Contraviene disposiciones de la Constitución Política de la Ciudad de México: César Cravioto
Sacmex podrá subcontratar
El bloque de perredistas, panistas y priístas ya acordó avalarla
De aprobarse este jueves la ley de sustentabilidad hídrica en el pleno de la Asamblea Legislativa (ALDF), Morena la impugnará ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por contravenir disposiciones de la Constitución Política de la Ciudad de México, advirtió el coordinador del grupo parlamentario, César Cravioto Romero.
Expuso que aun cuando el dictamen sobre dicha ley establece que los servicios de agua potable y de drenaje, a cargo del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex), no podrán ser privatizados, al modificar la naturaleza jurídica del organismo le permite no sólo adquirir deuda sino subcontratar a empresas para realizar sus funciones, lo que
abre la puerta a la privatización.
El legislador dijo que eso ocurrió en Coahuila, donde la operación del servicio de suministro de agua potable se dejó en manos de una empresa filial de la española Aguas de Barcelona, con facultades incluso para modificar las tarifas, con lo que incurrió en abusos contra los usuarios.
El dictamen se incorporó al orden del día de la sesión del pleno este jueves y si bien Cravioto dijo que Morena desconoce la presidencia del diputado Fernando Zárate Salgado, del Partido Verde Ecologista de México, por haber sido impuesto tras la destitución ilegal de la diputada de su partido Flor Ivone Morales Miranda, adelantó que estarán presentes para fijar el posicionamiento de su partido.
Señaló que más allá de si Morena vota o no y cómo vota, el grupo formado por los partidos de la Revolución Democrática, Acción Nacional y Revolucionario Institucional ya tomaron la determinación de aprobar la ley, así sea con el mínimo de 34 votos requerido, pero,
por ser una sesión ilegal, como todo lo que se ha aprobado con esta presidencia ilegítima, la vamos a controvertir y la vamos a echar abajo en la Corte, sostuvo.
Recordó que ya presentaron un recurso de amparo para declarar ilegales las sesiones del pleno y promoverán también recursos contra todos los dictámenes que se han aprobado, en particular, dijo, esta ley, que tiene
temas gravísimos, como que el que ya hizo ver la diputada Aleida Alavez Ruiz en la discusión en comisiones, de no contener mecanismos que aseguren el ejercicio efectivo del derecho humano al agua, como está estipulado en la Constitución Política local, sino al contrario, mantener la disposición de restringir el suministro a usuarios que hayan dejado de pagar dos periodos.
Otro, dijo, es que permite al Sacmex apropiarse de las aguas de los manantiales sin prever los derechos, también establecidos en el texto constitucional local, que corresponden a los pueblos y barrios originarios y las medidas de implementación para poder hacer aprovechamiento de dichos acuíferos.
Colectivos defienden derecho al agua afuera de ALDF
Ciudad de México. Colectivos en defensa del agua y de damnificados por el sismo del 19 de septiembre realizan una concentración frente a la Asamblea legislativa, donde se prevén las discusiones en el pleno de los dictámenes de la ley de sustentabilidad hídrica y del programa de reconstrucción, este último aún sin previa aprobación en comisiones.
Elena Caeri Baca León de la Coordinadora Nacional Agua para Todos, advirtió que la ley en materia de agua “convertirá al sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) en una paraestatal, que es lo que esperaban empresas como Veolia, Suez y Gutsa para lograr convenios de largo plazo “en una estrategia privatizadora del agua a largo plazo”.
Advirtió que el dictamen, aunque lo diga, no garantiza el derecho humano al agua y con disposiciones como la de facultar al Sacmex a establecer mecanismos que sean necesarios para fomentar la recaudación, podría llevar que las empresas que tienen bajo concesión la cobranza a los usuarios como ocurrió en el estado de Puebla, recurran al embargo de bienes de los deudores.
Agregó que la iniciativa no se sometió a consulta de los pueblos y barrios originarios, respecto de las disposiciones relativas a la protección de las zonas de recarga de los acuíferos, en los que se asientan las comunidades y menos aún se consideró la propuesta ciudadana que si garantice el derecho al acceso al agua suficiente, salubre, segura, asequible y de calidad para el uso personal y doméstico, como establece la Constitución Política de la Ciudad de México.
En la protesta están también vecinos de colonias de Iztapalapa como Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, San Lorenzo, Las Perñas, Sierra de Santa Catarina, entre otras, que pertenecen al Frente Nacional por la Esperanza.
Grupos de damnificados reclaman además la aplicación de recursos de los fondos de atención a desastres naturales de los gobiernos federal y local para la reposición de sus viviendas.
“Queremos soluciones, no deudas. Si rescataron a los banqueros, salven a los damnificados”, señala en una cartulina una de las daminificadas por el sismo del edificio de Tajín 191, en la colonia Narvarte de Benito Juárez.
Fuente: La Jornada
