de 16.8 pesos a 17.9 pesos diarios.
“No es ningún logro, porque este incremento proviene de las transferencias públicas a través de los programas”, comenta el economista Gerardo Esquivel, investigador en el Colmex.
Y precisa: “En la medida en que estos individuos no pueden acceder a una canasta, seguirá siendo un mal resultado”.
Robles en frente
El comunicado de la Sedesol no funcionó: las organizaciones civiles, los periódicos y el sector privado no dejaron de cuestionar al gobierno y sus políticas social y económica.
La propia Rosario Robles asumió, de manera personal, la defensa del gobierno federal en el combate a la pobreza e intentó convencer que “debemos seguir por este camino”.
Así, tanto en una columna que firmó en El Financiero el viernes 24, como durante una conferencia de prensa el lunes siguiente, o en el programa Alebrijes difundido en Televisa más tarde ese día, Robles reiteró que el incremento del ingreso de los más pobres y la disminución de la pobreza extrema eran una “buena noticia”.
Durante sus sucesivas apariciones públicas, la secretaria repitió que los resultados del Coneval sólo capturaron “una fotografía” de 2014, pero no reflejaron las supuestas mejoras inducidas por las reformas estructurales a inicios de 2015, ni el rediseño del programa Prospera.
Entre otros, Robles argumentó que “el contexto económico adverso” fue uno de los factores que aumentó la pobreza. También lo fue el crecimiento poblacional: de acuerdo con la funcionaria, parte de la agravación de la pobreza se explica porque “en los (hogares) más pobres el promedio de niños nacidos es mayor al promedio nacional”.
Asimismo, sostuvo, “la gente, la más rica como la más pobre, no dice cuánto está ganando (a los encuestadores)”, lo que genera “un subregistro en el ingreso”.
Durante su participación a Alebrijes, afirmó que a la Sedesol le hubiera resultado fácil entregar 2 mil pesos a la gente en situación de pobreza para que “pasaran la línea” y no fueran considerados como pobres en la encuesta del Coneval, pero precisó que eso hubiera sido “irresponsable”.
Y, con un tono cada vez más defensivo, Robles terminó por declarar que “la Sedesol no es la única secretaria del gobierno que tiene la responsabilidad de combatir la pobreza”.
“A la Sedesol le toca diseñar los programas sociales que permiten que quienes están una mayor condición de pobreza puedan enfrentar en mejores condiciones esta situación de pobreza. Fue la tarea que nos dio el presidente Enrique Peña Nieto”, aclaró.
Más temprano en el día, el mismo Peña Nieto admitió que le resultaba “evidente que la política social no ha sido suficiente” aunque, subrayó, sirvió para “contener el incremento de la pobreza”.
“El día posterior a la publicación de los resultados, el logro consistía en la mejor focalización de los programas. Y el lunes siguiente el mensaje cambió: el éxito de la política social fue contener la pobreza. Si aspiramos como país a que el máximo logro sea ése, no podemos aspirar a resolver el problema”, planteó Héctor Rubio, coordinador de iniciativas estratégicas en Gesoc, en entrevista con Proceso.
En el estudio de Alebrijes,Robles perseveró en el optimismo. Estimó que ciertos aspectos de la economía lucen positivos para 2015 –“se crearon empleos con una cifra récord, hay inversiones, hay mayor consumo de las familias, se paga menos por la luz y la telefonía”, y anticipó que estas mejoras “seguramente” se verán reflejadas en la próxima medición de la pobreza, en 2017.
El día siguiente, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CELAC) ajustó sus previsiones de crecimiento económico en México para el año 2015: del 3% que estimó en abril, lo redujo a 2.4%, por la caida de los precios del petróleo, los bajos salarios, las escasas inversiones y un consumo interno “modesto”.
-Ex militares salvadoreños, sicarios en Tamaulipas que mataban por 15 mil al mes
El Grupo de Coordinación Tamaulipas reportó la detención de 41 integrantes de dos grupos criminales, así como la localización de cinco narco-campamentos, en operativos efectuados en las regiones centro, frontera y costa de esta entidad.
La dependencia estatal refirió en un comunicado que elementos de las fuerzas federales en coordinación con agentes estatales lograron debilitar la estructura delincuencial del 20 de julio a la fecha.
