Bloqueo carretero y pintas en cuartel de Guerrero por caso Ayotzinapa.
Foto: José Luis de la Cruz
Además alertó sobre los riesgos de perpetuar la impunidad en la desaparición de los normalistas ante los indicios de que algunos procesados habrían sido torturados.
En conferencia de prensa, los responsables de las oficinas de AI de América y México, Erika Guevara y Perseo Quiroz, respectivamente, manifestaron su preocupación por la consignación de exfuncionarios públicos por el delito de secuestro y no por desaparición forzada.
De igual manera, criticaron la resistencia de la Procuraduría General de la República (PGR) de abrir una línea de investigación que considere la presunta participación del Ejército mexicano por acción u omisión en los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014.
Luego de informar que el pasado martes 20 se reunieron con familiares y padres de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa –después de que el procurador Jesús Murillo Karam anunció la remota posibilidad de identificar los restos, así como el agotamiento de la línea de investigación seguida por la dependencia–, los defensores consideraron que hay actuaciones que no han sido suficientemente agotadas.
Guevara Rosas mostró su preocupación por que el anuncio de Murillo Karam, dijo, es “una justificación que utiliza la PGR para confirmar su línea de investigación y empezar a cerrar filas frente a estos graves crímenes. Nosotros consideramos que múltiples líneas tienen que seguir abiertas”, subrayó.
La representante regional de Amnistía Internacional señaló que la intención de cerrar el caso Ayotzinapa es “reflejo del gobierno de Peña Nieto para intentar limpiar su imagen y que la mirada internacional se dirija hacia otro lado y dar paso a las grandes inversiones extranjeras, que se vinieron abajo”.
Añadió: “La prisa de cerrar el caso y volver con un aparato publicitario para anunciar que todo está bien, es un intento por ocultar esta crisis de derechos humanos y meterla por debajo del tapete, pero es muy tarde para eso”.
La defensora reveló que de acuerdo con información proporcionada a representantes de AI por la Embajada de México en Londres, donde la organización tiene su sede, “la PGR consignó a los primeros detenidos por desaparición forzada, pero el juez de la causa reclasificó el delito como secuestro, por lo que las subsecuentes consignaciones fueron presentadas por ese delito. La explicación que dio la cancillería es que por ser el secuestro un delito con mayor penalidad, el juez hizo la reclasificación”.
Al insistir en la necesidad de investigar la responsabilidad de integrantes del 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala, “porque no es creíble que el nivel de colusión con el crimen organizado quede solamente en el alcalde (José Luis Abarca)”, la directora regional de AI puntualizó que el caso de Ayotzinapa no puede darse por concluido porque hay “alegaciones serias de tortura” por parte de los procesados.
“Sabemos, por los representantes legales de las familias de los estudiantes, que ha habido ya denuncias de personas que han sido detenidas. En algunos casos se han implementado los protocolos establecidos por la ley –el Protocolo de Estambul–, que han salido positivos, pero no sabemos de investigaciones que se estarían haciendo por parte de la PGR frente a estos hechos”.
Y advirtió: “Amnistía Internacional va a continuar investigando para tener mayor claridad de estos casos de potencial tortura y malos tratos”.
Perseo Quiroz abundó que la organización civil ha conocido de al menos tres casos de posible tortura cometida contra expolicías y presuntos miembros de la delincuencia organizada, “pero esto no implica que son los únicos, sabemos que hay un grupo de padres de familia de los que están detenidos, que están organizándose para salir a la luz pública”.
Consideró que de comprobar la tortura, se confirmaría que “el Estado está utilizando más herramientas de violaciones a derechos humanos para solucionar temas de violaciones a derechos humanos”.
Sobre el procesamiento de exservidores por secuestro y no por desaparición forzada, el director de Amnistía en México sostuvo que “más allá de cuántos años echan en la cárcel a las personas, el tema central es de verdad y justicia, de reconocimiento de la responsabilidad del Estado en este tema”.
Subrayó: “El delito de desaparición forzada es una violación grave de derechos humanos cometida por el Estado, y la reclasificación lo que hace es negar la participación del Estado, reduciéndolo a un asunto en el que participaron agentes privados”.
De acuerdo con Perseo Quiroz, la consecuencia jurídica de la reclasificación podría ser “el alargamiento de estos procesos, porque justamente lo que los padres van a buscar es que haya un reconocimiento de que fue una desaparición forzada, por eso decimos que no vemos que sea una investigación a prueba de balas, podría generar impunidad”.
En vísperas de que se cumplan cuatro meses de la desaparición de los normalistas, Quiroz alertó sobre una intentona del gobierno de Peña Nieto para criminalizar a los padres de familia por los hechos violentos que se han registrado durante las movilizaciones para exigir la presentación con vida de los jóvenes.
“Amnistía Internacional siempre ha promovido la protesta social pacífica y consideramos que debe haber límites. Si hay alegaciones de violencia en las manifestaciones, lo que tendría que haber es una investigación por parte del gobierno y de las procuradurías”, apuntó.
Respecto de las expresiones reprobatorias del movimiento por parte de algunos representantes empresariales, consideró respetables esos puntos de vista, pero advirtió que en el fondo su planteamiento es que “en este país vale más una cuestión económica que la vida de 43 personas o la vida de 22 mil. Que puede seguir habiendo muertos y desaparecidos mientras no me toquen mis intereses económicos, y es un tema que nos ha llevado a donde estamos hoy. Si hacemos caso a estas opiniones se va a profundizar esta crisis”.
Los representante de Amnistía Internacional también anunciaron el arranque de la campaña #Noesnormal, con la que se pretende concientizar a los ciudadanos a no normalizar la violencia en el país.
Fuente: Proceso| GLORIA LETICIA DÍAZ
