domingo, 23 de junio de 2013

De nuevo la reforma energética - Reforma energética: la propuesta gubernamental

Un problema con Enrique Peña Nieto es su falta de claridad al hacer sus planteamientos. No hay duda de que tiene propuestas y propósitos. Pero nunca es claro en lo que busca ni en el modo o los modos que pretende usar para lograr sus objetivos. Eso ocurrió con su propuesta de la mal llamada reforma educativa. Y eso vuelve a suceder con la reforma energética. Fue a Irlanda del Norte a la reunión de los siete más uno, para anticipar que la reforma se comenzará a discutir y a instrumentar en agosto, luego de las elecciones de medio año.

Es reprobable, desde cualquier punto de vista, que los presidentes vayan a los foros internacionales a declarar lo que se proponen hacer en el país en lugar de hacerlo aquí mismo. Por principio de cuentas dan la malísima impresión no sólo de que menosprecian a sus ciudadanos, sino de que sólo les interesa hablar a los poderosos y convencerlos a ellos de sus planes. Pero ojalá lo hicieran con claridad y no dejaran, en propios y extraños, la impresión de que, en realidad, no saben bien a bien qué es lo que pretenden.

Al Financial Times, Peña Nieto declaró que existen diferentes opciones acerca de cómo deberá ser la reforma, pero se dijo confiado en que será transformacional y se realizarán los cambios constitucionales que sean necesarios para dar certeza a los inversionistas privados. ¿De qué cambios constitucionales hablaba? ¿Dar certeza a los inversionistas privados en qué? Como puede observarse, se trata de simples generalidades con las que, de hecho, no se declara nada ni se precisa nada acerca de lo que se busca.

También declaró a Bloomberg que Petróleos Mexicanos (Pemex) no tiene capacidad de inversión para hacer frente a todas las exigencias del sector energético y que, por ello, se requiere de la inversión privada. Señaló, casi como ejemplo, que ésta podría darse en el caso del shale, señalando algunas zonas del norte del país. Por supuesto, no se refirió para nada a la necesidad de reformar radicalmente el régimen fiscal de la paraestatal. Si ésta sigue siendo extorsionada por Hacienda hasta tragarse casi el 90 por ciento de sus ingresos totales está claro que Pemex no podrá hacer frente a ningún esfuerzo de inversión por su cuenta.

Todo mundo interpretó como pudo lo que Peña Nieto dijo en Europa y, en primer lugar, que habría una reforma constitucional para privatizar Pemex. El mandatario priísta y sus más cercanos colaboradores se desvivieron dando explicaciones acerca de que a aquél se le había malinterpretado y diciendo que no dijo lo que dicen que dijo.

En primer lugar, Peña declaró: Yo nunca he dicho que es momento de romper mitos o monopolios. Luego agregó: He dicho en México que es momento de modernizarnos. Lo he venido sosteniendo: no venimos a administrar, queremos transformar, incidir en un cambio estructural. Y remató diciendo: ¿Alguien me ha escuchado decir eso, que se va a privatizar? Lo que he dicho aquí y allá tiene la misma consistencia, vale decir, que no existe esa intención ( La Jornada, 19.VI.2013).

Esas mismas aclaraciones adolecen del defecto de ser poco claras. ¿Qué quiere decir Peña Nieto con eso de que es momento de modernizarnos? Luis Videgaray, haciendo segunda a su jefe, insistió que el propósito fundamental de la reforma será mantener la propiedad de los hidrocarburos, la rectoría estatal de Pemex [sic] y explorar mecanismos que hagan posible ampliar su capacidad productiva mediante la participación del sector privado.

Ampliar la inversión privada es la verdadera divisa. No hay ninguna intención de reformar el régimen hacendario de Pemex y la razón la dejan ver aunque nunca la hagan explícita: el Estado no puede prescindir del aporte fiscal de la industria nacional. Alrededor de 40 por ciento del gasto público es financiado con recursos extraídos a Pemex. Nunca se han planteado como prioritaria una auténtica reforma fiscal que libere a la paraestatal de la pesada carga que el fisco le impone. Devuelven a los privados lo poco que pagan en impuestos y prefieren seguir esquilmando a nuestra empresa nacional.

Por eso, también, necesitan de la iniciativa privada. Lo plantean como una condición indispensable para modernizar la industria petrolera y nunca han acabado de aclarar en qué consistirá en adelante esa inversión privada, en qué rubros será canalizada y con qué limites. Desde Salinas de Gortari existen contratos con al menos siete trasnacionales a las que se han entregado enormes zonas marítimas y terrestres en las que se comportan como si fueran de su propiedad y de manera exclusiva.

¿Cuál es la novedad que la reforma de Peña Nieto plantea en ese respecto? ¿En qué consistirá la inversión privada en la industria energética? ¿Se seguirá haciendo lo mismo, vale decir, entregar el petróleo a los privados sin condición ni limitación ninguna? Por lo que puede verse hoy, ninguna de las empresas privadas en el sector energético tiene límites en la explotación del recurso. Los contratos que se firmen en adelante, ¿seguirán siendo del tipo de los que ya se han entregado: a 20 años y, además, renovables?

Mientras esas preguntas queden sin respuesta la reforma energética de Peña Nieto será un enigma. Sus recientes declaraciones en Europa no fueron entendidas o fueron malinterpretadas (según él mismo afirma). Mientras que en México comenzaron a levantar una polvareda porque aquí tampoco se pudo saber a ciencia cierta qué era lo que había dicho y, menos todavía, qué es lo que se propone. Además de lo antes reseñado, también declaró que el asunto se estaba ventilando en el seno del Pacto por México, sólo para que sus aliados en el mismo lo desmintieran rotundamente, dejando en claro que el asunto no se ha tratado.

