jueves, 29 de enero de 2015

Antimotines arremeten contra extrabajadores de Oceanografía; 37 detenidos

CD. DEL CARMEN, Cam.- Antimotines arremetieron anoche contra extrabajadores de Oceanografía que habían bloqueado el puente Carmen-Zacatal para exigir al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) la liquidación adeudada desde hace once meses.

El operativo de desalojo dejó 37 detenidos, quienes deberán pagar cada uno 33 mil pesos de fianza para ser liberados; además, se reportaron por lo menos diez manifestantes lesionados, uno de ellos hospitalizado.

Los inconformes perdieron sus empleos en febrero del año pasado, cuando la compañía de Amado Yáñez Osuna –preso para responder por multimillonarios fraudes contra Banamex– fue intervenida por la PGR y quedó en poder de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del SAE.

Aunque la mayoría de los obreros fueron recontratados por el SAE y sus adeudos liquidados, más de 200, cuyos servicios ya no fueron requeridos, aún no reciben sus finiquitos.

Abandonados a su suerte por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y cansados de esperar, los afectados retomaron hace unas semanas sus protestas con plantones a las puertas de las oficinas de Oceanografía, en la calle Ballena de la Isla; sin embargo, al no obtener respuesta, hace una semana decidieron bloquear el puente Carmen-Zacatal que conecta a Ciudad del Carmen con la carrera a Villahermosa, el principal acceso a la península.

Hasta ese sitio autoridades acudieron a dialogar con ellos y se comprometieron a resolver su petición, pero de nuevo incumplieron, por lo que anoche repitieron la estrategia y, desde las 19:00 horas unos 170 obreros bloquearon el puente del lado de la isla.

Sin embargo, tras un débil e infructuoso intento de negociación por parte de las autoridades municipales, que les dieron 15 minutos para retirarse y levantar el bloqueo, en esta ocasión se ordenó la intervención de la fuerza pública para liberar la vía.

A las diez de la noche los manifestantes fueron cercados por policías antimotines que, con macanas, gases lacrimógenos y perros adiestrados, los sorprendieron por ambos lados del puente, donde la circulación fue reabierta 40 minutos después.

“Acudimos ayer a apoyar a los compañeros de Oceanografía para manifestar su inconformidad por el retraso en el pago de sus liquidaciones, ya pasó casi un año y no les pagan, pero llegaron antimotines, por Carmen y Atasta, a agredirlos”, denunció Juan Manuel Ojeda, asesor legal de la delegación 15 de la Confederación de Trabajadores de México (CTM).

“La consigna que los trabajadores tenían era no caer en provocaciones, pero llegaron a atacarlos con macanas, gases y hasta perros”, acusó.

Además, pidió a las autoridades escuchar las necesidades de estos trabajadores que sólo están pidiendo el pago que por justicia les corresponde.

El gobernador priista Fernando Ortega Bernés justificó la intervención de la fuerza policiaca para desarticular la protesta.

“No nos quedó más remedio”, justificó para enseguida comentar que venía una mujer en una ambulancia que necesita pasar por el punto del bloqueo.

“Los malos ejemplos proliferan. Sí tenemos que ser consecuentes con la tolerancia, prolongarla, es preferible que tomar decisiones como la de anoche; pero cuando se prolongan, transcurren las horas, por segunda ocasión en menos de cinco días, generando inacción por parte de la autoridad y por ello uno tiene que tomar la responsabilidad de actuar”, replicó.

“La autoridad siempre debe ser tolerante, siempre aguantar vara, pero cuando estas acciones se prolongan, por más reales y justas que sean las demandas, debemos siempre poner por encima la afectación a los derechos de muchos terceros que no tienen que ver ni con una cosa ni con la otra”, justificó.

Carlos Ucam Yam, dirigente estatal de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), condenó la represión y señaló que “eso es el gobierno del PRI, no le importa lo que están pasando esos trabajadores por culpa de empresarios y políticos corruptos”.

Y opinó que las declaraciones del mandatario, en el sentido de que “asumo las consecuencias, sabemos que no significa otra cosa que ‘me vale madres’”.

Desalojo de ex trabajadores de Oceanografía dejó 11 lesionados

Campeche, Camp. Uno de los 37 ex trabajadores de Oceanografía que fueron detenidos la noche del miércoles por bloquear durante seis horas el puente Carmen-Zacatal, que comunica a Ciudad del Carmen con la carretera a Villahermosa, se encuentra grave de salud en un hospital, confirmaron autoridades policiacas; hay al menos otros diez lesionados que fueron atendidos por sus familiares.

El gobernador Fernando Ortega Bernés asumió la responsabilidad de ordenar el desalojo, argumentó que si bien las razones de la lucha de esos obreros es justa –exigen desde hace un año el pago de sus liquidaciones, luego de que los bienes Oceanografía fueron embargados por el Gobierno Federal–, “no se vale dañar los derechos de terceros”.

Según el mandatario, había una fila de varios kilómetros de vehículos que esperaban pasar mientras se realizó el bloqueo.

La represión contra los trabajadores petroleros inició alrededor de las 10:00 de la noche, antes más de cien antimotines habían dado un plazo de 15 minutos a los manifestantes para que liberaran el puente que bloqueaban desde las seis tarde. Al no obtener respuesta soltaron a los perros y dispararon por lo menos 10 granadas de gases lacrimógenos para dispersar la manifestación.

Durante la refriega fueron golpeadas y detenidas varias personas que no participaban en la protesta y que cruzaban el puente de tres kilómetros caminando desde la caseta de cobro para llegar a la isla del Carmen. Algunos fueron golpeados y luego liberados; sin embargo, 37 trabajadores de Oceanografía fueron arrojados en las góndolas de las camionetas de la Policía Estatal Preventiva, trasladados a la capital del estado.

El desalojo generó reacciones de condena de representantes del PAN, PRD y Morena, quienes acusaron al gobernador, Fernando Ortega Bernés, de no haberse interesado en resolver el problema de más de 900 familias que desde febrero del año pasado exigen al Sistema de Administración y Enajenación de Bienes de la Secretaría de Hacienda, el pago de sus liquidaciones.




Fuente: Proceso| ROSA SANTANA| La Jornada| Lorenzo Chim