Jacqueline Peschard Mariscal fue Comisionada Presidenta del IFAI del 14 de abril de 2009 al 8 de enero de 2014. Foto: Cuartoscuro
El proyecto de cambio de sede del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) tuvo un costo total de 990 millones 792 mil 519 pesos, monto que será pagado a Banamex durante 19 años pues el contrato se efectuó bajo los términos de arrendamiento financiero. Es decir: el organismo encargado de la transparencia en México paga una renta del edificio desde 2013 y lo continuará haciendo hasta 2031.
Durante 2013, el IFAI hizo públicas algunas partes del documento en el que sólo se establecía el costo del edificio, por 490 millones de pesos, y el monto total de las adecuaciones, que ascienden a los 108 millones de pesos.
El documento de 738 páginas que ahora es público, titulado “Adquisición de un inmueble por la vía de Arrendamiento Financiero”, fue compartido a SinEmbargo posterior a la solicitud de información con el folio 0673800037115 que este medio hizo y que trata sobre las especificaciones del inmueble ubicado en Insurgentes Sur 3211, en el Distrito Federal, mismo que desde el 7 de enero de 2013 funciona como la sede del Instituto.
El proceso de adquisición tuvo una duración de dos años y se realizó por una subasta de tasas previa invitación a la Asociación de Bancos de México (ABM) y a la Asociación Mexicana de Sociedades Financieras de Arrendamiento Crédito y Factoraje (Amsofac). Se presentaron cinco cartas de adhesión por parte de las instituciones interesadas en participar en la subasta: BBVA Bancomer, Banamex, Santander, Financiera, Bajío y Banorte. Posteriormente, el 31 de mayo de 2012, sólo quedaron las ofertas de BBVA Bancomer, Banorte y Banamex.
Al final se optó por Banamex, institución bancaria que adquirió el edificio en 490 millones 208 mil 582 pesos.
De acuerdo con el documento, las antiguas oficinas, de las que tan sólo de mantenimiento se erogaban 15 millones 279 mil pesos al año, tenían de 6 mil a 7 mil metros cuadrados, lo que generaba condiciones de hacinamiento para los empleados y dificultaba el trabajo diario, por lo que unas mejores instalaciones ayudarían a mejorar el desempeño del personal. Además, se dijo entonces, “debilitaba” la imagen de la Institución al exterior y no reflejaba las nuevas atribuciones que le otorgó la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LFPDPPP).
Por esta razón, una de las principales especificaciones para la nueva sede es que debía tener de 11 mil a 15 mil metros cuadrados, además de un cajón de estacionamiento por cada 40 metros cuadrados, sistemas y equipos nuevos, aire acondicionado, control de asoleamiento y “diseño, acorde con las actividades propias del Gobierno federal” sin que se especifiquen éstas.
Durante un año, el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin) realizó una búsqueda de un año de edificios con esas medidas. Junto con el edificio de Insurgentes Sur, se entregó al IFAI un Estudio de Mercado de la Ciudad de México en el que se ofrecieron las opciones disponibles.
UN CENTRO LABORAL IDEAL
Las oficinas actuales ubicadas en Insurgentes Sur 3211, en el Distrito Federal. Foto: Google Maps
Al quedar seleccionado este edificio por su “ubicación, costo e instalaciones”, el Instituto –entonces presidido por Jacqueline Peschard Mariscal– solicitó la inscripción del proyecto de inversión de arrendamiento financiero con opción a compra en 2031 a la Dirección General Adjunta de Programación y Presupuesto de Desarrollo Agropecuario, Recursos Naturales, Hacienda y Turismo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), dependencia que aceptó la propuesta. Fue entonces que se celebró un contrato con opción a compra de carácter plurianual, que permitiera hacer frente a los compromisos de pago en un horizonte de 20 años respecto del inmueble, además de los intereses que se generaran.
Con base en los datos del documento, el costo total del proyecto –después de las evaluaciones, adaptaciones (93 millones 908 mil pesos) y de la mudanza (1 millón 430 mil pesos)– ascendió a los 990 millones 792 mil 519 pesos.
El precio de acondicionamiento interior por metro cuadrado, que tuvo un costo de 8 mil 96 pesos por metro cuadrado, ascendió a los 108 millones 933 mil 926 pesos.
El terreno que tiene una magnitud de 4 mil 250 metros cuadrados y una superficie de 12 mil 545 metros cuadrados de área rentable para oficinas. Además, cuenta con áreas de esparcimiento como roof garden, vestíbulo exterior y un patio estilo inglés.
Tiene cuatro niveles de estacionamiento con 538 cajones, áreas de bicicleta y regaderas “para servicio de usuarios”.
También cuenta con una azotea verde con áreas de vegetación, áreas pavimentadas y pérgolas para sombreado de mesas y bancas, todo con vista panorámica a los cerros Zacatépetl y Ajusco.
Las fachadas son de cancelería de aluminio con vidrio Low-E, conocidos como cristales inteligentes, que reducen el impacto térmico solar, protegen de los rayos del sol y distribuyen la luz natural hacia el interior de las oficinas.
Los gastos de mantenimiento y operación del nuevo edificio ascienden a los 14 millones, sólo un millón menos que en la anterior sede; sin embargo, este ahorro quedó establecido en el documento como uno de los principales argumentos para el cambio. Además, en el edificio de Insurgentes Sur se contemplan gastos como traslados de funcionarios del IFAI por 6 millones 784 mil pesos, importe por vigilancia de 5 millones 917 mil pesos y limpieza por 3 millones 47 mil pesos. También contempla los gastos de un apartado de “Renta del edificio para crecimiento”, que tiene un costo de 20 millones 237 mil pesos.
En junio de 2013, el nuevo edificio del IFAI estuvo en la mira de la Auditoría Superior de a Federación (ASF), ya que junto con otros 171 casos se sospechaba del mal uso de recursos públicos y de los apoyos que se otorgaban a organismos públicos y autónomos, como es el de este caso. La dependencia se dijo abierta a cooperar en la entrega de datos sobre la adquisición del edificio.
Como resultado de la auditoría se señalaron como un exceso los 108 millones de pesos que implicaron las “adaptaciones” del nuevo edificio, ya que equivalían al 22.2 por ciento del costo en conjunto del terreno y del inmueble. Además se resolvió que se tenían mil 12o metros cuadrados más de los requeridos y que las áreas de uso común y las de circulación eran superiores a lo establecido en la Tabla de Superficie Máxima a Ocupar por Institución.
Al respecto, el IFAI argumentó sobre los costos de las adaptaciones que no existieron parámetros como “topes máximos”, además de que la aprobación del proyecto fue hecho por la propia Secretaría de Hacienda, por lo que la observación se declaró como “infundada”.
En esa investigación también figuraron casos como el del monumento Estela de Luz y el saqueo a las arcas públicas por parte de Andrés Granier Melo, ex Gobernador de Tabasco, además de diversas irregularidades en secretarías federales.
Fuente: Sin Embargo| Por Daniela Barragán
