miércoles, 24 de agosto de 2016

Mentir, el método peñista de gobernar| Marcharán en 60 ciudades contra iniciativa de Peña sobre matrimonio y adopción gay

Peña Nieto de gira por Hidalgo: Foto: Octavio Gómez

Hace cuatro años, cuando inició su gobierno, Enrique Peña Nieto dijo que la violencia llegaría a su fin durante su administración. Auguró la paz y la tranquilidad para el país, así como prosperidad y bienestar con las reformas estratégicas, principalmente la energética, que impulsaría en el Poder Legislativo. De esta manera logró inicialmente un efecto de ilusión y de percepción a su favor, aunque detrás de estas promesas lo que en realidad estaba usando era la mentira como recurso para gobernar.

A los dos primeros años de gobierno la realidad mostró que Peña Nieto había mentido en todo lo que ofreció. Las reformas energética, hacendaria, educativa, laboral, principalmente, fueron aprobadas pero ninguna de ellas tuvo algún efecto positivo en la población.

Al contrario, la pobreza siguió creciendo, la inflación se mantuvo en menos de tres por ciento, pero subieron los precios de la canasta básica y la gasolina a pesar de que Peña Nieto había dicho que eso ya no pasaría, lo mismo que la marginación. En fin, todo fue una mentira y no hubo mejoría ni bienestar social.

Otra mentira salió a relucir a la mitad de su administración. La corrupción y la impunidad salió a flote con el caso de la llamada Casa Blanca, adquirida para su esposa Angélica Rivera a cambio de los contratos y concesiones otorgadas a Juan José Hinojosa, el constructor favorito de Peña Nieto desde que era gobernador del Estado de México. A partir de ese caso los escándalos de las propiedades de la primera dama siguieron hasta Miami, lo mismo que de otros integrantes del gabinete, como Luis Videgaray y Miguel Ángel Osorio Chong.

Una mentira más de Peña Nieto fue cuando dijo que se respetarían los derechos humanos. Las ejecuciones en Tlatlaya, Tanhuato y Apatzingán, las desapariciones de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, los asesinatos de periodistas y activistas y las detenciones a manifestantes expresaron la severa crisis de derechos humanos que sufre el país.

La promesa de tener paz y tranquilidad tampoco llegó. La espiral de violencia y muerte en los cuatro años de su gobierno ha sido mayor que en la administración de Felipe Calderón.

De nada han servido las estadísticas oficiales del gobierno peñista cuando nos dicen que los delitos dolosos como asesinatos y ejecuciones van a la baja. Tampoco el que hayan detenido a varios de los principales capos del narco como Joaquín Guzmán Loera.

De acuerdo con las cifras del propio sistema nacional de seguridad pública, en 32 meses de gobierno se registraron 57 mil 410 asesinatos violentos o dolosos y 12 mil 500 personas han desaparecido durante el sexenio de Peña Nieto, según cifras de Amnistía Internacional.

Peña Nieto llega así a la última etapa de su gobierno con una imagen desacreditada entre la sociedad y los empresarios, no sólo por incumplir todas y cada una de sus promesas iniciales, sino por los casos evidentes de corrupción e impunidad y en los últimos días por el plagio de sus tesis como estudiante.

Pero principalmente por su incapacidad para afrontar y resolver cada uno de los problemas generados por sus subalternos como el conflicto magisterial que tiene de cabeza a las secretarías de Gobernación y de Educación y ha provocado mayor irritación social y empresarial.

Pero sobre todo Peña Nieto llega a la etapa final de su gobierno con una imagen negativa por el descaro de mentir y hacer de la mentira su principal herramienta de gobierno.

Marcharán en 60 ciudades contra iniciativa de Peña sobre matrimonio y adopción gay

El Frente Nacional por la Familia, que integra alrededor de mil organizaciones civiles, anunció una serie de marchas en 60 ciudades del país el próximo mes, contra la iniciativa que presentó el presidente Enrique Peña Nieto para legalizar el matrimonio y la adopción entre parejas del mismo sexo por considerar que representa “un riesgo” para la sociedad.

Pese a que el coordinador del PRI en el Senado, Emilio Gamboa, ya afirmó que la iniciativa no formará parte de la agenda legislativa del periodo ordinario que arranca el 1 de septiembre, porque “no hay consenso”, el frente ofreció una rueda de prensa para exigir al ejecutivo y legislativo que no se apruebe la iniciativa.