Explicó que en la región centro del estado, personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Policía Federal y Fuerza Tamaulipas detuvo en tres acciones distintas a ocho personas, de las cuales cuatro eran integrantes de una banda de secuestradores y extorsionadores que operaba en San Carlos, Padilla y Victoria.
En tanto, en la región frontera de la entidad, personal de la Policía Federal detuvo en la carretera Playa General Lauro Villar-Tijuana, en el tramo caseta de peaje Palo Blanco, a Gloria Leticia López Morales y los ex militares salvadoreños Luis Antonio Funes y José Miguel Ángel Gálvez, quienes aceptaron ser integrantes del grupo delincuencial que opera en Reynosa.
La mujer declaró que sus funciones eran reclutar a delincuentes extranjeros, mientras que los ex militares indicaron realizar funciones de sicarios por un pago mensual de 15 mil pesos cada uno.
Entre otras acciones efectuadas en Reynosa, destaca la detención en el fraccionamiento San Valentín de 13 personas, a quienes se les aseguraron armas de fuego y equipos de comunicación.
Además de la detención por parte de personal de Fuerza Tamaulipas en la colonia Lomas Real de la Jarachina Norte ubicada en esta localidad, de cuatro personas encargadas de colocar cámaras de video vigilancia para un grupo delincuencial.
El Grupo de Coordinación Tamaulipas añade que en la región costa, personal que integra el operativo de seguridad logró la detención de 13 infractores, entre ellos cinco secuestradores.
Además de las detenciones, en el periodo mencionado se logró la deshabilitación de cinco narco-campamentos, tres de ellos en el municipio de Nuevo Laredo y dos más en Aldama.
Agregó que de enero a agosto del presente año, personal de las fuerzas de seguridad federal y estatal han localizado nueve narco-campamentos, de los cuales tres operaban en Nuevo Laredo, cuatro en Aldama, uno en Nueva ciudad Guerrero y uno más en Ciudad Victoria.
-Inminente, la aprobación de prisión domiciliaria para Gordillo: abogado
Marco Antonio del Toro, abogado de la profesora Elba Esther Gordillo, anunció que se desistió de presentar pruebas del estado de salud de la exidirigente del SNTE, con la intención de acelerar la aprobación de la prisión domiciliaria de su cliente.
El defensor de la profesora explicó que se desistió de la prueba pericial para recortar los tiempos que ponían en perjuicio “la situación de un adulto mayor”.
El abogado precisó que a partir del lunes próximo, el juez Alejandro Caballero estará en posibilidades de resolver la prisión domiciliaria de Gordillo.
“Jurídicamente (Elba Esther Gordillo) podría irse ya a su casa. Esto debe resolverse en la próxima semana. Son tres días los que tiene que fijar el juez para la audiencia”, explicó Marco Antonio del Toro.
La exdirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación está presa en la Torre Médica del Penal Femenil de Tepepan, en Xochimilco, Distrito Federal.
-Asesinan a fotógrafo en Tabasco
VILLAHERMOSA, Tab.- El fotógrafo Adrián Martínez López fue hallado muerto la mañana de este martes en la orillas del río del Ejido Nabor Cornelio del municipio de Jalpa de Méndez, a unos 35 kilómetros de esta capital.
El cuerpo presentaba huellas de tortura; además, la boca y los ojos se encontraban cubiertos con cinta gris y las manos estaban atadas en la espalda. A un costado del cadáver sus victimarios dejaron una cuerda con la que al parecer fue ahorcado.
La policía local reportó que Martínez López era fotógrafo profesional y tenía un estudio de fotografía “Glamour” en la calle 27 de febrero de Jalpa de Méndez, de donde se presume fue sacado ayer lunes por la noche para luego asesinarlo.
El vehículo de la víctima, un Chevrolet Chevy negro, placas WPT-85-41 de Tabasco, fue localizado frente a su foto estudio, el cual utilizaba para trasladarse hasta el poblado Nicolás Bravo de Jalpa de Méndez, donde radicaba.
Familiares identificaron el cadáver del joven fotógrafo de 35 años.
-Reportan balacera en Plaza Santo Domingo; no hay heridos
Una fuerte movilización policiaca se registró esta tarde en calles del Centro Histórico, luego del reporte que hicieran vecinos de una balacera en la Plaza Santo Domingo, sin lesionados.
Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSP-DF), detuvieron a dos personas por portación de arma de fuego, quienes al parecer realizaron disparos al aire. Sin embargo, las primeras versiones que circularon fue que se trato de un intento de robo.
Datos del reporte policiaco detallan que en la esquina de Belisario Domínguez y República de Brasil, los detenidos realizaron disparos con una pistola Pietro Beretta. Ante la alarma que causaron las detonaciones se desplego un operativo de seguridad.
En el citado punto se detuvo a Alfredo Pulido Ramos, de 30 años y Miguel Ángel González Varela, de 33, quienes tras ser sometidos a una revisión los uniformados les encontraron el arma. En el lugar se encontraron seis casquillos calibre 9 milímetros.
Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público en la Coordinación Territorial CUH-2 donde se definirá su situación jurídica.
-Alertan: trasladarán a Cemeí Verdía a Lázaro Cárdenas; su seguridad en riesgo
Morelia, Mich. El Juzgado Cuarto de lo Penal dictó auto de libertad por homicidio calificado a favor de Cemeí Verdía Zepeda, primer comandante de la Policía Comunitaria de Santa María Ostula, municipio de Aquila, por falta de pruebas que lo acrediten.
Sin embargo, se declaró incompetente para resolver lo referente al delito de robo calificado que se le imputa y regresó el expediente a la ciudad de Lázaro Cárdenas porque de ahí es la juez que dictó dicho auto.
La Procuraduría de Justicia estatal dijo que se acusa a Verdía Zepeda de robar rollos de alambre propiedad del ayuntamiento de Aquila el pasado 30 de mayo. En un comunicado, el Poder Judicial de Michoacán informó que por las agravantes, Cemeí no podrá enfrentar su proceso de libertad.
Ignacio Mendoza, abogado de Cemeí, informó que el hecho de que el expediente se haya enviado a Lázaro Cárdenas “no implica” que su cliente sea enviado al penal de ese puerto, por lo que continuará preso en el Centro de Readaptación Social David Franco Rodríguez, conocido como Mil Cumbres, de Morelia.
Sin embargo, miembros del equipo de apoyo y solidaridad con la comunidad indígena de Ostula no descartaron que Cemeí pueda ser enviado a esa penitenciaría, lo que pondría en peligro su vida, pues ahí se encuentran recluidos muchos integrantes de crimen organizado, particularmente de Los Caballeros Templarios.
En un comunicado, exigieron la inmediata liberación del coordinador general de las autodefensas de Aquila, Coahuayana y Chinicuila, y que el Ejército reconozca su responsabilidad en el asesinato del niño Hidilberto Reyes García y de los hechos ocurridos el pasado 19 de julio en Ixtapilla, Santa María de Ostula.
Mendoza explicó que interpuso un recurso de apelación para que un tribunal de alzada determine si el auto de formal presión que dictó la jueza cuarta de lo penal del Distrito Judicial de Morelia, Amalia Herrera Arroyo, se ajusta o no a derecho.
-Rubén Espinosa no solicitó Mecanismo para Protección de Personas: SG
La Secretaría de Gobernación (SG) señaló que el foto reportero Rubén Espinosa y la activista Nadia Vera no solicitaron la ayuda del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, adscrito a esta dependencia. Dijo que la unidad de Prevención, Seguimiento y Análisis de este mecanismo se encuentra en construcción.
Tras el homicidio de cinco personas en un departamento de la colonia Narvarte, la SG emitió un comunicado para responder a organizaciones de la sociedad civil, del Espacio_OSC. Enseguida el comunicado firmado por Sara Irene Herrerías, titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de Gobernación.
"La Secretaría de Gobernación condena los lamentables hechos en los que fallecieron el periodista Rubén Espinosa y cuatro personas, el pasado 31 de julio en la ciudad de México. Así, esta dependencia a través del Mecanismo se mantendrá atenta a los avances que lleven a cabo las instancias correspondientes en materia de investigación e impartición de justicia, como parte de su responsabilidad fundamental de proteger, promover y garantizar los derechos humanos.
Al respecto, el 14 de junio de 2015, de acuerdo con el monitoreo de medios de comunicación que realiza diariamente el Mecanismo, se advirtió que en una nota periodística publicada en el medio electrónico e-veracruz.mx se señalaba que Rubén Espinosa, fotoperiodista radicado en el estado de Veracruz, salió con dirección al Distrito Federal por actos presuntamente intimidatorios en su contra.
