La medalla Belisario Domínguez ha sido asignada esta vez al fundador del Partido Acción Nacional, Manuel Gómez Morín, quien nació en 1897 en Batopilas, Chihuahua, y murió en la ciudad de México en 1972. Egresado de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, ocupó diversos cargos en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, donde llegó a ser subsecretario, y de 1921 a 1922 fue agente financiero de México en Nueva York, con la difícil encomienda de renegociar la deuda mexicana con los banqueros y petroleros norteamericanos (http://bit.ly/197RuEj). También fue el primer presidente del consejo de administración del Banco de México y rector de la universidad nacional ya con autonomía (su lema, al frente de la UNAM: austeridad y trabajo). De 1939 a 1949 fue presidente del partido que fundó, el de Acción Nacional.
Aun cuando es censurable el sistema de repartición anual de esta medalla mediante acuerdos entre los tres principales partidos (cada uno decide el nombre de quien será beneficiado cada año, en un burdo reparto de cuotas que empaña ese proceso de premiación cívica que debería ser tan ejemplar como el personaje chiapaneco al que así pretende honrar), la figura de Gómez Morín cuenta con atributos suficientes para tan importante reconocimiento público. Originalmente la bancada senatorial del PAN había considerado que la presea debería entregarse a otro difunto, el sinaloense Manuel J. Clouthier (cuyo nombre queda en lista de espera para el siguiente turno en que corresponda al PAN designar ganador), pero a última hora los derechistas optaron por el sentido fundacional y doctrinal de Gómez Morín.
El recuerdo y las enseñanzas de quien fue miembro de Los siete sabios y cuyos restos descansan en la Rotonda de las Personas Ilustres harían mucho bien a quienes hoy libran una batalla nada sorda por el control del partido de blanco y azul, inmersos los calderonistas en las sucias aguas acumuladas durante el segundo periodo de ocupación de Los Pinos (violencia desatada y violaciones cotidianas de derechos y libertades a cuenta de la terrible guerra contra el narcotráfico, corrupción en el ejercicio de gobierno, sometimiento del PAN a Los Pinos, clientelismo y fraudes electorales internos y contra el adversario de izquierda, entre otras características), y los maderistas en el pragmático adosamiento a las políticas priístas y al pacto con EPN (no es necesario insistir en el apabullante fracaso del primer militante que colocaron en el poder, Vicente Fox, quien vive hoy entregado declarativamente a Peña Nieto y dedicado a sueños empresariales relacionados con la mariguana).
Todo ha quedado listo para que Enrique Peña Nieto indulte al profesor Alberto Patishtán Gómez, encarcelado desde trece años atrás en el contexto de los poderes caciquiles que frente a luchas organizadas de campesinos e indígenas (en Chiapas, en este caso) suelen utilizar facciosamente los mecanismos políticos, policiacos y judiciales para castigar a los disidentes. La decisión de reformar el código penal federal y reiterar la facultad presidencial de indulto fue tomada ayer por unanimidad en San Lázaro, a pesar de que en el artículo 89 de la Constitución existe similar figura jurídica que podría dar libertad a Patishtán. Tan evidente es la injusticia cometida contra el profesor bilingüe y tan necesario el ponerlo a salvo de las rejas que los diputados federales prefirieron dejar de lado reparos jurídicos y colocar el asunto en el ámbito de Los Pinos que podrá presumir vocación justiciera a partir de este expediente. Es evidente que a Patishtán no hay nada qué perdonarle, pues el proceso judicial en su contra está lleno de pifias y abusos. Pero su libertad debe alentar la lucha en defensa de miles que siguen en las prisiones por causas similares.
Por si hubiera duda de que la violencia michoacana relacionada con el narcotráfico tiene objetivos regionales relacionados con la seguridad nacional, la Policía Federal instaló en Salamanca, Guanajuato, un mecanismo de vigilancia especial ante la posibilidad de que haya atentados contra instalaciones petroleras. A la beligerancia tradicional de los cárteles en pugna ha de añadirse el activismo de las policías comunitarias y nuevas tácticas que parecieran añadir tonos insurreccionales, como ha sucedido en la historia de otros países donde se han fundido las actividades de los traficantes de droga y ciertos grupos con definiciones ideológicas y políticas.
El confuso panorama ofreció ribetes de confrontación entre los gobernadores recientes, Fausto Vallejo, quien ha retomado la gubernatura luego de un trasplante hepático, y Jesús Reyna, el interino que actualmente está de vacaciones. Vallejo dijo que en su ausencia se dejaron de hacer ciertas cosas, lo que habría propiciado el llegar a la explosiva situación actual. El responsable de esas omisiones ha de entenderse que fue el interino Reyna, a quien diversas voces adjudican cercanía y relación con determinados grupos de poder fáctico, de la misma manera que otras versiones enlazan los intereses de Vallejo con esos mismos grupos, aunque desde distinto plano de negociación, o con opositores a estos. Lo cierto es que la política en Michoacán ha sido determinada a lo largo de varias administraciones gubernamentales, perredistas y priístas, por la influencia del dinero oscuro que financia campañas electorales y compra seguridad e impunidad y por la rigurosa fuerza de las armas que controla regiones enteras y a los altos funcionarios estatales que así solamente fungen como entes decorativos y declarativos.
Y, mientras el canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, tiene días de trabajo en México que incluirán una reunión con el titular de la SRE, José Antonio Meade, y en tanto en Los Pinos hacen cálculos sobre visitas de alto nivel, ¡hasta mañana, con más mexicanos naciendo en calles, andenes o antesalas hospitalarias, y con enfermos que mueren luego de días en espera de atención médica no otorgada!
Fuente: La Jornada| Julio Hernández López
