Los ejidatarios de Ocampo, Coahuila, demandan que se haga cumplir un decreto presidencial, otorgado en 1973, que les hace propietarios de 10 mil 100 hectáreas, de las cuales mil 300 son ocupadas la empresa canadiense First Majestic y de donde extrae alrededor de 400 mil onzas de plata al mes y ha contaminado su agua. Sin embargo, tras más de cuatro años de litigio, los campesinos, la mayoría de la tercera edad, perdieron, por lo que su defensa pretende impugnar el fallo.
La empresa canadiense First Majestic ganó el litigio legal que mantenía con ejidatarios de Ocampo, Coahuila, por la propiedad de terrenos en los que se asienta una mina de extracción de plata.
Desde el 2011, autoridades ejidales demandaron a la Minera Encantada y a First Majestic Silver Corp, subsidiaria y empresa, de forma correspondiente, a la que acusan de haberlos despojado de tierras que les fueron otorgadas por el gobierno y de donde se extraen miles de onzas de plata y cuya planta ha contaminado su agua y asesinado a sus animales.
Los ejidatarios demandan que se hagan cumplir un decreto presidencial otorgado en 1973, que les hace propietarios de 10 mil 100 hectáreas, de las cuales mil 300 son ocupadas por la empresa extranjera.
A más de cuatro años de comenzado el litigio, el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Seis en Torreón, Coahuila, dictaminó resolver en contra de los campesinos del ejido Tenochtitlan y en favor de la minera canadiense.
Casi todos los lugareños han servido durante décadas a la minera. Sin embargo saben que ésta funciona sobre sus tierras, extrae alrededor de 400 mil onzas de plata al mes y ha contaminado sus aguas.
Juan Francisco Flores Gándara, abogado de los ejidatarios, comentó que interpondrán un recurso de revisión porque consideran que la sentencia no se apegó a derecho.
El litigante explicó que los peritos de la empresa, la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu) y un tercer perito, fueron coincidentes, con la posición de la empresa ya que no se apegaron a los planos de dotación inicial, donde quedaron pendientes de entregar los terrenos que después ocupó la minera.
“Estamos viendo que no se valoraron documentos para dictar una correcta sentencia”, opinó.
Según el abogado la minera tenía conocimiento de que los terrenos eran parte de la dotación, lo que venía en un expediente de juicio que no fue tomado en cuenta en el Tribunal Agrario.
Flores Gándara ha atribuido a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) –antigua Secretaría de la Reforma Agraria– la permisión de las ventas de los terrenos en un área correspondiente a los ejidatarios.
“Ellos permitieron la venta de estos terrenos, aunque esto no se podía hacer. Y después en el 2009 volvieron a dar un área complementaria que tampoco es legítima”, explicó para.
En ese año, la Secretaría entregó un terreno de mil 300 hectáreas a los ejidatarios, pero en otra, área a la zona donde fue delimitada originalmente las tierras que les proveyó el decreto presidencial.
“Esos terrenos fueron una entrega virtual. Una entrega de palabra. Llegó el Secretario y firmó un papel, ya está. Pero cuando llegaron los ejidatarios resulta que ya tienen dueños, y la otra es el campo de aterrizaje de la empresa”, dijo Flores.
Es por esta razón que, la demanda además pide la nulidad de los documentos que ha avalado la Secretaría por ser incongruentes con el decreto presidencial de 1973.
La minera cuenta con 18 concesiones en todo el país, lo que cubre 2 mil 237 hectáreas. Sin embargo, ha sido acusada en el pasado evadir impuestos una vez obtenidos los derechos de explotación.
“El caso de Ocampo no sólo se caracteriza por la corrupción y el desentendimiento de las autoridades a la problemática, sino también porque en nuestro estudio es una de las minas que más gana y que menos retribuye, como se muestra en el apartado fiscal de este capítulo”, planteó un estudio de la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México.
Sumado al despojo, los derrames de la planta de cianurización con capacidad de 4 mil toneladas diarias, un proceso que contamina el ambiente, ha derramado sustancias tóxicas.
A finales de junio ocurrió uno de ellos que, de acuerdo con Raúl González, el delegado de Coahuila de la Profepa, informó afectó 2 mil 240 metros cuadrados.
“No ha habido nada, ya tengo rato de que les estoy pidiendo los resultados y no los tienen. Me dicen que el jurídico, puras evasivas, debieron de haberlo sacado en 24 horas. Supuestamente la Conagua [Comisión Nacional del Agua] sacó unos exámenes y citaron a la encargada de Ecología de la mina en Saltillo, pero no hay nada, ya tiene más de un mes”, denunció.
