Selle la frontera ahora y regularice después. Tal es el sentido del proyecto cupular estadunidense de ‘‘reforma migratoria’’, que en realidad es un trazo más en el amplio mural de la seguridad nacional del vecino país. Ayer, el senado gringo aprobó la terminación del muro divisorio entre ambas naciones, del que faltan unos mil 200 kilómetros por levantar. Además, se duplicará el número de agentes en esa línea limítrofe, y se utilizarán más y mejores sistemas de vigilancia tecnológica, entre otros, el uso de aviones no tripulados, los famosos drones.
La fuerte barrera policiaca y tecnológica pretende impedir la llegada de mexicanos y centroamericanos a una nación que vive bajo el creciente temor de ataques terroristas cometidos por extranjeros llegados de manera irregular a su territorio. En los hechos, el calderonismo tan dependiente de Was-hington permitió el desarrollo de una política inhumana de contención de viajeros desde el sur de México hacia el norte imperial: las agresiones contra migrantes, principalmente centroamericanos, han sido formas bárbaras de inhibición de los flujos laborales irregulares, con los cárteles como ejecutores, el gobierno mexicano como cómplice por omisión y tolerancia, y Estados Unidos como beneficiario final.
Ahora, Washington ha ofrecido a México una presunta enchilada completa, que en realidad es solamente un hot dog. No podría ser de otra manera, puesto que lo que está allá en proceso de aprobación legislativa no es producto de una lucha organizada de mexicanos en Estados Unidos, sino de los cálculos de la élite de este país, natural y explicablemente atenta a sus intereses y de ninguna manera a los de la masa laboral proveniente del patio vecino. Por ello es que primero están siendo servidos los deseos de los segmentos más conservadores en el sentido de tomar pleno control de su parte de la frontera con México, para luego aprobar un complicado, dosificado y largo proceso de regularización para los millones de mexicanos indocumentados.
Los republicanos están en camino de tomar con claridad y contundencia lo que más les preocupa, que es la seguridad nacional, mientras a los demócratas, y en especial a Barack Obama, le dejan el paquete a largo plazo de la reforma migratoria. Pero aunque los guiños naturales de esta reforma generan esperanza en el ámbito de los mexicanos bajo permanente amenaza de deportación, y aun cuando cierto número de ellos podrá cumplir con los requisitos de regularización dentro de más de 10 años, lo cierto es que ese proceso genera dudas y rechazo en dirigentes de organizaciones defensoras de migrantes, para quienes todo esto es una trampa contra la que han llamado abiertamente a combatir.
A diferencia de los exabruptos de Vicente Fox y Felipe Calderón en el tratamiento del asunto de la reforma migratoria, la administración encabezada por Enrique Peña Nieto ha preferido un bajo perfil, sin asomarse a los entretelones de la política de Washington y bajo el entendido de que la definición de esas políticas corresponde a la soberanía plena de los órganos estadunidenses. Dejando de lado la discusión acerca del papel que debería jugar el gobierno mexicano ante proyectos legislativos de tanto impacto para su realidad interna y para esa especie de prolongación natural que forman los paisanos en exilio económico, lo cierto es que Los Pinos debería mostrar cuando menos alguna variante de la preocupación fundada al ver que su frontera está en vías de recibir el doble de agentes armados y equipo tecnológico terrestre y aéreo que no solamente servirá para detectar personas en tránsito ilegal hacia Estados Unidos.
Cerrar las puertas de acceso al mercado laboral gringo a miles de mexicanos sin trabajo ni oportunidades en su país es una forma de incentivar la desestabilización e incluso ha de decirse que una economía tan dependiente del narcotráfico, como es la mexicana, habrá de generar una mayor confrontación entre cárteles, y violencia social extendida, ante ese sellamiento fronterizo (como si el problema de la drogadicción tuviese una causa unilateral, la de los productores e introductores, y no la contraparte de los consumidores y la mafia de políticos y policías que allá como acá se benefician de esta cadena mercantil).
Astillas
Pareciera una jugada de distracción, pero lo cierto es que la corriente Nueva Izquierda, conocida como Los Chuchos, juega con la posibilidad de que su real dirigente, Jesús Ortega, sea su próximo candidato para presidir el PRD, en sustitución de Jesús Zambrano. Ortega ha tomado una gran fuerza cupular gracias al Pacto por México, de cuya idea y promoción se le considera cuando menos coautor. A pesar de que ese pactismo le tiene en uno de sus mejores momentos políticos, Ortega tiene en contra justamente ese papel de colaboración con el peñismo y el hecho de que estaría ocupando nuevamente la presidencia del sol azteca. Si tal propósito no cuajara, se menciona la posibilidad de que el abanderado sea Carlos Navarrete, el guanajuatense que fue senador y ahora es secretario del Trabajo en el gabinete de Miguel Ángel Mancera. En un escenario complicado, en el que no fuera posible la instalación de un chuchista, la senadora Alejandra Barrales no sería mal vista por ese segmento... Ni siquiera los indicios de irregularidades administrativas por cantidades superiores (los 430 mil a cada senador) afectaron tanto al calderonista Ernesto Cordero como la revelación de gastos menores, con cargo a los dineros de su bancada, para efectos personales. Si al ex secretario de Hacienda se le recuerda por su puntada de decir que con 6 mil pesos puede vivir bien una familia, en este episodio senatorial se le recordará por los champús contra la calvicie… Lo bueno es que oportunamente se dio cuenta el ex gobernador de Tabasco de los profundos males que no le afectaban en Miami, pero sí en la ciudad de México, de tal manera que las órdenes de aprehensión en su contra habrán de cumplirse, mientras los males continúen, en el plano hospitalario… ¡Hasta mañana!
Fuente: La Jornada | Julio Hernández López
