Empleados de CFE atropellan y abandonan a usuario malherido; después intentan fincarle delitos por “robo de energía” en MP
Integrantes del Colectivo Por una Economía Solidaria denunciaron que la tarde del jueves, al realizar un corte de energía eléctrica, uno de los vehículos de una cuadrilla de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), atropelló a un usuario que se encuentra en litigio con la “empresa de calidad mundial”.
Cerca de las dos de la tarde los empleados de la CFE llegaron al domicilio de Saúl Osuna –quien también es integrante del colectivo- ubicado en la avenida 531 y 506 en la primera sección de San Juan de Aragón, ahí los empleados de CFE argumentaron que realizarían el corte “porque se estaban robando la luz”.
Al ver el acontecimiento, Saúl llamó a sus compañeros del colectivo. Hasta ahí llegó Isabel Tagle, quien funge como un apoyo legal dentro del grupo. Isabel encaró a los empleados y evocó el artículo 113 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, el cual señala que “tratándose de bienes o servicios de prestación o suministro periódicos -tales como energía eléctrica, gas o telecomunicaciones- el sólo inicio del procedimiento conciliatorio suspenderá cualquier facultad del proveedor de interrumpir o suspender unilateralmente el cumplimiento de sus obligaciones en tanto concluya dicho procedimiento”.
“Sin importarles la violación a la ley, los trabajadores de la CFE continuaron con el corte y se llevaron el cable que suministraba energía eléctrica al domicilio del compañero. Cuando yo me acerco a decirles que tenemos una queja ante la Profeco y que eso impide el corte del suministro, ellos de forma prepotente, nos insultaron.
“Yo llamé a un compañero y le pedí el teléfono de Raúl Chávez Chapina, quien es el director de la Unidad de Servicios La Villa de Profeco, al escuchar esto el personal de jurídico y operativo de la CFE se echaron a correr; eran tres hombres, uno de ellos se subió a una camioneta de la CFE y arrancó atropellando a nuestro compañero Saúl. A pesar que vio que se quedó tirado en el suelo, no se detuvo, abandonó el sitio”, narró a Revolución TRESPUNTOCERO Isabel Tagle.
A pesar que todos los vehículos de la CFE están obligados a contar con un seguro de daños a terceros, el conductor de la unidad con placas 40-42-CK de la Ciudad de México y número económico 96832 de la CFE, abandonó a Saúl herido de una pierna y con diversos golpes en el cuerpo.
Aunque el cafre pretendió darse a la fuga diversos automovilistas que observaron la agresión emprendieron una persecución y lograron obstruir la fuga del pesado vehículo oficial. El conductor fue remitido a la Coordinación Territorial Número 2, ubicada en la delegación Gustavo A. Madero, en calidad de detenido.
Ministerio público amenaza a usuarios
Después que Saúl Osuna fue arrollado, paramédicos arribaron al lugar para valorarlo, ahí certificaron que el joven debía ser ingresado a urgencias debido a que presentaba un tobillo con fractura y múltiples escoriaciones producto del atropellamiento.
Por lo anterior Saúl Osuna fue canalizado al Hospital de Balbuena donde se reportó como estable, pero a la espera de entrar a quirófano para una operación por fractura de tobillo.
Por lo anterior, un grupo del Colectivo Por una Economía Solidaria se presentó en la Coordinación Territorial Número 2 de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México en la delegación Gustavo A. Madero para presentar la denuncia correspondiente.
Acompañados de su representante legal y el coordinador del grupo, Pável Flores, fueron recibidos con la sorpresa que el titular de turno del Ministerio Público intentaba fincar, sin autoridad alguna para hacerlo, el delito de “robo de energía” en contra de Saúl Osuna.
“El Ministerio Público no tiene ninguna autoridad para fincar delitos en este caso. Nosotros creemos que el Ministerio Público está actuando arbitrariamente y a favor de la CFE para intimidarnos. Es preocupante cómo quieren torcer y cargar el Estado de derecho a favor de una persona o una empresa que cometió un delito y viola las leyes que protegen y amparan a los usuarios.
“Además, el Ministerio Público no quería tomar la denuncia de la compañera Isabel, sin fundamento y arbitrariamente, sólo no quería hacerlo. Al final aceptó hacerlo, pero estaremos muy atentos a que no haya impunidad en este caso”, recriminó Pável Flores.
Finalmente el Colectivo Por una Economía Solidaria dejó claro que “no estamos promoviendo el no pago de la energía eléctrica, sino la defensa al derecho a una tarifa justa, a un proveedor legal”.
Cabe recordar que el colectivo se integra por vecinos de las delegaciones de la Ciudad de México: Coyoacán, Azcapotzalco, Venustiano Carranza y Gustavo A. Madero, entre otras.
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Cerca de las dos de la tarde los empleados de la CFE llegaron al domicilio de Saúl Osuna –quien también es integrante del colectivo- ubicado en la avenida 531 y 506 en la primera sección de San Juan de Aragón, ahí los empleados de CFE argumentaron que realizarían el corte “porque se estaban robando la luz”.
Al ver el acontecimiento, Saúl llamó a sus compañeros del colectivo. Hasta ahí llegó Isabel Tagle, quien funge como un apoyo legal dentro del grupo. Isabel encaró a los empleados y evocó el artículo 113 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, el cual señala que “tratándose de bienes o servicios de prestación o suministro periódicos -tales como energía eléctrica, gas o telecomunicaciones- el sólo inicio del procedimiento conciliatorio suspenderá cualquier facultad del proveedor de interrumpir o suspender unilateralmente el cumplimiento de sus obligaciones en tanto concluya dicho procedimiento”.
“Sin importarles la violación a la ley, los trabajadores de la CFE continuaron con el corte y se llevaron el cable que suministraba energía eléctrica al domicilio del compañero. Cuando yo me acerco a decirles que tenemos una queja ante la Profeco y que eso impide el corte del suministro, ellos de forma prepotente, nos insultaron.
“Yo llamé a un compañero y le pedí el teléfono de Raúl Chávez Chapina, quien es el director de la Unidad de Servicios La Villa de Profeco, al escuchar esto el personal de jurídico y operativo de la CFE se echaron a correr; eran tres hombres, uno de ellos se subió a una camioneta de la CFE y arrancó atropellando a nuestro compañero Saúl. A pesar que vio que se quedó tirado en el suelo, no se detuvo, abandonó el sitio”, narró a Revolución TRESPUNTOCERO Isabel Tagle.
A pesar que todos los vehículos de la CFE están obligados a contar con un seguro de daños a terceros, el conductor de la unidad con placas 40-42-CK de la Ciudad de México y número económico 96832 de la CFE, abandonó a Saúl herido de una pierna y con diversos golpes en el cuerpo.
Aunque el cafre pretendió darse a la fuga diversos automovilistas que observaron la agresión emprendieron una persecución y lograron obstruir la fuga del pesado vehículo oficial. El conductor fue remitido a la Coordinación Territorial Número 2, ubicada en la delegación Gustavo A. Madero, en calidad de detenido.
Ministerio público amenaza a usuarios
Después que Saúl Osuna fue arrollado, paramédicos arribaron al lugar para valorarlo, ahí certificaron que el joven debía ser ingresado a urgencias debido a que presentaba un tobillo con fractura y múltiples escoriaciones producto del atropellamiento.
Por lo anterior Saúl Osuna fue canalizado al Hospital de Balbuena donde se reportó como estable, pero a la espera de entrar a quirófano para una operación por fractura de tobillo.
Por lo anterior, un grupo del Colectivo Por una Economía Solidaria se presentó en la Coordinación Territorial Número 2 de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México en la delegación Gustavo A. Madero para presentar la denuncia correspondiente.
Acompañados de su representante legal y el coordinador del grupo, Pável Flores, fueron recibidos con la sorpresa que el titular de turno del Ministerio Público intentaba fincar, sin autoridad alguna para hacerlo, el delito de “robo de energía” en contra de Saúl Osuna.
“El Ministerio Público no tiene ninguna autoridad para fincar delitos en este caso. Nosotros creemos que el Ministerio Público está actuando arbitrariamente y a favor de la CFE para intimidarnos. Es preocupante cómo quieren torcer y cargar el Estado de derecho a favor de una persona o una empresa que cometió un delito y viola las leyes que protegen y amparan a los usuarios.
“Además, el Ministerio Público no quería tomar la denuncia de la compañera Isabel, sin fundamento y arbitrariamente, sólo no quería hacerlo. Al final aceptó hacerlo, pero estaremos muy atentos a que no haya impunidad en este caso”, recriminó Pável Flores.
Finalmente el Colectivo Por una Economía Solidaria dejó claro que “no estamos promoviendo el no pago de la energía eléctrica, sino la defensa al derecho a una tarifa justa, a un proveedor legal”.
Cabe recordar que el colectivo se integra por vecinos de las delegaciones de la Ciudad de México: Coyoacán, Azcapotzalco, Venustiano Carranza y Gustavo A. Madero, entre otras.
Exxon Mobil, Chevron y Hess irán juntas por crudo en aguas profundas de México
Exxon Mobil Corp, Chevron Corp y Hess Corp acordaron participar juntas en la búsqueda de crudo en aguas profundas de México, reportó el jueves Bloomberg, citando a una fuente con conocimiento del tema.
Las tres firmas estadunidenses planean participar juntas en la licitación de licencias de las 10 áreas de exploración que se ofrecerán en diciembre como parte de la apertura petrolera, dijo la fuente a Bloomberg.
No fue posible contactar a las compañías para que realizaran comentarios.
PUEBLA, Pue.- El secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz Volkswagen (SITIAVW), Rey David García Avendaño, aseguró que el incremento de 4% al salario y de 0.5% a prestaciones que se acordó con la empresa en la revisión contractual de este año es “un buen resultado”.
“Ningún incremento es suficiente, pero en estos momentos, para la situación que estamos viviendo y para la inflación de 2.65%, lo hemos superado. Desde nuestro punto de vista, y siendo objetivos, es un buen resultado para los trabajadores, el sindicato y la empresa”, puntualizó.
Luego de que la huelga programada para este jueves quedó conjurada, el dirigente sindical ha enfrentado la crítica de sus compañeros y del dirigente estatal de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Leobardo Soto, porque –subrayaron–el aumento acordado es “raquítico” y uno de los más bajos obtenido por el sindicato en los últimos siete años.
Según el tabulador, las remuneraciones de los obreros de la planta automotriz se incrementarán entre 9.55 y 31 pesos diarios, con lo que ahora unos ganarán 248.36 pesos, y otros 807.63 pesos.
El dirigente sindical rechazó que la aceptación de ese incremento se deba a que el sindicato se hubiera solidarizado de alguna forma con la empresa por encima del interés de los trabajadores, ante la crisis que atraviesa por el escándalo que inició en Estados Unidos a raíz de la inclusión de un software en los vehículos para manipular las emisiones contaminantes.
Afirmó que la Comisión Revisora, que tomó la determinación de aceptar la propuesta sin someterla a votación entre los 8 mil obreros que trabajan en la planta, actuó de manera responsable al defender el empleo y proteger las conquistas de los trabajadores.
