A simple vista, los trabajadores de limpieza en la Cámara de Diputados llevan en la espalda, en inglés, la palabra “esclavizador” o, como se traduce normalmente en el español más coloquial, “negrero”. Es por el logotipo impreso en sus uniformes, de la empresa “Claver Servicios”. Las letras “C” y “S” hacen que se lea slaver.
Pero esta traducción parece no estar lejos de la realidad, a decir por los propios diputados. Es un retrato, dicen, de la indignante situación laboral que enfrentan diariamente los empleados de Claver, empresa outsoursing que presta servicios a la Cámara desde el pasado 1 de junio.
Los aproximadamente 450 empleados de la empresa de subcontratación fueron obligadas a firmar un contrato leonino, revelaron tanto empleados como diputados federales. Las cláusulas benefician solamente al empleador.
Paradójicamente, se trata de una consecuencia de la Ley Federal del Trabajo que aprobó recientemente esa misma Cámara supuestamente para beneficiar a los trabajadores.
El pasado mes de abril, el mismo personal se quejó ante el secretario general de San Lázaro, Mauricio Farah, de las pésimas condiciones laborales que eran obligados a tolerar para mantener su empleo, en ese entonces por parte de Kasper Limpieza y Mantenimiento S.A. de C.V. La Cámara de Diputados simplemente ignoró sus demandas.
Los diputados continuaron su relación laboral con Kasper hasta que terminó el contrato, e incluso la extendió un par de meses más hasta que concluyó el proceso de licitación para el periodo 2013-2014.
El pasado 31 de mayo, día que finalizó la relación laboral Kasper-Cámara de Diputados, la empresa condicionó a sus trabajadores la entrega de su cheque quincenal a la firma de su renuncia, la cual no se les permitió leer, ni se les entregó copia, según denunciaron.
Testimonios recabados por la Diputada de Movimiento Ciudadano Luisa María Alcalde revelan que a la fecha los trabajadores de limpieza no han recibido el finiquito que les correspondería por ley: parte proporcional del aguinaldo, parte proporcional de prima vacacional y días de vacaciones.
El pasado 1 de junio, la empresa subcontratista Claver S. A. de C. V. sustituyó a Kasper en la prestación del “servicio integral de limpieza de bienes muebles e inmuebles” en San Lázaro, consistente en limpiar y dar mantenimiento a oficinas, sanitarios, áreas comunes, jardines, patios, explanadas y estacionamientos del Palacio Legislativo.
Y la situación de los trabajadores no mejoró. Claver mantuvo las mismas condiciones laborales al personal de limpieza: Les hizo firmar un contrato que establecía un periodo “a prueba” por 28 días, horarios de trabajo de ocho horas de lunes a sábado con un sueldo de mil 260 pesos quincenales, con media hora para tomar sus alimentos.
En el mismo “contrato leonino” se estipula en la cláusula décima que el “TRABAJADOR” acepta ser despedido de forma unilateral, en caso de que solicite asesoría diferente a los representantes legales que la empresa designe, sin responsabilidad alguna para la propia empresa.
Las empresas de outsoursing en México han logrado el sueño de cualquier empleador del mundo: evadir responsabilidades de seguridad social y despedir a los empleados sin problemas.
Contrario a lo que estos mismos legisladores aprobaron en la Reforma Laboral de noviembre de 2012, para establecer en la Ley Federal del Trabajo la responsabilidad solidaria del beneficiado de un servicio con los trabajadores sub contratados, el contrato de estipula en la cláusula novena que el “TRABAJADOR” reconoce a Claver como único patrón, con lo que deslinda a la Cámara de Diputados de cualquier responsabilidad.
Y la Cámara de Diputados, por supuesto, no hace nada.
SOSPECHA DE QUE DUEÑOS DE CLAVER SON LOS MISMOS DE KASPER
Los diputados Luisa María Alcalde y Gerardo Villanueva, ambos de Movimiento Ciudadano, denunciaron una serie de irregularidades en la licitación ganada por Claver S. A. de C. V. para prestar “servicio integral de limpieza de bienes muebles e inmuebles” en San Lázaro.
Para los legisladores existe sospecha fundada de que las empresas Kasper y Claver son operadas por los mismos dueños, ya que comparten el mismo representante legal, han participado en licitaciones en conjunto ante otras dependencias, y se encimó el nuevo logotipo sobre el de la empresa previa, en los uniformes de los trabajadores.
Con datos recabados en contratos firmados con Kasper y otras dependencias de Gobierno, se desprende que Mario Omar Márquez Aguilar y César Alejandro Canales Monroy son los principales accionistas, de la empresa ambos con 50% de participación.
