Miguel A. Granados Chapa No es banal preguntarse si la promoción de Marisela Morales Ibáñez de subprocuradora al rango inmediato superior se gestó en Washington. El grado de participación (no digo que de intromisión porque es permitida) del gobierno de Estados Unidos en los asuntos de seguridad y procuración de justicia es tan intenso, que así puede interpretarse el premio entregado hace tres semanas a la futura procuradora general de la República -la primera mujer que ocupará ese cargo, una vez que el Senado apruebe su designación. El 8 de marzo la entonces responsable de la SIEDO recibió de la secretaria de Estado norteamericana, Hillary Rodham Clinton, la presea Mujeres con Valor 2011.
Si se considera quién fue la única otra latinoamericana galardonada en la Casa Blanca ese día, no será difícil concluir que había en la selección de las escogidas una intención política. Yoani Sánchez, la disidente cubana famosa por el manejo en La Habana de un blog opositor al gobierno, fue considerada en la misma categoría que la subprocuradora mexicana. Además de figurar en una imagen que dio la vuelta al mundo, entre la secretaria Clinton y la primera dama Michelle Obama, la funcionaria mexicana recibió juicios muy favorables a su personalidad y a su desempeño: "Ha mostrado un impulso inquebrantable para combatir al crimen organizado y la corrupción, (y ha mostrado también) dedicación valiente para la protección de la seguridad de la ciudadanía y los derechos humanos".
De allí que la secretaria de Estado ratificara a la subprocuradora el compromiso de su gobierno: "estaremos con ustedes, estaremos a su lado al tiempo que ustedes hacen todo lo posible para proteger al buen pueblo de México de la escoria de la criminalidad". Quien hasta ayer era su jefe, el procurador Arturo Chávez Chávez, sustentaba también un criterio laudatorio sobre la responsable de la SIEDO.
En septiembre del año pasado le reconoció "públicamente capacidad, entrega, profesionalismo y valentía". Dicho elogio, sin embargo, fue expresado en el marco de un acontecimiento que marcaba el fracaso de una de las mayores operaciones encargadas a esa subprocuraduría.
Se trataba entonces de explicar por qué casi todos los funcionarios michoacanos acusados de liga con el narcotráfico y detenidos con escándalo en mayo de 2009 fueron uno a uno saliendo en libertad.
El hecho de que Chávez y Morales Ibáñez hayan quedado solidarios en el desenlace de un episodio que probó el uso político de la PGR obliga a ver con cautela el nuevo nombramiento de la funcionaria. No conoceremos la causa inmediata de la remoción de Chávez Chávez, pues el presidente de la República puede relevar libremente al procurador (aunque para nombrarlo requiera el asentimiento senatorial).
Pero los ciudadanos saben, desde su propio interés, que el funcionario debía haber sido cesado de tiempo atrás, debido a su incompetencia en los varios frentes que debe atender la jefatura del Ministerio Público federal.
En el más importante de ellos no cabe duda que fue incapaz de contener a la delincuencia organizada, combatiéndola con el vigor y la determinación necesarios. Asociado a la estrategia publicitaria del secretario Genaro García Luna, que le impuso como jefe de la policía federal ministerial al almirante Wilfredo Robledo, abrió el campo a la indagación de delitos a partir de testigos protegidos, y consintió en la utilización de varios de ellos con propósitos distintos de los propios de su oficina. Debido a su nexo personal con Diego Fernández de Cevallos, el procurador infringió flagrantemente la ley a partir del secuestro del dirigente panista. En vez de perseguir el delito, se avino a la estrategia familiar de la víctima, lo que acaso es comprensible para recuperar con vida al capturado. Pero satisfacer una necesidad particular a cambio de una vulneración ostensible del orden jurídico muestra que Chávez Chávez entendía su función sin considerar los intereses generales. De otras maneras, y aunque lo hiciera ostensiblemente en acatamiento a instrucciones presidenciales, el hasta ahora procurador sesgó conforme a su propia visión del mundo el cumplimiento de la ley. Inició una acción de inconstitucionalidad contra la legislación civil del Distrito Federal que instauraba derechos en materia de opciones familiares (el matrimonio entre personas del mismo sexo y la posibilidad de que parejas en esa condición puedan adoptar). Lo movió no una convicción jurídica, sino una ideológica, claramente derivada de la posición que en esa materia (como en el caso de la interrupción prematura del embarazo) mantiene la porción más conservadora de la Iglesia Católica. Por eso su iniciativa judicial se estrelló contra el criterio jurídico de la Corte, donde no faltan los ministros conservadores y católicos que sin embargo no permiten que su credo interfiera en el ejercicio de sus responsabilidades. En principio es plausible que una mujer sea propuesta para ejercer por primera vez la procuraduría de justicia de la Federación. Como la propia Morales, en la Procuraduría General han despachado, con suerte variopinta, subprocuradoras de distintas áreas. Importará que la condición femenina de la nueva titular se imponga sobre las rutinas del Ministerio Público en que la procuradora se formó desde cargos de menor responsabilidad. Si la promoción resulta del avenimiento de la funcionaria a moldes antiguos e improductivos, ningún motivo de satisfacción debe producir su situación de mujer. Ha habido procuradoras locales, aun en el DF, exitosas y fracasadas. Cajón se Sastre El grupo de trabajo de la ONU sobre desa- pariciones forzadas e involuntarias conclu- yó ayer su estancia en México con una recomendación que coincide con las que han formulado agrupaciones civiles me- xicanas e internacionales: el Ejército debe retornar a sus cuarteles, porque su presencia en la persecución del crimen organizado suele ser fuente de violaciones a los derechos humanos, especialmente en el ámbito que ocupa a los expertos que a su regreso a Ginebra prepararán un informe sobre esa forma específica y cruel de privación ilegal de la libertad en que agentes del Estado capturan más que a presuntos delincuentes a activistas políticos de los que suele no saberse nada nunca. De inmediato, sin embargo, autoridades mexicanas justificaron la actuación policiaca de los militares. Pero nada dijeron de las desa- pariciones, que es el tema sobre el que deberían responder ante la comunidad internacional. http://www.terra.com.mx/noticias/articulo/1079714/Concluye+trabajo+sobre+desapariciones+forzadas.htm