“Nosotros consideramos una conquista lo que hemos logrado ahorita, consideramos que estamos en un año complicado, y en un afán de que el 2017 tiene tintes de alza, podremos lograr un mayor incremento dependiendo del mercado”, declaró.
García Avendaño destacó que la negociación fue “difícil”, dado que la empresa alemana pretendía incluir en la actual negociación contractual una revisión multianual de salarios, con lo que se quería fijar desde ahora los porcentajes de incremento de los próximos años, lo cual fue rechazado.
En votación, los obreros rechazaron la inclusión del llamado “Punto de Equilibrio” referente a la creación de un “banco de horas” para que accedieran a trabajar horas extra y declarar recesos de producción de acuerdo con las necesidades de la empresa.
Entre los logros de la revisión contractual, el líder sindical resaltó el acuerdo de crear un fondo de ahorro, así como el otorgamiento de la planta laboral a 66 trabajadores eventuales, la desaparición del nivel más bajo del tabulador salarial llamado A5, y la inclusión de permiso por matrimonio, nacimiento y adopción o por defunción
De igual manera, se conserva la entrega del reloj conmemorativo de la Volkswagen para los trabajadores que cumplan años de antigüedad.
El padre Alejandro Solalinde colocó una nueva pieza en el rompecabezas del caso Ayotzinapa, desconocida hasta ahora por los investigadores extranjeros del GIEI y los de casa: que algunos de los 43 normalistas desaparecidos fueron llevados con vida y presuntamente ejecutados en una zona montañosa, semiabandonada que se encuentra en los límites del estado de Guerrero, y donde suele traficarse regularmente con drogas y hay fosas clandestinas por doquier.
El defensor de migrantes afirmó lo anterior después de participar en el II Coloquio sobre Violencia, Narcotráfico y Salud Mental, coordinado por el catedrático de la Facultad de Psicología de la UNAM y coordinador del Centro de Documentación del semanario Proceso, Rogelio Flores.
Solalinde reveló que una fuente cercana a él –un líder indígena que trabajó con el sacerdote por espacio de casi dos meses–, le confió que algunos jóvenes con características similares a los normalistas desaparecidos habrían sido llevados hasta el sitio el mismo día de la desaparición.
“Hay personas que saben de unas fosas, pero no en el estado de Guerrero, ellos aseguran que llevaron a algunos jóvenes que podrían ser, no aseguran que sean ellos, pero coincide con las fechas y con todo, con gente que venía de allá de Guerrero. Ellos tienen una pista de donde fueron llevados algunos, pero no sabemos si están muertos”, dijo.
Cuestionado sobre el sitio donde presuntamente fueron vistos los jóvenes desaparecidos, el prelado comentó que guardaría en secreto el sitio para evitar poner en riesgo a su informante.
“No les puedo decir porque la vida de ellos también depende, yo espero que ellos hagan el anuncio, si ellos me autorizan, hoy mismo hablo con uno de los líderes y si ellos quieren hacer del conocimiento de la prensa, lo hacen pero hay un riesgo y es que si dan esta nueva pista se corre el riesgo de que puedan levantar los cuerpos”, acotó.
No es la primera vez que el padre Alejandro Solalinde coloca nuevas piezas en el rompecabezas del caso Ayotzinapa. Días después de la tragedia, reveló que algunos de ellos habían sido asesinados, según le había confiado otra de sus fuentes. La declaración no cayó bien a los padres en aquel entonces.
Por eso, está plenamente consciente de que esta nueva revelación podría reavivar la sensibilidad de los padres, de ahí las reservas, explicó.
“Creo que ellos están para agradecer cualquier información que se dé y esta persona lo está diciendo con mucha seguridad, yo no puedo darles datos porque tengo que protegerlos a ellos”, concluyó.
Durante su participación en el Coloquio, Solalinde dio a conocer que en la última década al menos 10 mil migrantes centroamericanos habrían desaparecido en su paso por México y subrayó que en dicha “tragedia” existe una enorme complicidad de las diferentes instancias gubernamentales.
El religioso señaló que estas cifras son de las más “conservadoras”, pues el movimiento migrante centroamericano señala que podrían ser unos 70 mil el número de personas desaparecidas de finales de 2006 a la fecha.
En el auditorio principal de la facultad de Psicología de la UNAM, al padre Solalinde, Premio Nacional de Derechos Humanos en 2012, dijo que Los Zetas es la principal organización del crimen organizado que se ha dedicado a la extorsión y desaparición de los migrantes.
En el Coloquio participaron también agrupaciones de familiares de desaparecidos que se han organizado por su cuenta para buscar a sus seres queridos, como Los Otros Desaparecidos, Familiares en Búsqueda María Herrera y FABDAC. Representantes de cada grupo dieron sus testimonios del viacrucis que viven desde que perdieron a sus familiares.
El caso Ayotzinapa también se abordó en una de las mesas de trabajo. La psicóloga Jimena Antillón celebró que la UNAM abra la puerta a este tipo de asuntos de trascendencia nacional.
También habló sobre las consecuencias psicosociales de las víctimas que, en el caso particular de Iguala, suman aproximadamente 700 personas que padecen “un impacto profundo en los niveles personal, familiar y de su hábitat”.
Pese a ello, la especialista reconoció la “fuerza y vitalidad impresionantes para enfrentarlo”, como la movilización y la solidaridad de personas y organizaciones que los han acompañado en su dolor.
Antillón señaló, además, que en su trabajo de atención a las víctimas de desaparición forzada existen otro tipo de afecciones propiciadas en buena medida por la impunidad que impera, ya que “quien debería protegerte no lo hace, por el contrario, te agrede”.
Esta situación, dijo, deja en el desamparo a los familiares. “Es un mecanismo, desde mi punto de vista personal, más político porque obstruye la investigación y la sanción a los responsables”.
La reportera del semanario Proceso Gloria Leticia Díaz, quien se ha ocupado del tema Ayotzinapa y de las víctimas de violencia en el estado de Guerrero, lanzó la pregunta “¿cómo entender Ayotzinapa?”, cuando –dijo– se ha sido testigo de la actuación de los agentes del Estado mexicano en el ataque a estudiantes y ciudadanos por un lado y la negligencia oficial que ha permitido la consumación de estos hechos por el otro lado, así como de la colusión criminal entre las autoridades y el crimen organizado.
Para explicar el punto aportó cifras que ha recogido en la cobertura periodística de la violencia cotidiana en la entidad, pero que, advirtió, “no es ajena a la que históricamente ha dado fama a la entidad, y que se mantiene en la memoria de miles de guerrerenses: que en su árbol genealógico cuenta con abuelos, tíos, madres y padres víctimas de desaparición forzada sistemática, ejecuciones sumarias, detenciones arbitrarias o torturas, ocurridas durante la llamada “Guerra Sucia” en las décadas de los sesenta, setenta y ochenta, abusos –acotó– atribuidos a militares, miembros de la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS) y policías estatales”.
En su turno, el también reportero de Proceso, José Gil Olmos, hizo un paralelismo entre la mafia de Al Capone y los narcotraficantes mexicanos. Con sus propias herramientas y métodos, ambas organizaciones lograron un control y una hegemonía a base de la fuerza, de la violencia.
Lo que la sociedad civil no ha logrado, dijo, los narcos sí han podido: organizarse. Ellos, los narcos, agregó, han logrado crear una organización con 23 ramificaciones y con una red de contactos en 42 ó 47 agrupaciones del todo el mundo.
Se valen del terror, del salvajismo y hasta de la religión para afianzar su dominio, como lo han hecho hasta ahora Los Zetas y Los Kaibiles.
Cuestionada la reforma educativa, etiquetada por el gobierno federal como la iniciativa primordial de la administración de Enrique Peña Nieto, el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, pidió “paciencia” y “madurez” antes de hacer cambios a la legislación, demanda de un amplio sector del magisterio a la que se han sumado legisladores y representantes de la sociedad civil.
“Hay que tener la paciencia y la madurez como república, como país, y dejar que este proceso concluya para hacer la valoración de los cambios que requiera a nivel legislativo (…) Sería imperdonable que por enfrentar algunas dificultades, por vivir en la coyuntura, no tengamos la capacidad como nación de concluir un proyecto tan profundo”, dijo este jueves el funcionario desde el patio central de la antigua sede del Senado.
En el marco del foro “A tres años de la Reforma Educativa”, convocado como un ejercicio de reflexión y balance sobre los resultados conseguidos a iniciativa de los senadores Juan Carlos Romero Hicks, presidente de la Comisión de Educación en el Senado, y Miguel Barbosa, presidente del Instituto Belisario Domínguez, Nuño insistió en que no se requieren cambios legislativos.
“La reforma educativa que aprobó esta soberanía es adecuada, correcta, que responde a las necesidades legislativas para hacer la transformación de ese sistema educativo que teníamos en 2012.
“Estamos en un proceso y falta mucho. Hay áreas centrales de la reforma que no han iniciado. Por eso, desde nuestra óptica, la valoración sobre qué está funcionando y qué debe de cambiar de la legislación educativa, debe esperar a que la reforma esté en marcha, a que se esté implementando y a que conozcamos realmente cómo está funcionando”, argumentó el secretario.
Y concluyó: “Después de ese proceso, cuando (la reforma) esté plenamente implementada, cuando esté funcionando, hagamos las evaluaciones y las valoraciones como nación, como país, para saber qué es lo que eventualmente tiene que cambiar de la legislación”.
Pero Romero Hicks y Barbosa difirieron. Luego de admitir que la reforma ocasionó una ruptura con el magisterio, a partir de posibles fallas en la elaboración de la reforma, Romero Hicks hizo un claro llamado a los legisladores:
“Debemos reconocer que hay algunos temas, desde el trazo original, que probablemente tendremos que volver a revisar”.
Barbosa coincidió: “La Secretaría de Educación Pública no quiere que haya cambios legislativos. Nosotros creemos que no debe haber una cerrazón”, lanzó el perredista.
Más tarde, en una exposición sobre los procesos de ingreso, promoción y permanencia docente, durante el mismo foro, la presidenta del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), Silvia Schmelkes, aseguró que en los días próximos se estarían presentando modificaciones a las evaluaciones magisteriales, lo que en un inicio se calificó como “el corazón” de la reforma educativa y principal punto de conflicto con los maestros.
“El hecho de que las valoraciones de la evaluación de desempeño reportaran tantas irregularidades, y sobre todo tanta insatisfacción por parte de los docentes por los resultados de estas, el INEE está preparando este momento un replanteamiento”, dijo Schmelkes.
Si bien aclaró que dichos cambios no requerirían modificación alguna en la discutida ley, concedió: “No es borrón y cuenta nueva. Estamos replanteando aquello que no funciona bien”.
Al menos uno de los nueve policías federales que comparecieron ante diputados y senadores integrantes de la comisión especial de seguimiento sobre Nochixtlán admitió que sí accionó su pistola 9 milímetros en contra de la población civil durante los acontecimientos en esta población oaxaqueña, el pasado 19 de junio.
