-Restriega Raúl Salinas exoneración con carro de lujo en evento público
A un mes de recibir la exoneración por el delito de enriquecimiento ilícito Raúl Salinas de Gortari reapareció en la vida pública a bordo de un BMW i8 blanco. Invitado por el delegado Adrián Rubalcava, el hermano del expresidente acudió a la inauguración del corredor cultural “Alejo Peralta” en Cuajimalpa.
Libre de toda culpa pero no de la crítica social, reapareció este miércoles diciendo: “Yo no hablo nada de política, para nada, este es un evento de cultura y a eso venimos”.
Acusado de enriquecimiento ilícito por un monto de 224 millones de pesos provenientes de la partida secreta de la presidencia de Carlos Salinas, fue exonerado el pasado 12 de diciembre pues la Procuraduría General de la República no acreditó que su cuantiosa fortuna proviniera del gobierno federal.
-Responde constructora que vendió casa a Peña Nieto
The Wall Street Journal publicó que la firma CUISA ha ganado contratos en el Estado de México y en el gobierno federal; la empresa afirma que ha perdido más concursos de los que ha ganado
La firma CUISA informó hoy que entre 2005 y 2011 obtuvo contratos del gobierno del Estado de México por mil 050 millones de pesos, que se ganaron en procesos competidos de licitación u obra financiada, en los que presentó mejores ofertas técnicas y económicas que sus competidores.
En ese periodo, Constructora Urbanizadora Ixtapan (CUISA) también se adjudicó obras por 141 millones de pesos del gobierno del Distrito Federal y por 72 millones del municipio de Naucalpan, entonces gobernado por un alcalde de extracción panista.
Una nota de The Wall Street Journal señala que en esta administración federal, CUISA ha ganado 11 contratos, pero omite mencionar que la empresa ha perdido 48 concursos de obra en los que ha participado.
"Lo anterior es evidencia de que competimos en las mismas condiciones que cualquiera; que perdemos más concursos de los que ganamos y de que tenemos mucho que mejorar para ser más competitivos en nuestras propuestas" , expuso CUISA en un comunicado.
Refirió que la familia San Román, propietaria de Inmobiliaria Club de Golf Ixtapan, y de CUISA, ha desarrollado actividades empresariales en los ramos turístico, inmobiliario y de la construcción a lo largo de ocho décadas.
Mediante diversas razones sociales, que en 1998 consolidó estas empresas en CUISA, ha participado en proyectos privados y públicos de obra civil por más de 35 años.
-PRI: Es “golpeteo electoral”; PAN exige fiscal para EPN y PRD investigar …quién filtró a WSJ
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado dijo que lo publicado por The Wall Street Journal sobre la propiedad que el Presidente Enrique Peña Nieto compró a un empresario de Ixtapan de la Sal es un “golpeteo electoral” pues a que “hay grupos interesados en desgastar la figura presidencial”.
El Senador Arturo Zamora acusó de “golpetear”, desde las páginas del diario norteamericano, a partidos políticos, personas o empresarios a quienes las reformas estructurales han afectado.
Mientras el Partido Acción Nacional (PAN) busca que el Congreso nombre a un fiscal especial que investigue las propiedades de Enrique Peña Nieto, Silvano Aureoles, presidente de la Cámara de Diputados y Coordinador del Grupo Parlamentario PRD, exigió aclarar… de dónde ha sido filtrada esta información y saber quiénes “están interesados en que por esa vía se desgaste el gobierno”.
“Se tienen que aclarar, porque finalmente, venga de donde venga la información, si eso tiene elementos… que no se resuelve si decimos que hay alguna fuerza extraña en el exterior queriendo desestabilizar… pero tampoco lo dudaría porque ya es un asunto recurrente de estar filtrando este tipo de información… pero esa información sale de alguna parte de acá del país, aquellos no se la inventan si es que existe, sale de acá”, dijo el líder de los diputados del Sol Azteca.
“Y habría que identificar quiénes están interesados en que por esa vía se desgaste el gobierno, es obvio que hay una intencionalidad de golpeteo al gobierno, de eso no me queda ninguna duda, pero eso es importante que se aclare y que se investigue de dónde salen tantas filtraciones de manera recurrente, eso tiene que ser un foco rojo para el gobierno, para identificar quién está en esa ruta”, comentó.
“Porque yo esperaría que con la aclaración que se haga al respecto, con la información que se dé el tema quede claro. Pero creo que hay que prender el foco rojo, algo está pasando ahí”, agregó.
Los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senador y la Cámara de Diputados anunció que presentará un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente Congreso de la Unión para exhortar al titular de la Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Karam, a designar un Fiscal independiente y autónomo que investigue la procedencia del patrimonio del Presidente Enrique Peña Nieto y de los secretarios de Estado y personal de la Presidencia de la República y determine se existe conflicto de interés.
En conferencia de prensa en la Cámara de Diputados, Marcelo Torres Cofiño, vicecoordinador del PAN en San Lázaro, dijo que el PAN solicita un Comisionado Especial con independencia y probada solvencia moral para investigar la responsabilidad y el posible conflicto de intereses y actos de corrupción en los que podría estar involucrado el Presidente Enrique Peña Nieto y su gabinete.
Indicó que esta es una cuestión muy delicada porque, dijo, no acabamos de salir del escándalo de la Casa Blanca y ahora tenemos esto. “Esto lo que nos da a entender y se presume es que hay un conflicto de interés y actos de corrupción”, comentó.
“Esta revelación da cuenta de un verdadero desorden, falta de seriedad y por su puesto de actos de corrupción, ¿por qué? Porque esta empresa WSJ [SIC] propiedad de un accionista en el Estado de México tuvo contratos por más de 100 millones de dólares y ahora nuevamente esta empresa junto con la constructora y urbanizadora Ixtapan cuenta con 11 nuevos contratos del Gobierno federal”.
“Es muy lamentable y es preocupante el hecho de que México esté trascendiendo negativamente en todo el mundo, estos casos de corrupción es evidente que daña ña imagen, las instituciones y la credibilidad del Ejecutivo federal y todo su gabinete”, refirió el líder panista.
“No son filtraciones, son investigaciones que han llevado incluso los medios de comunicación, por lo tanto son legítimas”, indicó.
El exhorto del partido blanquiazul se da luego de que el diario norteamericano The Wall Street Journal revelara la noche de ayer que Enrique Peña Nieto compró una casa en el año 2005 en un club de golf del municipio Ixtapan de la Sal, cuya propiedad era de un empresario llamado Roberto San Román Widerkehr, quien posteriormente recibió contratos de obra pública por más de 100 millones de dólares (unos mil millones de pesos de entonces) en el Estado de México cuando era Gobernador.
El empresario vendedor de la residencia y desarrollador del club de golf Gran Reserva de Ixtapan, fundó Constructora Urbanizadora Ixtapan en 1998, empresa que antes de la gestión de Peña solamente había ganado algunos contratos públicos menores en el Estado de México, aseguró el diario estadounidense.
El WSJ informó de esta situación en el marco de la revelación que hiciera el equipo de investigación de la periodista Carmen Aristegui sobre la casa que la Primera Dama Angélica Rivera compró al contratista Juan Armando Hinojosa, accionista mayoritario de Grupo Higa, quien también vendió una casa a Luis Videgaray, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
El diario indica que el negocio de San Román Widerkehr se disparó entre los años 2005 y 2011, cuando ganó 107 millones de dólares en licitaciones alrededor del estado, incluyendo varias vías y carreteras y parte de un contrato para construir dos hospitales en los pueblos de Amecameca y Chimalhuacán, esto de acuerdo con registros del Gobierno mexiquense.
Además, desde que Peña Nieto se convirtió en Presidente de México, en 2012, la firma de los San Román ha ganado al menos 11 contratos federales por un valor de unos 40 millones de dólares con negocios en varios estados de México, según documentos públicos. La empresa nunca había ganado un contrato directamente del Gobierno federal antes de que Peña Nieto asumiera el poder federal.