“Sin duda tomaremos cartas en el asunto, creo que lo más importante al respecto de este tema es que no puede ser que en la casa donde se hacen las leyes y donde se acaba de aprobar una reforma laboral que supuestamente acompaña a los trabajadores, los protege, y vemos que en este mismo lugar se llevan a cabo este tipo de prácticas”, sostuvo la Diputada Alcalde.
Para conocer los términos de la licitación pública, SinEmbargo intentó acceder al contrato de prestación de servicios signado entre la Cámara de Diputados y le empresa de subcontratación Claver. No obstante, éste no se encuentra disponible en el portal de adquisiciones del Congreso, Contratanet. Se realizó la solicitud de información ante las instancias de transparencia de la Cámara de Diputados.
El pasado 25 de abril de 2013, SinEmbargo publicó que esta empresa prestó servicios a San Lázaro por dos años consecutivos. Del 25 de febrero al 30 de abril de 2012, la empresa fue contratada por El Comité de Administración mediante adjudicación directa por un monto de 5 millones 634 mil 120 pesos (Número de contrato DGAJ-034/2012).
El contrato fue refrendado mediante licitación pública por el periodo del 1 de mayo al 31 de diciembre de 2012 por 19 millones 982 mil 855 pesos (Número de contrato DGAJ-041/2012). Y continuó durante el periodo del 1 de enero al 31 de marzo de 2013 por un monto de 7 millones 493 mil 570 pesos (Número de contrato DGAJ-008/2013).
Sin embargo también documentó las observaciones que reportó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) contra Kasper, en la Cuenta Pública 2011. El ente fiscalizador reportó que la empresa presentó documentación presumiblemente apócrifa para obtener la adjudicación del contrato para prestar sus servicios; no registró trabajadores ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); e incumplió acuerdos estipulados en el contrato.
Dentro de su reporte, la ASF solicitó a la Cámara de Diputados realizar las acciones legales necesarias, para sancionar a Kasper, Limpieza y Mantenimiento S.A. de C.V. por todas las irregularidades detectadas. Los legisladores nunca sancionaron a la empresa de subcontratación.
Con base en estos datos es posible suponer que el contrato celebrado entre la Cámara de Diputados y la empresa Claver (por el periodo del 1 de junio al 31 de diciembre de 2013) debe rondar los 19 millones de pesos, ya que un contrato similar entre la Cámara y Kasper se firmó por por 19 millones 982 mil 855 pesos para el periodo del 1 de mayo al 31 de diciembre de 2012.
PIDEN A DIPUTADOS ATENDER IRREGULARIDADES
Para evitar que la Cámara de Diputados sea cómplice de una ilegalidad la Diputada Luisa María Alcalde solicitó a la Junta de Coordinación Política que investigue los términos del contrato con Claver S.A de C.V; para determinar si se cometió un acto de simulación, y los dueños una empresa obtuvieron una licitación pública con documentación apócrifa.
“Nosotros mismos adjuntamos en el oficio que mandamos a Cámara la petición de transparentar estas licitaciones, queremos saber. Ahorita no podemos, por supuesto, hablar de nombres pero sí pedimos que se nos den cuentas claras ya que también somos diputados y estamos en el barco de la desgracia de este tipo de situaciones”, indicó la joven legisladora.
Detalló que en su punto de acuerdo también pidió al Congreso realice los trámites correspondientes para reconocer como propios a los trabajadores de limpieza. “Y en tanto se regularice esta relación y en su carácter de responsable solidaria, garantice que la empresa subcontratista cumpla con sus derechos laborales”, apuntó.
En tanto, pidió a la Cámara de Diputados que cubra el finiquito adeudado por Kasper a los trabajadores que incluye: parte proporcional de aguinaldo, parte proporcional de prima vacacional y días de vacaciones adeudados.
Además, que se reconozca la antigüedad de los trabajadores injustamente cancelada por el acto de simulación en el que incurrió la empresa subcontratista.
Y sobre todo, que mejore el salario de los trabajadores “toda vez que es indignante el salario de 2 mil 400 pesos al mes, insuficiente para cubrir las necesidades básicas de una familia y contrastante con otros renglones de gastos de la Cámara”, concluyó la Diputada Luisa María Alcalde.
Para el Diputado Gerardo Villanueva, la Cámara de Diputados debe sancionar a la empresa Claver, por colocar en los uniformes de los trabajadores un logotipo que hace alusión al esclavismo.
“¿Tanto poder tiene es persona que está detrás de esta empresa, que hastacínicamente coloca los estampados encima del estampado anterior, además con una leyenda en inglés que es ofensiva a todas luces, como burlándose de la propia situación del trabajador? ¿Quién está detrás de esta empresa subcontratista?”, cuestionó el legislador de izquierda.
Fuente: Sin Embargo| David Martínez Huerta