A pregunta expresa del senador del PRD, Fidel Demédicis, uno de los policías federales, con el sobrenombre de “José”, admitió que tuvo que accionar su arma.
–Insisto, ¿usted llevaba arma? –le preguntó el senador.
–Yo llevaba arma, sí.
–¿Qué tipo de arma?
–Yo llevaba mi pistola.
–¿Qué calibre?
–9 milímetros.
–¿La accionó?
–La accioné, sí, la tuve que accionar –admitió.
El interrogatorio provocó la airada reacción de legisladores del PRI y del Partido Verde, así como de la senadora panista Mariana Gómez del Campo, presidenta de la comisión Nochixtlán, quien aclaró que ellos no son ministerio público.
El testimonio del policía federal contradijo la versión de los directivos de la PF, presentes durante la comparecencia, quienes impidieron que los otros ocho agentes respondieran a la misma interrogante o precisaran quién disparó primero y qué autoridades estaban al mando.
La comparecencia de 9 de los 96 policías federales heridos trataba de justificar la violencia. Los agentes afirmaron que después de una hora de haber logrado desbloquear la vía de la autopista federal, en el tramo de Nochixtlán, escucharon a las 9 de la mañana las campanadas de la iglesia del centro del pueblo. Entre las 10 y las 11 de la mañana civiles iniciaron las agresiones.
“Nos incendiaron. Ellos sí venían con el afán de dañarnos. Se les salió de las manos a los líderes”, afirmó uno de los agentes con el sobrenombre de “Juan”.
Otro afirmó que lo rociaron con gasolina y que presuntos habitantes de Nochixtlán lo amenazaron con quemarlo vivo.
“David” indicó que se toparon con “personas armadas con cohetones, machetes, piedras”, mientras que la agente “Luisa” afirmó que no llevaban instrucciones de agredir sino sólo de “desalojar”.
La confesión de uno de los policías de haber disparado contra la población provocó que la diputada federal del PRI, Mariana Benítez, exigiera que no se “revictimizara” a los lesionados.
El senador Fidel Demédicis amagó con retirarse de la comparecencia, sin embargo, después admitió la importancia de que, al menos, un miembro de la PF reconociera que “iba armado y disparó”.
El diputado de Morena, Virgilio Caballero, deploró que no se aprovechara la presencia de los elementos de la PF para conocer la verdad.
Los tres policías que hablaron más fueron retenidos presuntamente por pobladores del municipio, protegidos por el párroco del pueblo y dos días después fueron intercambiados por 22 detenidos que, según señalaron, fueron seleccionados por dirigentes de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
El diputado federal del PRI, Francisco Escobedo, les preguntó si el ombudsman de Oaxaca, Arturo Peimbert, los había defendido, y la policía “Luisa” reconoció que sí. No obstante, otro de los agentes federales lo rechazó.
Peimbert también compareció ante la comisión de Nochixtlán hace más de tres semanas y relató cómo agentes de la PF y de la Gendarmería persiguieron a pobladores durante cinco horas, a pesar de que ya habían logrado su cometido de liberar la autopista.
El presidente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que sus adversarios están “enchilados” con su declaración 3de3 porque no aceptan que no tenga bienes, ni mansiones, como ellos.
López Obrador informó en un video en su cuenta de Facebook que fue invitado a Panamá para presentar su libro “Catarino Erasmo Garza, ¿Revolucionario o Bandido?, con viáticos pagados por Planeta y sin mencionar a los líderes del PRI y PAN, Enrique Ochoa y Ricardo Anaya, quienes tacharon de mentiroso al tabasqueño por no reportar propiedades ni cuentas bancarias y sólo un ingreso mensual de 50 mil pesos, dijo:
“Están enchilados nuestros adversarios, no aceptan que yo no tenga bienes, les parece increíble”, dijo el dos veces candidato presidencial.
Reiteró que no tiene tarjeta de crédito o cuenta de cheques, desde hace muchos años. “No tengo mansiones, no soy como ellos, yo tengo principios, yo tengo ideales. Entonces (PRI y PAN, dicen) ‘no es posible, miente!’”, aseveró.
López Obrador volvió a pedir que si no es cierto lo que ha declarado que lo exhiban.
“El Cisen y Hacienda revisan hasta la basura de mi casa, tienen toda la información ¿Qué no acaso escuchan todas las conversaciones? ¿Qué no acaso, por ley incluso, estoy considerado como político expuesto?
“Cualquier movimiento en bancos, de inmediato me llega a la oficina la inteligencia de Hacienda”, afirmó.
Según el tabasqueño, una vez llegaron a decirle que había cobrado un cheque de 300 mil pesos que le dieron porque después de la campaña de 2012.
“Me dieron 50 mil pesos mensuales durante seis meses, sí, así fue, seis meses 50 mil pesos creo que de uno de los partidos que me postuló. Pasó la campaña y quise cobrar un cheque, los 300 mil pesos, y no pude, me costó mucho trabajo porque iba siempre a Hacienda y llegaba al banco y decían ‘no, no se puede’ hasta la tercera vez me pagaron. Entonces, ellos llevan a cabo seguimiento de todo lo que hacemos”, afirmó.
Y reiteró que sus adversarios pueden calumniarlo “pero nunca van a poder decir que somos deshonestos, corruptos”, concluyó.
El 30 de mayo de 2015, en su edición 2013, la revista Proceso publicó este reportaje. Por su actualidad lo reproducimos íntegro.
En la matanza de Ecuandureo –cada vez se debilita más la versión oficial del “enfrentamiento”– no todas las víctimas eran sicarios del Cártel de Jalisco Nueva Generación; algunos eran trabajadores contratados para acondicionar un inmueble, pero pagaron caro su afán de ganarse honestamente la vida: los torturaron, los mutilaron, los arrollaron y algunos recibieron el tiro de gracia, según testimonios de sus parientes y amigos, recogidos por este semanario. Pero las vejaciones de la Policía Federal no acabaron ahí… Continuaron con la humillación a los familiares que viajaron a Morelia a reclamar los cuerpos.
OCOTLÁN, JAL.- Las siete capillas fúnebres de esta cabecera municipal trabajaron a toda su capacidad entre los días lunes 25 y miércoles 27 de mayo: en ellas tuvieron lugar las velaciones de 34 jóvenes oriundos de este municipio, quienes murieron en Ecuandureo, Michoacán, a manos de la Policía Federal (PF).
En los velatorios la indignación y la rabia de familiares y amigos de las víctimas son más fuertes que el llanto y el dolor. Los asistentes coinciden: los federales usaron fuerza desmedida para asesinar a los jóvenes, sin darles oportunidad de defenderse.
Si fuera verdad que hubo un enfrentamiento entre federales y sicarios del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), como dijo el comisionado nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, entonces no hubieran tenido oportunidad de torturarlos, razonan los familiares. A algunos los quemaron; les rompieron los dientes; les fracturaron los brazos; les mutilaron manos, piernas o testículos y algunos hasta recibieron el tiro de gracia.
Ocotlán aún no terminaba de asimilar el enfrentamiento entre la PF y el CJNG del pasado 19 de marzo –en el que murieron cinco federales, cuatro civiles y dos sicarios–, cuando una tragedia mayor se sumó a la historia de violencia que asuela a esta región jalisciense limítrofe con Michoacán, debido a la lucha que grupos de la delincuencia organizada libran por el control de la zona.
Así, del lunes 25 al miércoles 27, las siete capillas de velación recibieron los cuerpos de 34 jóvenes fallecidos el viernes 22 en el Rancho del Sol, en Ecuandureo, donde según la versión oficial murieron en “enfrentamiento” 43 personas, 42 de ellas presuntos integrantes del CJNG.
Esos días los dos cementerios municipales de Ocotlán vieron las mismas escenas: con bandas de música, globos blancos y camionetas con música a todo volumen –como se acostumbra aquí cuando alguien muere con violencia–, los 34 de Ecuandureo fueron enterrados.
Y en uno de los cementerios municipales, ese martes un hombre robusto, de tez morena, con los ojos enrojecidos por el llanto y una botella de whisky en la mano, gritó: “¡Viva El Pollo, cabrones! ¡Chingue a su puta madre el gobierno!”. Luego vació el licor dentro del ataúd de madera donde, guardados en una bolsa de plástico negro, estaban los restos de su hijo, una de las víctimas de la matanza. Un mariachi tocaba “El muchacho alegre”.
En los dos panteones municipales de Ocotlán trabajan 12 personas que tuvieron que hacer hasta dobles turnos para enterrar en esos días a 34 de las víctimas de la matanza. De ellas, 11 habitaban la colonia Infonavit 5, en esta cabecera. Por instrucciones de los familiares no hubo una sola cremación. Todos los cadáveres fueron sepultados.
Cada noche, a las 20:00 horas, en un altar de la calle Libra en la colonia Infonavit 5 se reza el novenario. “Al finalizar vamos a traer música y tocarles las canciones que les gustaban a los muchachos”, dice Carito, una de las vecinas.
Pero campea la incertidumbre: “Estas 42 muertes van a traer consecuencias. Más sangre. Va a morir más gente, no nos vamos a quedar así; estamos muy adoloridos. Yo veo a los federales y me dan ganas de matarlos”, espeta Gerardo García Pineda, hermano de una de las víctimas.
Dudas generalizadas
De acuerdo con los testimonios de los ocotlanenses que fueron al Servicio Médico Forense (Semefo) de Morelia a identificar a sus familiares, no se trató de un enfrentamiento, pues había cadáveres sin dedos, sin dientes y hasta uno sin manos, piernas ni testículos; además, señalan, fueron violados con objetos.
“Eso no fue un enfrentamiento, fue una masacre”, dice a este semanario Víctor Hugo Reynoso, hermano de Luis Alberto, una de las víctimas. “Hasta un niño de 14 años fue abatido. ¡Qué animales!
“Uno había perdido un ojo, otro tenía golpes en el rostro, uno más con los dientes sumidos por el impacto de un objeto y otro más tenía un tiro en la cabeza”, agrega.
“En las fotografías que circularon en las redes sociales se demuestra que primero los cuerpos aparecen sin armas, y luego portan fundas y carrilleras. Las imágenes muestran a los abatidos descalzos y hay sangre en las camas, en las colchonetas”, precisa, y agrega: “Los agarraron dormidos. No hubo tal enfrentamiento; con la cantidad de armas que supuestamente tenían, y si dicen que son presuntos miembros del crimen organizado, capacitados y entrenados para tirar, fácil hubieran matado a muchos federales y no a uno. ¡Qué mala puntería tenían!”
“¡El gobierno los mató a todos para no dejar testigos! Agarró parejo: trabajadores del rancho, cocineros, afanadores, sicarios… mató a todos”, tercia, indignada, Rocío Robles, también familiar de una víctima.
“Mi primo –cuenta Gloria, pariente de otro asesinado– tenía 28 años, era carpintero y no era mala persona. Pero los mataron como animales. Si hicieron algo mal, los hubieran detenido y encerrado.”
