La bodega en Tlatlaya donde militares ejecutaron a civiles.
Foto: Miguel Dimayuga
José Manzur, secretario general de Gobierno, confirmó que las personas a quienes se les sigue una investigación suman alrededor de 10. En tanto, los elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) que supuestamente tuvieron participación en el caso fueron suspendidos para facilitar las indagatorias.
No obstante, el funcionario estatal asegura que existen garantías de que no habrá impunidad por los hechos. “Sin ninguna duda, nosotros somos los primeros interesados en que se aplique la ley”, subrayó.
Entre los elementos investigados, precisó, no existe ningún mando medio o superior, pues ninguno de ellos se trasladó al lugar de los hechos tras la ejecución perpetrada por militares.
Los sujetos investigados, indicó, son algunos policías que acudieron al sitio del crimen, así como personal de servicios periciales que estuvo con las “presuntas” víctimas que fueron detenidas y sometidas a confesión.
De acuerdo con el funcionario mexiquense, de las ocho recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) al gobierno estatal, hay seis o siete en curso de cumplimiento.
Dichas recomendaciones destacan que se violentaron las garantías individuales de dos víctimas que fueron detenidas, se manipuló la escena del crimen y se obstaculizó la investigación, entre otras anomalías.
Por lo que toca a la reparación del daño a las mujeres que según la CNDH fueron torturadas y agredidas sexualmente, Manzur Quiroga indicó que el gobierno de Eruviel Ávila ha conformado un fideicomiso para indemnizarlas.
Señaló que aunque desconoce el monto porque las estimaciones son de carácter internacional, la administración local está dispuesta a cumplir estrictamente con la suma que se determine.
Fuente: Proceso| DE LA CORRESPONSALÍA