El empresario de Ixtapan de la Sal también recibió un contrato para construir un estacionamiento en el aeropuerto de Toluca, en el que el Gobierno federal tenía una participación de 25 por ciento en la empresa que operaba el aeropuerto.
Una fotografía recuperada por SinEmbargo, muestra que el hijo del empresario, Roberto San Román Dunne, fungió como padrino de la primera comunión de Paulina Peña Pretelini, hija mayor del matrimonio entre Enrique Peña Nieto y Mónica Pretelini. Ésta última falleció en el año el 11 de enero de 2007.
En la imagen también se puede observar, además de los ya mencionados, a Sara Álvarez, al Obispo Constancio Miranda Weckmann y a Gerardo Salim.
En respuesta a la publicación del diario norteamericano, la madrugada de este miércoles Presidencia de la República emitió un comunicado en donde aclaró que Peña Nieto compró de manera legal la casa de Ixtapan de la Sal en el año 2005 y está en su declaración patrimonial.
La Oficina de Presidencia dijo:
“El Presidente de la República adquirió legalmente su casa de Ixtapan de la Sal, misma que manifestó en sus declaraciones patrimoniales tanto como Gobernador del Estado de México, como en su calidad de Presidente de la República”.
Refirió que “dicha casa la ha utilizado de forma pública y notoria”. Indicó que “las empresas mexicanas o extranjeras que cumplan los requisitos legales pueden participar en los procesos de contratación con el Gobierno Federal”.
“La constructora a que se refiere la nota participó en términos de la ley aplicable en los procesos de contratación y los mismos fueron resueltos conforme a la ley por los servidores públicos encargados de dichos procesos”, indicó Presidencia.
Dijo que “al Presidente de la República no le corresponde participar en los procesos de asignación de contratos”.
Y finalizó: ”Consistente con el punto anterior, a manera de contexto, tan sólo la SCT durante esta administración ha otorgado 6 mil 534 contratos a más de 4 mil empresas, en los términos de la legislación aplicable y por los servidores públicos encargados de ello”, concluye el comunicado de Los Pinos.
-Mineros abandonan a “Napo” y constituyen un nuevo sindicato con 14 mil afiliados
En la Asamblea del Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores Mineros, que se llevó a cabo en Monclova, Coahuila, se constituyó un nuevo sindicato minero con 14 mil afiliados, la agrupación minera y de rubros afines más grande del país.
El nuevo Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Conexos (SNDTMMSC) disputará en todo el país la titularidad de los contratos colectivos de trabajo al viejo sindicato, que encabeza Napoleón Gómez Urrutia.
En un comunicado enviado por el nuevo gremio, se detalló que durante la asamblea constitutiva los asistentes votaron para elegir a los 13 integrantes del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del nuevo sindicato, y se eligió como secretario general a Sergio Medina Ibarra.
En la asamblea también se acordó abandonar la organización de Gómez Urrutia, luego de la inconformidad que mostraban los obreros “ante sus abusos”.
Medina Ibarra informó que la próxima semana, el CEN del Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores Mineros solicitará su registro a la Dirección General del Registro de Asociaciones de la Secretaría del Trabajo, para cumplir los requisitos legales en la materia.
Por lo que una vez obtenido el registro, el nuevo sindicato promoverá un recuento para obtener la titularidad de los contratos colectivos de trabajo en las 10 secciones del antiguo sindicato minero, en las cuales se integró y que son la 288, 147, 293, 303, 71, 27, 205, 239, 259 y 265.
Esas secciones eran las más numerosas en el antiguo sindicato minero, ya que tan sólo las secciones 288 y 147 tienen más de seis mil 500 trabajadores en conjunto, mientras que la sección más numerosa del viejo sindicato, la 271, tiene dos mil 300 afiliados.
-Maestros paralizan Oaxaca; toman casetas, gasolinerías, tiendas…
OAXACA, Oax.- La jornada por Ayotzinapa realizada este día incluyó marchas, bloqueos, toma de gasolinerías, casetas de peaje y tiendas departamentales, así como un mitin en el cuartel militar de la región y el paro de labores de 81 mil maestros, 12 mil burócratas y 2 mil 500 sindicalizados de la UABJO.
Así, los maestros de la sección 22 tomaron desde las 8:00 horas gasolineras, casetas de peaje y la subdirección de Almacenamiento y Reparto de Pemex en Valles Centrales y la refinería “Antonio Dovalí Jaime” en el puerto de Salina Cruz.
De igual forma, docentes de la región del Istmo de Tehuantepec realizaron un mitin frente al cuartel del 98 Batallón de Infantería en Ciudad Ixtepec.
Aunque los profesores tenían programado tomar el aeropuerto de esta capital, la Policía Federal (PF) y estatal blindó la terminal con elementos antimotines y la colocación de vallas metálicas, razón por la cual operó con normalidad.
Sin embargo en la caseta de Huitzo, donde la PF desplegó desde el pasado domingo un operativo, sus elementos debieron abandonar el lugar para evitar cualquier confrontación con el magisterio disidente.
Este primer paro laboral que realizó la sección 22 es para exigir la presentación con vida de los 42 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, así como reclamar justicia para los caídos, abrogación de las reformas estructurales y defensa de la educación pública.
La movilización también evidenció el rechazo a la centralización de la nómina y a los pagos de manera arbitraria, la evaluación punitiva de docente y la exigencia de la estabilidad laboral y libertad de los “presos políticos” del país.
Por lo pronto, los 81 mil maestros de la sección 22 realizaron un paro masivo de labores en las 13 mil 800 escuelas, acción que afectó a un millón 380 mil estudiantes.
Desde las ocho de la mañana los maestros tomaron varias gasolineras en la capital y zona conurbada, donde colocaron mantas con consignas en contra de la reforma educativa y en apoyo a los normalistas de Ayotzinapa.
Por su parte, los integrantes del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (STEUABJO) realizaron una marcha del jardín Labastida a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) para continuar con sus negociaciones y advertir que el próximo viernes realizarán otro paro en esa casa de estudios.
Los inconformes realizaron bloqueos intermitentes y su dirigente, José Antonio Rivera Ramos, afirmó que en las primeras horas de febrero podrían declararse en huelga debido a que no existen avances importantes en los 51 puntos que presentaron en su contrato colectivo de trabajo (CCT).
En tanto, el sindicato de burócratas que aglutina a unos 12 mil empleados de las 72 dependencias del gobierno estatal determinó suspender labores debido a la jornada de lucha del magisterio.
-Exigen a Eruviel Ávila rendir cuentas sobre obra construida por OHL
Un grupo de ciudadanos del Estado de México, usuarios del Circuito Exterior Mexiquense, exigieron al gobernador de la entidad, Eruviel Ávila Villegas, transparentar la inversión de la obra construida por la empresa OHL.
A través de un desplegado suscrito por Vicente Zuñiga López se cuestiona al gobernador mexiquense si de verdad el monto de la inversión de OHL pendiente de recuperar, con cargo al proyecto es superior a 50 mil millones de pesos, cuando su costo inicial total era de aproximadamente cinco mil 500 millones.
“Si el monto reconocido por el gobierno del estado y firmado por OHL al 30 de junio de 2013, que incluye tanto la inversión como rentabilidad, fue de 23 mil 200 millones de pesos, ¿por qué registra OHL en sus estados financieros auditados por Deloitte (Galaz, Yamasaki, Ruis Urquiza, SC, miembro de Deloitte Touche Tohmatsu Limited) una inversión en concesión, neto al 32 de diciembre de 2013, por la cantidad de 46 mil 500 millones de pesos? ¿Cómo se explica una diferencia de casi 23 mil millones de pesos?”, le cuestionan a Eruviel.
Además le exigen explicar por qué y quién le permitió a OHL destinar mil 785 millones de pesos del refinanciamiento obtenido en 2013 “con cargo al proyecto” para el pago del costo de rompimiento de operaciones financieras derivadas (SWAPS) y qué beneficio genera eso para el gobierno del estado, los usuarios del Circuito Exterior Mexiquense o a los mexicanos.
