El gobierno de Felipe Calderón fue sometido hoy al escrutinio de los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) por hacer caso omiso de las resoluciones en materia de medidas provisionales para 144 defensores y víctimas de derechos humanos.
Durante el 91 Periodo Ordinario de Sesiones de la CoIDH, realizado en esta ciudad centroamericana, se analizó el caso de la indígena Inés Fernández Ortega, agredida sexualmente por militares el 22 de marzo de 2002, así como la desaparición en Chihuahua, a finales de 2009, de Rocío Alvarado Reyes, Nitza Paola Alvarado Espinoza y José Ángel Fernández.
Ambos casos están relacionados con violaciones a derechos humanos cometidos por militares, mismos que son investigados por la Procuraduría General de Justicia Militar.
Las medidas provisionales fueron otorgadas el 7 de abril de 2009 en el caso Inés Fernández y 106 personas más, y el 26 de mayo de 2010, en el de los tres jóvenes desaparecidos en Chihuahua y 34 de sus familiares, luego de que el gobierno de Felipe Calderón no acató las resoluciones de medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En ambos casos, los representantes de Inés Fernández y de Rocío, Nitza Paola y José Ángel exigieron la declinación del fuero militar a favor de la Procuraduría General de la República (PGR), como premisa para disminuir los riesgos contra los defensores y víctimas.
En el primer caso, los abogados Vidulfo Rosales y Agustín Martín, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan (CDHMT) y del Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), respectivamente, denunciaron que las amenazas contra los 107 defensores y las víctimas continúan, pese a la vigencia de las medias provisionales.
Recordaron que el pasado lunes 6, militares amedrentaron y trataron de allanar las oficinas de la Organización del Pueblo Indígena Me Phaá (OPIM), agrupación a la que pertenece Fernández Ortega, y el jueves 16 los dirigentes de dicha organización, Obdulia Eugenio Manuel y Cuauhtémoc Ramírez, también beneficiarios de las medidas, recibieron una amenaza de muerte por escrito.
En dicha amenaza se hizo referencia a su labor para que se cumplimenten las sentencias de la CoIDH a favor de Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, otra indígena violada por militares, así como a su vinculación con Tlachinollan.
De acuerdo con Vidulfo Rosales, hay 18 averiguaciones previas por amenazas y actos de hostigamiento contra defensores y víctimas que hasta la fecha no han sido esclarecidas.
Por su parte, Agustín Martín puntualizó que la infraestructura de seguridad proporcionada por el Estado mexicano no cumple con los parámetros necesarios para garantizar la seguridad de los 107 beneficiados de la medida, e incluso 55 personas carecen de protección alguna.
La delegación del Estado mexicano, encabezada por el subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Manuel Gómez Robledo, pidió a la Corte hacer una revisión exhaustiva de las medidas de protección, para que sólo se otorguen a 20 de las 107 personas en riesgo.
La representación de la CIDH, encabezada por la secretaria ejecutiva adjunta Elizabeth Abi Mershed, recordó que el hostigamiento a los defensores y víctimas está íntimamente relacionado con la defensa de los casos por violaciones a derechos humanos cometidos por militares, y por ser miembros de organizaciones de derechos humanos e indígenas, por lo que todos los integrantes de las agrupaciones estarían en riesgo.
El grupo de jueces, cuyo presidente es el peruano Diego García-Sayán, convocó a los representantes del gobierno calderonista a justificar su petición por escrito, y a los abogados de las víctimas y de la CIDH a hacer las consideraciones a la justificación del Estado. Ambos documentos, dijeron, serán analizados.
En la audiencia por la desaparición de los jóvenes en Chihuahua, los representantes de las 37 víctimas acusaron que, ante el incumplimiento de las medidas provisionales ordenadas por la Corte, padres, hermanos, hermanas e hijos de los jóvenes desaparecidos tuvieron que abandonar su comunidad en el municipio de Buenaventura y en Ciudad Juárez.
Los abogados de los beneficiados, dirigidos por Luz Esthela Castro, del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CDHM), denunciaron su inconformidad por la presencia militar en cada una de las tres reuniones para instrumentar las medidas, lo que para víctimas y defensores implica un acto de hostigamiento.
Elizabeth Abi Mersherd se sumó a la petición de los representantes de las víctimas, en el sentido de que el esclarecimiento de los hechos es la única forma de evitar mayores riesgos, y recordó que, de acuerdo con la legislación internacional, el fuero militar no es competente para investigar casos de violaciones a derechos humanos.
De su lado, Gómez Robledo advirtió que mientras no se apruebe la iniciativa de reforma al Código de Justicia Militar enviada por Felipe Calderón al Senado, los militares seguirán a cargo de las investigaciones de violaciones a derechos humanos cometidas por integrantes de las fuerzas armadas.
En tanto, los jueces del tribunal internacional convocaron a los representantes de los beneficiados y de las víctimas a llegar a acuerdos encaminados a cumplir con las medidas provisionales y, sobre todo, para localizar a los tres jóvenes desaparecidos.
