Rodrigo Medina, gobernador de Nuevo León.
Foto: Octavio Gómez
Incluso, en la operación fue involucrado el candidato del PRI a la alcaldía de Guadalupe, Francisco Cienfuegos, diputado con licencia en la actual Legislatura local.
Para sustentar las imputaciones, la diputada local panista Imelda Alejandro de la Garza presentó y obtuvo aprobación para un punto de acuerdo en el que la Legislatura pide al estatal Instituto Registral y Catastral un informe de las operaciones de compra venta de los terrenos del ejido Las Ventanas, en el municipio de Mina, ubicado a 50 kilómetros al norte de la capital.
En la petición, la legisladora demanda que sean incluidos los nombres de los vendedores y compradores de los terrenos que, dijo, fueron cedidos por 40 millones de pesos a Cienfuegos, así como a Humberto Medina Ainslie, padre del actual gobernador, y a los hermanos del mandatario, Alejandro y Humberto Medina de la Cruz.
Antes de separarse del Legislativo y buscar la alcaldía, Francisco Cienfuegos Martínez, como presidente de la Comisión de Justicia de esta legislatura, desechó una solicitud de investigación por conflicto de intereses presentada por vecinos de Mina en 2008, cuando Rodrigo Medina era secretario general de Gobierno, y el padre de éste se desempeñaba como consejero jurídico del gobierno estatal.
En un acto de campaña panista efectuado el domingo en Mina, una ciudadana identificada como María de los Ángeles Padilla se quejó de que en abril del 2014 había sido engañada junto a otros ejidatarios para vender terrenos que beneficiaron a los familiares del gobernador y al aspirante a alcalde priista, quien en ese tiempo era diputado local.
Los afectados vendieron sus terrenos a Héctor Martínez, del Grupo Kalos, quien a su vez revendió a los allegados a Medina 2 mil 430 hectáreas que pertenecían a 420 ejidatarios.
Según la queja de Imelda Alejandro, algunos de los propietarios se quejaron de que aún no les han pagado los terrenos.
“Lo temeroso (sic) de esta operación estriba en que cómo esta ha sido una manera de obtener beneficios en el ramo inmobiliario por parte del gobierno del estado, aprovechándose de la información privilegiada con que cuenta en el Registro Catastral para cambiar el destino a modo, de uso común a área parcelada, como en el caso que nos ocupa”, expuso la diputada, quien también contiende a la Legislatura federal.
También señaló que a cada ejidatario le pagarían 131 mil pesos, con un anticipo y 20 mensualidades, y que los terrenos con los que se beneficiaron los medina y Cienfuegos se localizan a un lado del penal de Mina, de postergada construcción.
De forma insistente, Humberto Medina Ainslie ha sido acusado de ser el encargado de manejar la obra pública en el gobierno de Nuevo León.
Queja previa
En la página del Congreso de Nuevo León (2012-2015) aparece un punto de acuerdo que le fue turnado a la Comisión de Justicia y Seguridad Pública, presidida por Francisco Reynaldo Cienfuegos Martínez.
Se trata del expediente 5540/LXXI, con fecha del 9 de diciembre de 2008, firmado por vecinos de los poblados Las Ventanas, Mina y Mineral San Pedro y San Pablo, de Monterrey.
Los quejosos piden que el Tribunal Superior Agrario investigue la presunta intromisión de funcionarios públicos en conflictos agrarios y que sea separado por conflicto de intereses el titular de la Sala 20 del Tribunal, Claudio Aníbal Vera Constantino.
También acusan de tráfico de influencias a Humberto Medina Ainslie, quien en esa fecha era consejero del entonces gobernador Natividad González Parás. El llamado Golden daddy (“Papá dorado”) aparecía como representante legal de Inmobiliaria Las Ventanas SA de CV. Y su hijo Humberto Ricardo Medina de la Cruz aparece como apoderado de Minas El Diente.
Es por ello que los inconformes acusaban a los Medina de tráfico de influencias, pues en ese tiempo Rodrigo era secretario general de Gobierno, ahora gobernador priista nuevoleonés.
La comisión presidida por Cienfuegos determinó entonces que no estaba habilitada para pedir la destitución del titular del Tribunal y tampoco se pronunció sobre el tráfico de influencias denunciado por los vecinos de los poblados Las Ventanas, Mina y Mineral San Pedro y San Pablo.
Fuente: Proceso| LUCIANO CAMPOS GARZA
