Menor pierde sus manos por el siniestro; afloran irregularidades
La explosión de un pozo de carbón, que operaba desde hace 20 días sin autorización en el municipio de Sabinas, destapó irregularidades —de concesionarios y autoridades— en la extracción minera. Doce horas después del incidente que dejó atrapados a 14 obreros y herido de gravedad a un menor, el gobierno federal anunció la recuperación de cuatro cuerpos y un pronóstico “nada esperanzador”.
Las labores de rescate continuaron anoche con la conformación de cuadrillas. En el sitio, el secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, notificó a familiares y medios de comunicación que cinco brigadistas habían ubicado tres cadáveres, y que debido a la magnitud de la explosión, la posibilidad de sobrevivientes era casi nula.
“La explosión de gas metano fue muy fuerte”, dijo el alcalde de Sabinas, Jesús María Montemayor Garza, al señalar que varios de los familiares tenían resignación, luego de que a las 8:45 horas se reportó un estallido por “una bolsa” de gas metano o “grisú” en el pozo 3 del complejo que operaba la empresa Binsa en la Región Carbonífera.
Jesús Fernando Lara Ruiz, de 15 años, sufrió amputación del brazo derecho, ya que el “malacate” se lo arrancó, y presentó quemaduras graves en la cara y el sistema respiratorio. Tras ser operado en el hospital 24 del IMSS en Nueva Rosita fue trasladado a Piedras Negras y de ahí llevado en avión al Centro Médico de Occidente en Guadalajara, Jalisco, una de las mejores unidades para quemados del país.
La Procuraduría General de la República (PGR) inició la averiguación previa AP/PGR/COAH/SAB-1/09/DD/2011 contra quien resulte responsable. Sin precisar la edad de los mineros atrapados, ubicó sus identidades, entre ellos el menor Jesús Fernando, de quien aseguró fue trasladado a Monterrey y en donde perdió ambos brazos.
Lozano Alarcón precisó que los mineros fallecidos eran Mario Alberto Anguiano Montes, Leobardo Sánchez Santos, Rosario Valero y Julio César Reséndiz. Recriminó que la mina, ubicada detrás de una instalación de la CFE, operara sin autorización y que el menor lesionado en el exterior del pozo no tuviera seguro social. “Que sirva de escarmiento, para evitar este tipo de prácticas”, dijo.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó a las secretarías del Trabajo y Economía la aplicación de medidas cautelares para garantizar la vida, integridad y, en su caso, el rescate de los cuerpos de los trabajadores. En un comunicado refirió que inició una queja de oficio.
El gobernador Jorge Torres López llegó horas después al sitio y aseguró que personal trabajará hasta sacar a los carboneros. El subsecretario de Protección Civil en Coahuila, Segismundo Doguin Martínez, señaló que desde la superficie hasta “la plancha”, el pozo tiene una profundidad de 58 metros y cuatro cañones en forma de cruz de 20 metros de longitud cada uno.
La PGR confirmó que la explosión se debió a la acumulación de gas en el pozo 3 de la empresa Binsa, propiedad de Alfonso González Vélez, ubicada en el kilómetro 3 de la carretera federal 57, hacia el Ejido Sabinas, atrás de las instalaciones de la CFE.
El pocito siniestrado tiene dos concesiones: ante el IMSS a nombre de la empresa Beneficios Internacionales del Norte SA y otra ante la Dirección General de Minas de la Secretaría de Economía, cuya titularidad es bipartita y está registrada por Minera El Sabino y Luis González Garza, ambas SA de CV.
Denuncian inseguridad laboral
A las 18:00 horas, cuando se logró desgasificar el fundo, un hombre pudo descender para inspeccionar el lugar. Madres, padres, esposas, hijos y amigos permanecían a las espera de que fueran ubicados con vida. Media docena de expertos de Chile colaborarían en las labores de rescate.
En el ambiente se percibía una doble realidad: la mexicana, con Pasta de Conchos, y la chilena, con San José. La primera en febrero de 2006, con el rescate fallido de 65 cuerpos, y la segunda, de agosto de 2010, con la liberación de 33 mineros tras 70 días de encierro.
El sindicato minero, que dirige Napoleón Gómez Urrutia, denunció las condiciones de “inseguridad totales” con que habitualmente se trabaja en las minas de carbón de la República Mexicana y en especial de esa zona conocida como la Región Carbonífera. “Aunque los trabajadores de ese pocito no están afiliados a la Organización Sindical Minera, se trata de mineros que merecen trabajar en las adecuadas condiciones de seguridad industrial y protección a la salud que hemos demandado de las empresas y de las autoridades federales y estatales, para que no ocurran estos accidentes”.
El Centro de Reflexión y Acción Laboral informó que entre 11 mil y 14 mil trabajadores laboran en los pocitos y minas de carbón en Coahuila, sin ninguna medida de seguridad, expuestos a los peligros que hay en el interior de la tierra, y lo más lamentable es que no se tienen registro de los diversos accidentes que ocurren a diario.
El presidente nacional de PRI y ex gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, responsabilizó a la Secretaría de Energía de entorpecer desde hace años la extracción de gas “grisú” en la zona carbonífera de esa entidad. Tras reformas en el Senado para sacar el gas “grisú” —asociado al carbón—, denunció que la Secretaría de Energía emitió un reglamento “que hace prácticamente inviable que un particular pueda extraerlo”.
