Madrid. Como era previsible, el Tribunal Constitucional (TC) español anuló en una resolución la declaración unilateral de independencia que se llevó a cabo el pasado 27 de octubre en el Parlamento catalán, tras un tenso debate en el que se impuso la mayoría del bloque independentista, con 70 votos a favor y diez abstenciones. El resto de los diputados -55-, que integran el bloque unionista, decidieron ausentarse de la votación al considerar que la Cámara estaba incurriendo en una ilegalidad.
Jornada de Protestas en Cataluña
El alto tribunal español declaró suspendida de forma cautelar la declaración de independencia, con la que el ex presidente Carles Puigdemont y sus aliados en el bloque independentista pretendían fundar la nueva República catalana y que entrase en vigor la llamada “ley de transitoriedad” o de “desconexión”, que serviría como marco legal en el proceso de desvinculación de las instituciones catalanas de las españolas.
En la resolución, el TC además señala por los delitos de desobediencia a sus sentencias a la ex presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, y a los miembros de la Mesa, Ana Simó y José María Espejo, que, según el auto, tenían la obligación legal de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la nulidad acordada y les apercibe de las responsabilidades penales en las que pudieran incurrir.
Esta resolución se dio a conocer sólo 24 horas antes de que Forcadell y el resto de los diputados que formaban parte de la Mesa cuando se dio la votación comparezcan ante el Tribunal Supremo por los delitos de rebelión, sedición, malversación y cohecho, precisamente por las diferentes iniciativas que han impulsado desde el Parlamento en favor del proceso de secesión del Estado español. Algo que a juicio del TC supone un “grave atentado contra el Estado de derecho y con pareja intensidad contra el principio democrático”, según la resolución dictada hoy.
En la primera de las resoluciones dadas a conocer este miércoles, se anulan por inconstitucionales las declaraciones denominadas "Declaración de los representantes de Cataluña" y "Proceso constituyente", estimando de este modo el recurso por vía del denominado incidente de ejecución de sentencia planteado por la Abogacía del Estado. Afirma que ambas "contradicen frontalmente" sus decisiones; muy particularmente, la que anuló la llamada "Ley del referéndum de autodeterminación" y la providencia que admitió a trámite y suspendió cautelarmente la denominada "Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la República".
La Mesa acordó la admisión a trámite pese a las rotundas advertencias del secretario general del Parlamento y del letrado mayor, quienes indicaron que ambas proposiciones suponían "la aplicación, el desarrollo o la ejecución" de la Ley del referéndum y de la Ley de transitoriedad jurídica, ambas afectadas por pronunciamientos del Tribunal Constitucional.
El órgano de garantías insiste en que, con esta forma de proceder, la Cámara autonómica "desatiende los reiterados pronunciamientos y advertencias de este Tribunal y pretende de nuevo 'cancelar de hecho, en el territorio de Cataluña y para todo el pueblo catalán, la vigencia de la Constitución, del Estado de Autonomía y de cualesquiera reglas de derecho que no se avinieran al dictado de su nula voluntad’".
La resolución recuerda también cómo "de forma expresa y reiterada" ha venido advirtiendo a los poderes públicos implicados y a sus titulares, y de forma especial a los miembros de la entonces Mesa del Parlamento de Cataluña, de su "deber de impedir o paralizar" cualquier iniciativa que suponga "alterar unilateralmente el marco constitucional o incumplir las resoluciones de este Tribunal".
Sobre la vulneración de la soberanía nacional, el Tribunal sostiene que en el actual sistema constitucional "sólo el pueblo español es soberano y lo es de manera indivisible y exclusiva", por lo que "ningún otro sujeto u órgano del Estado o ninguna fracción de ese pueblo puede pretender, declarándose soberano, disponer o quebrantar la soberanía nacional".
"El pueblo de Cataluña [*] 'no es titular de un poder soberano, exclusivo de la Nación española constituida en Estado' ni es 'un sujeto jurídico que entre en competencia con el titular de la soberanía nacional'".
Esta resolución podría ser perjudicial para la comparecencia de mañana de Forcadell y el resto de diputados en el Tribunal Supremo, que podría dictar medidas cautelares similares a las que dictó la juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, contra la mitad del gobierno catalán, que fue la prisión incondicional ante el riesgo de fuga, de destrucción de pruebas y de “reiteración del delito”.
Barcelona, España.- Varios manifestantes han bloqueado carreteras y detenido trenes en medio de una huelga general en Cataluña después de que el Gobierno central español asumiera un control sin precedentes de la región para acabar con la iniciativa independentista.
Bloquean Cataluña a Favor de Independencia
El Servicio Catalán de Tránsito indicó por la mañana que más de 60 tramos de carreteras y autopistas estaban afectados por las protestas de huelguistas; entre ellas, la autopista AP7, una de las principales arterias que conecta Francia y España.
Por su parte, la operadora nacional de ferrocarriles, Renfe, reportó que los trenes se habían detenido en docenas de líneas locales porque los manifestantes ocupaban las vías, además de que varias líneas de alta velocidad tienen demoras o desvíos.
En Girona, los manifestantes sobrepasaron los controles policiales para llegar a la principal estación de ferrocarril, y en Barcelona, varios grupos ocupan intermitentemente las avenidas, lo que ha causado momentos de tensión con algunos conductores.
Intersindical CSC, una plataforma que reúne a varios sindicatos independentistas, fue quien convocó la huelga para este miércoles, en favor de los derechos laborales.
Además, partidos políticos y grupos civiles pidieron a los trabajadores que se reunieran a mediodía en las principales ciudades catalanas y de nuevo por la noche a las puertas de los ayuntamientos de toda la región, para protestar por el encarcelamiento de ex miembros del destituido Gobierno independentista de Cataluña.
Las autoridades españolas asumieron el control directo de la comunidad autónoma después de que legisladores regionales aprobaran una declaración de independencia el 27 de octubre, por lo que se convocaron elecciones anticipadas para el mes que viene con el fin de reemplazar al Gobierno regional.
La huelga no cuenta con el respaldo de los dos sindicatos más grandes de España, y no se reportó un gran impacto en la industria o el sector turístico de la región.
Fuente: La Jornada y AP