“¿Y además de todo OHL pretende que se le pague la tasa interna de retorno sobre esta cantidad?”, se cuestiona en el desplegado.
Por si fuera poco, acusan que el incremento a la tarifa que cobra OHL a partir del 19 de enero de este año es dos veces el incremento de la inflación durante 2014, y del 1 de enero de 2013 a la fecha se ha incrementado en un 30% la tarifa. “¿Por qué?”, cuestionan al gobernador.
También le preguntan a Eruviel Ávila si tiene conocimiento de que OHL ha llegado a un acuerdo para vender 25% de su participación en el proyecto en aproximadamente ocho mil 800 millones de pesos, lo que supone que el valor de su participación total es de aproximadamente 64 mil millones de pesos, más de dos veces la deuda pública total del Estado de México.
Y cuestionan:
“¿Sabe usted que el accionista de control de OHL está a punto de emitir certificados bursátiles por aproximadamente siete mil 500 millones de pesos con cargo a sus derechos residuales (¡) sobre el proyecto, con la garantía de un banco estatal, para cumplir con sus obligaciones de aportar capital a otros proyectos?
“¿Es decir que el capital que OHL aporta a otros proyectos está financiando (así sea indirectamente) por un banco estatal? ¿La infraestructura del país está financiada con cargo a un proyecto de infraestructura del Estado de México y con la garantía de un banco estatal?”.
El desplegado señala que a partir del 1 de febrero próximo pondrá a disposición de la ciudadanía información y documentación sobre este tema en el sitio www.finalabuso.net que se encuentra actualmente en construcción.
-Cae dron cargado de droga en plaza comercial de Tijuana
TIJUANA, B.C.- La policía de esta ciudad se llevó una sorpresa la noche de ayer cuando un dron –vehículo aéreo no tripulado que utilizan las autoridades en tareas de vigilancia– cayó en la plaza comercial Pueblo Amigo, ubicada a unos metros del puerto internacional Tijuana-San Ysidro.
Lo curioso del caso es que el dron iba cargado de droga sintética, conocida como cristal, según fuentes policiacas. El hecho ocurrió a las ocho de la noche en la plaza comercial propiedad de Jorge Hank Rhon.
Al revisar el lugar del incidente, los policías detectaron la pequeña aeronave con un paquete de droga que fue entregada para investigación a la Procuraduría General de la República (PGR).
Los drones se usan para tareas policíacas, militares, así como de investigación científica, actividades comerciales, mediáticas y recreativas.
Y ahora se sabe que también para el traslado de drogas.
El pasado martes 6 la Oficina de Aduna y Protección Fronteriza de Estados Unidos dio a conocer un reporte en el que se consigna que el uso de drones ha tenido un impacto “mínimo” en la contención de la migración en la frontera con México.
“A pesar de la inversión significativa, no vemos evidencia de que los drones contribuyan a una frontera más segura, por lo que no hay razón para invertir más fondos de los contribuyentes”, dice el reporte “Altos Costos y Bajo Retorno del Programa de Drones”.
-Diputados exigen fiscalizar indemnizaciones a afectados por ecocidio en Sonora
HERMOSILLO, Son.- La Comisión legislativa que investiga la contaminación en los ríos Sonora y Bacanuchi solicitó al gobierno federal que fiscalice los 2 mil millones de pesos aportados por Grupo México para atender a la población damnificada de siete municipios de la entidad.
La diputada perredista Lorenia Valles Sampedro señaló que la entrega inequitativa de indemnizaciones ha generado un sinnúmero inconformidades entre los pobladores de los municipios afectados con el derrame de 40 millones de litros de metales pesados, el 6 de agosto del año pasado.
“Hemos encontrado muchas irregularidades e injusticias en cada uno de los municipios visitados y me interesa saber al igual que al resto de los integrantes de la Comisión el destino de los recursos del Fideicomiso y definir cómo se han ejercido”, expuso.
En una lista de beneficiarios de la Secretaría de Economía filtrada en el municipio de Ures, ubicado a 77 kilómetros de esta capital, aparece el nombre del empresario ribereño, Víctor Martínez, con 1.3 millones de pesos. Dicha persona es dueño de cuatro comercios.
En cambio, la población en general sólo recibió 14 mil 500 pesos.
El presidente del Fideicomiso del Río Sonora, Rodolfo Lacy Tamayo, informó a la Tercera Comisión Permanente de San Lázaro que a la fecha se han invertido 768 millones en la remediación del ecocidio, equivalente a 10 veces el Producto Interno Bruto (PIB) de esta región, lo que derivó en aumentó el PIB per cápita mensual de 840 a 8 mil 198 pesos.
El municipio de Aconchi recibió 48. 1 millones de pesos; Arizpe, 73.9 millones; Banámichi , 49.4 millones; Baviácora, 57.3 millones; Huépac, 41.1 millones; Cananea, 14. 4 millones, y Ures, 235.9 millones.
“El 15 de febrero concluirá el resarcimiento social, e iniciará la remediación y limpieza de ecosistemas para que recuperen las condiciones previas al derrame”, anunció el también subsecretario de Planeación y Política Ambiental de la Semarnat.
No obstante, desde que los desechos mineros se desbordaron de la mina Buena Vista del Cobre, propiedad de Grupo México, los afectados han bloqueado en doce ocasiones la carretera que une a los siete poblados; han marchado dos veces hasta el Palacio de Gobierno de Hermosillo para exigir mayor atención del Estado y el próximo viernes presentarán 500 diagnósticos médicos de personas afectadas por la exposición a metales pesados que no han recibido apoyo económico alguno.
-Bloqueo carretero y pintas en cuartel de Guerrero por caso Ayotzinapa
CHILPANCINGO, Gro.- Padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, estudiantes y miembros del magisterio disidente bloquearon la Autopista del Sol durante casi dos horas y realizaron pintas en la barda perimetral del cuartel de la 35 Zona Militar, donde acusaron al Ejército de “asesino”.
Los manifestantes advirtieron a las autoridades que seguirán exigiendo justicia, castigo a los responsables de la barbarie y la presentación de los desaparecidos.
El vocero de los padres Felipe de la Cruz dijo que no se van a limitar a ingresar sólo al cuartel del 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala, como lo anunció el gobierno federal.
Al respecto, señaló que los padres acordaron visitar otras instalaciones castrenses, y van a notificar a las autoridades federales y militares una hora antes de la acción.
La jornada de protestas comenzó cerca de las 11:00 horas, con una marcha pacífica que partió del norte al sur de esta ciudad.
Tres horas después, los manifestantes encabezados por los padres de los normalistas desaparecidos bloquearon los cuatro carriles de la Autopista del Sol, a la altura del punto conocido como El Parador del Marqués.
De esta forma, los inconformes retaron a las autoridades federales y estatales, quienes habían anunciado que no permitirían más bloqueos carreteros.
Durante casi dos horas, la importante vía federal fue obstruida provocando un caos que colapsó la parte sur de Chilpancingo, aunque ninguna autoridad se presentó al lugar de la protesta.
En ese lapso, los manifestantes realizaron un mitin donde los oradores insistieron en demandar justicia y castigo para los responsables de la masacre.
Ahí, Felipe de la Cruz calificó al gobernador sustituto, Rogelio Ortega Martínez, de “títere” del gobierno federal y “cómplice” de la delincuencia.
También dijo que no los intimida el anuncio que hizo Ortega Martínez, quien advirtió que van a aplicar la ley en contra de los manifestantes, a los que calificó de una “minoría de vándalos”.
“No tenemos miedo al anuncio de reprimir las muestras de descontento social y coraje por los crímenes cometidos por las autoridades”, expresó el vocero de los padres.
También reiteró que van a impedir las elecciones en la entidad porque ningún político representa una opción de cambio para erradicar la violencia y los nexos entre autoridades con el narco.