A partir de esta situación y como parte del procedimiento interno del Mecanismo, se solicitó de manera oficiosa información a distintas autoridades que, por razón de su competencia, pudieran tener información relacionada con el caso. Autoridades con las que se mantiene una relación de comunicación fluida y permanente.
Como lo señalan en su comunicado las organizaciones, la Secretaría de Gobernación mantiene un diálogo permanente con las organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la promoción y defensa de los derechos humanos y periodistas; en especial, a través del Mecanismo. En el marco de este diálogo permanente, representantes de las organizaciones comunicaron a personal del Mecanismo que le plantearían al periodista la posibilidad de solicitar su incorporación al mismo.
Consecuentemente, personal del Mecanismo señaló la absoluta disponibilidad de llevar a cabo la incorporación del periodista al mismo, para en su caso, dictar medidas de protección inmediatas y elaborar un análisis de riesgo de acuerdo con el procedimiento establecido en la Ley de la materia.
A partir de ese momento y hasta la fecha, no se recibió ninguna solicitud de incorporación del periodista, organización que lo representa o alguna organización de la sociedad civil en general.
Es importante señalar que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 25 de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, toda persona, ya sea defensora de derechos humanos o periodista, debe dar personalmente su consentimiento para incorporarse al Mecanismo. De lo contrario, se llevaría a cabo un acto de autoridad atentatorio con la libertad personal y de decisión del periodista o defensor.
Igualmente, este Mecanismo, advierte que la víctima Nadia Vera, en ningún momento solicitó su incorporación o señaló públicamente tener alguna situación de riesgo derivada de su activismo social, ni se detectó amenaza alguna o reporte de agresión a través del monitoreo permanente de medios que realiza este Mecanismo.
El Mecanismo ha sido, y continuará siendo, una instancia abierta a las opiniones de la sociedad civil, las cuales sin duda constituyen un elemento indispensable para fortalecer su actuación.
Convencidos de la necesidad de consolidar y direccionar la actuación del Mecanismo en favor de la protección efectiva de periodistas y defensores en riesgo, la Secretaría de Gobernación lleva a cabo un proceso de fortalecimiento institucional con acompañamiento de organizaciones de la sociedad civil de prestigio nacional e internacional en materia de protección de personas con perspectiva de derechos humanos, que ha permitido construir análisis de riesgo con procesos objetivos y eficientes, facilitar la toma de decisiones en materia de planes de protección, agilizar los procesos internos de atención y eficientar la implementación de medidas de protección.
Este proceso ha sido, en todo momento, abierto y transparente frente a la sociedad y a las organizaciones que trabajan en la protección y defensa de los derechos humanos, tomando en consideración las opiniones y críticas respecto al funcionamiento del Mecanismo.
Como parte de este proceso, la Secretaría de Gobernación se encuentra realizando las acciones necesarias para lograr el funcionamiento pleno de la Unidad de Prevención, Seguimiento y Análisis, a efecto de contar con diagnósticos de situación de derechos humanos de periodistas y defensores de derechos humanos, mapas de riesgo, propuestas de ajuste normativo, propuestas de política pública de prevención, planes de prevención y seguimiento a la oportunidad, idoneidad y efectividad de las medidas de protección y prevención implementadas por el Mecanismo.
Por último, la Secretaría de Gobernación reitera el compromiso de consolidar de manera definitiva el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas como una institución que proteja de manera efectiva y oportuna a toda persona que solicite su incorporación por encontrarse en una situación de riesgo vinculada con su actividad periodística o de defensa de derechos humanos, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno y con las organizaciones de la sociedad civil, para que sea un espacio de diálogo que permita mejorar las condiciones de seguridad de quienes ejercen estas actividades siempre con una perspectiva de respeto y promoción a los derechos humanos".
-Asesinatos en Narvarte deben investigarse como feminicidios: activistas
Activistas por los derechos de las mujeres exigieron a las autoridades que los cuatro asesinatos ocurridos en un departamento de la colonia Narvarte, donde también fue ejecutado el fotoperiodista Rubén Espinosa, sean investigados como feminicidios.
"Estamos indignadas y consternadas. Lamentamos la muerte de Rubén y la situación de riesgo para los periodistas", señaló María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional contra el Feminicidio (OCNF), quien se sumó al llamado para que las pesquisas de los crímenes en contra de Nadia Vera, Yesenia Quiroz, Simone y Alejandra se realicen con perspectiva de género.