Sin embargo, los lugareños alertaron que ocurrió otro en los últimos días y, de acuerdo con el funcionario, de comprobarse se le podría quitar la concesión.
Desde el 2011, autoridades ejidales demandaron a la Minera Encantada y a First Majestic Silver Corp, subsidiaria y empresa, de forma correspondiente, a la que acusan de haberlos despojado de tierras que les fueron otorgadas por el gobierno y de donde se extraen miles de onzas de plata y cuya planta ha contaminado su agua y asesinado a sus animales.
Los ejidatarios demandan que se hagan cumplir un decreto presidencial otorgado en 1973, que les hace propietarios de 10 mil 100 hectáreas, de las cuales mil 300 son ocupadas por la empresa extranjera.
A más de cuatro años de comenzado el litigio, el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Seis en Torreón, Coahuila, dictaminó resolver en contra de los campesinos del ejido Tenochtitlan y en favor de la minera canadiense.
Casi todos los lugareños han servido durante décadas a la minera. Sin embargo saben que ésta funciona sobre sus tierras, extrae alrededor de 400 mil onzas de plata al mes y ha contaminado sus aguas.
Juan Francisco Flores Gándara, abogado de los ejidatarios, comentó que interpondrán un recurso de revisión porque consideran que la sentencia no se apegó a derecho.
El litigante explicó que los peritos de la empresa, la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu) y un tercer perito, fueron coincidentes, con la posición de la empresa ya que no se apegaron a los planos de dotación inicial, donde quedaron pendientes de entregar los terrenos que después ocupó la minera.
“Estamos viendo que no se valoraron documentos para dictar una correcta sentencia”, opinó.
Según el abogado la minera tenía conocimiento de que los terrenos eran parte de la dotación, lo que venía en un expediente de juicio que no fue tomado en cuenta en el Tribunal Agrario.
Flores Gándara ha atribuido a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) –antigua Secretaría de la Reforma Agraria– la permisión de las ventas de los terrenos en un área correspondiente a los ejidatarios.
“Ellos permitieron la venta de estos terrenos, aunque esto no se podía hacer. Y después en el 2009 volvieron a dar un área complementaria que tampoco es legítima”, explicó para.
En ese año, la Secretaría entregó un terreno de mil 300 hectáreas a los ejidatarios, pero en otra, área a la zona donde fue delimitada originalmente las tierras que les proveyó el decreto presidencial.
“Esos terrenos fueron una entrega virtual. Una entrega de palabra. Llegó el Secretario y firmó un papel, ya está. Pero cuando llegaron los ejidatarios resulta que ya tienen dueños, y la otra es el campo de aterrizaje de la empresa”, dijo Flores.
Es por esta razón que, la demanda además pide la nulidad de los documentos que ha avalado la Secretaría por ser incongruentes con el decreto presidencial de 1973.
La minera cuenta con 18 concesiones en todo el país, lo que cubre 2 mil 237 hectáreas. Sin embargo, ha sido acusada en el pasado evadir impuestos una vez obtenidos los derechos de explotación.
“El caso de Ocampo no sólo se caracteriza por la corrupción y el desentendimiento de las autoridades a la problemática, sino también porque en nuestro estudio es una de las minas que más gana y que menos retribuye, como se muestra en el apartado fiscal de este capítulo”, planteó un estudio de la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México.
Sumado al despojo, los derrames de la planta de cianurización con capacidad de 4 mil toneladas diarias, un proceso que contamina el ambiente, ha derramado sustancias tóxicas.
A finales de junio ocurrió uno de ellos que, de acuerdo con Raúl González, el delegado de Coahuila de la Profepa, informó afectó 2 mil 240 metros cuadrados.
“No ha habido nada, ya tengo rato de que les estoy pidiendo los resultados y no los tienen. Me dicen que el jurídico, puras evasivas, debieron de haberlo sacado en 24 horas. Supuestamente la Conagua [Comisión Nacional del Agua] sacó unos exámenes y citaron a la encargada de Ecología de la mina en Saltillo, pero no hay nada, ya tiene más de un mes”, denunció.
Sin embargo, los lugareños alertaron que ocurrió otro en los últimos días y, de acuerdo con el funcionario, de comprobarse se le podría quitar la concesión.
Fuente: Sin Embargo| Francisco Rodríguez
