Incluso si un trabajador vence, pueden pasar años antes de que el patrón acate el laudo. En México, a diferencia del resto del mundo, aún existen las juntas de conciliación, donde el gobierno es el que decide quién tiene o no la razón, critican expertos
Rubén Silva trabajó durante años en una empresa. Cumplidos los 60 de edad fue despedido. Hoy, a sus 65, pese a haber demandado a su patrón y ganado el juicio, sigue sin cobrar lo que le deben.
“Ya llevamos cinco años, ya ganamos... Ya tenemos dos años que la ganamos, pero no hemos podido cobrar por las negligencias de aquí de la misma junta (de conciliación y arbitraje del Distrito Federal). Que porque no firman los acuerdos, porque fulanito no vino, sutanito no vino, que la presidenta tiene problemas con su personal. Un acuerdo se tendría que firmar en dos meses... pero me perjudicaron porque según se murió el patrón y hay que volver a retomar todo el asunto”, lamenta.
En México, sólo 6.2% de los trabajadores que son separados del empleo reclaman ante las juntas de conciliación y arbitraje, mientras que en Brasil la cifra es de 15% y en Argentina de 30%, de acuerdo con el estudio de la Universidad Autónoma Metropolitana Diseño legal y desempeño real de las instituciones laborales en América Latina, coordinado por Graciela Bensusán.
En nuestro país el juicio laboral es demasiado tortuoso para el trabajador, dicen los especialistas, con procesos que pueden durar hasta 10 años. Por eso, del 6% que demandan a su patrón, el 60% acepta conciliar, en tanto que 20% abandona el juicio.
“Conciliar” significa renunciar a lo reclamado —indemnización por despido, reinstalación en el trabajo, entre otras— a cambio de un poco de dinero (generalmente mes y medio de salario) por parte del patrón. ¿Porqué aceptar esa opción? “Si se llega a la conciliación el proceso durará algunos meses, igual sólo dos o tres, si no el procedimiento (juicio) muchas veces podría ser de 3 a 6, 7 años”, dice la abogada laboral Elsa Ibáñez.
Los trabajadores admiten los pequeños montos de la conciliación, comenta Bensusán, porque el 70% de los trabajadores en México labora en unidades pequeñas o micro que no podrían costear una indemnización como la establecida en la ley federal.
Aun si el trabajador sabe de leyes, conoce su contrato y su reglamento interior, consigue a un buen abogado y tiene la paciencia de iniciar el juicio, “hay golpeadores ahí sentados esperando que alguien les pague para amedrentar al demandante”, advierte Mateo Lejarza, especialista laboral y ex representante sindical.
Ganó el juicio, ¿y qué?
Emilio Hinojosa es profesor del Colegio de Ciencias y Humanidades Oriente desde hace 36 años; sin embargo, aún no tiene plaza definitiva.
“En 2007 solicitamos a la UNAM un concurso para la definitividad en nuestra plaza, el cual nos fue negado a mí y a otros profesores, entonces decidimos demandar a la institución ante la Junta. Después de dos años ganamos. Sin embargo el colegio sigue negándose a acatar. Buscan que la resolución prescriba. Ya llevamos en total cuatro años con trámites y gastos”.
En la misma situación está el maestro Carlos Lorenzo: “Levanté una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y gracias a ella en el mes de abril de 2010 la UNAM abrió el concurso y por fin aceptó mis documentos, pero desde entonces, hace un año, nada ha sucedido”.
¿Y los abogados de oficio?
Los gobiernos locales y el federal asesoran a los trabajadores a través de procuradurías del trabajo.
“De 2010 a 2011, la Procuraduría de la Defensa del Trabajo (federal) atendió a 250 mil trabajadores, y a pesar de la carga de trabajo que tenemos, el índice de efectividad es muy alto, tenemos un 88% de resoluciones favorables que dicta la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a favor de los trabajadores”, dice Rosalinda Vélez, titular de la Procuraduría Federal de Defensa del Trabajo (Profedet).
En 2010 y el primer trimestre de 2011 la procuraduría federal concluyó 20 mil juicios, en tanto que sólo en 2010 la Junta Federal recibió más de 80 mil nuevos casos. Es decir, aun si Profedet hubiese resuelto esos 20 mil expedientes en un año, serían tres veces más los casos llevados por los litigantes privados.
“La mayor parte de los abogados particulares que patrocinan trabajadores están cobrando alrededor del 30% o hasta un 50% dependiendo de las características del trabajador”, dice el abogado laboral Roberto Lara.