Los parientes de las víctimas narran a Proceso que éstas cada mes mandaban dinero a sus casas y tenían distintos oficios: carpinteros, albañiles, plomeros o jardineros; los menos eran expertos en desmalezar las carreteras.
Y para ciudadanos que de la sobreexposición a la violencia han aprendido a examinar los detalles de las escenas del crimen, las armas y municiones fotografiados cerca de los cuerpos parecían haber sido plantados después del hecho.
“El cadáver de un joven en una de las fotos se encuentra boca arriba, un rifle de alta potencia, de asalto, descansando horizontalmente a través de su torso. Otra víctima sin vida yace sobre su espalda con un cinturón de cartuchos bajo su mano izquierda; en una foto distinta del mismo cadáver, la cartuchera no está por ningún lado”, explica Fernando, otro familiar de una víctima, mientras, para corroborar su dicho, muestra las imágenes guardadas en su celular.
Un luchador
“Hay muchas dudas. Ni el gobierno ni derechos humanos, nadie ha venido a vernos. Mi hijo era gladiador, luchaba en Ocotlán, Guadalajara, Zamora, La Piedad y a veces en la Triple A. Lo conocían como El Draco. Varias veces se lo llevo el luchador Psicosis a la Ciudad de México, a luchar allá”, dice Graciela Pineda Téllez, madre de otra víctima.
Se llamaba Martín Felipe García Pineda, de 21 años, quien antes era guardia de seguridad y luego se empleó en una gasolinera de Ocotlán; fue a Michoacán porque supo que había trabajo en los campos de fresas y hortalizas y se ganaba más que en su pueblo.
Graciela Pineda cuenta su sorpresa al ver que su hijo estaba entre los muertos. “En la foto que vimos en internet, dice, se ve bien, y ya me lo entregaron quemado como con ácido”. Ella no sabía que su hijo estaba en el Rancho del Sol; hacía dos meses que no iba a Ocotlán. Pero un día antes de la matanza le telefoneó a su esposa, embarazada, para decirle que estaba bien.
“El hijo de Chela”, dice Emma, vecina de Ocotlán, “era como como mi hijo. Aquí se criaron todos los difuntitos, desde el kínder, primaria y la secundaria; luego ya cada quien agarró su rumbo, pero se juntaban ahí en la esquina, donde está el altar”.
Carito, de 21 años, vecina del barrio, muestra fotos donde se ve el cadáver de uno de los jóvenes que vivía en la colonia Infonavit 5, a quien apodaban El Chicua (Héctor de Jesús), sin dientes y sin impactos de bala, le sacaron un ojo y en sus brazos rotos se aprecian huellas de llantas.
Tercia iracundo Gerardo García Pineda: “Así aparece en la foto, sin dientes y marcas de ruedas. Lo entregaron sin brazos, piernas y sin sus partes nobles. Él era también de aquí, del barrio. Y a mi hermano me lo entregan quemado”.
–¿Cómo se fueron a trabajar al rancho? –se le pregunta a Carlos, de 22 años y vecino de Ocotlán.
–Primero se fue uno y luego se corrió la voz y se comenzaron a ir otros. El que más tiempo tenía era como año y medio; los que menos, tres meses. Aquí se paga poco, 600 pesos a la semana sin prestaciones. Yo la tengo que hacer de quesero, albañil… en lo que se gane más.
–¿Cuál era la chamba ahí?
–No sé. Sólo sé que ganaban lo suficiente para mantener a su familia. No una fortuna; pero sí para vivir bien.
“Varios de los muertitos dejaron a sus esposas embarazadas; por ejemplo la de Felipe, el luchador, el día del funeral se puso mal y se le reventó la fuente. La llevaron al hospital”, cuenta Charito, vecina de Ocotlán.
–¿Cómo supieron que eran sus familiares? –se le pregunta.
–Por las fotos de internet. El viernes, sábado y domingo estaba llena de gente esta calle de Libra (en la colonia Infonavit 5), ávidos de noticias. Da tristeza porque los chamacos se fueron en busca de mejores condiciones de vida. Aquí no las hay. Ni becas para estudiar, trabajos mal pagados de sol a sol, como albañil, por 700 pesos a la semana, y con eso hay que pagar renta, comida, escuela, ropa… no alcanza.
Burlas federales
El trato hacia los deudos de las víctimas en el Semefo de Morelia fue cruel y despectivo, informa la madre de El Draco. Refiere que estuvo dos días a la intemperie, soportando la lluvia y sin probar alimentos porque no llevaba dinero para comprar comida; escuchó también las burlas de los federales que se solazaban con el asesinato de sus hijos.
Añade que a su hijo lo quemaron y apenas pudo identificarlo. Trae en las manos un cuadro con el retrato del luchador, al cual le dirige unas palabras.
“¿Verdad que tú no eras…? Si ni con tus hermanos peleabas. Mírelo”, dice a los reporteros, “todo sonriente. Era deportista, no consumía drogas ni nada de eso”.
Érika Eunice Hurtado, hermana de otro de los abatidos, asegura que cuando estaba dando su declaración para solicitar el cuerpo de su hermano, agentes de la PF “a mis espaldas se estaban burlando, estaban diciendo que ‘los agarraron como pajaritos, dormidos en su nido a los cabrones’”.
“A Martina, otra vecina del Infonavit 5, le dijeron: ‘¿Quieres el cuerpo de tu hijo? Híncate delante de él’. Y lo tuvo que hacer, yo lo oí”, dice Rocío Robles.
“¿Es así como el gobierno defiende a la gente? Queremos que vea eso Peña Nieto. Si ya los tenían rodeados, ¿por qué los mataron? ¿Por qué no los detuvieron? Hay muchas formas de hacer justicia y una de ellas es la captura. Muchos tienen huellas de rodadas. Los vimos en el Semefo de Morelia en la identificación.”
–¿Les dieron copia de la autopsia? –se le pregunta a Gerardo García.
–Nada. No nos los querían entregar. Ya olían mal. Sellaron los ataúdes para que no los viéramos. ¡Es indignante! Fueran lo que fueran, también son seres humanos y hay leyes que los protegen. Según eso, están para proteger… No son autoridades, son “asesinos con licencia”.
–¿Crees que la saña con la que actuaron fue en venganza por los 11 federales abatidos en Ocotlán en marzo?
–Creo que sí, porque (los muertos) eran de Jalisco y la mayoría de Ocotlán. No sé por qué salen con esas armas (en las fotografías); aquí no hay tantas como en Michoacán. Siempre hemos tenido mala experiencia con la policía. La gente les tiene mucho miedo porque ellos creen que todos somos sicarios.
Rebasados
Según la Dirección del Servicio Municipal de Cementerios, que encabeza Ricardo Murillo Cárdenas, cada día se hacen en promedio 1.6 entierros; entre el lunes 25 y el miércoles 27, la cifra se multiplicó a más de 30 inhumaciones.
En una de las criptas velaron a César Mora, de 24 años, quien según sus amistades se dedicaba a brindar protección personal. No ofrecieron más detalles. En un extremo de su tumba se escuchó decir a alguien: “A lo mejor sí eran (del CJNG) o no, pero no se vale que los hayan asesinado así”.
Al parecer el cuerpo de César era uno de los más golpeados. Uno de sus amigos comentó que tenía fracturas en ambos brazos y la dentadura destrozada. A punto de sepultar a los jóvenes, algunas familias, como la de Jesús Ernesto Salazar, de 21 años, tuvieron que regresar a Morelia por el acta de defunción para concluir el trámite. Jacqueline, hermana del joven, señala que no lo había visto desde hacía tres años y tampoco sabía a qué se dedicaba.
La noche del lunes 25 seguían llegando cuerpos a las capillas de velación. En una de ellas velaron a Omar Hurtado Martínez, de 31 años. Su padre, Pablo Hurtado Ramírez, dice que su hijo vivía con él y se dedicaba a construir muebles de sala. En las últimas semanas, expone, lo contrataron para “arreglar casas” de gente adinerada y le informó que iría a un rancho. Comenta que no supo más y, como otros padres, por las noticias supo que su hijo había muerto en un supuesto enfrentamiento.
“¡Me importa madre que vengan sobre mí, cualquier autoridad! Si creen que era un delincuente, por qué no lo apresaron, por qué tuvieron que martirizarlo y ejecutarlo. Son una bola de embusteros los del gobierno; estoy en contra de todo ese salvajismo”, recalca.
Resalta que a Omar le cortaron los testículos, lo ahorcaron y le dieron un tiro en la frente. El joven estaba casado y tenía tres hijas, una de ellas de apenas 22 días de nacida.
La mañana del lunes 25, los Montaño Zúñiga estaban en la capilla El Ángel, donde despidieron a su hijo, Carlos Octavio Montaño Zúñiga, de 19 años.
Francisco Montaño, padre del muchacho, relata que, la tarde del jueves 21, el joven salió de su casa sin avisar a dónde iba y sólo volvieron a tener noticia de él cuando había muerto.
“Fue como una cubetada de agua fría”, menciona el padre, quien resalta que su hijo le fue entregado en una bolsa que le llegaba hasta el cuello.
Por el alto grado de descomposición que presentaban los jóvenes ocotlenses, los familiares no pudieron velarlos mucho tiempo y los llevaron casi de inmediato a enterrar.
En una de las salas de velación, la familia Reynoso Tejeda despidió a su hijo Víctor Hugo, de 29 años. Su madre, Teresa Tejeda, dice que Víctor se fue a la cosecha de jitomate a la región donde ocurrió el supuesto enfrentamiento y luego perdió comunicación con él.
Después se enteró del fallecimiento por la televisión. Comenta que cuando fue al Semefo de Morelia a recoger el cuerpo de su hijo, notó que además de las perforaciones de bala tenía huellas de tortura.
Más dudas
Para Graciela Pineda la desgracia en Ocotlán la instituyó el presidente Enrique Peña Nieto cuando decidió enviar a la Gendarmería Nacional (división de la PF) para custodiar sus calles. Dice que los uniformados sólo llegaron a extorsionar y matar a la gente; golpean y les quitan sus pertenencias a los ciudadanos. Menciona que hace tres meses vio por última vez a Martín, aunque tenían comunicación constante por teléfono. Éste le dijo que iría a Michoacán, sin darle explicaciones, y después se enteró de su fallecimiento.
“Cuando no había gobierno, como ahora”, coinciden varios testimonios, “no nos faltaban al respeto los malandros o sicarios, como les dicen; no había robos ni asaltos. Ahora ‘los negros’ (los efectivos de la PF) lo ven a uno en la calle y le quitan todo: celulares, dinero, relojes, esclavas, anillos. Se meten a las tiendas y no pagan la mercancía. No pasaba eso con los sicarios.”
“Qué necesidad hay de tener miedo hasta para ir a trabajar”, afirma Rocío Robles, y añade: “Los sicarios patrullaban, ayudaban a la gente; si alguien estaba enfermo o sin trabajo, le daban dinero. Ya no están y la policía no nos deja en paz. En Navidad el gobierno regalaba pelotas y las aventaba a ver a quien le tocaba. Los del CJNG llegaban con cinco camionetas a cada colonia, con todo tipo de juguetes… hasta bicicletas. Eran algo así como las autodefensas de Michoacán, cuidaban a su pueblo.”
