Todas las empresas son mexicanas, según funcionario de la SE
Con el éxito que ha alcanzado en los últimos años, la industria minera logró desplazar al turismo como cuarta fuente más importante de divisas, sólo superada por las exportaciones petroleras, la industria automotriz y las remesas de los trabajadores migrantes.
El año pasado se logró por primera vez ese récord, cuando la minería captó 15.4 mil millones de dólares, contra 11.8 mil millones de la industria sin chimeneas, y “podemos prever que este año se repita” por los niveles de producción y valor de los metales y minerales extraídos del subsuelo mexicano, asegura Jesús Martín del Campo Esparza, director general de promoción minera de la Secretaría de Economía (SE), en entrevista con La Jornada.
A la fecha existen 280 empresas que participan en la industria minera y, según el funcionario, “todas son mexicanas”, ya que aunque la mayoría tiene capital extranjero, están dadas de alta en el país y cumplen con sus leyes; de lo contrario no podrían operar en el sector. Pondera que la inversión minera en este sexenio llegará a 22 mil millones de dólares.
Incluso, sostiene, son mexicanas aquellas empresas que tienen ciento por ciento de capital extranjero, porque así lo permite para el sector la ley de inversión extranjera. Comparten esa condición 220 compañías, que representan 78.5 por ciento del total.
A la pregunta de cuántas compañías tienen capital netamente mexicano, responde que por la globalización todas las empresas ya tienen algún componente de capital extranjero, la mayoría proveniente de Canadá, que está presente en 209 empresas, es decir, 74 por ciento del total, y 95 por ciento si sólo se consideran las de capital ciento por ciento extranjero.
Esas 280 empresas en operación tienen en conjunto 26 mil concesiones vigentes para la explotación de todo tipo de mineral o metal, pero hay 800 proyectos de los cuales 90 por ciento está en etapa de exploración.
Si bien los proyectos tienen indicios del metal y mineral que pueden explotar, el funcionario advierte que sólo entre 10 y 20 por ciento de los proyectos en exploración se convertirán realmente en minas, en un promedio de siete a diez años, ya que se trata de un sector de alto riesgo con inversiones millonarias que pueden perderse si no se obtiene el metal o mineral deseado en calidad y cantidad.
Del Campo Esparza no aclara cuántas concesiones de las otorgadas en este sexenio corresponden a metales preciosos, como el oro y la plata, pues explica que se dan sin distinción de lo que se vaya a explotar, pero reconoce que la mayoría se otorgaron recientemente, en tanto están en etapa de exploración y sus resultados sólo se verán en los próximos años.
Cuestionado sobre el predominio de los canadienses en el sector, por encima incluso de Estados Unidos, principal socio comercial de México, y con vasta influencia en otros sectores productivos, el director de promoción minera explica que es atribuible a que, a diferencia de otros países, Canadá cuenta con una bolsa de valores exclusiva en minería.
“Ésa es una gran ventaja para los inversionistas o empresas mineras canadienses. Es muy fácil, sencillo y efectivo que busquen proyectos en todas partes del mundo, como México, Chile, Argentina o la misma Canadá. Entonces es fácil que las empresas canadieneses busquen dónde invertir y bajen el dinero de la bolsa para aplicarlo en proyectos de exploración”, asegura.
Detalla que para obtener una concesión minera en México por la Secretaría de Economía (SE) sólo se requiere que se cumplan tres condiciones: que sea una persona física o moral mexicana, que se sujete a las leyes del país, y que el terreno elegido para la explotación minera esté “libre”.
Si se cumplen tales requisitos, dijo, “casi de inmediato se le otorga la concesión. Después les llega el título, y para eso el tiempo es variable, depende de los trabajos periciales que deben realizar y trabajos topográficos, así como también de la carga de trabajo de la Dirección General de Minas”.
Añade que no porque la SE otorgue una concesión a una empresa quiere decir que “ya la hicieron, porque finalmente tienen que cumplir otras leyes en materia laboral, ambiental, ecológica, locales, etcétera”.
Sin embargo, negó que si hay denuncias de autoridades de otras dependencias federales, estatales o municipales contra una mina, por considerar que las labores que realiza afectan a una comunidad o al medio ambiente, la Secretaría de Economía tenga atribuciones para cancelar de inmediato los trabajos.
“Eso no sucede así; normalmente, si los proyectos se atoran, hay negociaciones de la empresa minera con las otras partes. Nosotros no podemos cancelar la mina en tanto la empresa cumpla con las condiciones de la concesión”, explica. Además, no es un proceso inmediato, porque la empresa tiene derecho a defenderse.
Fuente: La Jornada