El problema de fondo, intocado
Tres son los problemas fundamentales del sistema de justicia laboral en México, de acuerdo con los expertos. El primero es la discrecionalidad de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, conformadas por tres partes iguales: el gobierno, el patrón y los trabajadores. Ese esquema permite que los gobernadores y el jefe de Gobierno del DF en las juntas locales, o la Presidencia de la República, en la federal, sean quienes deciden a quién darle o no la razón.
“El sistema de juntas directamente depende del Poder Ejecutivo. No hay un mínimo de imparcialidad”, dice Graciela Bensusán.
“La solución no está en la reforma laboral del PAN y del PRI de poner límites al pago de los salarios caídos, sino en tener jueces imparciales que garanticen un proceso de seis meses. La solución está en una vieja propuesta panista que olvidaron: sustituir las juntas de conciliación arbitraje que ya en todo el mundo han desaparecido”, asegura Arturo Alcalde.
“A los empresarios les conviene la ley actual porque es tan oscura la justicia laboral que ellos saben que no va a ser llevados a tribunales, que no hay quien los vigile ni los sancione. Pueden contratar por horas, pueden despedir cuando quieran”, dice Mateo Lejarza.
Bensusán concluye: “Frente a toda esta situación de verdadera catástrofe del sistema de justicia, las respuestas que se pretende dar, por ejemplo, en la propuesta del PRI de reforma es ‘no toquemos la Constitución’ y como no tocamos la Constitución no podemos resolver el problema de las juntas, y entonces nos quedamos con reformas procesales o un servicio civil de carrera, pero eso no va a resolver esto que estamos planteando, son problemas estructurales, problemas de fondo de formación, de vicios, de corrupción, y entonces las juntas no son más que un engranaje de un mundo corporativo que se reproduce a sí mismo”.
Rubén Silva, el hombre de la tercera edad que lleva cinco años en juicio, dice sobre su caso: “A algunos los ven con canas y dicen ‘este ya es viejito tonto, no puede, no sabe’. Algunos tienen la farmacia encima: bastones, andaderas, no tienen ni para los pasajes, y ahí los tratan mal. A la pobre gente le dicen: ‘ya ni vengas, si quieres ya ni vengas’”.
Rubén Silva trabajó durante años en una empresa. Cumplidos los 60 de edad fue despedido. Hoy, a sus 65, pese a haber demandado a su patrón y ganado el juicio, sigue sin cobrar lo que le deben.
“Ya llevamos cinco años, ya ganamos... Ya tenemos dos años que la ganamos, pero no hemos podido cobrar por las negligencias de aquí de la misma junta (de conciliación y arbitraje del Distrito Federal). Que porque no firman los acuerdos, porque fulanito no vino, sutanito no vino, que la presidenta tiene problemas con su personal. Un acuerdo se tendría que firmar en dos meses... pero me perjudicaron porque según se murió el patrón y hay que volver a retomar todo el asunto”, lamenta.
En México, sólo 6.2% de los trabajadores que son separados del empleo reclaman ante las juntas de conciliación y arbitraje, mientras que en Brasil la cifra es de 15% y en Argentina de 30%, de acuerdo con el estudio de la Universidad Autónoma Metropolitana Diseño legal y desempeño real de las instituciones laborales en América Latina, coordinado por Graciela Bensusán.
En nuestro país el juicio laboral es demasiado tortuoso para el trabajador, dicen los especialistas, con procesos que pueden durar hasta 10 años. Por eso, del 6% que demandan a su patrón, el 60% acepta conciliar, en tanto que 20% abandona el juicio.
“Conciliar” significa renunciar a lo reclamado —indemnización por despido, reinstalación en el trabajo, entre otras— a cambio de un poco de dinero (generalmente mes y medio de salario) por parte del patrón. ¿Porqué aceptar esa opción? “Si se llega a la conciliación el proceso durará algunos meses, igual sólo dos o tres, si no el procedimiento (juicio) muchas veces podría ser de 3 a 6, 7 años”, dice la abogada laboral Elsa Ibáñez.
Los trabajadores admiten los pequeños montos de la conciliación, comenta Bensusán, porque el 70% de los trabajadores en México labora en unidades pequeñas o micro que no podrían costear una indemnización como la establecida en la ley federal.