Al cierre de ésta edición trascendió que en el Rancho del Sol se encontró una chamarra de la Dirección de Seguridad de Pública de Ocotlán, lo cual hizo pensar que efectivos de esa corporación participaron en la matanza; sin embargo, el titular del organismo, Diego Cervantes Maldonado, se apresuró a declarar a un medio local que el uniforme encontrado no está vigente, es falso y por ende sus policías no estuvieron en Ecuandureo.
“Es un uniforme bordado en hilo. Quiero recalcar esta parte: A partir de esta administración municipal, de 2012 a la fecha, los uniformes que se han proporcionado a los elementos de la Dirección de Seguridad Pública tienen en la espalda un material que se llama tránsfer, un material plástico, de vinil, que refleja la luz. No tenemos uniformes de esas características o con ese material. En esta administración hemos solamente entregado uniformes con tránsfer”, dijo.
No obstante, un efectivo de la dependencia –quien pidió el anonimato– asevera a Proceso que en el Rancho del Sol murieron tres expolicías municipales que habían sido despedidos en noviembre de 2013 porque no acreditaron el examen de control y confianza. Cervantes replica que uno de ellos renunció voluntariamente y le perdió la pista.
Infonavit 5
En la colonia Infonavit 5, al cruce de las calles Libra y Tauro, un grupo de cinco jóvenes levantó un altar con fotografías de los caídos en el Rancho del Sol.
En una imagen se aprecia el retrato de un chico empuñando un arma de alto poder y en otra se ve un joven sosteniendo lo que parece una metralleta. En el centro del altar hay un cuadro con la figura de San Judas Tadeo, patrono de las causas perdidas, y los nombres de todos los abatidos de Ecuandureo junto con sus apodos. Coronas de muerto que dicen, por ejemplo, “Para los Guerreros de la 5”, botellas de tequila vacías y latas de cerveza colocadas disimuladamente entre veladoras.
Infonavit 5 está en el oeste del municipio, muy cerca de la colonia Mascota, donde el 19 de marzo ocurrió el enfrentamiento entre federales y sicarios del CJNG. En la esquina de Libra y Tauro hay un muro que separa a la colonia de la zona de tolerancia.
Afuera el grupo de jóvenes que montó el altar vigila atentamente a quienes llegan, los observan con desconfianza y preguntan quiénes son. A estos reporteros les solicitan identificaciones. Satisfecho el trámite, los jóvenes empiezan a hablar. Uno de ellos comenta que 11 de los asesinados en Ecuandureo crecieron en la colonia Infonavit 5.
Quien habla tiene unos 35 años; no da su nombre, pero asegura que los conoció a todos. El resto expresa su indignación por la forma en la cual fueron asesinados. Uno de ellos muestra la edición del diario Página 24 Jalisco que tiene en portada la imagen de un joven tirado en el suelo con el cuerpo repleto de sangre, sin dientes y con los brazos rotos.
–El gobierno se pasó de lanza. ¡Crees que si hubiera sido enfrentamiento, los agarran sin pechera! –exclama.
–¡No! Los agarraron dormidos y no les dieron oportunidad para que se defendieran –interviene uno de sus amigos.
Las calles de Ocotlán están repletas de propaganda política de quienes, desde diferentes partidos, aspiran a ocupar la presidencia municipal o diputaciones locales y federales. Destacan el priista Eduardo González, abarrotero que quiere ser alcalde, y el panista Absalón García Ochoa, quien ya fue alcalde y ahora busca una diputación federal.
Ninguno de ellos se asoma en estos días aciagos para continuar su proselitismo. Tampoco lo hace el alcalde Enrique Robledo, a quien se buscó para obtener su versión. No se le pudo localizar.
En la parroquia tampoco está el sacerdote responsable de ella; el personal a su cargo dice que él es el único autorizado para hablar del tema. Su sustituto menciona que no es oriundo del lugar y sólo puede ofrecerle a los deudos un mensaje de paz. Parece tener prisa en despedir a los reporteros.
La matanza de Ecuandureo volvió a poner a Ocotlán en la mira nacional. Pero la gente no se quedó en silencio, expresó su opinión en las redes sociales.
Así, en Facebook y Twitter se difundió un mensaje sin firma: “Ocotlán NO (sic) está de luto, los que murieron en Tanhuato eran delincuentes. Estarán de luto sus familiares y amigos, quienes no pueden negar su parentesco o amistad, pero tampoco pueden negar que sus hijos, padres o hermanos que murieron al enfrentarse con la policía, en vida robaban, golpeaban, secuestraban y mataban a otros que también eran padres, hijos o hermanos”.
OAXACA, Oax.- En el sexenio de Gabino Cué se han cometido alrededor de 530 asesinatos por conflictos políticos, sociales y agrarios, cifra que ha superado a gobiernos priistas, denunciaron diputados locales al solicitar la intervención de la PGR y de la CNDH.
En respuesta, el pleno del Congreso local aprobó por urgente y obvia resolución exhortar a la PGR para que, a la brevedad, atienda el caso del asesinato de Javier Francisco Reyes de Jesús y otros asesinatos políticos que permanecen en la impunidad.
Además, exhortaron a la CNDH a emitir una recomendación para dar lugar a medidas cautelares que salvaguarden los derechos de las familias afectadas.
Apenas el sábado 13 el excandidato a diputado local del PSD, Javier Francisco Reyes de Jesús, fue ejecutado en su propio domicilio en un ataque donde su esposa resultó herida.
Según consta en el legajo de investigación 2320/HL/2016, el político fue asesinado por un solo individuo, quien ingresó violentamente al domicilio y descargó su arma de fuego calibre 9 milímetros. En el atentado murió Reyes de Jesús mientras que su esposa Herminia Ramírez González resultó herida del brazo izquierdo.
Los hechos ocurrieron la noche del pasado sábado en el domicilio ubicado en el barrio Santa Rosa Caxtlahuaca perteneciente a Juxtlahuaca, cuando un sicario irrumpió con arma en mano y ejecutó en el patio a Reyes de Jesús, para luego huir entre la milpa.
Mientras que el del líder del PRD, Rolando Vásquez Castillejos, fue asesinado la noche del martes 16 en la ciudad de Juchitán de Zaragoza.
Vásquez Castillejos fue emboscado alrededor de las 19:45 horas cuando circulaba a bordo de su vehículo automóvil Dodge color arena, con placas del Estado de México, sobre el tramo de la carretera Álvaro Obregón, precisamente en el paraje conocido como Rancho Igu.
En el lugar varios sujetos hicieron disparos al vehículo en movimiento. Dos impactos dieron en la humanidad del líder de la Cocei, una arriba de la tetilla del lado izquierdo y la segunda en el esternón del lado izquierdo.
Mientras que la unidad de motor presenta siete impactos, de los cuales dos impactaron en el parabrisas y cinco en la puerta del copiloto.
Todavía con vida, el aspirante a la presidencia municipal de Juchitán fue trasladado en su propio vehículo a la clínica Sinaí, donde falleció.
Ante los recientes hechos, los diputados Manuel Pérez Morales, del PSD; Arsenio Lorenzo Mejía García, del PRI, y Palemón Gregorio Bautista, del PRD, presentaron el punto de acuerdo, el cual fue aprobado con 34 votos a favor.
En su exposición de motivos, Pérez Morales manifestó: “Se ha demostrado la imprudencia e incapacidad por parte de la Fiscalía estatal, que sólo ha dado a conocer que continúan con líneas de investigación por temas de carácter personal y hasta ahora ningún caso ha sido esclarecido. Nos preocupa porque hoy una de las profesiones con mayor peligro es la de ser político o líderes sociales, y pareciera que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos olvida que somos ciudadanos con los mismos derechos humanos, enfocándose únicamente al conflicto magisterial”.
En tribuna también se pronunció el legislador Palemón Gregorio Bautista, quien aseveró que, “en esta administración, han aumentado los actos de impunidad social, no hay respuesta para la ciudadanía. A pesar de las exigencias sociales contamos con pocas esperanzas de alcanzar una justicia pronta y legítima, por lo cual no podemos permitir que la impunidad impere en nuestra entidad”.
La dirigencia estatal del PRD denunció que en el gobierno de Cué fueron asesinados 27 perredistas y, lo que es peor, prevalece la impunidad.
Entre los asesinatos más relevantes se encuentran el reciente crimen del líder de la COCEI, Rolando Vásquez Castillejos; el de Nicolás Estrada Merino, ocurrido en 2013; el de Everardo Hugo Hernández, diputado local, y Carlos Martínez Villavicencio, exdiputado local, asesinados en 2015.
A ellos se suman Ernesto Fidel López Nelio, Eusebio Cruz Cortés, exprecandidato a diputado federal, y José María Caña, líder del PRD en San José Independencia, asesinado en marzo pasado.
Arne Aus den Ruthen Haag, excity manager de la delegación Miguel Hidalgo, fue detenido por policías de la Secretaría de Seguridad Pública por “dañar el pavimento” en la delegación Venustiano Carranza; sin embargo, luego de llevarlo al Juzgado Cívico, quedó libre.
En otra de sus ya comunes transmisiones vía Periscope, ahora bajo la etiqueta “#PoderAntiGandalla”, el exdelegado difundió su detención luego de que cerca de la sede delegacional comenzó a retirar estructuras metálicas –con martillos y otros instrumentos– que obstruían el paso en la vía pública.
Al lugar llegaron personas que se identificaron como vecinos, así como un hombre que, sin identificarse, le dijo que no podía dañar el mobiliario ni el pavimento. Con éste llegaron algunos policías que le dijeron que lo llevarían al Juzgado Cívico.
Desde dentro de la patrulla, el exdiputado panista denunció que los uniformados que lo detuvieron no se identificaron y tampoco podía observar el número económico del vehículo en el que lo trasladaban.
Al llegar al Juzgado Cívico VCA-3, acusó que uno de los policías tenía aliento alcohólico.
El exfuncionario y al menos dos personas que lo acompañaban fueron considerados como “no responsables” y obtuvieron su libertad.
La diputada electa por el distrito 14 de Veracruz, María Josefina Gamboa Torales, recibió una condena de un año y tres meses de prisión por el delito de homicidio culposo, tras haber privado de la vida en 2014 a una persona mientras conducía en la ciudad de Boca del Río.
Autoridades de la Fiscalía General del estado informaron que el juez Quinto de Primera Instancia del distrito judicial de Veracruz dictó sentencia condenatoria a la columnista del medio informativo Notiver.
A Gamboa Torales, mejor conocida como Maryjose, le fue impuesta la sanción corporal, así como una multa de 25 días de salario mínimo, la suspensión del derecho de conducir vehículos de motor por un lapso de siete meses y 15 días, así como el pago de 318 mil 850 pesos por concepto de reparación del daño.