“Son una bola de cínicos, desvergonzados y asesinos que sólo están buscando un hueso, hecho que exhibe su indiferencia frente al dolor de los familiares de los normalistas desaparecidos”, señaló Felipe de la Cruz.
Además criticó la actitud de los empresarios, quienes están demandando la intervención del gobierno para frenar la protesta social, pero nada dicen sobre el control que ejerce el narco en la entidad, principalmente en el puerto de Acapulco.
Después del mitin los manifestantes desbloquearon la Autopista del Sol y se retiraron en marcha hacia el centro de esta ciudad.
A su paso, los inconformes realizaron pintas sobre la fachada de la sede de la 35 Zona Militar sin que se registraran incidentes.
-Fiscal pide 27 meses de prisión para el agresor de la reportera Karla Silva
SILAO, Gto.- La fiscal Yolanda Ramírez pidió una pena de 27 meses de prisión para Luis Gerardo Hernández Valdenegro, uno de los involucrados en la agresión contra la periodista Karla Silva, corresponsal de El Heraldo en esta ciudad.
En un juicio abreviado que se realizó este miércoles, Hernández Valdenegro se declaró culpable de los delitos de lesiones calificadas, robo calificado y amenazas, pero guardó silencio sobre los funcionarios del gobierno municipal de Silao que presuntamente lo contrataron para que atacara a la reportera, pese a que su declaración había sido acordada con la fiscal para reducirle la pena.
Así lo confirmó la hermana del agresor, María Loreto Hernández Valdenegro, quien señaló directamente al presidente municipal silaoense, el priista Enrique Benjamín Solís Arzola, como la persona que ordenó la agresión a la reportera a través de Nicasio Aguirre Guerrero y Jorge Alejandro Fonseca Durán, director de Seguridad Pública y director operativo de la Policía, respectivamente.
El primero se encuentra prófugo y el segundo en prisión y sujeto también a proceso penal.
En entrevista, la mujer declaró que si bien su hermano incurrió en un delito contra Karla Silva y Adriana Elizabeth Palacios, “él lo hizo porque lo contrataron y le iban a pagar cinco mil pesos, y fueron Nicasio y Jorge Alejandro por órdenes del alcalde. No se vale que Benjamín esté afuera, libre, y mi hermano y los otros refundidos en la cárcel”.
Incluso dijo que acudió a la presidencia municipal para reclamarle al alcalde un mes después de que su hermano fue detenido, y sostuvo que Solís Arzola le ofreció dinero, apoyo escolar para su hija y hasta materiales para construcción, “a cambio de que mi hermano no hablara y no dijera quién lo mandó a hacer lo que hizo. El presidente tenía sus motivos para mandarlo hacer”, subrayó.
Aseguró que el propio alcalde pagaba a los abogados de los cuatro detenidos, incluido el director operativo de la Policía municipal, pero cuando ella convenció a su hermano Luis Gerardo de acordar un juicio abreviado con la Procuraduría general de Justicia del estado (PGJE) se desentendió.
María Loreto se manifestó temerosa de posibles represalias por parte del alcalde Solís Arzola por intervenir en apoyo de su hermano. “Ya intentaron levantar a mi hija hace un mes; la interceptaron en la calle y le anduvieron dando vueltas en un vehículo por varias horas, le preguntaron su nombre y más tarde la soltaron”, precisó.
La mujer declaró que como parte del acuerdo con la Fiscalía, su hermano firmó dos pagarés, uno por 61 mil pesos y otro por 50 mil, para que ante el juez quedara como garantizada la reparación del daño en favor de Karla Silva y de Adriana Elizabeth Palacios, respectivamente.
“Pero no sé en qué condiciones; entiendo que no es porque mi hermano los vaya a pagar; al final el que va a hacerlo es (el alcalde) Solís”.
Ante el juez José Luis Argüello Uribe, la fiscal Yolanda Ramírez y las propias víctimas confirmaron que habían recibido un pagaré con el que se daban por satisfechas con la reparación económica.
Ahora es culpable: juez
En el juicio abreviado que presidió Argüello Uribe, la fiscal Yolanda Ramírez reclasificó las lesiones contra la reportera. Inicialmente dijo que ponían en peligro su vida por un traumatismo cráneo encefálico, pero esta vez sostuvo que, después de un nuevo peritaje solicitado por la PGJE, las lesiones no eran de la gravedad inicialmente señalada.
“Sí estamos reclasificando la gravedad de las lesiones, ya no de lesiones que ponen en peligro la vida, sino de lesiones que dejan cicatriz”, explicó la fiscal ante los cuestionamientos del juez.
“Entiendo que la expectativa del inculpado fue el que lo llevó a aceptar este acuerdo”, señaló el juez Argüello al iniciar la audiencia y preguntarle a Luis Gerardo Hernández Valdenegro si estaba consciente y seguro de ir al juicio abreviado y admitir su culpa por las lesiones causadas a Karla, y por el robo de la computadora, la cámara y los teléfonos de la oficina de El Heraldo, además de las amenazas vertidas contra Karla y Adriana Palacios, en complicidad con otros dos sujetos que habrían sido contratados por Nicasio Aguirre Guerrero.
Enseguida, la fiscal Ramírez pidió al juez aplicar al inculpado una pena de dos años y tres meses, así como una sanción de 23 días de salario mínimo vigente en el estado.
“No tenemos oposición a que se le otorguen los beneficios que usted decida y que la reparación del daño se tenga por cubierta”, planteó al juez.
Y en ese mismo momento la defensora de Hernández Valdenegro –asignada por el Estado luego de que éste despidió a los abogados particulares que inicialmente asumieron su representación– pidió el beneficio de la condena fuera de prisión.
Cuando se le concedió la palabra al procesado, éste se limitó a aceptar cada una de las acusaciones y peticiones hechas por la fiscal y su defensora de oficio.
Después de un receso, el juez Argüello dijo que en las pruebas presentadas encontró suficientes elementos para fallar en contra de Hernández Valdenegro.
“El acusado tiene fallo condenatorio; se demostró plenamente su comisión en estos delitos. La presunción de inocencia se ha derribado”, concluyó.
Sin embargo, programó una nueva audiencia para el próximo viernes 23, a fin de establecer los términos de la sentencia y la pena que impondrá por este caso.
Al término de la audiencia de este miércoles, Karla Silva se mostró satisfecha de que Luis Gerardo aceptara su intervención en los hechos, y aprobó los términos del acuerdo y la estrategia de la PGJE en su caso.
“Estamos todavía en medio de una investigación, no sabemos cuál va a ser el resultado, el tiempo que lleve ya que él acepte su intervención habla bien de él”, comentó.
Pero insistió en que con este fallo no termina todo el proceso contra los involucrados, por lo que esperará los resultados finales. “Creo que hasta el momento vamos bien”, apuntó.
No obstante, señaló que como al Estado sólo le competen los delitos del fuero común, desconoce si la Fiscalía Especializada ha continuado alguna indagatoria relacionada con su caso y los delitos contra la libertad de expresión y en agravio de ella en su calidad de periodista, porque ha solicitado informes y hasta ahora no ha recibido respuesta de la instancia federal.
-Narco decidía mandos policiacos en 13 municipios de Guerrero: PGR
El titular de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República, (PGR) Tomás Zerón, afirmó que las fuerzas federales asumieron el control de la seguridad en 13 municipios de Guerrero porque estaban cooptados por el crimen organizado.
Los controlaban a tal grado que el crimen decidía quién iba a ser el jefe de la policía y qué operativos se iban realizar, dijo durante su participación en los foros sobre seguridad y justicia que se realizan en el Senado.
Por ello, justificó, el gobierno federal, a través del Ejército, tuvo que tomar el control en esos municipios y porque “no teníamos confianza en las autoridades municipales de seguridad, estaban cooptados por el crimen organizado.
“La diferencia que encontramos cuando detenemos a un delincuente, y hoy que estuvimos deteniendo policías, solamente era la identificación, porque en el camino los que mandaban realmente eran el crimen organizado. No podemos vivir en un Estado en donde estemos cooptados”, señaló.
