Ciudad de México. Miles de miembros de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica (Anuee) marcharon este jueves sobre Paseo de la Reforma para exigir a la Secretaría de Gobernación (SG) que cumpla los acuerdos firmados el 23 de mayo pasado con la organización, principalmente en su demanda de que haya una tarifa social que garantice el acceso de los ciudadanos a recibir el servicio eléctrico, así como el borrón y cuenta nueva para quienes desde la entrada de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) al centro del país, dejaron de pagar sus recibos de luz en protesta por los altos cobros y la falta de contratos.
“Nosotros no reconocemos legalmente a la CFE en la zona centro del país, que anteriormente atendía Luz y Fuerza del Centro. La legislación anterior y la actual establecen la necesidad de celebrar un contrato y ellos llegaron aquí sin celebrar absolutamente nada. Simplemente tomaron posesión de la zona, empezaron a emitir recibos y empezaron a distribuir a su gente en la zona”, explicó Juan Carlos Escalante, uno de los dirigentes de la Asamblea.
En entrevista durante la movilización que partió de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad -ubicadas en Río Ródano- a la Secretaría de Gobernación, Escalante señaló que el gobierno está siguiendo un programa de privatización del sector eléctrico en beneficio de algunas empresas y de las grandes trasnacionales, pero en perjuicio de los usuarios.
La Anuee, creada el 11 de octubre de 2010, un año después de que el gobierno de Felipe Calderón decretó la extinción de Luz y Fuerza del Centro, ha interpuesto recursos jurídicos que le han permitido suspender los pagos de los usuarios sin que les corten el suministro eléctrico.
Lo anterior, a través de quejas administrativas ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), pues el artículo 113 de la Ley Federal de Protección al Consumidor establece que “tratándose de bienes o servicios de prestación o suministro periódicos tales como energía eléctrica, gas o telecomunicaciones, el solo inicio del procedimiento conciliatorio suspenderá cualquier facultad del proveedor de interrumpir o suspender unilateralmente el cumplimiento de sus obligaciones en tanto concluya dicho procedimiento”.
Sin embargo, Escalante asegura que lo anterior no ha impedido el proceso de criminalización de la protesta social, pues a la fecha 18 miembros de la Asamblea están sujetos a procesos jurídico, acusados de oponerse a la realización de obras de la CFE.
Uno de los casos es el de Judith de la Cruz Victoriano, dirigente de la Anuee en Chimalhuacán, Estado de México, a quien esta semana le notificaron que tiene cinco órdenes de presentación ante el Ministerio Público Federal.
“Yo salgo a informar a la gente que si ellos no quieren no pueden obligarlos a aceptar el cambio de medidores, pero ellos (los empleados de CFE) nos amenazan y nos dicen que si no permitimos que pongan los postes o que cambien los medidores nos van a dejar sin servicio”, dijo De la Cruz en entrevista.
Escalante señala que la Anuee ya ganó un juicio en el penal del Altiplano en donde el juez otorgó la libertad a dos compañeros del municipio de Naucalpan.
“Desde el 23 de mayo se comprometieron a parar las denuncias ante la PGR, pero ha habido nuevas denuncias en julio, agosto y este mes”, dijo.
Escalante informó que la Asamblea lleva seis lunes seguidos organizando tomas simbólicas de instalaciones de la CFE en demanda de que se cumplan los acuerdos que ya firmaron con las autoridades . El lunes pasado se tomaron cerca de 80 centros en Hidalgo, Morelos, Estado de México y la Ciudad de México.
Según los organizadores, en la marcha de este jueves, que llegó hasta la calle de Bucareli, aglutinó a más de 20 mil personas y se espera que las acciones de protesta continúen en los próximos meses si no hay respuesta de las autoridades.
Fuente: La Jornada