Por su parte, Marcelina Bautista, presidenta del Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar, pidió que esta "tragedia no quede impune, como los otros miles de casos que ocurren en México ".
Los resultados de la averiguación no deberán vincularse con un mero robo, sino dar cuenta de la actividad que tenía Nadia Vera por la defensa de la libertad de expresión y las denuncias que manifestó en torno a las violaciones a los derechos humanos por parte del gobernador de Veracruz, Javier Duarte, consideró Atziri Ávila, coordinadora de la Red Nacional Defensoras de Derechos Humanos.
La activista señaló que el multihomicidio no que tiene que ver con gremios, "sino con la crisis de derechos humanos en el país". Advirtió asimismo una preocupación porque esos hechos hayan ocurrido en el Distrito Federal, "cuando hasta ahora había sido un refugio para periodistas y defensores de las garantías amenazados en otras entidades, como ocurrió con Nadia y Rubén. Eso visibiliza la gravedad del asunto", apuntó.
En redes sociales diversas organizaciones y usuarios han emprendido una campaña con el hashtag #LasVamosaNombrar, para reconocer y hacer visibles a estas cuatro mujeres asesinadas y torturadas el pasado viernes 31 de julio.
-Un muerto y tres lesionados por derrumbe de obra en Cuajimalpa
El secretario de Protección Civil del Distrito Federal, Fausto Lugo, confirmó el fallecimiento de una persona en el derrumbe de la construcción del puente en Hueyetlaco en la delegación Cuajimalpa.
En su cuenta de Twitter el funcionario local informó que luego de las labores de rescate se determinó que no hay más personas atrapadas en el lugar, ubicado en los límites de la citada demarcación y el municipio de Huixquilucan, Estado de México.
“Una persona fallecida en el derrumbe de la construcción del puente en Hueyetlaco, ya no hay más personas atrapadas en el punto @SPCCDMX”, escribió el secretario en la cuenta @Fausto_Lugo.
En otro tuit, señaló que hay tres personas lesionadas, una de ellas fue trasladada a un hospital, mientras que las otras dos fueron atendidas en el lugar.
Por su parte, Hiram Almeida Estrada, titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF), informó del rescate y traslado a un hospital de dos personas, y aseguró que en el lugar de los hechos se encontraban rescatistas y paramédicos de la Cruz Roja del Distrito Federal, quienes laboraban en coordinación con el Cuerpo de Bomberos.
El presidente municipal de Huixquilucan, José Reynol Neyra González, precisó que el percance ocurrió al desgajarse un muro de contención en una obra que se realiza desde hace aproximadamente un año y medio.
Aunque el accidente se produjo en el Distrito Federal, su administración envío 30 elementos de protección civil y siete unidades para colaborar en trabajos de rescate de un hombre que quedó atrapado.
Planteó, en entrevista, que alrededor de las 12:00 horas recibió la alerta de un derrumbe y que presuntamente 16 trabajadores habían quedado atrapados en las obras del puente vial. Minutos después, dijo, fue informado que 13 personas salieron por su propio pie de entre los escombros, dos más fueron rescatados con vida aunque lesionados y uno más, hasta las 15 horas, no estaba localizado.
Dijo que en el pase de lista se confirmó la identidad de cada uno los trabajadores y uno de ellos es el que esta en calidad de desaparecido. Personal de protección civil realiza labores de rescate con sumo cuidado y con la esperanza de encontrar con vida al trabajador, comentó el edil.
Reynol Neyra aseguró que no existe riesgo de derrumbe en las obras de la barranca de Hueyetlaco, dentro del perímetro del estado de México, luego del percance de este martes.
Puntualizó que las obras del puente vehicular de Hueyetlaco que comunicará al estado de México y Distrito Federal, son trabajos conjuntos de las dos entidades y el gobierno federal, y son financiadas con recursos del fondo metropolitano.
“Lo importante es que la obra siga su curso, este es un accidente que se suscita en torno a los trabajos que se vienen realizando, y yo no lo consideraría de otra índole, e insistir que fue un accidente”, insistió el alcalde de Huixquilucan.
El derrumbe se registró en avenida del Olivo a la altura de Tecamachalco, colonia Club de Golf.
