El Rector de la Universidad Iberoamericana en Puebla, Fernando Fernández Font, alertó que la entidad “es una bomba a punto de estallar” ante el autoritarismo y represión de la protesta por parte del gobierno estatal, encabezado por Rafael Moreno Valle Rosas, lo que amenaza los derechos humanos de los ciudadanos.
Acusó que las leyes y casos polémicos no se discuten públicamente ni son objeto de análisis y puso como ejemplo la llamada “Ley Bala”, a la que el mandatario local tuvo que meter reversa tras una serie de críticas y protestas.
Durante la presentación de su informe por el segundo año de labores en esa institución, y ante autoridades municipales, estatales y federales, además del Arzobispo de Puebla, el Rector aseguró: “En el ámbito local, la situación de derechos humanos se encuentra amenazada entre la tentación autoritaria de control y represión gubernamental de la movilización y la protesta, y los fenómenos de violencia social y sexual que se han incrementado en los últimos meses”.
De acuerdo con medios locales, el Rector detalló los vicios del gobierno encabezado por Moreno Valle: el autoritarismo y la represión del gobierno estatal, las amenazas a los derechos humanos, la ausencia de contrapesos, la aprobación de leyes sin discusión y los intereses económicos detrás de los megaproyectos como el gasoducto Morelos.
“Como se ha documentado y denunciado por diversos actores, los contrapesos en el estado son cada vez más inexistentes, lo que ha traído como consecuencia, por mencionar un ejemplo evidente, la aprobación de leyes polémicas que no se discuten públicamente ni son objeto de un análisis multifactorial y respetuoso de los derechos humanos, como se espera de un régimen democrático”, acusó. “Tal es el caso de la llamada #LeyBala que, bajo la intención de regular el uso de la fuerza pública durante las manifestaciones y protestas, parecería esconder el interés de controlar el espacio público y cerrarle el paso a la disidencia. Pese a que fue limitada en su contenido, esta ley fue aprobada y publicada, cobrando sus primeras víctimas con el operativo, que tuvo lugar en San Bernardino Chalchihuapan a principios de julio”, dijo.
“Otra acción legislativa preocupante es la Ley de Expropiación para el estado de Puebla, toda vez que en su aplicación entran en juego diversos intereses económicos con fines de apropiación de terrenos para megaproyectos mineros y de instalación de gasoductos que amenazan la seguridad pública y han generado múltiples y justificadas protestas entre las comunidades afectadas”, añadió. Además, Fernández Font consideró que la pobreza en la entidad es igual que con el ex Gobernador Mario Marín Torres que con Moreno Valle, dijo que si bien hay diferencia entre las administraciones, la pobreza es un fenómeno que no se ha logrado combatir en una década.
“Son dos gobernadores distintos, dos problemas distintos, pero una coincidencia: cada vez hay más pobres, cada vez el salario alcanza menos, cada vez la distribución de las ganancias es más injusta y cada vez hay menos democracia”, advirtió.
Fernando Fernández cuestionó sobre la inversión en los proyectos que buscan fomentar el turismo en Puebla. “Esta administración ha invertido muchísimo dinero, muchísimos recursos y muchísimo esfuerzo en mejorar ciertas zonas, como la rueda de la fortuna y ahora con el Museo Internacional Barroco […] Se ve que es un Gobernador que le interesa demostrar a la ciudadanía que está haciendo mucho, pero por el otro lado uno se pregunta ¿y eso a quién beneficia? Puebla sigue siendo un estado de máxima pobreza”.
También comentó sobre la situación política actual del país, de la cual señaló que el regreso del Partido Revolucionario Institucional (PRI) al Ejecutivo federal, estuvo marcado por el Pacto por México, la coalición partidario entre el PRI y los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), con el cual “se decidieron 95 reformas detenidas en los últimos 20 años”.
“Dicho pacto, que inició con un fuerte impulso esperanzador, poco a poco se fue diluyendo al no dar cabida plena a los intereses de la sociedad y de los propios partidos políticos. Con todo y esta situación, las reformas electorales fueron avanzando en medio de pugnas, descontento social y protesta ciudadana, quedando en evidencia el verdadero interés detrás de la partidocracia: la lucha por el reparto del poder y del dinero del erario público”, refirió.
