Protestas contra Dragon Mart.
Foto: Especial.
Además la Profepa interpuso una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de sus promotores por la comisión de delitos ambientales.
En conferencia de prensa, el titular de la dependencia, Guillermo Haro Bélchez, y el vocero de la Presidencia de la República, Eduardo Sánchez, dieron a conocer la clausura definitiva del polémico complejo.
Indicaron que la mañana de este lunes trabajadores de la Profepa concretaron la medida durante una visita de verificación a El Tucán.
Haro Bélchez señaló que aparte del riesgo ecológico los promotores de Dragon Mart incurrieron en una serie de irregularidades, como la falta de autorizaciones por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para realizar el cambio de uso de suelo forestal.
Detalló que el proyecto –a edificarse en poco más de 200 hectáreas– comprendería 722 viviendas, 20 naves y tres mil locales comerciales, que hubieran provocado muchos estragos en el ecosistema de esa zona costera del sureste mexicano.
Sin embargo, ambos funcionarios federales indicaron que la clausura puede ser impugnada por los afectados ante las autoridades correspondientes.
Una historia de conflictos
Las obras de construcción de Dragon Mart comenzaron en enero de 2013 en medio de la polémica porque las autoridades municipales y ambientalistas objetaron la obra por el incumplimiento de varias normas yd e los permisos correspondientes.
El pasado 14 de agosto la Profepa impuso una primera multa por 7.2 millones de pesos a los promotores del megaproyecto por carecer de autorizaciones en materia de impacto ambiental.
En aquella ocasión la dependencia destacó en un comunicado que “el proyecto fue sancionado por no contar con
autorizaciones para la realización de obras, así como dos caminos en zonas de humedales y por la afectación de ecosistemas costeros, derivado de la construcción del desarrollo inmobiliario”.
También precisó que se impusieron medidas correctivas, como la obligación de obtener el aval de la Semarnat en materia de impacto ambiental y, en caso de no obtenerlo, aplicar medidas de restauración y compensación por los años ambientales.
En un reportaje especial publicado por la revista Proceso en su edición del 6 de enero de 2013 se informó que, pese a las protestas y objeciones, incluso desde el Congreso de la Unión, todo parecía indicar que el proyecto Dragon Mart Cancún se construiría.
El texto escrito por el reportero Jenaro Villamil señalaba que desde el aire, en el predio de 561 hectáreas, sólo se observaba un área talada y desbrozada en espera de que empezara la construcción de ese coloso que generó una polémica nacional a raíz de la oposición de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) y la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), así como de grupos defensores del medio ambiente y en general de los sectores económicos que se sienten amenazados por la llegada del gigante asiático.
Según la nota, la disputa por el proyecto Dragon Mart no sólo era por la venta y almacenamiento de productos chinos para América Latina. Es, apuntó, un enfrentamiento entre empresarios cercanos a Enrique Peña Nieto –como Francisco Funtanet, dirigente de la Canacintra– que se oponen al proyecto y los promotores de éste, empresarios vinculados con Vicente Fox y su familia y apoyados por los priistas Félix González Canto y Roberto Borge Angulo, exgobernador y gobernador de Quintana Roo, respectivamente.
Especialistas consultados por el semanario consideraron que en el fondo hay una pugna por la apropiación de los recursos naturales y las materias primas en Quintana Roo, una entidad saqueada durante décadas, en especial a partir de la expansión de polos turísticos como Cancún, la Riviera Maya y Tulum. Las inversiones chinas se han caracterizado en África, en las exrepúblicas soviéticas de Asia Central y en Sudamérica por su interés en la explotación intensiva de materias primas.
“Detrás del Dragon Mart existe también un proyecto de extracción de recursos naturales, como madera, material pétreo y quizá la producción de soya transgénica en Quintana Roo”, opinó en aquella ocasión Alejandra Serrano, abogada del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda).
Quintana Roo es una de las siete entidades en las que la Semarnat autorizó la siembra de soya transgénica, producto que en Europa se considera nocivo, pues para su cultivo se usan fertilizantes que dañan otras actividades, como la apicultura.
El vocero y representante legal de la inmobiliaria Real Estate Dragon Mart, Juan Carlos López Rodríguez, negó una y otra vez que el proyecto amenace a los industriales mexicanos, consideró “calumniosas y absurdas” las acusaciones y afirmó que 90% de los accionistas son mexicanos, aunque en marzo de 2011 se habló de una inversión china de más de 40%.
López Rodríguez fue señalado como uno de los operadores de Manuel Bribiesca Sahagún cuando este hijo de Marta Sahagún tenía 45% de las acciones de Logistic Free Trade Zone, empresa que se benefició de la privatización de las aduanas mexicanas en el sexenio foxista.
López Rodríguez representó también al consorcio suizo Societé Generale de Surveillance, que en 2005 obtuvo la concesión para operar el Recinto Fiscalizado Estratégico de San Luis Potosí. Se le acuso de irregularidades de entre ocho y 12 millones de dólares por la revisión de productos extranjeros, principalmente chinos, más baratos que los reportados oficialmente (Proceso 1475, 1470 y 1510).
El representante del proyecto amenazó a la ambientalista Alejandra Serrano, a quien acusó en una carta dirigida al Cemda de haber diseñado “una estrategia legal, política y de comunicación tendiente a difamar y desprestigiar” a Dragon Mart.
En vísperas de que el Congreso de la Unión aprobara un punto de acuerdo contra Dragon Mart, López Rodríguez volvió a ofrecer una conferencia de prensa, el 3 de enero de 2013. Acusó a los legisladores del PRD, PAN y PRI que apoyaron el punto de acuerdo de servir “a intereses económicos creados alrededor de una economía poco competitiva”.
El punto de acuerdo fue promovido por la diputada federal del PRD, Graciela Saldaña Fraire, quien pidió la cancelación definitiva del proyecto. La legisladora y ambientalista cancunense argumentó que “la operación de este cluster implicaría prácticas de comercio desleal”, así como “severas violaciones a la normatividad local y federal” en materia de desarrollo ambiental y urbano.
Fuente: Proceso| RODRIGO VERA