David Arellano, titular de la Unidad General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación (Segob), alertó por su parte que casi tres cuartas partes de los dos mil 457 municipios de México “podrían tener vulnerabilidad a la infiltración del crimen organizado”.
También dijo que mil 854 municipios disponen de pocas herramientas para enfrentar la penetración del crimen.
Durante su participación en el foro, el funcionario sustentó su afirmación en “algunos estudios” pero no detalló cuáles y afirmó que la iniciativa en materia de seguridad y justicia del ejecutivo federal no es una ocurrencia ni una improvisación, sino que analiza el marco internacional para saber qué herramientas han funcionado en otros países que pudieran funcionar en el contexto mexicano.
Según dicha iniciativa, el gobierno federal podrá intervenir en los municipios dónde sus autoridades estén coludidas con el crimen pero Arellano afirmó que no pretende desaparecer el nivel de gobierno, sino asumir sus funciones de manera temporal.
La medida, abundó, es de carácter extraordinario, no sistemático y únicamente operativo cuando se constate la infiltración.
En su oportunidad, Antonio Luigi Mazzitelli, representante regional de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, reconoció que los municipios son “el anillo más débil de la administración estatal ante la infiltración del crimen organizado”.
Y consideró que intervenir de manera preventiva, en el ámbito municipal, “puede representar un instrumento eficiente, eficaz y sobre todo garantista, que pueda romper el círculo vicioso de complicidad y corrupción que progresivamente acaba con el Estado de derecho en este nivel del territorio”.
-Por culpa de Peña, la imagen de México está por los suelos: AMLO
El líder del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador, pidió a legisladores afines a este partido que soliciten una audiencia con el gobernador Rafael Moreno Valle, con el fin de exigir la libertad de los “presos políticos” y castigo a los responsables de la represión en el estado.
De gira por la entidad, el político tabasqueño consideró que la labor de los diputados y senadores es exigir el esclarecimiento de asesinatos de dirigentes sociales y repudiar la criminalización de personas por cuestiones políticas.
En este trámite, solicitó a los ciudadanos no acompañar a los legisladores, pues en el gobierno poblano “hay halcones”, y por ello no se debe caer en provocaciones de gente infiltrada que justifiquen la represión y el autoritarismo gubernamental.
Sobre los partidos políticos, el dos veces excandidato presidencial criticó que se catalogue por igual a las diez fuerzas políticas con registro.
“Nosotros pensamos que se puede cambiar al país por la vía pacífica y electoral”, indicó.
López Obrador planteó que así como pide la liberación de luchadores sociales en Puebla, demandará la aparición con vida de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, a unos días de que se cumplan cuatro meses de su desaparición.
“No hay una respuesta sincera, apegada a la verdad, no crean que Peña Nieto no sepa lo que realmente sucedió, ¿sabe o no sabe? Claro que sabe y no está diciendo la verdad, y tienen ahí de intermediario al procurador Jesús Murillo Karam que no sirve para nada o que está nada más de tapadera, pero a nosotros no se nos va a olvidar lo de Ayotzinapa, pues son jóvenes de familias humildes y van a tener siempre nuestro apoyo y respaldo”, aseguró.
En Izúcar de Matamoros, López Obrador se refirió a la revelación hecha por el diario estadunidense The Wall Street Journal sobre Roberto San Román, quien vendió al presidente Enrique Peña Nieto una mansión en Ixtapa de la Sal, Estado de México, y poco después el empresario comenzó a recibir millonarios contratos por parte del gobierno.
“La verdad da pena ajena, porque la imagen en el extranjero está por los suelos por culpa del gobierno corrupto de Peña Nieto”, indicó el tabasqueño.
Luego advirtió que no habrá investigación del caso porque en el gobierno hay una asociación delictuosa, una mafia donde no sólo hay corrupción sino impunidad.
“No hay a quién acudir, no hay estado de derecho, hay un Estado chueco, y sólo se puede remediar el problema de la corrupción, actitudes como las de Peña y el apoyo a contratistas a cambios de sobornos, con un cambio de régimen, no hay otra opción, ahora nada más es cuestión de denunciarlo para no ser cómplice”, agregó.
-Suprema Corte valida operación de acueducto con aguas del río Yaqui
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó la operación del Acueducto Independencia y los títulos de concesión de agua otorgados por las autoridades federales y estatales que asignan 40´182,450.60 millones de centímetros cúbicos; 11´720,000.00 millones de metros cúbicos; y 8¨582,594.00 millones de metros cúbicos de aguas superficiales del río Yaqui a las autoridades sonorenses en la materia.
Lo anterior, luego de que los ministros de la primera sala de la SCJN resolvieron las controversias constitucionales presentadas por los municipios de Ignacio Río Muerto y Cajeme en contra de la construcción y operación de dicha obra hidráulica que desde hace dos años lleva el vital líquido de la presa El Novillo a la ciudad de Hermosillo Sonora.
Por votación de cuatro votos contra uno, los ministros declararon por otra parte, la invalidez de la Manifestación de Impacto Ambiental aprobada por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para el único efecto de que se garantice el derecho de audiencia, sin efectos vinculantes, a los municipios quejosos.
Para ello, el presidente de la República, como titular del Ejecutivo federal, tiene un plazo de 30 días para cumplir con el derecho de los citados municipios y para elaborar una nueva manifestación ambiental.
El ministro Arturo Zaldívar votó en contra de uno de los considerandos del proyecto (votó en términos generales a favor), en contra de la validez de los títulos de concesión.
José Ramón Cossío votó en contra del proyecto elaborado por Jorge Pardo Rebolledo (que contó con el apoyo de Zaldívar, Olga Sánchez Cordero y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena) por considerar que no tenía competencia para presentar la demanda.
Con ésta decisión la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) prácticamete concluyo un litigio en el ámbito jurídico, pero no en el social, ya que la tribu yqaqui , la cual interpuso también amparos en contra de la construcción de la obra (en 2013) ha realizado bloqueos carreteros y movilizaciones en el estado de Sonora e protesta de ésta obra hidráulica que tiene 132 kilómetros de largo.
En los amparos, los quejosos solicitaron al máximo tribunal del país fijar desde disminuciones del volumen de agua que se pretende trasvasar hasta declarar ilegales los dictámenes en materia ambiental que sustentan la construcción del acueducto.
Los juicios de amparo fueron interpuestos por integrantes de la tribu yaqui del pueblo de Vícam, así como por las asociaciones de Usuarios Productores Agrícolas, de las secciones de riego número 16 y K-73+500.
Como resultado de las movilizaciones sociales dos de los dirigentes yaquis Fernando Jiménez Gutiérrez y Mario Luna Romero, fueron detenidos, consignados y están en prisión, por procesos penales iniciados por las autoridades locales por los delitos de privación ilegal de la libertad y robo de auto, compareció este miércoles ante un juez local y rechazó las acusaciones.
-Denuncian al PVEM por recibir de Televisa y TV Azteca 2 mil 351 mdp
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) acusó al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) de recibir aportaciones ilícitas de Televisa, TV Azteca y el poder legislativo federal por más de 2 mil 284 millones de pesos.
Ante ello, el representante perredista ante el INE, Pablo Gómez Álvarez presentó una denuncia ante la Unidad de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE).
De acuerdo con Gómez, mientras que el PVEM reconoce haber erogado un gasto de 85 millones de pesos en campañas propagandísticas, el costo real de los spots transmitidos en las dos cadenas nacionales de televisión ascendió en realidad a 2 mil 351 millones de pesos, tomando como referencia las tarifas comerciales de las televisoras.
“Por la difusión de los promocionales de los siete legisladores del Partido Verde Ecologista de México, dicho instituto político recibió del Grupo Televisa una aportación en especie de cuando menos por la cantidad de mil 466 millones 13 mil 233 pesos, importe con el que logró obtener un gran beneficio frente al electorado”, sostiene.
