Según Connie Mack, del Subcomité de Asuntos Hemisféricos de la Cámara baja de Estados Unidos, la amenaza de un Estado fallido se asoma a lo largo de nuestra frontera sur con México”. Lo advirtió en una sesión en que, según David Brooks, además del uso de términos como “Estado fallido” y “guerra”, se contempló “la posibilidad de enviar tropas”. (La Jornada (J) 14-4-2011 p.9) ¿Cómo llegamos a este estado de cosas? ¿Cuál es la génesis del declive del Estado mexicano?
Pregunto esto porque, casi en paralelo, nuestros diputados reciberon del Senado el proyecto de Ley de Asociaciones Público Privadas (LAPP) impulsado por el Banco Mundial (BM) –ente subrogado al Tesoro de EU- y aprobado por el PRI y el PAN, para privatizar los servicios públicos del Estado formalizando relaciones contractuales “de largo plazo entre instancias del sector público y del sector privado para la prestación de servicios al sector público o al usuario final en los que se utiliza una infraestructura provista total o parcialmente por el sector privado”.
Manuel Bartlett fue al meollo del asunto al advertir que así arrancaría “la progresiva entrega de la gestión de inmensos presupuestos para salud, educación, transportes, seguridad, etcétera, reduciendo el perímetro del Estado”. Esa merma es parte del “Proyecto 2030” de privatización y desnacionalización (Contralínea 21/2/2010) en vigor desde hace 29 años, cuando se instauran las “normas” del BM/BID. Asoma la amenaza que menciona Mack, porque ese diseño desplomó la inversión pública en el campo y en el aparato productivo, debilitó al salario, la creación de empleo y polarizó el ingreso. Con la mira en el sector petroeléctrico, colocó en subasta bancos, 58 aeropuertos, las aerolíneas nacionales, 21 administraciones portuarias integrales, ferrocarriles, carreteras etcétera mientras el TLCAN flexibilizó las regulaciones aumentando el flujo de mercancía, incluyendo drogas, armas y dinero, mientras la gran subasta del país nos vulneralizó. Las privatizaciones ofrecen oportunidades al crimen organizado por el retiro del Estado de espacios territoriales y ahora de funciones esenciales.
Pregunto esto porque, casi en paralelo, nuestros diputados reciberon del Senado el proyecto de Ley de Asociaciones Público Privadas (LAPP) impulsado por el Banco Mundial (BM) –ente subrogado al Tesoro de EU- y aprobado por el PRI y el PAN, para privatizar los servicios públicos del Estado formalizando relaciones contractuales “de largo plazo entre instancias del sector público y del sector privado para la prestación de servicios al sector público o al usuario final en los que se utiliza una infraestructura provista total o parcialmente por el sector privado”.
Manuel Bartlett fue al meollo del asunto al advertir que así arrancaría “la progresiva entrega de la gestión de inmensos presupuestos para salud, educación, transportes, seguridad, etcétera, reduciendo el perímetro del Estado”. Esa merma es parte del “Proyecto 2030” de privatización y desnacionalización (Contralínea 21/2/2010) en vigor desde hace 29 años, cuando se instauran las “normas” del BM/BID. Asoma la amenaza que menciona Mack, porque ese diseño desplomó la inversión pública en el campo y en el aparato productivo, debilitó al salario, la creación de empleo y polarizó el ingreso. Con la mira en el sector petroeléctrico, colocó en subasta bancos, 58 aeropuertos, las aerolíneas nacionales, 21 administraciones portuarias integrales, ferrocarriles, carreteras etcétera mientras el TLCAN flexibilizó las regulaciones aumentando el flujo de mercancía, incluyendo drogas, armas y dinero, mientras la gran subasta del país nos vulneralizó. Las privatizaciones ofrecen oportunidades al crimen organizado por el retiro del Estado de espacios territoriales y ahora de funciones esenciales.
Como Zedillo vendió puertos y aeropuertos a empresas extranjeras, recordó Jaime Martínez Veloz, “los administradores de esos espacios de seguridad nacional son nombrados desde España, Francia, Alemania, Dinamarca, China y Estados Unidos. Ante la llamada guerra contra el narcotráfico, o ante cualquier conflicto, ¿cuál es el control que tiene el Estado en espacios administrados por personas cuyo cargo se lo deben a una empresa extranjera?”. (J/8/4/2011)
Según James Moody, ex jefe de la sección drogas de la División sobre Crimen Organizado del FBI, desde el sexenio de Salinas se usaron incentivos para atraer capital extranjero. Uno de ellos, dice en un documento, es la venta de empresas paraestatales a inversionistas privados, empresas que incluyen “importantes instituciones financieras, fábricas y negocios industriales y de servicios de vanguardia con valor de miles de millones de dólares”. En esas privatizaciones “hubo corrupción y operaciones de lavado de dinero”...“paraestatales en proceso de privatización fueron compradas por organizaciones de narcotraficantes mexicanos y colombianos”(La compraventa de México, p.123). Para Jack Blum, ex jefe de asesores del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, el informe de Moody es “la incriminación más contundente por parte de un funcionario de Estados Unidos de que el narcotráfico se enseñoreó de México a la sombra de la política modernizadora salinista, que fue alentada por Washington y los organismos financieros internacionales” (123-124).
Como Estados Unidos, sus empresas y bancos, además de impulsar la LAPP no detienen el lavado de dinero ni el vasto trasiego de armas ni aclaran “Rápido y furioso”, México sería un Estado fallido sui generis: ¡amenaza la seguridad de la narcopotencia que lo auspicia!, ¿o es que en realidad van tras el norte del país y su mar patrimonial?
http://www.jornada.unam.mx/2011/04/21/index.php?section=opinion&article=021a1eco
Según James Moody, ex jefe de la sección drogas de la División sobre Crimen Organizado del FBI, desde el sexenio de Salinas se usaron incentivos para atraer capital extranjero. Uno de ellos, dice en un documento, es la venta de empresas paraestatales a inversionistas privados, empresas que incluyen “importantes instituciones financieras, fábricas y negocios industriales y de servicios de vanguardia con valor de miles de millones de dólares”. En esas privatizaciones “hubo corrupción y operaciones de lavado de dinero”...“paraestatales en proceso de privatización fueron compradas por organizaciones de narcotraficantes mexicanos y colombianos”(La compraventa de México, p.123). Para Jack Blum, ex jefe de asesores del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, el informe de Moody es “la incriminación más contundente por parte de un funcionario de Estados Unidos de que el narcotráfico se enseñoreó de México a la sombra de la política modernizadora salinista, que fue alentada por Washington y los organismos financieros internacionales” (123-124).
Como Estados Unidos, sus empresas y bancos, además de impulsar la LAPP no detienen el lavado de dinero ni el vasto trasiego de armas ni aclaran “Rápido y furioso”, México sería un Estado fallido sui generis: ¡amenaza la seguridad de la narcopotencia que lo auspicia!, ¿o es que en realidad van tras el norte del país y su mar patrimonial?
http://www.jornada.unam.mx/2011/04/21/index.php?section=opinion&article=021a1eco
