Es desafortunado, pero explicable, el posicionamiento aplaudidor del gobierno mexicano respecto a la propuesta obamista de reforma migratoria que ayer fue aprobada en el Senado de Estados Unidos y que ahora pasa a la Cámara de Representantes, dominada por republicanos que habrán atemperado su reticencia inicial y podrán votar también a favor (aunque tal vez imponiendo más candados y condicionamientos) al ver cumplida su exigencia de militarizar la frontera con México y de entrampar el proceso de absorción de los paisanos.
Luego de un lamentable silencio y una sostenida ausencia en el debate de lo que se ha ido decidiendo en las cúpulas del vecino país respecto a paisanos sin regularización migratoria, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a cargo del economista José Antonio Meade, ha lanzado campanas al vuelo por lo sucedido ayer en una de las dos cámaras legislativas gringas: México celebra el texto aprobado y le da la bienvenida, señaló la máxima oficina diplomática mexicana en comunicado de prensa (http://bit.ly/12tMn9K ).
El acrítico asentimiento de esa reforma pareciera provenir de una sala de grabaciones activada semanas atrás, durante la visita del jefe imperial, Barack Obama. El gobierno de Enrique Peña Nieto aceptó que el vecino país blinde su frontera, duplique el número de agentes en esa franja, coloque aparatos de tecnología de control y espionaje y sostenga amenazante las llaves de cierre de ese paso vital para México conforme le parezca adecuado, a cambio de una dizque reforma migratoria que beneficiará sólo a una porción de los paisanos, que les juega el dedo en la boca en cuanto a adquisición plena de derechos, sobre todo los cívicos, en especial lo electoral, para resolverlo hasta dentro de más de una década, y que llevará a una persecución y encarcelamiento de mexicanos sin regularización migratoria en términos aún peores a los actuales.
La administración mexicana celebra con la estadunidense porque a fin de cuentas los paisanos sin regularización migratoria no importan de verdad, sino otros planes ‘‘superiores’’. Washington toma un control más abierto de la frontera con México, emplaza destacamentos para tratar de frenar la imparable instalación de grupos del crimen organizado en la contraparte estadunidense y está atento a insurrecciones o una mayor descompostura del Estado mexicano más que fallido, siempre con la vista puesta en el surtidor de petróleo como un asunto de seguridad nacional estadunidense.
Para aderezar el platillo, y facilitar su digestión, la cocina de las barras y las estrellas coloca en el centro de la mesa la zanahoria de una reforma migratoria que mantiene el estatus marginal para los mexicanos que han cruzado la frontera, los somete a un largo proceso verificatorio, posdata su ascenso como fuerza cívica y electoral y les amenaza con cárcel y deportación en los casos, que pueden ser muchos, que no encajen en el curso procesal impuesto. A cambio, además de aplausos y genuflexiones, el gobierno peñista ofrece buena sociedad en el negocio del petróleo y propone una comprensiva aceptación estadunidense de que el del narcotráfico debe ser un tema (también negocio) manejado por expertos locales, sin las interferencias y órdenes directas que las agencias gringas daban a los nacionales durante otro desgobierno, el de Felipe Calderón. ¡Aplausos!
En otro tema: las primeras elecciones bajo la regencia política de Enrique Peña Nieto, en 14 estados, el próximo domingo 7, parecen encaminarse a la consolidación de signos que gustaría al ‘‘nuevo’’ PRI-gobierno sostener a lo largo del sexenio: uso desbordado de recursos públicos alegremente suministrados desde posiciones gobernantes (sobre todo la federal, con su ahumada Secretaría de Desarrollo Social y electoral); participación opositora dividida, desgastada y condicionada (atenida, en todo caso, a concertados repartos de ciertos cargos tácticamente necesarios para que esa ‘‘oposición’’ siga siendo funcional a los propósitos pactados con Los Pinos) y un extendido control mediático que aun cuando informa sumariamente de las trampas electorales en turno prefiere quedarse en la superficie.
Astillas
Los panistas siguen metidos en un pleito que conforme avanza más los exhibe negativamente. Tratando de salvar las fechas electorales, el comité nacional del partido de blanco y azul decidió convocar a sesión hasta el 10 de julio próximo, es decir, tres días después del domingo comicial en que Gustavo Madero saldrá fortalecido si conserva Baja California o debilitado si pierde esa plaza emblemática y en otras partes del país se produce una derrota electoral inexcusable. En espera de esos resultados, ya se van perfilando ciertas facciones deseosas de aprovechar la coyuntura. Por ejemplo, Josefina Vázquez Mota y Diego Fernández de Cevallos. La primera pretende ofrecerse como solución intermedia, para presidir el PAN en sustitución de Gustavo Madero y con distancia de Felipe Calderón. El segundo pretende recuperar la condición de factor determinante del actuar panista, aunque no tenga un cargo específico, al estilo del salinismo ahora tan restaurado... Luego de leer la entrega de esta columna sobre Góngora, Peña Nieto y Montiel, el lector Óscar Gamboa comenta respecto al infierno sicológico y jurídico que viven muchos mexicanos al caer en juzgados familiares: ‘‘A mi parecer es urgente una reforma en la legislación para la custodia compartida. Se habla mucho del derecho superior del menor, tratados internacionales, en los juicios de lo familiar, estudios sicológicos de meses, y sin embargo nada resuelve el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, y los que pagan siempre son los menores. Los jueces nada resuelven, y los niños se convierten en instrumentos de negociación por dinero (casi siempre del lado de las mujeres). Caer en los juzgados familiares es caer en una industria amafiada de abogados, jueces, etcétera, donde lo único es pagar y seguir pagando. Desafortunadamente tengo experiencia en esto, y creo que ya se esta convirtiendo en un problema social’’… ¡Feliz fin de semana!
Fuente: La Jornada | Julio Hernández López