En julio de 2014, Gamboa Torales fungía como directora del Instituto de la Mujer del ayuntamiento de Boca del Río y, en supuesto estado de ebriedad, atropelló y mató a una persona en el bulevar Miguel Alemán de ese municipio.
El Ministerio Público certificó que la militante panista conducía en estado de ebriedad un vehículo Nissan Sentra color negro con placas de circulación YKE-8719, de su propiedad, y en el accidente ocurrido perdió la vida José Luis Burela López, de 30 años. Burela era un tatuador profesional egresado de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (Facico) de la Universidad Veracruzana (UV).
La PGJ fincó responsabilidad en contra de la hoy sentenciada, allegándose de pruebas que dieron contundencia a la investigación ministerial, que derivó en su consignación, auto de formal prisión y la sentencia condenatoria dictada por el juez dentro de la causa penal 153/2014.
El director ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales de Argentina (CELS), Gastón Chillier, aseguró que en México se vive “la crisis más grave de derechos humanos en la región en este momento, no hay ninguna duda”.
En entrevista para Aristegui CNN, el especialista recordó que “durante las dictaduras en el Cono Sur, en Argentina, en Chile, la solidaridad internacional fue fundamental para confrontar las violaciones graves de los derechos humanos”.
Lo que se busca hoy en México, alertó, es “ver de qué manera podemos cooperar para dar respuestas”, pues el gobierno sigue sin reconocer dicha crisis, señalada por varias organizaciones.
También apuntó que hay “casi 28 mil desaparecidos, más de 150 mil muertos, asesinatos, torturas sistemáticas, diagnósticos que no son inventados”.
Luego resaltó tres casos que ejemplifican tal crisis: la masacre en Tlatlaya, Estado de México; la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa, en Guerrero, y recientemente los al menos ocho asesinatos en Nochixtlán, Oaxaca. En los tres casos intervino el Ejército, las policías municipal y estatal, así como la Policía Federal, en tres entidades distintas.
Ante ello, hay una “falta de respuesta del Estado, falta de reconocimiento” a los altísimos niveles de impunidad.
Chillier expuso que actualmente “rige un sistema democrático con todas sus imperfecciones”, por lo que consideró que “no se trata de la falta de instituciones o de leyes, sino de la falta de voluntad política”.
Incluso refirió que existe una “incapacidad de poder investigar”, pues “hace falta más inteligencia que fuerza”.
“La militarización no sólo ha incrementado los niveles de violencia, sino que no ha profesionalizado los mecanismos de investigación para combatir al narcotráfico”, sentenció.
Para el director del CELS, el primer obstáculo es no reconocer “la crisis más grave en toda Latinoamérica”.
Enseguida rememoró la visita del presidente Enrique Peña Nieto con su homólogo argentino Mauricio Macri.
El especialista reveló que hubo acuerdos donde el Estado mexicano va a “cooperar e incluso poner plata para investigaciones sobre las ramificaciones de algunos de los cárteles mexicanos en Argentina”. Lo anterior, le parece más “una estrategia del gobierno de blindarse hacia afuera, en lugar de hablar de las crisis de derechos humanos”.
Lo que trata el gobierno mexicano, advirtió, es exportar un “modelo (el militar) que no ha funcionado”, aseveró, pues “parecería que hay señales del gobierno argentino del presidente Macri que cree que este antimodelo puede ser la solución”.
El problema es que en México ese modelo, agregó, “no ha sido eficaz y ha tenido un costo enorme en violaciones a derechos humanos”.
“Este modelo no puede ser exportado a otros países”, sostuvo, pues “no hay diagnóstico sólido de cuál es el alcance del narco mexicano en Argentina”.
Por último lamentó que en el país haya “mucha demagogia y pocas respuestas”, además de que persista el “paradigma prohibicionista” en materia de drogas.
CHILPANCINGO, Gro.- Mientras empresarios del balneario de Zihuatanejo desplegaron una campaña de espectaculares para exigir seguridad, un grupo armado denominado Cártel del Sur anunció que va a poner “orden” en la capital de la entidad ante el vacío de autoridad frente a la ola delictiva.
Incluso, la grave crisis de inseguridad, violencia, impunidad y corrupción que persiste en Guerrero, provocó que el gobierno de Canadá nuevamente emitiera una alerta para que los ciudadanos de ese país no viajen al estado ante los niveles de criminalidad que no cesan.
El miércoles pasado se dio a conocer que el gobierno canadiense emitió una alerta para sus ciudadanos, a través del portal de internet www.travel.gc.ca, donde recomienda asumir “alto grado de precaución” en caso de viajar a Guerrero, donde existen “altos niveles de violencia y crimen organizado”.
La dramática situación que se vive en la entidad exhibe el fracaso de la estrategia federal contra el crimen y cada día surgen más denuncias por presuntos nexos de autoridades con la delincuencia como el caso de la capital del estado, donde se advierte un recrudecimiento de la violencia.
La batalla por la plaza de Chilpancingo
Reportes oficiales indican que esta madrugada fueron localizadas cinco personas ejecutadas en distintos puntos de Chilpancingo, entre ellas una mujer.
De manera paralela, a través de un video difundido en redes, un grupo armado denominado Cártel del Sur se adjudicó el múltiple crimen de este día y anunció el recrudecimiento de la violencia en la capital ante la confrontación que mantienen con el líder de la banda de Los Rojos, Zenén Nava Sánchez, El Chaparro, por el control de esta plaza estratégica de la región Centro.
El mensaje de los integrantes del Cártel del Sur va dirigido al gobernador Héctor Astudillo Flores donde acusan al comandante segundo de la Policía Federal, Alejandro Rivero Argüello, de brindar protección al grupo antagónico que dirige El Chaparro en Chilpancingo.
También denunciaron que funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública estatal que encabeza el general Alejandro Cervantes Almazán, están coludidos con el grupo de Zenén Nava y permiten el cobro de cuotas y la introducción de droga en el penal capitalino.
El grupo delictivo llamado Cártel del Sur se deslindó de los recientes hechos de violencia registrados en un bar del poblado de Zumpango donde un grupo armado atacó el lugar y ejecutó a cinco personas.
Así como del caso de los cuerpos desmembrados de tres hombres que fueron encontrados frente a la sede del gobierno estatal y las cabezas cercenadas en las inmediaciones de la comandancia de la 35 Zona Militar, en esta capital.
“Estamos hartos de los secuestros, las extorsiones y el cobro de cuotas a la gente que trabaja. Venimos tras de todos Los Rojos que siguen chingando y quieren entrar de nuevo”, advierten los integrantes del grupo delictivo en el video.
Luego, hicieron un llamado a las autoridades para que “los dejen hacer el trabajo que las corporaciones policiacas no pueden”, durante un lapso de ocho días, y advierten que van a “patrullar de día y noche” la capital para “poner orden” ante la inoperancia gubernamental.
En otro video difundido por el mismo grupo armado, una mujer identificada como Karen Gutiérrez La China acusa a funcionarios del sistema penitenciario de la SSP estatal de estar coludidos con el grupo de Zenén Nava en el tema de extorsiones, introducción y venta de droga en la cárcel de Chilpancingo.
La mujer es una de las cinco personas que fueron encontradas ejecutadas esta madrugada en la capital.
De acuerdo con reportes oficiales, La China y el resto de las víctimas encontradas esta madrugada fueron privadas de su libertad un día antes durante una operación simultánea realizada por un grupo armado que atacó al menos cuatro viviendas en diferentes puntos de esta capital.
Al respecto, el alcalde priista de Chilpancingo, Marco Leyva Mena, se ha limitado a deslindarse de la situación que se vive en la capital de la entidad al argumentar que los hechos delictivos están enfocados en personas que están relacionadas con la delincuencia.
Hartazgo empresarial en Zihuatanejo
Ante la ola de inseguridad y violencia que azota el balneario de Zihuatanejo, empresarios y comerciantes de este destino turístico decidieron colocar lonas en establecimientos y espectaculares en zonas públicas para exigir “orden y paz”, la frase que utilizó Astudillo como eslogan de campaña.
La protesta pacífica que refleja la situación que se vive en la entidad es encabezada por agrupaciones denominadas: Sociedad Empresarial Ciudadana de Ixtapa (Cesi); la Red de Organizaciones y Grupos Ambientalistas de Zihuatanejo (ROGAZ); Movimiento Obrero Independiente (MOI); Amigos de San José Ixtapa y la organización ambientalista EcoIxtapa.
Al respecto, el presidente del Consejo Empresarial de Zihuatanejo-Ixtapa, Ricardo Sotelo Luna informó que se colocaron las lonas porque “ya nos rebasó esta situación, el descontrol de seguridad y el desorden en el comercio”, reportó en su edición de hoy el diario El Sur.
El empresario explicó que el detonante de esta protesta fue el crimen de una mujer que quedó en medio del fuego cruzado durante una confrontación entre dos bandas delictivas que protagonizaron una balacera la semana pasada sobre una de las calles más transitadas del centro de Zihuatanejo a plena luz del día y a pesar de la presencia de federales, marinos y soldados.
“Esa fue la gota que derramó el vaso, era una persona muy conocida y querida aquí en Zihuatanejo, en el sector empresarial y en otros sectores, una inocente que no tenía nada que ver, entonces, fue por eso que decidimos entre todos los sectores poner el moño negro, por el luto que embarga a esa familia”, expresó Sotelo Luna en la entrevista con El Sur.
La dramática situación que se vive en la entidad exhibe el fracaso de la estrategia federal contra el crimen y cada día surgen más denuncias por presuntos nexos de autoridades con la delincuencia como el caso de la capital del estado, donde se advierte un recrudecimiento de la violencia.
La batalla por la plaza de Chilpancingo
Reportes oficiales indican que esta madrugada fueron localizadas cinco personas ejecutadas en distintos puntos de Chilpancingo, entre ellas una mujer.
De manera paralela, a través de un video difundido en redes, un grupo armado denominado Cártel del Sur se adjudicó el múltiple crimen de este día y anunció el recrudecimiento de la violencia en la capital ante la confrontación que mantienen con el líder de la banda de Los Rojos, Zenén Nava Sánchez, El Chaparro, por el control de esta plaza estratégica de la región Centro.
El mensaje de los integrantes del Cártel del Sur va dirigido al gobernador Héctor Astudillo Flores donde acusan al comandante segundo de la Policía Federal, Alejandro Rivero Argüello, de brindar protección al grupo antagónico que dirige El Chaparro en Chilpancingo.
También denunciaron que funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública estatal que encabeza el general Alejandro Cervantes Almazán, están coludidos con el grupo de Zenén Nava y permiten el cobro de cuotas y la introducción de droga en el penal capitalino.
El grupo delictivo llamado Cártel del Sur se deslindó de los recientes hechos de violencia registrados en un bar del poblado de Zumpango donde un grupo armado atacó el lugar y ejecutó a cinco personas.
Así como del caso de los cuerpos desmembrados de tres hombres que fueron encontrados frente a la sede del gobierno estatal y las cabezas cercenadas en las inmediaciones de la comandancia de la 35 Zona Militar, en esta capital.
