Entre más declaraciones realiza el titular del Trabajo o mejor dicho del desempleo y la explotación, Javier Lozano, más y más podredumbre sale a relucir y ya no sólo en el hecho de demostrar abiertamente que su representación es eminentemente empresarial, sino en los contratos multimillonarios con los que se favorece a las empresas outsoursing entre las cuales debe haber muchos, pero muchos socios que actualmente ocupan carteras dentro de los gabinetes central, ampliado y periférico.
Este negocio lo defienden porque en mucho los beneficia y esta referencia no es otra que la de sus propios patrimonios, porque en un país, con la actual Ley Federal del Trabajo que en efecto es obsoleta en mucho renglones y que ya debieron haber cambiado para beneficio de los trabajadores, se cuenta con el hombre más rico del mundo y en la lista de estos mega millonarios hay por lo menos otros 10, con lo cual se demuestra que la competitividad existe pero ¿todavía quieren más esclavitud obrera?, ¿no les es suficiente esa concentración de la riqueza?
Como ya es sabido, Javier Lozano ha calificado a quienes se oponen a la reforma laboral como cobardes, ignorantes y tontos, ya que no atina a explicar como es que pretende legalizar la contratación de los trabajadores de manera temporal sin ninguna prestación o poner en práctica otra contratación, esta para capacitación, sin que se le entregue a quienes laboran ni un solo céntimo por sus servicios.
El ingeniero Agustín Rodríguez Fuentes, secretario general del STUNAM y presidente colegiado de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), advierte que en la Ley actual existe de manera regulada la contratación temporal, pero lo que pretende Lozano está fuera de todo contexto, incurre en la ilegalidad y no se intenta otra cosa que emular a los EU en lo que se refiere a la contratación por hora, cuando en aquel país ésta tiene un pago en dólares y aquí solo alcanzarían a devengar 7 pesos por hora, es decir casi 50 centavos de dólar.
Otro renglón que se aborda es el de los juicios laborales que dan todas las garantías a los patrones.
Sostiene Rodríguez que todos los elementos que se presentan en la iniciativa están a favor de empresarios e inversionistas y al marcar que solamente se pagará un año de salarios caídos cuando exista un juicio de esta naturaleza se está librando a los patrones de una carga que, en otros países del mundo la absorbe el propio gobierno central, que en este caso sería el federal.
Pero no se puede cortar así de tajo, solamente por decisiones personales o de grupúsculos o de cúpulas de poder partidista, un ordenamiento que es eminentemente legal y resultado de todo un proceso a través de los juicios.
Actualmente, de 12 millones de mexicanos asalariados, solamente el 38 por ciento tienen prestaciones, el 62 por ciento restante no las tiene, así que todo apunta a que de lo que se trata es de generar mano de obra a destajo para quienes vienen a invertir o ya tienen sus capitales asentados y exigen mayores márgenes de utilidad, ya no solo a costa de aumentar los precios de sus productos sino de la explotación laboral.
Esta iniciativa de reforma pretende desaparecer ese 38 por ciento con prestaciones y convertirlo en un 100 por ciento de masa trabajadora sin ningún beneficio. Con el tipo de contratación al estilo gringo se hunde a los mexicanos; allá solo el 4 por ciento son sindicalizados, aquí se pretende llegar a ese mismo porcentaje, pero para evitar cualquier movimiento que ponga en riesgo los grandes beneficios que hoy les otorgan a empresarios y patrones.
Para el líder sindical de la UNAM, está más que claro que los compromisos de Javier Lozano y en general del equipo de Felipe Calderón están con el sector empresarial por lo que exige que se realice un referéndum -que se someta a una consulta pública en donde se convoque a todos- esta iniciativa de la que se muestran tan seguros que será benéfica para los mexicanos, para los trabajadores, aunque lo más probable es que nos percatemos de que su postura es la de títeres del FMI, del Banco Mundial, que se cumplen exigencias y dictados que provienen de otros países y que ellos están dispuestos a entregar, incluso, a sus compatriotas con tal de obtener privilegios allende la frontera y por lo tanto gran protección para sus actividades nada claras.
EL GRAN NEGOCIO Para darnos una idea mucho más clara de los intereses que están protegiendo los calderonistas les daremos los montos de una sola empresa de esas outsoursing, que tiene contratos con el gobierno federal y otros organismos y las cuales quieren contar con un respaldo legal tan amplio que les permita la explotación, que no la contratación laboral sin que ésta los lleve a desembolsar para prestaciones. CASPER es el nombre y tiene un contrato con la Secretaria de Educación Pública por 162.5 millones de pesos, y no es la única ya que con la de Economía tiene dos contratos uno por 8 y otro por más de 9 millones de pesos. Con la Secretaría de Salud, esta misma empresa tiene un documento que avala le entreguen para contratación de personal 23 millones 373 mil pesos; el ISSSTE hizo lo suyo con otro por 38 millones 691 mil pesos.
Los Talleres Gráficos de la Nación le contrataron dos grupos y uno de ellos es por 3.5 millones; la Comisión de Libros de Texto lo signó por 8 millones; Bellas Artes eroga en este mismo renglón y con igual compañía 9 millones de pesos y hasta la Comisión Nacional de Áreas Protegidas hace de las suyas con 3 millones de pesos. CASPER entró al quite a la Cámara de Diputados, en donde se encarga de la contratación de personal de limpieza quienes laboran, repetimos, sin ninguna prestación, y la empresa anterior ALFA SOL creó un gran descontento porque despidieron a 150 trabajadores, obviamente sin indemnización alguna, y los nuevos no sólo no los reponen sino que han duplicado las áreas de trabajo que tienen que permanecer limpias con el mismo horario y menor número de trabajadores.
Los diputados le pagan a esta outsoursing la nada despreciable suma de 24 millones de pesos. Estos legisladores han sido informados no sólo del despido injustificado de trabajadores sino de otros abusos como el de rebajar 20 pesos de su salario a los que permanecen.
Esta intentona de reforma a la Ley Federal del Trabajo ya deja al Estado liberado de toda su responsabilidad sobre los trabajadores ya que no hay garantía de retiro, cada quien se paga lo que será su pensión a través de las AFORES; tampoco hay salud ya que al poner en marcha el seguro popular se busco eliminar la responsabilidad sobre ese renglón; tampoco puede hablarse de educación ya que un alto, altísimo, porcentaje tiene que recurrir a las escuelas privadas ante la escasez y el bajo nivel de enseñanza que existe entre las públicas; de vivienda ya no vale la pena ni hablar porque ni siquiera el Infonavit construye y hoy por hoy cada quien tiene que buscar hacerse de un patrimonio, de un techo, mediante sus propios medios.
El Estado ha abdicado de todo ello y sigue cobrando impuestos y los eleva y nos obliga a pagar una nómina burocrática obesa, inútil; a cambio de cumplir con esa obligación, los mexicanos no recibimos nada y tal vez porque nada merecemos mientras sigamos aguantando y callando.
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