En cuanto a TV Azteca, la aportación en especie denunciada por Pablo Gómez suma 818 millones 152 mil 867 pesos.
Según el perredista el poder legislativo, a través de las fracciones parlamentarias del PVEM, habría financiado con más de 83 millones de pesos la campaña del partido político.
La denuncia del PRD se origina por los casi 250 mil spots en televisión abierta y restringida, transmitidos entre la tercera semana de septiembre y el 10 de diciembre pasado por el PVEM, en los que con la apariencia de informes legislativos de siete legisladores se posicionó a ese instituto político, de acuerdo con la resolución de la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
El PRD recuerda en su denuncia que el Artículo 41 de la Constitución prohíbe que partidos o cualquier otra persona física o moral adquieran tiempos en medios electrónicos dirigidos a influir en las preferencias electorales.
Por otro lado, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE ordenó la suspensión inmediata de los promocionales denominados “cine-minutos” en las empresas Cinépolis y Cinemex, así como de publicidad fija del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
Desde el martes 6, dicha unidad inició un procedimiento ordinario para sancionar a este partido por el incumplimiento de las medidas cautelares solicitadas por el PAN al Consejo General del INE y dictadas el 31 de diciembre pasado por la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, por lo que ya se había ordenado el retiro inmediato de los promocionales.
-“Sí defendimos a estudiantes”, revira el rector de la BUAP
PUEBLA, Pue.- El rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Alfonso Esparza Ortiz, aseguró que la institución sí intervino legalmente para defender a los tres jóvenes detenidos el pasado lunes por manifestarse contra el presidente Enrique Peña Nieto y el gobernador Rafael Moreno Valle.
Ante las acusaciones de los estudiantes de que la rectoría de la BUAP los dejó solos durante la represión policíaca, Esparza Ortiz dijo que la universidad a su cargo logró que los tres detenidos fueran liberados sin cargos, aun cuando existía una demanda en su contra por secuestro de camiones.
“Tal vez fue el espíritu santo el que intervino para que no procediera ningún cargo penal”, reclamó en tono irónico e insistió en que los estudiantes de la BUAP sí incurrieron en acciones que pueden ser consideradas delictivas.
“Había una demanda por secuestro de autobuses. Si eso no es delito, entonces que me digan qué es. Obviamente los detenidos eran candidatos a cargarles con esta responsabilidad”, refirió.
Insistió en que, desde que supieron de la detención de los estudiantes, pidió a la abogada de la Universidad hacerse cargo de la defensa legal.
“En el momento que supimos de la detención nos avocamos de inmediato a tratar de intervenir y ver por la seguridad de los jóvenes. Si no lo creen, no importa, no buscamos reconocimiento”, declaró Alfonso Esparza Ortiz.
Por el contrario, los jóvenes aseguran que nunca recibieron apoyo de la BUAP, sino que fue la Universidad Iberoamericana (UIA) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) quienes acudieron en su ayuda.
El rector de la BUAP aseguró que su administración apoya las movilizaciones estudiantiles de protesta, siempre y cuando se hagan en el marco legal. Por ello, dijo, emitieron el primer comunicado en el que la Universidad se deslindaba de acciones de vandalismo, ya que tenían conocimiento de que los estudiantes tenían programado cometer actos ilegales.
“El jueves en su asamblea (estudiantil), ahí están los elementos que lo atestiguan, sus acuerdos fue tomar camiones, tomar instalaciones, fueron diversas acciones violentas y fuera de la ley. Por supuesto no lo vamos a apoyar”, expresó.
Pese a sus juicios, recalcó que está abierto al diálogo con los jóvenes que lo acusan de validar la represión en su contra.
Y es que el mismo día de las manifestaciones, la UIA emitió un pronunciamiento puntual para recriminar al gobierno por agredir a los jóvenes que participaban en una manifestación pacífica.
El rector de la BUAP aclaró: “Nosotros optamos por actuar en vez de entrar a una suerte de grilla dentro de las redes, preferimos estar más atentos de la solución inmediata de su situación jurídica y de su seguridad, que de ponernos a discutir en redes si estábamos o no interviniendo”.
Rosa Isela Ávalos, abogada de la BUAP, hizo segunda al rector al reiterar que había una denuncia contra los estudiantes por secuestrar camiones y que la intervención legal de la Benemérita fue para que los liberaran de los cargos.
Los estudiantes aseguraron que el traslado en camiones urbanos hasta las cercanías del lugar donde se realizó el acto presidencial fue en acuerdo con los choferes y mediante el pago del pasaje respectivo de cada uno.
-Encapuchados irrumpen en proyección del Festival de Cine en Chiapas
SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, Chis.- Al grito de “¡No es tiempo de cine es tiempo de guerra!”, alrededor de 20 personas encapuchadas interrumpieron la proyección del cortometraje “La Música, mi lengua materna”, que se proyectaba como parte del Festival de Cine en Chiapas, en la Plaza de la Paz de esta ciudad.
A las 20:15 horas, llegaron al lugar cerca de 600 personas para ver el filme, dirigido por Todd Clouser y Billy Martin. La producción trata de un viaje de exploración sonora que Martin –reconocido por su trabajo con el trío de jazz Medeski, Martin and Wood– realizó acompañado de Clouser por distintas comunidades del estado de Chiapas.
Según el programa, luego de la película habría un concierto en vivo con estos músicos acompañados del pianista John Medezki.
No obstante, a los tres minutos de iniciado el cortometraje, directo al proyector llegaron varios sujetos con el rostro cubierto con pasamontañas e intimidaron al público. Enseguida los asistentes abandonaron sus sillas.
En entrevista, los enmascarados exigieron el encarcelamiento de Narciso Ruiz, titular de la Asociación de Locatarios de Mercados Tradicionales de Chiapas (Almetrach), pues acusaron que tiene tomado el Mercado Popular del Sur (Mercosur).
Minutos más tarde, llegaron cerca de 500 manifestantes más quienes denunciaron que Ruiz ha asesinado a personas y violado mujeres. Sus pancartas decían: “¡Fuera Narciso!”, “Alto a la violencia”.
Noé Hernández Caballero, de la Organización Nacional del Poder Popular (ONPP), explicó que Almetrach es una organización paramilitar y tiene barricadas en la periferia del mercado desde las 00:48 horas del martes 20.
“Tiene francotiradores en las azoteas de las casas vecinas y han sembrado dinamita en una periferia porque piensan que vamos a entrar al mercado, pero no lo haremos porque es competencia del Ejército, la policía y la gendarmería”, agregó.
Al preguntarle a Hernández Caballero la razón por la que llegaron encapuchados a intimidar, éste lo negó.
–Pero somos testigos, se le arguyó.
–Lo desconozco, dijo.
La ONPP demandó que el gobernador Manuel Velasco Coello atienda su demanda.
Luego de la irrupción de los encapuchados, el director Todd Clouser Clouser escribió en su cuenta de Twitter:
“El concierto lo realizaremos a las 10:30 en el Dada club. Respetamos los derechos de la gente, del pueblo, para realizar su asamblea en la plaza de la ciudad, su ciudad. Somos de afuera y estamos agradecidos de permitirnos estar aquí en su tierra”.
-La UNT marchará el lunes con padres de normalistas de Ayotzinapa
La Unión Nacional de Trabajadores (UNT) anunció que este lunes 26 marchará junto con los padres de los 42 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, a cuatro meses de la desaparición de los jóvenes.
Para ello, una comisión de padres se reunió esta tarde con representantes de la UNT en el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM) y del encuentro surgió ese acuerdo.
La UNT marcha a fines de enero de cada año, pero esta vez su movilización se realizará el 26 en solidaridad con Ayotzinapa.
“Cada año, en el último día hábil del mes de enero, nos movilizamos decenas de miles de campesinos, sindicatos y organizaciones civiles en la mayoría de las capitales de los estados y en la capital del país, reiterando y actualizando nuestras exigencias”, se señaló en un documento del Frente Amplio Social Unitario (FASU).
