Cansado de trámites, Lino Mejía aceptó dar dinero a trabajadores del organismo, y los grabó
“Dar ‘para el refresco’ es práctica común”, expone en carta a responsable del proceso de liquidación
El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), órgano liquidador de Luz y Fuerza del Centro (LFC), opera con prácticas irregulares y corruptas, denunciaron trabajadores de la extinta empresa.
“Dar ‘para el refresco’ es una escena común. Desde el policía que está en la entrada hasta los funcionarios. Todo tiene un costo: pagar para que liberen o agilicen un trámite son prácticas a las que nos hemos enfrentado en perjuicio de los trabajadores en resistencia y de los jubilados”, señaló el secretario de Fomento a la Salud y Previsión Social del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Pipino Cuevas.
En un caso reciente, el trabajador Lino Mejía Guerrero, “cansado de los engorrosos e infructuosos trámites”, así como de la respuesta ante las solicitudes elaboradas por escrito, decidió poner a prueba a los empleados.
Aceptó darles dinero como mecanismo para indagar –y luego denunciar– la cadena de ilícitos que relató luego en una carta entregada a Humberto Fernández Godofroy, responsable del proceso de liquidación de LFC y secretario de la junta de gobierno del SAE.
Remueven a responsable de área
La Jornada intentó obtener una declaración al respecto del Órgano Interno de Control de dicho sistema, pero justo cuando se empezaron a dar a conocer las denuncias –verbales y por escrito– de los electricistas, el funcionario responsable de esa área contralora fue removido del cargo.
El decreto de extinción de LFC –emitido el 11 de octubre de 2009– dio al SAE, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la potestad para hacer un inventario de los bienes de la paraestatal y atender los pendientes en materia de pagos y pensiones para los 44 mil trabajadores de la firma que daba servicio de energía eléctrica a la zona central del país.
Sin embargo –señala Cuevas–, desde el principio tuvimos problemas no sólo para ser atendidos con amabilidad, sino que ahora se han multiplicado los abusos y prácticas irregulares, aunque son pocos los compañeros que se atreven a denunciarlo.
En momentos en que el SME gestiona diversos pendientes, como el pago de una parte proporcional del seguro sindical, con base en lo que establecía su contrato colectivo de trabajo, Lino Mejía dio a conocer su denuncia, como consecuencia de gestiones sin éxito para que se le consideraran para su jubilación los años trabajados, de manera independiente a su edad.
En la carta en referencia, el trabajador explicó a Fernández Godofroy los fundamentos con que acreditaba tener derecho a una pensión jubilatoria, así como de los actos irregulares del personal:
Expone que “el 28 de octubre pasado, en las oficinas del SAE ubicadas en calzada de Tlalpan, esquina con Bretaña, personal del organismo me solicitó una cantidad de dinero en efectivo para el trámite de mi jubilación, porque en caso de no hacerlo no sería autorizada.
“Informaron al suscrito que ese dinero era para los jefes y el personal que se encargaría de hacer los trámites. Desde este momento y bajo protesta de decir verdad, la persona que me solicitó el dinero –mismo que le entregué por la necesidad de que me agilizaran el trámite– fue el licenciado Luis Contreras Zamora.
“Le informo que en esa oficina hasta los elementos de la policía que están resguardando el lugar se encuentran organizados y nos piden dinero. Tengo registrado el dinero que di, incluso el número de serie de los billetes de a $500 entregados, así como la fecha en que fueron expedidos, y videos. Somos aproximadamente 60 ex trabajadores de LFC (en la misma condición)”, señala la carta que hasta el momento no ha tenido respuesta oficial ni se ha precisado qué investigación interna se aplicó para deslindar responsabilidades derivadas de esta acusación.
Fuente: La Jornada
“Dar ‘para el refresco’ es práctica común”, expone en carta a responsable del proceso de liquidación
El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), órgano liquidador de Luz y Fuerza del Centro (LFC), opera con prácticas irregulares y corruptas, denunciaron trabajadores de la extinta empresa.
“Dar ‘para el refresco’ es una escena común. Desde el policía que está en la entrada hasta los funcionarios. Todo tiene un costo: pagar para que liberen o agilicen un trámite son prácticas a las que nos hemos enfrentado en perjuicio de los trabajadores en resistencia y de los jubilados”, señaló el secretario de Fomento a la Salud y Previsión Social del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Pipino Cuevas.
En un caso reciente, el trabajador Lino Mejía Guerrero, “cansado de los engorrosos e infructuosos trámites”, así como de la respuesta ante las solicitudes elaboradas por escrito, decidió poner a prueba a los empleados.
Aceptó darles dinero como mecanismo para indagar –y luego denunciar– la cadena de ilícitos que relató luego en una carta entregada a Humberto Fernández Godofroy, responsable del proceso de liquidación de LFC y secretario de la junta de gobierno del SAE.
Remueven a responsable de área
La Jornada intentó obtener una declaración al respecto del Órgano Interno de Control de dicho sistema, pero justo cuando se empezaron a dar a conocer las denuncias –verbales y por escrito– de los electricistas, el funcionario responsable de esa área contralora fue removido del cargo.
El decreto de extinción de LFC –emitido el 11 de octubre de 2009– dio al SAE, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la potestad para hacer un inventario de los bienes de la paraestatal y atender los pendientes en materia de pagos y pensiones para los 44 mil trabajadores de la firma que daba servicio de energía eléctrica a la zona central del país.
Sin embargo –señala Cuevas–, desde el principio tuvimos problemas no sólo para ser atendidos con amabilidad, sino que ahora se han multiplicado los abusos y prácticas irregulares, aunque son pocos los compañeros que se atreven a denunciarlo.
En momentos en que el SME gestiona diversos pendientes, como el pago de una parte proporcional del seguro sindical, con base en lo que establecía su contrato colectivo de trabajo, Lino Mejía dio a conocer su denuncia, como consecuencia de gestiones sin éxito para que se le consideraran para su jubilación los años trabajados, de manera independiente a su edad.
En la carta en referencia, el trabajador explicó a Fernández Godofroy los fundamentos con que acreditaba tener derecho a una pensión jubilatoria, así como de los actos irregulares del personal:
Expone que “el 28 de octubre pasado, en las oficinas del SAE ubicadas en calzada de Tlalpan, esquina con Bretaña, personal del organismo me solicitó una cantidad de dinero en efectivo para el trámite de mi jubilación, porque en caso de no hacerlo no sería autorizada.
“Informaron al suscrito que ese dinero era para los jefes y el personal que se encargaría de hacer los trámites. Desde este momento y bajo protesta de decir verdad, la persona que me solicitó el dinero –mismo que le entregué por la necesidad de que me agilizaran el trámite– fue el licenciado Luis Contreras Zamora.
“Le informo que en esa oficina hasta los elementos de la policía que están resguardando el lugar se encuentran organizados y nos piden dinero. Tengo registrado el dinero que di, incluso el número de serie de los billetes de a $500 entregados, así como la fecha en que fueron expedidos, y videos. Somos aproximadamente 60 ex trabajadores de LFC (en la misma condición)”, señala la carta que hasta el momento no ha tenido respuesta oficial ni se ha precisado qué investigación interna se aplicó para deslindar responsabilidades derivadas de esta acusación.
Fuente: La Jornada
