Increíble, pero finalmente los diputados decidieron pellizcar, así sea de forma suave, los intereses del poderoso pulpo minero que opera en el país, sustentado en los bienes nacionales y la connivencia con el poder público. En el pasado reciente no fueron muchos los intentos del Legislativo por recuperar parte del usufructo de la enorme riqueza minera mexicana –privatizada por obra y gracia del salinismo–, pues era más tardado armar y presentar iniciativas en tal sentido que el pleno camaral en echarlas al bote de la basura.
Como se ha comentado en este espacio, es inconcebible que nadie mueva un dedo para detener el salvaje saqueo minero que registra el país. Esta incalculable riqueza pertenece a los mexicanos, pero, a la vista de todos y en connivencia con el gobierno federal, cada año miles y miles de millones de dólares rebosan las alforjas de un grupúsculo de consorcios nacionales y las de unas cuantas empresas foráneas, canadienses la mayoría de ellas, sin que a cambio la nación reciba beneficio alguno.
Millones y millones de hectáreas concesionadas al gran capital del ramo (tantas que equivalen al 26 por ciento del territorio nacional, el neolatifundismo legalizado), miles y miles de kilogramos de metales preciosos extraídos, enormes daños ecológicos provocados, miserables salarios pagados e infrahumanas condiciones laborales, a cambio de migajas, si bien va, para el erario y sus habitantes, mientras la ley sectorial se mantiene intocada.
El penúltimo intento fallido, mediante iniciativa del Legislativo, para contener el asalto a la nación que encabeza el pulpo minero, data de 2009 y fue protagonizado por el entonces senador de la República (actual presidente de la Cámara de Diputados) Francisco Arroyo Vieyra, la cual, tras la efectiva presencia de los cabilderos del sector, fue rápida y directamente remitida al bote de la basura, aunque algunos todavía consideran que sólo está congelada.
Pues bien, casi cuatro años después del fallido intento de Arroyo Vieyra, y ya con Fox y Calderón, felizmente, fuera de Los Pinos, el pasado jueves el pleno de la Cámara de Diputados aprobó (359 a favor, 77 en contra –del PAN, obvio es– y 19 abstenciones) modificaciones a la ley minera y de coordinación fiscal (aunque en los hechos sólo a la última de las legislaciones corresponden los cambios), cambios que en su parte medular autorizan al gobierno federal cobrar un derecho especial de minería de 5 por ciento sobre las utilidades netas (debió ser sobre mineral extraído) de las empresas mineras (el 95 por ciento de la actividad, la extracción y los beneficios se concentra en cinco grandes consorcios y unas cuentas empresas extranjeras, mayoritariamente canadienses).
Dichas modificaciones apenas significan un pellizquito al pulpo minero, y nada tienen que ver con el compromiso 61 del Pacto por México, es decir, con la nueva ley de explotación minera que los pactistas prometieron para transformar la minería en una industria eficiente y socialmente responsable y que obligadamente deberá revisar el renglón fiscal. Habrá que ver si dicho compromiso toma al toro por los cuernos.
Lo llamativo de todo esto es que entre la fecha de presentación de la iniciativa (12 de marzo de 2013) y la de aprobación por parte del pleno de la Cámara de Diputados (25 de abril) apenas transcurrieron seis semanas, todo un récord para el Legislativo, quien no se fue a fondo, pero cuando menos se animó a proceder. Como bien lo recordó el promotor de dicha iniciativa, el zacatecano tricolor Adolfo Bonilla, se actualiza el pago de derechos por aprovechamiento, conforme se realiza en la industria minera mundial; México es de los pocos países en el mundo, junto con China, que no incluyen el pago de una regalía, la cual se sitúa en promedio entre el 3 y el 10 por ciento, dependiendo del país de que se trate.
Entre las especificaciones de la iniciativa aprobada, destaca que del cobro de ese derecho especial, el 30 por ciento se destinará al Fondo General de Participaciones y el 70 por ciento se distribuirá en partes iguales entre las entidades federativas y los municipios en donde se realizan las actividades de extracción minera, creándose el Fondo de Aportaciones para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros. Se establece también un Comité de Desarrollo Regional para las zonas mineras, con representación de los gobiernos federal, estatales y municipales, así como de las comunidades indígenas o agrarias, según sea el caso, así como una representación de las empresas mineras en la demarcación.
De igual forma, la iniciativa compromete que los recursos serán empleados en centros escolares, pavimentación y mantenimiento de calles y caminos locales, alumbrado público, rellenos sanitarios, plantas de tratamiento de aguas residuales, obras de drenaje público, manejo de residuos sólidos, mejora de la calidad del aire, rehabilitación de ríos y cuerpos de agua y obras que afecten de manera positiva la movilidad urbana y transporte masivo. Por ningún motivo estos recursos podrán ser empleados en gasto corriente ni en gasto suntuario, sino en infraestructura física. Habrá que ver el cabildeo del pulpo, porque falta el Senado.
Las rebanadas del pastel
En fin. Apenas un pellizquito al pulpo. Veremos qué tan lejos llega el Legislativo. Y como cápsula de memoria, año y medio atrás La Jornada publicó la siguiente información (la cual, dicho sea de paso, el pasado jueves fue profusamente mencionada en el pleno de la Cámara de Diputados sin que ningún diputado refiriera la fuente original): “tanto ha dado y sigue dando esta tierra, que sólo en la primera década del siglo XXI, con dos gobiernos panistas (2001-2010), un pequeño grupo de empresas mexicanas y extranjeras –con las canadienses a la cabeza– extrajeron el doble de oro y la mitad de la plata que la Corona española atesoró en 300 años de conquista y coloniaje, de 1521 a 1821, en lo que hoy es México, de acuerdo con la citada estadística.
En esa década panista, con Fox y Calderón en Los Pinos, los corporativos mineros obtuvieron 380 toneladas de oro y 28 mil 274 toneladas de plata de las minas mexicanas, contra 182 y 53 mil 500 toneladas, respectivamente, en los tres siglos citados. Ello, sin olvidar que 20 años atrás las invaluables reservas nacionales de cobre se entregaron a una sola empresa, Grupo México, cuyo dueño, Germán Larrea (el segundo hombre más rico del país), ni siquiera hizo el intento de rescatar los cuerpos de los 63 mineros que, cinco años después de la explosión, se mantienen bajo cientos de toneladas de tierra en la mina Pasta de Conchos, Coahuila.
Fuente: La Jornada | Carlos Fernández-Vega