Después de ocho años, el FASU ha tenido sucesivas ampliaciones en la organización, iniciada por la Coalición Ciudadana Nacional, devenida en Espacio Social Tripartita, transformado en Movimiento Nacional por la Soberanía Alimentaria y Energética, los Derechos de los Trabajadores y las Libertades Democráticas.
“En estos ocho años hemos sostenido un programa de lucha que reivindica la garantía de la integralidad de los derechos humanos, el cambio de rumbo en la política de desarrollo, a fin de tener políticas sociales y económicas más favorecedoras y no depredadoras del pueblo y la democratización del régimen político, en particular con la introducción de la democracia participativa”, añadió.
También resaltó que en la asamblea del 28 de noviembre pasado acordaron llamar a las organizaciones sociales y ciudadanos comprometidos con cambios en el país a intensificar los diálogos y encuentros para una amplia alianza estratégica nacional, “ante los abominables hechos ocurridos en los últimos meses (entre ellos los de Tlatlaya y Ayotzinapa) que han sido catalizador de la crisis actual”.
Por eso, indicó que han estado dialogando con otras agrupaciones y abierto un canal permanente “con los que directamente han padecido la tragedia que hoy cataliza al conjunto de agraviados”, con quienes se solidarizan para construir una gran alianza que impidan la repetición de estos hechos.
-¿Hartos de los anuncios del Partido Verde en el cine? El INE también: ordena bajarlos ya
El Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó la suspensión inmediata de los spots en las empresas Cinépolis y Cinemex, así como de cierta publicidad fija del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
Esta medida surge luego que pasado 31 de diciembre, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto, por unanimidad emitió medidas cautelares y ordenó suspender la propaganda “El Verde sí cumple” al Partido en las salas de cine, además de espectaculares y mobiliario urbano, sin embargo, la publicidad nunca se dejó de transmitir ni se quitaron los anuncios.
“Sin embargo, derivado de investigaciones y diligencias practicadas a nivel nacional, desde el 2 de enero a la fecha, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral advirtió el posible incumplimiento de las medidas cautelares, por lo que determinó iniciar un procedimiento sancionador y ordenar la suspensión inmediata de la propaganda presuntamente ilegal”, informó el INE por medio de un comunicado.
La Comisión de Quejas y Denuncias del INE determinó declarar procedentes las medidas cautelares solicitadas por Javier Corral Jurado, Consejero del Poder Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN) ante el Consejo General, consistentes en el retiro inmediato de algunos anuncios en propaganda fija, así como los denominados cine minutos, difundidos en las salas de cine de las cadenas Cinépolis y Cinemex, por considerar que dicha publicidad partidista podía ser contraria a la ley.
“Se ordena al Partido Verde Ecologista de México que, de manera inmediata, suspenda la difusión de los cine minutos y retire la propaganda fija denunciada, materia de esta medida cautelar y se abstenga de contratar o difundir propaganda de esta naturaleza”, indicó el resolutivo.
GASTOS POR 50.9 MDP
Campaña “El Verde sí cumple”. Foto: Cuartoscuro.
El 29 de diciembre del año pasado, la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que la sobreexposición de los informes de labores de los legisladores del PVEM vulneró el principio de equidad establecido en el artículo 134 Constitucional.
Una semana antes se dio a conocer en la audiencia celebrada el Instituto Nacional Electoral con motivo de la queja presentada por diversos partidos contra el Partido Verde y sus legisladores que tres diputados federales y tres senadores de dicha fuerza política contrataron anuncios publicitarios con Televisa y Televisión Azteca por 50.9 millones de pesos, según se estimó.
Esto representó un gasto de 12.7 millones, en promedio, por cada legislador para promocionar sus informes de labores los que formaron parte de la campaña “El Verde sí cumple”.
De acuerdo con el acta de audiencia, la Diputada Ana Lilia Garza gastó en la difusión de su informe legislativo en contratos con Televisa y Tv Azteca 12 millones 246 mil 461 pesos más televisión restringida por 754 mil pesos y un total de 13 millones 461 pesos. La Senadora María Elena Barrera Tapia reportó lo mismo.
En tanto, el Diputado Enrique Aubry de Castro reconoció por escrito haber hecho dos contratos con televisoras por seis millones 500 mil pesos y 5 millones 746 mil 461 pesos más un gasto de 458 mil 200 pesos en televisión restringida, para dar un total de 12 millones 704 mil 661 pesos. El Senador Carlos Alberto Puente reconoció un gasto de 12 millones 246 mil 461 pesos.
A su vez, el Senador Pablo Escudero reconoció contratos con las televisoras abierta y restringida para la difusión de su informe legislativo pero no se anotaron los montos contratados, que fueron pagados por el Senado; al igual el diputado Rubén Acosta informó del contrato con las televisoras pero no ofreció montos de lo adquirido.
Aunque los legisladores aseguraron que los recursos para pagar los anuncios salieron de sus fracciones legislativas y de sus bolsillos, las direcciones jurídicas del Senado y de la Cámara de Diputados informaron que no han destinado ninguna partida de gastos relacionada con algún informe de los legisladores del PVEM.
-Crean Casa Refugio en Oaxaca para escritores y periodistas perseguidos
Oaxaca, Oax. Esta tarde se firmó la "carta compromiso de colaboración y acuerdo para la conformación de la Casa Refugio Oaxaca" con la cual se oficializó la creación de este sitio el cual a partir de este año podrá recibir a escritores y periodistas perseguidos en sus países de origen.
Helge Lunde, director ejecutivo de la International Cities of Refuge Network (ICORN), señaló que la lista de posibles candidatos supera las 100 personas, entre ellas podrán incluirse periodistas y caricaturistas de la revista francesa Charlie Hebdo, la cual fuera atacada en días pasados por radicales islamistas. Sin embargo, reconoció que esto aún no es un hecho. Sus casos son seguidos de cerca y actualmente se baraja una lista de entre 3 y 7 nombres que no pueden darse a conocer mientras no abandonen su país, de otro modo corren el riesgo de ser asesinados.
El lugar de estancia será el Centro de las Artes de San Agustín (CaSa) fundado por el pintor oaxaqueño Francisco Toledo, quien estuvo presente y fue el primero en firmar la carta compromiso. Asimismo estuvo presente Guillermo Quijas Corzo director de la Feria del Libro de Oaxaca (Filo), quien es el promotor de esta iniciativa conjunta en la que además del CaSa participa la Fundación Alfredo Harp Helú Oaxaca (FAHHO) y el gobierno del estado.
-Reconoce 'ombudsman' a CIDH por grupo de apoyo en caso Ayotzinapa
El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, le envió este miércoles una carta al secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Emilio Álvarez Icaza, donde le expresa su reconocimiento por la designación de un grupo interdisciplinario de expertos que le dará "asistencia técnica" al gobierno mexicano en las investigaciones sobre el paradero de los 42 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero.
En la carta, el ombudsman nacional refrenda su interés en trabajar coordinadamente con el grupo de profesionales de la CIDH y le ofreció a Álvarez Icaza apoyarlo en todo aquello que abone al esclarecimiento y localización de los jóvenes normalistas.
"En seguimiento a la conversación que sostuvimos —dice la carta de González Pérez—, le refrendo el interés de la CNDH para trabajar coordinadamente con su grupo de profesionales y apoyarlos en todo aquello que abone al esclarecimiento de los acontecimientos y a la localización de los jóvenes normalistas".
"Una vez instalado el grupo en México, nos gustaría en lo inmediato tomar contacto con él para iniciar los trabajos de coordinación", añade el texto.
Como se ya informó en estas páginas, el grupo de cinco especialistas independientes convocado por la CIDH se encargará durante un mínimo de seis meses de evaluar las acciones de búsqueda de los normalistas desaparecidos desde el 26 de septiembre de 2014 y la investigación realizada por el Estado mexicano.
Tras llevar a cabo este trabajo, mediante revisiones documentales y trabajo de campo, los expertos formularán recomendaciones sobre el caso de Ayotzinapa en particular, pero también sobre aspectos estructurales del sistema de impartición de justicia en México.
