Daniel Vázquez nunca olvidará su última noche en Luz y Fuerza del Centro, la empresa estatal de electricidad, donde había trabajado durante 22 años.
"Tu y tu gente se chingan", le dijo el oficial de policía mientras empujaba un rifle de asalto AK-47 contra su pecho. "Ustedes no entran"
Vázquez, de 59 años, estaba tratando de presentarse a trabajar al frente de un turno nocturno de 80 trabajadores en uno de los centros de atención telefónica a cargo de Luz y Fuerza del Centro (conocida como LyFC), que proporcionaba la red eléctrica para la ciudad de México y los estados vecinos.
El había visto el noticiero de la noche -10 octubre 2009- el cual informó que el gobierno de Felipe Calderón había ordenado a la policía apoderarse de las instalaciones de la empresa en quiebra y echar a sus trabajadores.
Sin embargo, la vista de decenas de oficiales de la policía federal fuertemente armados, completamente ataviados con equipo antidisturbios, cuidando a sus compañeros de trabajo de sus estaciones y obligando a algunos a alinearse contra una pared a punta de pistola fue desconcertante.
"En México, las empresas no tienen que preocuparse por sindicatos fuertes"-Carlos de Buen, abogado laboral.
Mi mundo se derrumbó ", dice. "Había un sentimiento masivo de impotencia, de no poder hacer nada. Tu no puedes responder a los abusos, tu no puedes responder a los abusos porque sólo se pondrá peor, y ellos te golpearán, incluso si tu no has hecho nada malo. "
Ahora, casi tres años después que la policía le impidió presentarse al trabajo, Vázquez es uno de los aproximadamente 13.000 de los 44.000 empleados de LyFC, todos ellos miembros sindicalizados que se han negado a tomar el pago ofrecido por el gobierno con la esperanza cada vez más desesperada que sus hijos recibirán sus empleos.
Mientras tanto, las operaciones de LyFC han sido sustituidas por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que atiende al resto de la red de México. También ha subcontratado los trabajos de mantenimiento de la infraestructura de LyFC a una flota de compañías privadas, una medida que al parecer a comprometido la seguridad y ha causado terribles accidentes laborales, incluyendo decenas de víctimas mortales al alza.
"No se trata de dinero. Esto es una injusticia y yo no quiero acompañarla", dice Vázquez. " Gasté los mejores años de mi vida en esta empresa, trabajando mucho cada día, abriéndome camino desde cuando me incorporé, como peón. ¡Qué manera de tratarme después de 22 años. "
El pago a los trabajadores sindicalizados no es suficiente
Negarse a aceptar el pago del gobierno ha venido a un alto costo. Vázquez se ha separado de su esposa y vive en una habitación alquilada, apenas sobreviviendo con trabajos esporádicos y dádivas de la familia.
Su salud también ha tenido un impacto, él ahora sufre de gastritis, cálculos biliares, depresión y un sinnúmero de otras condiciones. "Yo nunca fui al médico antes", dice con tristeza.
Detrás de la historia personal de Vázquez hay una compleja red de intrigas políticas y el ataque a los sindicatos por la administración del saliente presidente Calderón, del conservador Partido Acción Nacional.
Los observadores dicen esto es una herencia que el sucesor de Calderón, recientemente electo, Enrique Peña Nieto, probablemente continúe.
Todos los empleados de LyFC pertenecían al Sindicato Mexicano de Electricistas ", o SME, por sus siglas en español, uno de solo un puñado de sindicatos fuertes, verdaderamente independientes de México.
No es casualidad, que ellos disfrutaran de algunos de los mejores salarios y condiciones en el país, el destino del SME no habría podido estar más estrechamente ligado al de LyFC el único empleador de sus miembros.
En un país donde un 10 por ciento de la alta sociedad gana 26 veces lo que ganan las clases bajas - el segundo país más desigual de la OCDE, un grupo de 34 economías líderes democráticas - el esfuerzo del SME de defender los intereses de sus miembros estaba totalmente fuera de lugar.
A diferencia del SME, un 90 por ciento de los sindicatos en México firman "contratos de protección" con la dirección de la empresa. Estos contratos se caracterizan por ofrecer a los trabajadores el salario mínimo legal, garantizando con esto a los patrones el que no se produzcan huelgas.
La mayoría de los llamados "sindicatos de protección", no cobran las cuotas de afiliación y en cambio son financiados por los empleadores. A menudo los abogados de las empresas y los dirigentes sindicales que los negocian también reciben una "mordida" de las agradecidas compañías contentas de no tener que recibir demandas de los trabajadores por un mejor trato.
Venta con pérdida
LyFC había estado perdiendo dinero durante mucho tiempo, el gobierno mexicano para subsidiarla requería una suma de alrededor de 40 mil millones de pesos (2,8 millones de dólares) al año.
Este fue uno de los principales argumentos ofrecidos por el gobierno de Calderón para la abrupta liquidación de la empresa.
Pero esta explicación solamente plantea más preguntas. LyFC, que en realidad distribuía únicamente la electricidad en lugar de generarla, tenía la obligación de comprar y vender energía a precios fijados por la CFE.
LyFC tenía la obligación de vender a sus 5,7 millones de clientes residenciales, comerciales e industriales a un precio inferior de lo que pagaba a las empresas que lo generan.
Mientras tanto, a la empresa le debían miles de millones de dólares en deudas pendientes que datan de hasta una década, incluso por los grandes clientes industriales, mientras que miles, posiblemente millones de conexiones ilegales impidieron además que la compañia jamás tuviera el punto de equilibrio.
Mmuchos clientes residenciales además estaban hartos de los frecuentes apagones y los tiempos lentos de respuesta de la compañía,, mientras que los trabajadores de LyFC, firmemente defendidos por el SME, habían adquirido fama de ser consentidos y sobre pagados.
Tanto LyFC y el SME se convirtieron en blancos fáciles para las drásticas medidas por parte del gobierno.
Fuente: Voxxi