“Estamos hartos de los secuestros, las extorsiones y el cobro de cuotas a la gente que trabaja. Venimos tras de todos Los Rojos que siguen chingando y quieren entrar de nuevo”, advierten los integrantes del grupo delictivo en el video.
Luego, hicieron un llamado a las autoridades para que “los dejen hacer el trabajo que las corporaciones policiacas no pueden”, durante un lapso de ocho días, y advierten que van a “patrullar de día y noche” la capital para “poner orden” ante la inoperancia gubernamental.
En otro video difundido por el mismo grupo armado, una mujer identificada como Karen Gutiérrez La China acusa a funcionarios del sistema penitenciario de la SSP estatal de estar coludidos con el grupo de Zenén Nava en el tema de extorsiones, introducción y venta de droga en la cárcel de Chilpancingo.
La mujer es una de las cinco personas que fueron encontradas ejecutadas esta madrugada en la capital.
De acuerdo con reportes oficiales, La China y el resto de las víctimas encontradas esta madrugada fueron privadas de su libertad un día antes durante una operación simultánea realizada por un grupo armado que atacó al menos cuatro viviendas en diferentes puntos de esta capital.
Al respecto, el alcalde priista de Chilpancingo, Marco Leyva Mena, se ha limitado a deslindarse de la situación que se vive en la capital de la entidad al argumentar que los hechos delictivos están enfocados en personas que están relacionadas con la delincuencia.
Hartazgo empresarial en Zihuatanejo
Ante la ola de inseguridad y violencia que azota el balneario de Zihuatanejo, empresarios y comerciantes de este destino turístico decidieron colocar lonas en establecimientos y espectaculares en zonas públicas para exigir “orden y paz”, la frase que utilizó Astudillo como eslogan de campaña.
La protesta pacífica que refleja la situación que se vive en la entidad es encabezada por agrupaciones denominadas: Sociedad Empresarial Ciudadana de Ixtapa (Cesi); la Red de Organizaciones y Grupos Ambientalistas de Zihuatanejo (ROGAZ); Movimiento Obrero Independiente (MOI); Amigos de San José Ixtapa y la organización ambientalista EcoIxtapa.
Al respecto, el presidente del Consejo Empresarial de Zihuatanejo-Ixtapa, Ricardo Sotelo Luna informó que se colocaron las lonas porque “ya nos rebasó esta situación, el descontrol de seguridad y el desorden en el comercio”, reportó en su edición de hoy el diario El Sur.
El empresario explicó que el detonante de esta protesta fue el crimen de una mujer que quedó en medio del fuego cruzado durante una confrontación entre dos bandas delictivas que protagonizaron una balacera la semana pasada sobre una de las calles más transitadas del centro de Zihuatanejo a plena luz del día y a pesar de la presencia de federales, marinos y soldados.
“Esa fue la gota que derramó el vaso, era una persona muy conocida y querida aquí en Zihuatanejo, en el sector empresarial y en otros sectores, una inocente que no tenía nada que ver, entonces, fue por eso que decidimos entre todos los sectores poner el moño negro, por el luto que embarga a esa familia”, expresó Sotelo Luna en la entrevista con El Sur.
CNTE mantiene paro indefinido y advierte una “escalada de represión” del gobierno
La Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) confirmó que mantendrá el paro indefinido de labores –pese al inicio del nuevo ciclo escolar la semana entrante– y denunció que el gobierno federal preparó una “escalada de represión en todas sus formas” cuando emplazó al magisterio disidente a volver a las clases.
Pasada la medianoche, después de una Asamblea Nacional Representativa que se extendió durante más de cinco horas, la CNTE difundió un documento en el que deploró “la total cerrazón” del gobierno federal después de la estéril reunión en la Secretaría de Gobernación (Segob) este martes.
“Los anuncios del gobierno federal sobre el uso de la fuerza pública para contener la movilización no es la primera vez que los hacen y en realidad lo que están anunciando es una escalada de la represión en todas sus formas: colectiva, selectiva, judicial, administrativa y laboral”, añadió.
En el documento, la CNTE también divulgó el plan de acción que aplicará las próximas semanas para reinstalar la mesa de diálogo con el gobierno federal, al que exigió “respuestas”.
Este plan contempla reuniones con padres de familia, bloqueos carreteros, acciones en puntos fronterizos, marchas, así como una conmemoración de la masacre de Nochixtlán –el próximo viernes– y una conferencia de prensa el domingo.
El sábado, la cúpula del CNTE se reunirá en asamblea para determinar un nuevo “plan táctico estratégico” y el jueves siguiente, organizará un foro con “personalidades del ámbito legislativo” para dibujar un camino hacia la abrogación de la reforma educativa.
Asimismo, la CNTE acordó llevar a cabo el 10 de septiembre el segundo foro que aspira a trazar la ruta pedagógica de México en paralelo al proceso de consulta que realiza la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Captan a policía capitalino con una botella de alcohol
Un policía capitalino de la Secretaria de Seguridad Pública, fue captando con un envase en la mano, de lo que parece ser licor de caña 'Tonayán', en el momento en el que conducía su motocicleta con número económico DF9YF.
En la imagen se pude apreciar al uniformado que va conduciendo su vehículo con el envase de alcohol en la mano, mientras circula por la avenida Insurgentes de la Ciudad de México.
La fotografía fue compartida por el usuario de Facebook, Edgar José Cruz, que de inmediato despertó la molestia de las personas, que condenaron la actitud del uniformado.
Hasta el momento se desconoce tanto la identidad del uniformado como si éste ingirió parte del líquido y conducía en estado de ebriedad.
Graue insta a consejeros crear estrategia para desocupar el 'Che Guevara'
Ante la insistencia de un sector del Consejo Universitario para que las autoridades actúen para recuperar el auditorio 'Justo Sierra' -conocido como 'Che Guevara'-, el rector de la UNAM, Enrique Graue, declaró este jueves que no es un tema descuidado y pidió a los consejeros que diseñen nuevas estrategias para liberar ese espacio de la Facultad de Filosofía y Letras, que ha sido ocupado por distintos grupos desde el final de la huelga de 1999-2000.
En una sesión del Consejo celebrada en la Antigua Escuela de Medicina, el rector dijo que se han buscado distintas vías para dialogar con los ocupantes del auditorio. “Y seguimos en ello. No es algo que se haya dejado. Es una preocupación de toda la Universidad”.
Pidió a la comisión de seguridad del Consejo que realice una lluvia de ideas sobre cómo se podría lograr la devolución del auditorio.
Graue también habló de las “megapedas” que son convocadas en las redes sociales por individuos y grupos no identificados y que se celebran cada fin de semestre en las llamadas islas de Ciudad Universitaria, que están en el área del campus declarada en 2007 Patrimonio Mundial por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, por sus siglas en inglés). Dijo que son motivo de preocupación para las autoridades y que hacen todo lo posible por impedirlas, aunque no lo han conseguido. La última de estas fiestas, celebrada al final de mayo, convocó a más de 12 mil universitarios y personas ajenas a la universidad, según algunos reportes.
Decenas de niños disfrutan ensayo de espectáculo aéreo en Edomex
Tecamac, Méx. Decenas de niños acompañados por sus padres disfrutaron emocionados las maniobras de exhibición que por más de dos horas realizaron aviones del Ejército Mexicano y Fuerza Aérea, como parte del ensayo general para la sexta edición del espectáculo aéreo, que se llevará a cabo el próximo 27 de agosto en la Base Aérea Militar de Santa Lucia, en este municipio mexiquense.
Los aviones modelo Boeing 727, F-5E/F, Airbus C295, y Alenia C-27J Spartan; así como helicópteros Mi-17 y Sikorsky UH-60M Black Hawk, y Pilatus PG-7 ejecutaron diferentes operaciones de acrobacia aérea, los cuales surcaron el cielo y sorprendieron a los asistentes con sus acrobacias.
En el espectáculo participaron diversos escuadrones aéreos, de escuelas militares de aviación, de aplicación aerostática de fuerza aérea, del centro de adiestramiento de helicópteros, elementos de fuerzas especiales y la brigada de fusileros paracaidistas,
Ernesto Pérez Monroy, General de ala y piloto aviador diplomado del Estado Mayor, señaló que el día del evento volarán 90 aeronaves, 60 de ala fija y 30 de ala rotativa. "Tenemos en promedio 120 pilotos a bordo de estas aeronaves y personal de mantenimiento que también acompaña en las tripulaciones de vuelo".
Asimismo dijo que el desfile forma parte de las actividades conmemorativas de los 50 Años del Plan DNIII y de la despedida del avión Boeing 727, el cual sirvió a la Fuerza Aérea también por cinco décadas.
Indicó que cada año se incrementa el número de asistentes, por ejemplo, en 2011 acudieron 120 mil personas, en 2012 más de 190 mil, en 2013 unos 215 mil, en la cuarta edición sumaron 223 mil 794, en la quinta fueron alrededor de 250 mil. Para este año, el alto mando castrense pretende romper ese récord de espectadores.
Agregó que en la sexta edición del espectáculo aéreo participará la nueva flota aérea que adquirió este año la Fuerza Aérea, entre ellos los aviones los aviones de entrenamiento avanzado Beechcraft T-6C Texan II. El T-6C, con capacidad para dos tripulantes, utilizado por la Escuela Militar de Aplicación Aerotáctica.
En huelga universidades de Zacatecas a días de iniciar clases
Zacatecas, Zac. Miles de estudiantes están en riesgo de no poder retomar sus cursos el próximo lunes 22 de agosto, debido a los conflictos sindicales de las universidades Politécnica de Zacatecas (UPZ) y Autónoma de Zacatecas (UAZ).
Por medio de un comunicado de prensa, integrantes del Sindicato de Personal Académico de la Universidad Politécnica de Zacatecas, anunciaron que desde el pasado 10 de agosto “inició el procedimiento legal de huelga”.
El emplazamiento fue motivado, entre otras cosas señalan, “por la necesidad de ajuste salarial que por ley todo trabajador tiene derecho”, así como “la demanda de recategorización de personal docente y contratos indeterminados, además del incumplimiento a varias cláusulas del contrato colectivo, por parte de la rectoría, que no tiene interés en negociar”, para evitar el estallido de huelga, la próxima semana.
“La única mesa de negociación posterior al citado estallamiento fue abandonada por la rectora Erika Venegas Badillo, para participar en eventos sociales ajenos al interés de la Universidad, además de no acudir a la mesa de negociación pactada el pasado lunes 15”.
En la Universidad Autónoma de Zacatecas, los problemas derivan de la pugna existente entre los dos sindicatos de la máxima casa de estudios del estado, donde estudian más de 28 mil estudiantes de nivel secundaria, preparatoria, licenciaturas y postgrado.
Debido a las indefiniciones del rector Armando Silva Cháirez –quien en tres semanas concluye su periodo rectoral–, para definir a qué sindicato corresponden alrededor de 800 plazas de trabajo en toda la universidad, se ha presentado desde hace varias semanas una confrontación directa entre José Cresenciano Sánchez Pérez, líder del Sindicato de Personal Académico (SPAUAZ), y Rafael Rodríguez Espino, secretario general del Sindicato de Trabajadores Administrativos de la misma institución (STUAZ), pues ambas organizaciones reclaman derechos para designar y representar a estos empleados universitarios.
