El gobierno de Felipe Calderón fue denunciado ante la Procuraduría General de la República (PGR) por su probable responsabilidad y/o complicidad en el tráfico de armas promovido por Estados Unidos a México en la operación Rápido y Furioso.
La organización no gubernamental Desarma México anunció este martes que la querella fue presentada por la participación que pudieron tener altos funcionarios del sexenio pasado en la introducción ilegal de armas ideada por la estadunidense Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés).
La denuncia se basa en las comparecencias y documentos del Departamento de Justicia ante el Senado de Estados Unidos que refieren el conocimiento que tenían funcionarios del gobierno mexicano, dijo el abogado Gonzalo Aguilar Zinser, integrante de Desarma México y uno de los firmantes de la denuncia, al darla a conocer durante un foro de El Colegio de México (Colmex).
También explicó que en uno de los documentos de ATF, que forman parte de la investigación del Senado estadunidense, se habla de una entrega controlada con el conocimiento de funcionarios mexicanos.
En ese testimonio, un funcionario de la ATF informa a un superior en el sur de la frontera de esa agencia que se procedió a la introducción a México de 19 armas de alto poder y que los agentes homólogos en México perdieron el convoy. Eso indicaría que hubo mexicanos que sabían que se iban a meter las armas al país, añadió el abogado.
En 2011, cuando detonó el escándalo, luego de una investigación realizada por el International Consortium of Investigative Journalists, con sede en Washington, la PGR aseguró que no tenía conocimiento de la operación.
Al amparo del concepto de “víctima directa” de la Ley de Víctimas, quienes firman la queja denuncian “la pasividad del Estado mexicano y, en su caso, la complicidad de las autoridades que pudieron tener conocimiento, participaron, permitieron e incentivaron el tráfico ilegal de armas desde Estados Unidos a nuestro país, desde el año 2006 y hasta el 2011”, como parte del programa de la ATF.
Esa política deliberada de la ATF se extendió prácticamente durante todo el sexenio de Calderón. En total, más de 3 mil armas acabaron en manos de la delincuencia organizada, primero como parte de un operativo denominado Wide Receiver (Receptor Abierto) y luego de Rápido y Furioso.
Ese tráfico ilegal de armas, a cargo tanto de agencias gubernamentales estadunidenses como presumiblemente mexicanas, resultó en el homicidio, secuestro, extorsión y asalto a mano armada de civiles y policías, sostienen los denunciantes.
Uno de esos casos fue el de la matanza de Villas de Salvárcar, en Juárez, Chihuahua, en enero de 2010, cuando fueron asesinados 17 adolescentes y 12 resultaron heridos.
“Nuestras autoridades no sólo incumplieron con su obligación de impedir el tráfico ilegal de armas a nuestro país, también, de manera cuestionable e irresponsable, presumiblemente permitieron su introducción”, indica la denuncia firmada por Sergio Aguayo Quezada, Miriam Morales Sanhueza, Gonzalo Aguilar Zinser, Felipe Gómez Mont Landerreche, José Miguel Castillo Hernández, Paulina Arriaga Carrasco, Javier Shütte Ricaud y Daniel Téllez Santana.
Los quejosos piden a la PGR que investigue la colaboración que pudieron tener funcionarios mexicanos, pues inicialmente Rápido y Furioso consideraba que las armas que se entregaran a los traficantes tuvieran chip o localizador digital, pero al final se buscó su identificación balística una vez utilizadas o aseguradas.
También, que la dependencia federal determine si funcionarios mexicanos o extranjeros cometieron delitos en nuestro país. Y explican: Se presume que las autoridades mexicanas enviaban información balística de casos relacionados con esas armas a autoridades estadunidenses, o éstas directamente intervinieron en asuntos policiales en territorio mexicano para su rastreo.
En este caso, las autoridades mexicanas necesariamente hubieran tenido que permitirles el libre acceso a escenarios del crimen, con lo que se actualizaría una violación a la soberanía del Estado mexicano.
La PGR, reclamaron, debe investigar bajo qué figura jurídica se habría permitido esa presencia o si fue una “absoluta negligencia” de las autoridades mexicanas de entonces.
Resultaría más grave, abundaron los denunciantes, que si estos posibles delitos fueron perpetrados por miembros del gobierno mexicano encargados de la procuración de justicia, o pertenecientes a cuerpos de policía o las Fuerzas Armadas.
En su demanda, que se anunció durante el seminario sobre Violencia en México que se realiza en el Colmex, apelan a la figura de víctimas directas porque en un futuro esas armas pueden ser accionadas en contra de alguno de ellos.
“Eso me da derecho para que se investigue y castigue a los que permitieron su entrada”, dijo Aguilar Zinzer.
Fuente: Proceso| JORGE CARRASCO ARAIZAGA