-Defiende diputado del PAN otorgar licitación de tren a amigos de Peña
El PAN en la comisión de la Cámara de Diputados que investiga la licitación del tren México Querétaro planteó que si el próximo contrato lo ganan “amigos del Presidente o de un secretario, pero es lo mejor que hay”, la obra se lleve a cabo.
“No nos detengamos por algo que es una nimiedad”, exclamó el diputado Rafael Acosta Croda, diputado por Acción Nacional, quien es sobrino del ex gobernador de Veracruz Agustín Acosta Lagunes.
Incluso, en una reunión con ingenieros citados por el PRI para hablar en favor del proyecto, reprochó que en la comisión, diputados del Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano, trajeran a colación la casa comprada por el presidente Enrique Peña Nieto en Ixtapan de la Sal: “¿También van a estar encuerando esto que pasó hace ocho años? ¡Ya, no hubo daño! ¡Vámonos a la próxima!".
-Congreso pide al Ejecutivo iniciar proceso de consulta a pueblos indígenas
La Comisión Permanente del Congreso solicitó al presidente Enrique Peña Nieto instruya al secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, a iniciar un proceso de consulta a los pueblos indígenas para elaborar una propuesta integral que permita el desarrollo económico de éstos, con respeto a sus lenguas, usos, costumbres y sistemas normativos internos.
En un punto de acuerdo aprobado durante la sesión de hoy, también se solicitó al comisionado para el Diálogo con los pueblos indígenas de México, Jaime Martínez Veloz, envíe al Congreso un informe de las acciones que ha realizado en Chiapas para cumplir su función.
También se acordó requerir a Gobernación consulte a los pueblos indígenas de Chiapas para conocer los avances del diálogo a cargo de Martínez Veloz y, en su caso, emita lineamientos que le permitan cumplir los objetivos de su misión en esa entidad.
El exhorto incluyó las consideraciones que se presentaron en la solicitud del PRD, respecto de que a 21 años del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) se considera que es momento de que el gobierno federal y el Congreso asuman su responsabilidad con los pueblos y comunidades indígenas y sentar las bases para solucionar el conflicto en Chiapas, retomando y respetando los Acuerdos de San Andrés Larráinzar.
La propuesta considera que todos los órganos y niveles de gobierno, con la participación de los pueblos y comunidades indígenas, deben diseñar políticas públicas que permitan la participación política de los pueblos de manera incluyente.
Esto, a partir de la declaración sobre derechos indígenas de la Organización de las Naciones Unidas en 2006 y el protocolo de actuación emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que se establecen con claridad definiciones como tierra, territorios, recursos naturales y la consulta indígena.
“Es menester no sólo reanudar los diálogos para la pacificación, sino que además se hace necesario impulsar de manera urgente mecanismos que permitan a las comunidades indígenas y afro mexicanas salir del rezago ancestral e injusto en el que se encuentran”, dice el documento.
Mientras, la Comisión de Concordia y Pacificación, que se reactivó en la actual legislatura, sólo ha tenido una reunión de trabajo y su actual presidente, el senador Zoé Robledo (PRD), no ha convocado a ningún encuentro.
-Protestan contra aumento en casetas del Circuito Exterior Mexiquense
Ecatepec, Méx. Automovilistas y vecinos del fraccionamiento Las Américas protestaron contra el aumento en más de 10 por ciento del cobro de peaje de las casetas del Circuito Exterior Mexiquense que recorre 110 kilómetros por 18 municipios de la parte norte y oriente del estado de México.
El incremento se registró desde el pasado lunes en cada una de las casetas, lo que ha causado inconformidad.
Algunas de las casetas registraron un aumento de entre tres y cinco pesos. La caseta ubicada en Las Américas en Ecatepec subió de 39 a 42 pesos por un recorrido de al menos seis kilómetros; la localizada en el Bordo de Xochiaca en Nezahualcóyotl subió de 24 a 27 y una más de 17 a 19, la que desemboca al Centro Cultural Bicentenario en Texcoco se incrementó de 24 a 26, la de Tultepec pasó de 20 a 22 pesos y la de Los Héroes de 11 a 12 pesos; ésta ultima por un recorrido de casi dos kilómetros.
Durante la mañana de este miércoles, un grupo de unos 100 integrantes de la organización El Barzón Ecatepec y vecinos de Las Américas se manifestaron y tomaron la caseta de cobro de la zona para protestar por el alza al peaje.
Denunciaron que por recorridos cortos pagan una tarifa alta, sin que la carretera tenga la infraestructura necesaria y con deterioro en el asfalto.
Exigieron que a los vecinos de las Américas se les brinde una disminución porque diariamente tienen que hacer uso de esta vía para acudir a sus trabajos hacia el Distrito Federal.
En marzo pasado, la Cámara de Diputados Federal aprobó un punto de acuerdo para exigir a la empresa española OHL, concesionaria del Circuito Exterior Mexiquense, colocar sanitarios para el uso de quienes circulan a lo largo de los 110 kilómetros con los que cuenta esta vía, ya que no existen, además de mantener la carretera en optimas condiciones.
A pesar de que se aprobó este punto de acuerdo, hasta el momento no se han colocado los baños por lo que actualmente muchos tienen que hacer sus necesidades fisiológicas a campo abierto.
-Aprueban aumento salarial de 4.35% a trabajadores de Artes Gráficas
Con un aumento salarial de 4.35 por ciento, concluyeron las negocaciones entre la Asociación de las Artes Gráficas y sus trabajadores, en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.
La presidenta del organismo, Darlene Rojas Olvera, fungió como parte conciliadora en la negociación, que fue exitosa, al verse satisfechas las necesidades de ambas partes.
El secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Unión de Artes Gráficas, Nicolás Luna, instó a los empresarios a generar un convenio de buena voluntad en beneficio de los trabajadores.
Sin dejar de reconocer el entorno económico adverso que enfrenta la industria, ambas partes aceptaron la invitación del conciliador del tribunal, Gustavo Chávez, para llegar a una cifra de equilibrio.
De esta manera resultarán beneficiados mil 200 trabajadores de 13 empresas del ramo de las artes, que recibirán un incremento salarial de 4.35 por ciento.
Con este tipo de acuerdos, el organismo refrendó su compromiso para fortalecer la negociación y conciliación en el marco de las relaciones laborales en beneficio de trabajadores y empresarios, indicó.
-Ladrones usan uniformes de compañías de servicios para entrar a casas: GDF
Con el uso de uniformes de compañías que ofrecen distintos servicios, delincuentes dedicados al robo de casa habitación, entran a los domicilios para amagar y asaltar a sus habitantes.
La Secretaria de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF), advirtió a la población en general que se han detectado bandas que aprovechan la necesidad de contratar servicios domiciliarios como teléfono, televisión por cable, gas o electricidad, entre otros, para perpetrar los robos.
A través de las denuncias se ha logrado establecer que los delincuentes se ostentan como trabajadores de algunas empresas prestadoras de los servicios señalados e, incluso, portan prendas con logotipos y credenciales apócrifas de la compañía que supuestamente representan, para sorprender a las personas.
Los supuestos trabajadores, piden que los dejen pasar para dar mantenimiento a la infraestructura interna dentro del domicilio.
“Por lo regular, se presentan entre dos y tres sujetos con papeles en la mano, exhibiendo credenciales y mostrando un trato cortés."de acuerdo con el informe de la SSPDF, "Cuando el ciudadano les permite la entrada a su vivienda, los delincuentes lo someten y empiezan a saquear la casa".
Antes esta situación, la policía capitalina recomendó a los ciudadanos considerar como una amenaza el ingreso de cualquier persona desconocida o ajenas a su domicilio y, en caso de que se presenten, no abrir las puertas y hablar de inmediato con el jefe del cuadrante a través de la aplicación Mi Policía K8, o contactar directamente al Centro de Atención del Secretario (CAS) al número telefónico 52-0898-98, o al de emergencias 066.