Por este conflicto este jueves el STUAZ mantuvo tomado el Campus UAZ Siglo XXI de la máxima casa de estudios en la entidad, mientras que el SPAUAZ tomó la rectoría y otros edificios universitarios, para exigir una solución que se prevé, no llegará hasta que el nuevo rector electo Antonio Guzmán Fernández, asuma su puesto y tome definiciones, el próximo 6 de septiembre.
Anuncia aerolínea quinto festival del tequila a bordo de los aviones
Amatitán, Jal. La aerolínea Interjet anunció este jueves el Festival del Tequila, el cual se realizará por quinto año consecutivo en septiembre y que se caracteriza por ofrecer esta bebida a los pasajeros a bordo, en colaboración con la corporación Brown-Forman, que comercializa la marca Herradura.
El festival del Tequila es la celebración de ambas compañías y los clientes de Interjet con motivo de los festejos patrios.
Cuatro categorías de tequila Herradura se ofrecerán a bordo de las aeronaves de Interjet del 1 al 30 de septiembre próximo. Antiguo Blanco, Antiguo Reposado, Casa Herradura Reposado y Herradura Ultra serán ofrecidos en los servicios de cortesía en los vuelos de Interjet, la aerolínea con 11 años en operaciones.
Francisco Arias, gerente de servicios al cliente de Interjet, calculó que en todo septiembre se dispondrán de más de 7 mil botellas de tequila. Dijo que en ese mes las bebidas serán ofrecidas en más de 8 mil operaciones de la aerolínea a una cifra superior de 900 mil pasajeros.
El festival llegará a la par de la nueva campaña publicitaria de Casa Herradura, basada en el concepto "Hecho de México".
Casa Herradura e Interjet son empresas totalmente mexicanas que se caracterizan por sus estrategias de innovación y con un estándares de calidad elevados, señaló el directivo en una conferencia de prensa en la hacienda en donde se elabora el tequila de Casa Herrradura, en Amatitán, Jalisco.
La elaboración de tequila por Casa Herradura se caracteriza por la cocción de agave en hornos de mampostería y la fermentación ciento por ciento natural.
Interjet atiende a 52 destinos, 37 de ellos nacionales y 15 internacionales.
Inadmisible el actuar de la PF en Tanhuato, dicen diputados
La conclusión de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en torno a la probable ejecución de 22 narcotraficantes, en Tanhuato, Michoacán, pertenecientes al cártel Jalisco Nueva Generación “revela la forma de operar de un gobierno que en lugar de capturar a los delincuentes los acribilla; es inadmisible que el combate a quienes rompen el Estado de derecho se emprenda con los mismos métodos y armas que éstos utilizan”.
Araceli Damián, diputada federal por Morena, y Víctor Sánchez, de Movimiento Ciudadano, señalaron -por separado- que la reacción de las fuerzas federales, en contra de la delincuencia, se ha agravando “pues sus métodos no corresponden a la norma que nos hemos dado para combatir por la vía de la ley a los delincuentes”.
La diputada Damián refirió que el método utilizado por la Policía Federal para responder a la delincuencia “viene de más atrás desde que Felipe Calderón, en su guerra contra el narcotráfico, permitió el abuso policial contra los propios delincuentes. El Estado mexicano debe responder ante sucesos tan graves, que colocan en entredicho la supuesta defensa de los derechos humanos. No se puede responder a los delincuentes de la misma forma que ellos utilizan en contra de la sociedad. Debe privar la razón y la transparencia de la ley”.
Por su parte, Víctor Sánchez, ex subprocurador del estado de Jalisco, reprochó el método de violencia “extrema que reveló en su informe la CNDH. La Policía Federal, en un nuevo acto de impunidad, revela que se ha colocado por encima de la misma ley”.
Corte avala candados para independientes en Edomex
El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló candados que limitan el registro de candidatos independientes en el estado de México.
Al iniciar la discusión de la acción de inconstitucionalidad que presentaron partidos minoritarios del congreso mexiquense, la Corte rechazó que los requisitos para los candidatos independientes sean “excesivos y desproporcionados”, al estar obligados a separarse de cargos partidistas con tres años de anticipación y no haber sido postulado por un partido político o coalición en el proceso electoral inmediato anterior.
El pleno consideró que la norma “contribuye de forma proporcional a la satisfacción de la finalidad constitucional que se persigue con este requisito y que es la desvinculación del partido político cuando alguien desea postularse como candidato independiente”.
El ministro Fernando Franco reconoció que el análisis de la acción de inconstitucionalidad la hará el pleno con “premura” en razón de que será hasta el próximo jueves 25 cuando retomen la discusión del asunto (debido a que el lunes y martes próximos se abocarán a la elección de las 7 ternas de candidatos a magistrados electorales que enviarán al Senado de la República), siendo que el proceso electoral en el estado de México inicia el primero de septiembre próximo.
Luego de votar por la inconstitucionalidad de los requisitos para los candidatos independientes, al igual que Alfredo Gutiérrez, José Ramón Cossio y Alfredo Zaldívar, Franco explicó:” he cambiado mi voto exclusivamente con el objeto de que podamos seguir resolviendo el asunto por la premura que presenta, ante el inminente inicio del proceso electoral. Cambio mi voto en este momento, de tal manera que pueda haber una mayoría y no tengamos que ir a una votación adicional, posterior y, formularé un voto para explicar primero las razones de este cambio y, segundo, por qué también he cambiado mi posición en relación con estos temas”.
Por otra parte, el pleno dejó sin efecto aspectos relacionados con el servicio profesional de carrera, en razón de que éste es un asunto de competencia federal.
PRD urge al gobierno cumplir recomendación para caso Tanhuato
Tras conocer el informe de la Comisión Nacional de Derechos sobre el enfrentamiento ocurrido el 22 de mayo de 2015 en Tanhuato, Michoacán, en donde hubo 22 ejecuciones extrajudiciales, el presidente del Consejo Nacional del PRD, Ángel Ávila Romero demandó al gobierno federal cumpla las recomendaciones presentadas del organismo.
Expuso que “el combate al crimen organizado debe llevarse a cabo respetando siempre los derechos humanos y el estado de derecho. Las ejecuciones extrajudiciales deben ser castigadas conforme a las leyes y los presuntos delincuentes deben ser presentados ante la justicia”.
Refirió que la lucha por el respeto a los derechos humanos siempre ha sido una bandera del PRD y por ello “el gobierno debe ser el primero en respetarlos y actuar dentro del marco del Estado de derecho”.
Hizo un llamado al gobierno federal a que “los responsables de esas ejecuciones extrajudiciales sean castigados y presentados ante un juez. El gobierno mexicano no debe proteger a quienes perpetraron estas acciones. Las investigaciones deben llegar a todos los responsables”, acotó.
México no está preparado para los transgénicos: Sarukhán
"México no está preparado" para los transgénicos afirmó esta noche el biólogo José Sarukhán, miembro del Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia de la República.
"No tenemos la organización para poder manejar adecuadamente esas tecnologías ", señaló. Y en el caso del maíz "perdemos soberanía alimentaria si no usamos la diversidad genética".
Los maíces transgénicos no producen un kilo más por hectárea que las especies que existen en el país, aseveró. La ganancia que pudieran representar es que no se usan o se reducen la cantidad de insecticidas, "pero para el campesinado mexicano, para el 80 por ciento del área de producción del grano, estas cosas no sirven para nada", apuntó.
Al término de la charla Biodiversidad esquina Diversidad Cultural, que dictó en la librería Rosario Castellanos del Fondo de Cultura Económica (FCE), lamentó que "las autoridades no encaren" el tema adecuadamente.
Para el premio Nacional de Ciencias y Artes 1990, y ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el problema no es científico, sino económico, social y cultural. El punto a valorar es la alimentación, aunque las empresas la desestimen y les importe más las ganancias, agregó.
La Comisión Nacional para el Conocimiento y el Uso de la Biodiversidad (Conabio) aprobó la siembra de algodón transgénico en Coahuila, señaló. Esa planta, recordó, es nativo del país y es la mejor del mundo. Luego de un análisis de riesgo los especialistas determinaron que el área cultivo, la biología floral y el movimiento del polen no llegaba a las poblaciones silvestres de la semilla, detalló.
Sin embargo, "en México no hay capacidad de cuidar ni monitorear". Los camiones que lo transportan lo van regando por el camino, así que ahora "hay constructos genéticos metidos en las poblaciones silvestres a pesar de que está sembrado a kilómetros de distancia".
En la conferencia habló sobre la soberanía alimentaria, decidir qué y cómo se va a cultivar, explicó. En México, advirtió, no se ha discutido la forma en la que se asegurará la alimentación en los próximos años. "Es una tomadura de pelo" afirmar que con la intensificación agrícola se pueda lograr, apuntó.
Anaya pide a diputados panistas cumplir promesas de campaña
El presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya Cortés, llamó a sus compañeros de partido cumplir sus promesas de campaña y llevar a la cárcel a los gobernadores sátrapas, corruptos. Igualmente les pidió "cuidar" las alianzas con otras fuerzas partidistas”.
"El hartazgo de la gente y la decepción provocada en los ciudadanos por gobiernos corruptos e ineficaces, también decidió la elección del 5 de junio"...“no en ánimo de venganza, pero sí en honor a la justicia, que cumplamos lo que ofrecimos en campaña; que esos gobernadores sátrapas que logramos sacar del gobierno, devuelvan lo que se robaron, y que quienes cometieron actos graves de corrupción, se vayan a la cárcel”.
Pidió a los diputados locales electos trabajar para estar a la altura de las expectativas de la gente y construir bien común, pues hoy el reto de Acción Nacional es hacer las cosas bien y encabezar buenos gobiernos, para ser merecedores de la confianza de los ciudadanos en 2018.
Durante la inauguración del Curso Nacional de Capacitación de Diputados Locales Electos 2016, en la sede nacional del PAN, Ricardo solicitó a los legisladores honrar su compromiso con la ciudadanía y cumplir los ofrecimientos que les permitieron obtener el histórico triunfo electoral del pasado 5 de junio.
La primera explicación del triunfo de Acción Nacional fueron los candidatos postulados, dijo, quienes fueron capaces de hacer buenas campañas, y el segundo motivo fueron las alianzas, sin las cuales no podrían haberse ganado gubernaturas como Quintana Roo, Durango y Veracruz.
“Yo les quiero pedir que ustedes, como diputados locales, nos ayuden a cuidar la relación con gente honesta y decente de otras fuerzas políticas, con las que eventualmente podamos construir triunfos electorales, gobiernos de coalición y, por supuesto, bien común”, informó el PAN en un comunicado.
Otro elemento que permitió ganar al PAN, dijo, fue la unidad del partido, la cual depende en buena medida de lo que hacen los grupos parlamentarios.
