El pasado sábado, el subsecretario de Normatividad y Medios de la Secretaría de Gobernación (SG), Héctor Villarreal, criticó a la empresa Televisa por transmitir, en uno de sus canales de televisión abierta, la serie La reina del sur, basada en el libro homónimo del escritor español Arturo Pérez-Reverte. A decir del funcionario, el programa referido realiza una apología del crimen organizado –concretamente del narcotráfico– y su transmisión por la televisora de Chapultepec constituye una “incongruencia”, habida cuenta del impulso que esa misma compañía dio al impresentable decálogo para uniformar las líneas editoriales de los medios informativos en el tratamiento noticioso de la violencia y la criminalidad que sacuden al país.
En ese acuerdo, la mayor parte de los medios electrónicos e impresos se comprometen, entre otras cosas, a “condenar y rechazar la violencia motivada por la delincuencia organizada; evitar el lenguaje y la terminología empleados por los delincuentes; impedir que los delincuentes o presuntos delincuentes se conviertan en víctimas o héroes públicos”, así como a no justificar, bajo ninguna circunstancia, “las acciones y los argumentos del crimen organizado”.
El episodio es indicativo, en primer lugar, del empeño cada vez más desembozado de la autoridad federal por uniformar los contenidos de los medios de comunicación y ceñirlos a las “verdades” e intereses oficiales, incluso cuando aquéllos no se inscriben en el contexto de la cobertura informativa, sino en el terreno de la ficción, como es el caso de la telenovela citada. Ante la ineficacia de los esfuerzos oficiales por disminuir la violencia y la criminalidad que recorren el país, el calderonismo porfía en el designio de combatir tales fenómenos en el terreno de la percepción.
Con todo, la responsabilidad principal por el reciente regaño de la SG a Televisa recae en la propia empresa de la dinastía Azcárraga: en su calidad de impulsora del citado acuerdo de cobertura informativa, esa televisora alentó a los medios de comunicación a uncirse de manera voluntaria a los triunfalismos, las omisiones y los extravíos del discurso oficial en materia de seguridad, y a alinearse por decisión propia a la lógica de una “verdad única” en un terreno cada vez más confuso, ambiguo y complejo, como es el de la actual “guerra” contra el narcotráfico.
Por añadidura, el reclamo del subsecretario Villarreal no resulta sorprendente en el contexto de un acuerdo que se arroga la facultad de determinar qué es lo correcto y qué no, en términos informativos, y que conduce a la aniquilación de la independencia editorial, indispensable en el quehacer periodístico.
No hace falta, por lo demás, apelar a los contenidos de las telenovelas transmitidas por Televisa para ponderar la incongruencia en que incurrió esa empresa al impulsar el pacto referido: basta citar los episodios en los que esa compañía ha violentado la ley en forma contumaz y ha pasado por encima del orden institucional –la difusión de propaganda electoral ilegal en las campañas de 2006; las campañas de presiones, chantajes e incursiones ilegítimas en el quehacer legislativo, por ejemplo– para concluir que su principal interés no es la vigencia de la legalidad y el estado de derecho, sino la defensa de las ganancias económicas y las oportunidades de lucro político, y que esa misma lógica es la que rige su programación.
En suma, el episodio referido pone en relieve el carácter improcedente y costoso –en términos de independencia editorial y de libertad en la difusión de contenidos– del pacto informativo firmado hace un mes. Cabe esperar que los suscriptores de ese acuerdo reflexionen en torno a estos puntos, abandonen ese modelo de uniformidad editorial autoimpuesta y lo sustituyan por el compromiso –mucho menos obsecuente con el grupo en el poder, pero mucho más necesario dada la desgarradora circunstancia nacional presente– de informar en forma responsable y autorregulada, sí, pero también crítica, diversa y analítica sobre la violencia e inseguridad que laceran el territorio.
http://www.jornada.unam.mx/2011/04/25/index.php?section=edito
En ese acuerdo, la mayor parte de los medios electrónicos e impresos se comprometen, entre otras cosas, a “condenar y rechazar la violencia motivada por la delincuencia organizada; evitar el lenguaje y la terminología empleados por los delincuentes; impedir que los delincuentes o presuntos delincuentes se conviertan en víctimas o héroes públicos”, así como a no justificar, bajo ninguna circunstancia, “las acciones y los argumentos del crimen organizado”.
El episodio es indicativo, en primer lugar, del empeño cada vez más desembozado de la autoridad federal por uniformar los contenidos de los medios de comunicación y ceñirlos a las “verdades” e intereses oficiales, incluso cuando aquéllos no se inscriben en el contexto de la cobertura informativa, sino en el terreno de la ficción, como es el caso de la telenovela citada. Ante la ineficacia de los esfuerzos oficiales por disminuir la violencia y la criminalidad que recorren el país, el calderonismo porfía en el designio de combatir tales fenómenos en el terreno de la percepción.
Con todo, la responsabilidad principal por el reciente regaño de la SG a Televisa recae en la propia empresa de la dinastía Azcárraga: en su calidad de impulsora del citado acuerdo de cobertura informativa, esa televisora alentó a los medios de comunicación a uncirse de manera voluntaria a los triunfalismos, las omisiones y los extravíos del discurso oficial en materia de seguridad, y a alinearse por decisión propia a la lógica de una “verdad única” en un terreno cada vez más confuso, ambiguo y complejo, como es el de la actual “guerra” contra el narcotráfico.
Por añadidura, el reclamo del subsecretario Villarreal no resulta sorprendente en el contexto de un acuerdo que se arroga la facultad de determinar qué es lo correcto y qué no, en términos informativos, y que conduce a la aniquilación de la independencia editorial, indispensable en el quehacer periodístico.
No hace falta, por lo demás, apelar a los contenidos de las telenovelas transmitidas por Televisa para ponderar la incongruencia en que incurrió esa empresa al impulsar el pacto referido: basta citar los episodios en los que esa compañía ha violentado la ley en forma contumaz y ha pasado por encima del orden institucional –la difusión de propaganda electoral ilegal en las campañas de 2006; las campañas de presiones, chantajes e incursiones ilegítimas en el quehacer legislativo, por ejemplo– para concluir que su principal interés no es la vigencia de la legalidad y el estado de derecho, sino la defensa de las ganancias económicas y las oportunidades de lucro político, y que esa misma lógica es la que rige su programación.
En suma, el episodio referido pone en relieve el carácter improcedente y costoso –en términos de independencia editorial y de libertad en la difusión de contenidos– del pacto informativo firmado hace un mes. Cabe esperar que los suscriptores de ese acuerdo reflexionen en torno a estos puntos, abandonen ese modelo de uniformidad editorial autoimpuesta y lo sustituyan por el compromiso –mucho menos obsecuente con el grupo en el poder, pero mucho más necesario dada la desgarradora circunstancia nacional presente– de informar en forma responsable y autorregulada, sí, pero también crítica, diversa y analítica sobre la violencia e inseguridad que laceran el territorio.
http://www.jornada.unam.mx/2011/04/25/index.php?section=edito