Consuelo Mendoza García, presidenta de la Unión Nacional de Padres de Familia y una de las voceras del frente, dijo que para respaldar su postura se realizarán marchas pacíficas en 60 ciudades de todo el país el próximo 10 de septiembre y en la Ciudad de México el 24 del mismo mes.

Se trata, dijo, de llamar a la sociedad mexicana a proteger a la “familia natural”.

“La familia en México necesita ser protegida, no redefinirla. La iniciativa del ejecutivo no conviene a México dado que traerá graves consecuencias para la educación de los hijos, ya que pretende que el Estado sustituya la función formativa de los padres de familia”, señaló Mendoza García.

Juan Dabdoud, otro de los voceros añadió que con la iniciativa de Peña Nieto el Estado quiere imponer una ideología de género mediante la que se enseña a los niños y niñas que es normal que un adulto cambie de sexo cada día o que un hombre mayor de edad tiene derecho a ser tratado como una niña de ocho años.

Cuestionó también que desde hace tiempo en las escuelas mediante los textos del Rincón de la lectura, los libros complementarios a los gratuitos de la SEP, a los niños se les enseña que es normal que un niño de cuatro años se masturbe.

Por ello, dijo, desde febrero el frente presentó una iniciativa ciudadana en el Senado para “proteger a la familia natural” y el derecho de los padres a “educar a sus hijos”.

Creciente deuda de Peña enciende focos rojos: Moody’s

Por donde se le vea, el manejo de las finanzas públicas por parte de la administración de Enrique Peña Nieto mantiene al país al borde de la reducción en sus calificaciones crediticias.

Este día, Moody’s Investor Services lanzó la advertencia al gobierno mexicano, al señalar que “lo más importante es mantener la casa en orden. No hay que preocuparse por los vecinos”.

En rueda de prensa celebrada en el marco de la 17 Conferencia Anual de Moody’s, el analista de Riesgo Soberano de dicha agencia, Jaime Reusche, detalló que para que México no vea reducida su calificación crediticia, debe conseguir resultados en el proceso de consolidación fiscal (reducción de deuda), mantener en orden las finanzas de Petróleos Mexicanos (Pemex) y dejar de poner mucha atención en riesgos externos, como la campaña presidencial de Donald Trump, en Estados Unidos.

De hecho, el especialista alertó que “es preocupante el aumento constante de la deuda del gobierno federal, aunado a las presiones de los pasivos de Pemex, que ha necesitado ayuda financiera del gobierno y, de seguir necesitándola, presionará aún más las razones de deuda”.

Luego explicó que considerando la deuda del gobierno, que incluye a Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ésta representa 35% del Producto Interno Bruto (PIB). En este escenario, la situación financiera de Pemex amenaza con presionar más la razón deuda/PIB, ya que de requerir más apoyos del gobierno federal, puede aumentar por arriba de 40%.

En este escenario, las necesidades de financiamiento anuales de la “empresa productiva del Estado” ascienden a 20 mil millones de dólares, los cuales puede fondearse vía emisión de deuda o con ayuda del gobierno.

En contraste, Moody’s prevé que la producción petrolera de Pemex siga cayendo este año por debajo de los 2 millones diarios de barriles de petróleo, lo que la hace más vulnerable a requerir otro apoyo del gobierno.

Apenas ayer la calificadora Standard & Poor’s disminuyó la perspectiva crediticia del país de “estable” a “negativa” por la creciente deuda, el pírrico crecimiento económico, los problemas asociados a la debilidad institucional, así como por los pobres resultados de las llamadas reformas estructurales.

Sobre este último tema, Jaime Reusche afirmó que las reformas estructurales no han dado el impulso que se esperaba.

De hecho, acotó que hace dos años la calificadora esperaba que las reformas impulsaran un cambio estructural al PIB para observar tasas de crecimiento de 3 a 4% anual, sin embargo, se aleja esta posibilidad, incluso para 2019. Por si fuera poco, “lo anterior no resulta bueno para disminuir la deuda respecto del PIB”.

Fuente: Proceso|  JOSÉ GIL OLMOS|La Redacción|  JUAN CARLOS CRUZ VARGAS