Fuente: Proceso
Durante el 91 Periodo Ordinario de Sesiones de la CoIDH, realizado en esta ciudad centroamericana, se analizó el caso de la indígena Inés Fernández Ortega, agredida sexualmente por militares el 22 de marzo de 2002, así como la desaparición en Chihuahua, a finales de 2009, de Rocío Alvarado Reyes, Nitza Paola Alvarado Espinoza y José Ángel Fernández.
Ambos casos están relacionados con violaciones a derechos humanos cometidos por militares, mismos que son investigados por la Procuraduría General de Justicia Militar.
Las medidas provisionales fueron otorgadas el 7 de abril de 2009 en el caso Inés Fernández y 106 personas más, y el 26 de mayo de 2010, en el de los tres jóvenes desaparecidos en Chihuahua y 34 de sus familiares, luego de que el gobierno de Felipe Calderón no acató las resoluciones de medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En ambos casos, los representantes de Inés Fernández y de Rocío, Nitza Paola y José Ángel exigieron la declinación del fuero militar a favor de la Procuraduría General de la República (PGR), como premisa para disminuir los riesgos contra los defensores y víctimas.
En el primer caso, los abogados Vidulfo Rosales y Agustín Martín, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan (CDHMT) y del Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), respectivamente, denunciaron que las amenazas contra los 107 defensores y las víctimas continúan, pese a la vigencia de las medias provisionales.
Recordaron que el pasado lunes 6, militares amedrentaron y trataron de allanar las oficinas de la Organización del Pueblo Indígena Me Phaá (OPIM), agrupación a la que pertenece Fernández Ortega, y el jueves 16 los dirigentes de dicha organización, Obdulia Eugenio Manuel y Cuauhtémoc Ramírez, también beneficiarios de las medidas, recibieron una amenaza de muerte por escrito.
En dicha amenaza se hizo referencia a su labor para que se cumplimenten las sentencias de la CoIDH a favor de Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, otra indígena violada por militares, así como a su vinculación con Tlachinollan.
De acuerdo con Vidulfo Rosales, hay 18 averiguaciones previas por amenazas y actos de hostigamiento contra defensores y víctimas que hasta la fecha no han sido esclarecidas.
Por su parte, Agustín Martín puntualizó que la infraestructura de seguridad proporcionada por el Estado mexicano no cumple con los parámetros necesarios para garantizar la seguridad de los 107 beneficiados de la medida, e incluso 55 personas carecen de protección alguna.
La delegación del Estado mexicano, encabezada por el subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Manuel Gómez Robledo, pidió a la Corte hacer una revisión exhaustiva de las medidas de protección, para que sólo se otorguen a 20 de las 107 personas en riesgo.
La representación de la CIDH, encabezada por la secretaria ejecutiva adjunta Elizabeth Abi Mershed, recordó que el hostigamiento a los defensores y víctimas está íntimamente relacionado con la defensa de los casos por violaciones a derechos humanos cometidos por militares, y por ser miembros de organizaciones de derechos humanos e indígenas, por lo que todos los integrantes de las agrupaciones estarían en riesgo.
El grupo de jueces, cuyo presidente es el peruano Diego García-Sayán, convocó a los representantes del gobierno calderonista a justificar su petición por escrito, y a los abogados de las víctimas y de la CIDH a hacer las consideraciones a la justificación del Estado. Ambos documentos, dijeron, serán analizados.
En la audiencia por la desaparición de los jóvenes en Chihuahua, los representantes de las 37 víctimas acusaron que, ante el incumplimiento de las medidas provisionales ordenadas por la Corte, padres, hermanos, hermanas e hijos de los jóvenes desaparecidos tuvieron que abandonar su comunidad en el municipio de Buenaventura y en Ciudad Juárez.
Los abogados de los beneficiados, dirigidos por Luz Esthela Castro, del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CDHM), denunciaron su inconformidad por la presencia militar en cada una de las tres reuniones para instrumentar las medidas, lo que para víctimas y defensores implica un acto de hostigamiento.
Elizabeth Abi Mersherd se sumó a la petición de los representantes de las víctimas, en el sentido de que el esclarecimiento de los hechos es la única forma de evitar mayores riesgos, y recordó que, de acuerdo con la legislación internacional, el fuero militar no es competente para investigar casos de violaciones a derechos humanos.
De su lado, Gómez Robledo advirtió que mientras no se apruebe la iniciativa de reforma al Código de Justicia Militar enviada por Felipe Calderón al Senado, los militares seguirán a cargo de las investigaciones de violaciones a derechos humanos cometidas por integrantes de las fuerzas armadas.
En tanto, los jueces del tribunal internacional convocaron a los representantes de los beneficiados y de las víctimas a llegar a acuerdos encaminados a cumplir con las medidas provisionales y, sobre todo, para localizar a los tres jóvenes desaparecidos.
Fuente: Proceso