Y alertó: “Los principales problemas del país, como la violencia exacerbada, la pobreza extrema, la injusticia e inequidad, la sistemática violación a los derechos humanos, así como la expansión de enclaves autoritarios y de Estado fallido en el territorio mexicano, ilustran que el actual gobierno federal ha sido deficitario en gobernabilidad, democracia y justicia social. Igualmente, ha sido notable la ausencia de una estrategia gubernamental para inhibir y acotar la corrupción endémica que atraviesa al país, con toda la opacidad”, la impunidad y la falta de transparencia que ello conlleva”.
Fernando Fernández advirtió que “en el marco estatal los gobernadores han acrecentado un control muy importante sobre sus territorios a base de un ejercicio de la autoridad que no admite contrapesos; sin embargo, el PRI–gobierno, al mismo tiempo ha ido restaurando un presidencialismo autoritario a la vieja usanza, que se vale de los controles que se ejercen a nivel local”.
INAH RECHAZA PROYECTOS DE RMV
Ayer, investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) Puebla denunciaron, por su parte, que en al menos cuatro de los proyectos del gobierno de Moreno Valle en la entidad, violan diversas leyes federales, entre ellos el de la construcción del Parque de las Siete Cultura en la zona arqueológica de Cholula; además señalaron que temen que en Cholula se dé un caso como el de Chalchihuapan, donde un menor perdió la vida a consecuencia de una bala de goma disparada por policías que intentaban contener una manifestación.
También se deslindaron de los permisos otorgados por la delegación federal, a cargo del antropólogo Francisco Ortiz Pedraza, y cuestionaron que debido a que el delegado del Centro INAH Puebla no es experto en temas de preservación y conservación del patrimonio, ya que es antropólogo, el gobierno del estado se ha brincado el trámite en la entidad y acude directamente a las oficinas centrales del instituto, en la Ciudad de México, para que estas licencias procedan.
En rueda de prensa, los especialistas Sonia Espinosa, Cecilia Vázquez, Ignacio Ibarra, Elisa Ávila, Francisco Mendiola, Miguel Balbuena, Patricia Flores, Denise Monserrat Ramos y Graciela Sánchez denunciaron que las obras como el Distribuidor vial de Cholula, el teleférico, el edificio de 11 pisos que se construye en la zona monumental del Centro Histórico de Puebla, y una cancha de futbol rápido a mitad del zócalo del siglo
XVII de Tochtepec, presentan una serie de anomalías.
Sobre el Parque de las Siete Culturas, los especialistas reiteraron que hasta el momento no existe ningún permiso liberado por el INAH para comenzar con la construcción de planchas de cemento en el sitio arqueológico.
Francisco Mendiola, jefe de los investigadores del Centro INAH en Puebla, argumentó que los gobiernos de San Andrés y San Pedro Cholula están violando el decreto presidencial de 1972, que da protección al sitio arqueológico, al intentar edificar el parque temático de las Siete Culturas. Por este ilícito, advirtió que los ayuntamientos podrían ser multados por incumplir la Ley federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.
Y aseguró: “Estamos en contra de estos trabajos que por debajo del agua se meten […] El estilo del Gobernador es no tomar en cuenta al INAH y realizar la obras, necesitamos los proyectos y trabajar sobre el proyecto para no afectar el patrimonio arqueológico y cultural”.
Además alertó que temen que en Cholula se dé un caso similar al de Chalchihuapan, con la aplicación de la #LeyBala ante la oposición generalizada de la población a obras innecesarias. “Están tocando el corazón de la identidad cholulteca por intereses del gobierno”, reclamó.
Por su parte, la arqueóloga Rita Cruz Valdés manifestó que el proyecto de Moreno Valle de transformar el Hospital Siquiátrico en un museo de sitio es muy vago y se tienen que aclarar varias cuestiones.
“No hay ningún elemento oficial que nos diga qué condiciones va a tener, si es una edificación de un particular o del gobierno, si lo dan como dato, si lo prestan o si lo donan, eso tiene que quedar claro. Luego la colección si va a ser institucional y quién administra el lugar, si el gobierno del estado invierte al rato va a querer utilizar el lugar y lucrar con él”, sostuvo.
Fuente: Sin Embargo| La Redacción