La explosión de un pozo de carbón, que operaba desde hace 20 días sin autorización en el municipio de Sabinas, destapó irregularidades —de concesionarios y autoridades— en la extracción minera. Doce horas después del incidente que dejó atrapados a 14 obreros y herido de gravedad a un menor, el gobierno federal anunció la recuperación de cuatro cuerpos y un pronóstico “nada esperanzador”.
Las labores de rescate continuaron anoche con la conformación de cuadrillas. En el sitio, el secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, notificó a familiares y medios de comunicación que cinco brigadistas habían ubicado tres cadáveres, y que debido a la magnitud de la explosión, la posibilidad de sobrevivientes era casi nula.
“La explosión de gas metano fue muy fuerte”, dijo el alcalde de Sabinas, Jesús María Montemayor Garza, al señalar que varios de los familiares tenían resignación, luego de que a las 8:45 horas se reportó un estallido por “una bolsa” de gas metano o “grisú” en el pozo 3 del complejo que operaba la empresa Binsa en la Región Carbonífera.
Jesús Fernando Lara Ruiz, de 15 años, sufrió amputación del brazo derecho, ya que el “malacate” se lo arrancó, y presentó quemaduras graves en la cara y el sistema respiratorio. Tras ser operado en el hospital 24 del IMSS en Nueva Rosita fue trasladado a Piedras Negras y de ahí llevado en avión al Centro Médico de Occidente en Guadalajara, Jalisco, una de las mejores unidades para quemados del país.
La Procuraduría General de la República (PGR) inició la averiguación previa AP/PGR/COAH/SAB-1/09/DD/2011 contra quien resulte responsable. Sin precisar la edad de los mineros atrapados, ubicó sus identidades, entre ellos el menor Jesús Fernando, de quien aseguró fue trasladado a Monterrey y en donde perdió ambos brazos.
Lozano Alarcón precisó que los mineros fallecidos eran Mario Alberto Anguiano Montes, Leobardo Sánchez Santos, Rosario Valero y Julio César Reséndiz. Recriminó que la mina, ubicada detrás de una instalación de la CFE, operara sin autorización y que el menor lesionado en el exterior del pozo no tuviera seguro social. “Que sirva de escarmiento, para evitar este tipo de prácticas”, dijo.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó a las secretarías del Trabajo y Economía la aplicación de medidas cautelares para garantizar la vida, integridad y, en su caso, el rescate de los cuerpos de los trabajadores. En un comunicado refirió que inició una queja de oficio.
El gobernador Jorge Torres López llegó horas después al sitio y aseguró que personal trabajará hasta sacar a los carboneros. El subsecretario de Protección Civil en Coahuila, Segismundo Doguin Martínez, señaló que desde la superficie hasta “la plancha”, el pozo tiene una profundidad de 58 metros y cuatro cañones en forma de cruz de 20 metros de longitud cada uno.
La PGR confirmó que la explosión se debió a la acumulación de gas en el pozo 3 de la empresa Binsa, propiedad de Alfonso González Vélez, ubicada en el kilómetro 3 de la carretera federal 57, hacia el Ejido Sabinas, atrás de las instalaciones de la CFE.
El pocito siniestrado tiene dos concesiones: ante el IMSS a nombre de la empresa Beneficios Internacionales del Norte SA y otra ante la Dirección General de Minas de la Secretaría de Economía, cuya titularidad es bipartita y está registrada por Minera El Sabino y Luis González Garza, ambas SA de CV.
Denuncian inseguridad laboral
A las 18:00 horas, cuando se logró desgasificar el fundo, un hombre pudo descender para inspeccionar el lugar. Madres, padres, esposas, hijos y amigos permanecían a las espera de que fueran ubicados con vida. Media docena de expertos de Chile colaborarían en las labores de rescate.
En el ambiente se percibía una doble realidad: la mexicana, con Pasta de Conchos, y la chilena, con San José. La primera en febrero de 2006, con el rescate fallido de 65 cuerpos, y la segunda, de agosto de 2010, con la liberación de 33 mineros tras 70 días de encierro.
El sindicato minero, que dirige Napoleón Gómez Urrutia, denunció las condiciones de “inseguridad totales” con que habitualmente se trabaja en las minas de carbón de la República Mexicana y en especial de esa zona conocida como la Región Carbonífera. “Aunque los trabajadores de ese pocito no están afiliados a la Organización Sindical Minera, se trata de mineros que merecen trabajar en las adecuadas condiciones de seguridad industrial y protección a la salud que hemos demandado de las empresas y de las autoridades federales y estatales, para que no ocurran estos accidentes”.
El Centro de Reflexión y Acción Laboral informó que entre 11 mil y 14 mil trabajadores laboran en los pocitos y minas de carbón en Coahuila, sin ninguna medida de seguridad, expuestos a los peligros que hay en el interior de la tierra, y lo más lamentable es que no se tienen registro de los diversos accidentes que ocurren a diario.
El presidente nacional de PRI y ex gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, responsabilizó a la Secretaría de Energía de entorpecer desde hace años la extracción de gas “grisú” en la zona carbonífera de esa entidad. Tras reformas en el Senado para sacar el gas “grisú” —asociado al carbón—, denunció que la Secretaría de Energía emitió un reglamento “que hace prácticamente inviable que un particular pueda extraerlo”.
http://www.eluniversal.com.mx/primera/36772.html
