Ciertas pretensiones nativas de incorporar algunas variantes copetonas de ocasión al diseño estadunidense de la guerra contra el narcotráfico en suelo mexicano fueron firmemente atajadas desde Washington por el interventor designado para manejar esos asuntos, el elocuente general colombiano Óscar Adolfo Naranjo Trujillo que, actuando como voz determinante de lo que habría de hacer Enrique Peña Nieto en caso de ser instalado en Los Pinos, ha hecho saber que el mexiquense no hará pactos ni concederá tregua en esas batallas encarnizadas, y que un sexenio de tres colores se significaría por la preminencia de alianzas trasnacionales, con el vecino norteño como gran aliado.
El asomo imperativo del comisionado extranjero trata de meter orden en el disperso equipo peñanietista que juega a explorar formas de convivencia menos violenta con los bandos de narcotráfico que en esta ocasión jugaron un papel electoral importantísimo, en términos pecuniarios e incluso amenazando a funcionarios de casillas y ordenando a poblaciones que votaran en favor del partido asociado.
Una franja importante de la aportación ciudadana en votos a favor del retorno del PRI al poder tuvo como motivación la históricamente fundada expectativa de que así podrían restituirse los arreglos mafiosos que durante décadas sostuvieron la narcopaz. Carlos Salinas golpeó a caciques sindicales en busca de la legitimidad que se le regateaba (tumbó a La Quina petrolera y al profesor Jonguitud), pero Peña Nieto, si es confirmado por el tribunal electoral, tendría en el apaciguamiento de calles y carreteras una fórmula rápida en busca de legitimación de facto. Frenar las masacres y el horror instituidos por Felipe Calderón como realidad cotidiana provocaría expresiones de alivio en muchos mexicanos.
Sin embargo, la guerra contra el narcotráfico no es un asunto a decidir por los mexicanos. Felipe Calderón puso en marcha el plan sanguinario que la oficina gringa contra las drogas (la siniestra DEA) decidió en Cuernavaca a finales de octubre de 2006, según han relatado Jorge Torres e Ignacio Alvarado en un reportaje que publicó El Universal el 26 de enero de 2010 (bit.ly/8u43O8).
De acuerdo con esa información, el trazo mortal del sexenio felipista fue definido por la administradora general de la DEA, Karen Tandy; el entonces director de esa misma oficina para América del Norte y Centroamérica, David Gaddis (quien había sido ejecutor del Plan Colombia y luego se asentó en México), y dos funcionarios provenientes del equipo de Vicente Fox a los que Calderón daría nuevos cargos: Eduardo Medina Mora, quien sería procurador federal, y Genaro García Luna, que acabaría siendo un virtual vicepresidente ejecutante, pieza inamovible de la estrategia de guerra y afamado productor audiovisual.
En esta ocasión, el propio Peña Nieto, siendo candidato a la Presidencia, anunció al general Naranjo como asesor el pasado 11 de junio, en un acto violatorio de la soberanía nacional al hacer el colombiano consideraciones y declaraciones relativas al proceso electoral mexicano. Además, esa designación a futuro significó una descalificación de las fuerzas armadas mexicanas que hasta ahora han llevado el peso de la guerra, con la utilización selectiva de la Marina por considerarla un cuerpo menos dañado por la corrupción y más confiable para los jefes estadunidenses que luego se quejaban de dar pistas a los militares sin que estos actuaran o haciéndolo con tardanza suficiente para que escaparan los capos detectados.
A pesar de que en diversas ocasiones se ha reportado la presencia física de extranjeros angloparlantes en operaciones de militares o marinos, hasta ahora no se había anunciado una intención abierta de conceder injerencia a un mando foráneo (Naranjo recibió grado militar de general, siendo civil, por su carrera como jefe policiaco en Colombia). El mundo de las fuerzas armadas mexicanas vive, además, una convulsión peligrosa a causa de los actos de represión que como preámbulo sucesorio en la Secretaría de la Defensa Nacional ha llevado a la cárcel a generales, entre ellos, de manera destacada, a Tomás Ángeles, aliado de Peña Nieto y crítico de García Luna.
En ese rejuego de intereses y presiones se inserta la voz de mando del general colombiano que se atreve a hablar del futuro mexicano desde Washington, en instalaciones del Banco Interamericano de Desarrollo al que también asesorará en materia de financiamiento de programas de seguridad pública. En México, mientras tanto, se barajan nombres de posibles encargados de la SSP y la PGR (incluso se habla de reintegrar las labores de la primera al campo tradicional de la segunda): Jesús Murillo Karam, recio operador, está en primera línea, pero también se habla del retorno del actual embajador de México en Londres, Eduardo Medina Mora, partícipe en los acuerdos de Cuernavaca en octubre de 2006, a quien Calderón relegó en la procuraduría para dar privilegio a García Luna, acusando al citado EMM de actuar en función de intereses priístas, sobre todo resistiéndose a hacer que se libraran órdenes de aprehensión contra distinguidos militantes del tricolor.
En tales condiciones, nadie deberá pedir peras al olmo copetón si es que finalmente es instalado en Los Pinos. Sembrado, protegido y comercializado por los patrones gringos, el árbol perteneciente a la familia de las ulmáceas acabará dando naranjos de producción sudamericana con gringos injertos dominantes. Ayer, desde su matriz imperial, ese Naranjo anunció la continuidad de las andanzas felipistas y se puso emotivo: Llegó la hora de ahogar un poco la voz de los victimarios para empoderar la voz de las víctimas (recuérdese que propone crear grupos de choque contra los narcos, al estilo de los paramilitares colombianos) y apostólico: Predico que hace falta un enfoque regional y trasnacional contra el crimen.
Y, mientras la Permanente ha rechazado la firma felipista del ACTA, ¡hasta mañana, con AMLO presentando más evidencias de fraude y exigiendo que las autoridades transparenten contratos y operaciones de Monex!
Fuente: La Jornada