Aun si el trabajador sabe de leyes, conoce su contrato y su reglamento interior, consigue a un buen abogado y tiene la paciencia de iniciar el juicio, “hay golpeadores ahí sentados esperando que alguien les pague para amedrentar al demandante”, advierte Mateo Lejarza, especialista laboral y ex representante sindical.
Ganó el juicio, ¿y qué?
Emilio Hinojosa es profesor del Colegio de Ciencias y Humanidades Oriente desde hace 36 años; sin embargo, aún no tiene plaza definitiva.
“En 2007 solicitamos a la UNAM un concurso para la definitividad en nuestra plaza, el cual nos fue negado a mí y a otros profesores, entonces decidimos demandar a la institución ante la Junta. Después de dos años ganamos. Sin embargo el colegio sigue negándose a acatar. Buscan que la resolución prescriba. Ya llevamos en total cuatro años con trámites y gastos”.
En la misma situación está el maestro Carlos Lorenzo: “Levanté una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y gracias a ella en el mes de abril de 2010 la UNAM abrió el concurso y por fin aceptó mis documentos, pero desde entonces, hace un año, nada ha sucedido”.
¿Y los abogados de oficio?
Los gobiernos locales y el federal asesoran a los trabajadores a través de procuradurías del trabajo.
“De 2010 a 2011, la Procuraduría de la Defensa del Trabajo (federal) atendió a 250 mil trabajadores, y a pesar de la carga de trabajo que tenemos, el índice de efectividad es muy alto, tenemos un 88% de resoluciones favorables que dicta la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a favor de los trabajadores”, dice Rosalinda Vélez, titular de la Procuraduría Federal de Defensa del Trabajo (Profedet).
En 2010 y el primer trimestre de 2011 la procuraduría federal concluyó 20 mil juicios, en tanto que sólo en 2010 la Junta Federal recibió más de 80 mil nuevos casos. Es decir, aun si Profedet hubiese resuelto esos 20 mil expedientes en un año, serían tres veces más los casos llevados por los litigantes privados.
“La mayor parte de los abogados particulares que patrocinan trabajadores están cobrando alrededor del 30% o hasta un 50% dependiendo de las características del trabajador”, dice el abogado laboral Roberto Lara.
El problema de fondo, intocado
Tres son los problemas fundamentales del sistema de justicia laboral en México, de acuerdo con los expertos. El primero es la discrecionalidad de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, conformadas por tres partes iguales: el gobierno, el patrón y los trabajadores. Ese esquema permite que los gobernadores y el jefe de Gobierno del DF en las juntas locales, o la Presidencia de la República, en la federal, sean quienes deciden a quién darle o no la razón.
“El sistema de juntas directamente depende del Poder Ejecutivo. No hay un mínimo de imparcialidad”, dice Graciela Bensusán.
“La solución no está en la reforma laboral del PAN y del PRI de poner límites al pago de los salarios caídos, sino en tener jueces imparciales que garanticen un proceso de seis meses. La solución está en una vieja propuesta panista que olvidaron: sustituir las juntas de conciliación arbitraje que ya en todo el mundo han desaparecido”, asegura Arturo Alcalde.
“A los empresarios les conviene la ley actual porque es tan oscura la justicia laboral que ellos saben que no va a ser llevados a tribunales, que no hay quien los vigile ni los sancione. Pueden contratar por horas, pueden despedir cuando quieran”, dice Mateo Lejarza.
Bensusán concluye: “Frente a toda esta situación de verdadera catástrofe del sistema de justicia, las respuestas que se pretende dar, por ejemplo, en la propuesta del PRI de reforma es ‘no toquemos la Constitución’ y como no tocamos la Constitución no podemos resolver el problema de las juntas, y entonces nos quedamos con reformas procesales o un servicio civil de carrera, pero eso no va a resolver esto que estamos planteando, son problemas estructurales, problemas de fondo de formación, de vicios, de corrupción, y entonces las juntas no son más que un engranaje de un mundo corporativo que se reproduce a sí mismo”.
Rubén Silva, el hombre de la tercera edad que lleva cinco años en juicio, dice sobre su caso: “A algunos los ven con canas y dicen ‘este ya es viejito tonto, no puede, no sabe’. Algunos tienen la farmacia encima: bastones, andaderas, no tienen ni para los pasajes, y ahí los tratan mal. A la pobre gente le dicen: ‘ya ni vengas, si quieres ya ni vengas’”.
http://www.eluniversal.com.mx/primera/36747.html