Si es verdad que sus intenciones no son privatizar el petróleo, debería convencer a los ciudadanos mexicanos de que ello es cierto; pero no afirmándolo simplemente, sino, ante todo, diciendo qué es exactamente lo que se propone. Según algunas encuestas, 64 por ciento de los ciudadanos está absolutamente en contra de que los privados participen en la explotación petrolera de ningún modo, ni siquiera por la vía de los contratos por obra determinada o de servicios. Por lo menos se deberá atender sus dudas e informarles debidamente acerca de lo que implicaría permitirles invertir en la industria.

Si es cierto que Peña Nieto se comprometió en la gravísima cuestión de reformar la Constitución, con mayor razón se requiere que nos diga cómo cree él que quedaría, finalmente, el capítulo económico de la Carta Magna integrado, como bien se sabe, por los artículos 25, 26, 27 y 28 constitucionales. En esos artículos se establece una prohibición absoluta a la inversión privada en el sector energético. Y si es cierto que él no declaró nada al respecto, también será preciso que informe si la intención quedará solamente, como ocurrió con los gobernantes panistas, en una reforma a las leyes secundarias.

Reforma energética: la propuesta gubernamental

Ni hablar. Juan Montes levantó su reporte. Y lo levantó muy bien. Y con él una oleada de reacciones que –sin duda– había sido considerada por los asesores presidenciales. Sí, con toda seguridad, aprobaron o, incluso, promovieron la entrevista. ¿Les falló? No, claro que no. Acertaron. Querían ver las reacciones. ¡Hasta el carnal Marcelo apareció! Pues bien. Las reacciones ya están ahí. Acertaron los estrategas gubernamentales con la entrevista de tres altos funcionarios con el Wall Street Journal (WSJ). ¿Qué se asegura en la entrevista? Que el presidente Peña Nieto está decidido a romper el tabú de casi 80 años, justamente desde la expropiación, que impide que la industria estatal de petróleo y de gas no sólo viva en un régimen de competencia sino –aún más– que se abra a la inversión privada, nacional y extranjera.

El rompimiento del tabú –aseguran a Montes– permitirá que a México arriben miles de millones de dólares de inversión. Es el decir de esos funcionarios de alto nivel al periodista del WSJ. Incluso le dieron detalles de la propuesta gubernamental: cambiar algunos artículos de la Constitución. ¿Cuáles? Pues 27, 25 y 28, digo yo. Para modificar conceptos como propiedad de la Nación, exclusividad de la Nación, sectores estratégicos, organismos públicos para los sectores estratégicos, entre otros. Y adelantan cierto éxito. Ya tienen al PAN y al PRD discutiendo eso en el Pacto. Acaso por eso, estos mismos tres funcionarios –se subraya en el WSJ– expresaron su optimismo respecto de la respuesta de uno de los dos partidos de oposición (el PRD, podríamos asegurar), del que esperan cambios a la propuesta del Ejecutivo, que no alteren el sentido de lo que se busca: inversión privada nacional y extranjera en la industria petrolera. No es difícil saber quiénes fueron esos tres funcionariosl (…according to three high-level government and ruling party officials who gave details of the proposed reform for the first time, se dice en el WSJ). De veras que no. Pero eso no importa. Si lo pensamos bien, fue una de esas acciones planeadas para medir reacciones. Y, sin embargo, eso sí hay que hacerlo notar, esos detalles no coindicen –es obvio y natural– con lo que horas después del reportaje de Juan Montes, asegurara el presidente Peña Nieto. Eso ha sucedido antes. Sucedió ahora. Y seguirá sucediendo.

La neta de la propuesta gubernamental la ofrece el reportaje del WSJ. ¡Creo que sí! En él se asegura que el Presidente impulsa reformas que permitan a firmas privadas compartir riesgos en el desarrollo de reservas complejas, tales como las de aguas profundas o reservas de gas de lutitas (gas shale). Permitirles, asimismo, producir petróleo y gas natural a través de contratos compartidos y joint ventures con el monopolio estatal Pemex. Más todavía.

Las negociaciones con los partidos políticos –los del Pacto por México, se puede colegir– empezarán después de las elecciones del próximo 7 de julio. Y en ellas, hay un punto crucial que promueve Peña Nieto: permitir capital privado –en el mejor de los casos asociado a Pemex– en exploración y explotación de aguas profundas y de ese gas de lutitas. En cambio, se dejaría a Pemex la exclusividad en aguas superficiales y en yacimientos tierra adentro. Se trata –asegura uno de los personeros gubernamentales de alto nivel, miembro de la Secretaría de Energía, según cita el reportero del WSJ– de dar certidumbre legal a los inversionistas y que haya claridad en la Constitución en torno a las formas permitidas de participación del capital privado. Hoy –eso es cierto– no hay formas permitidas. A pesar de tener décadas de contratos con empresas como Schulmberger (www.slb.com), Halliburton (www.halliburton.com), Repsol (www.repsol.com), Weatherford (www.weatherford.com), Baker Hughes (www.bakerhughes), entre otras. Y, sin embargo, todavía hoy el petróleo es de la Nación (ni siquiera del Estado o del Gobierno) y los excedentes petroleros –renta petrolera o de cualquier otro tipo– pertenecen a la Nación.

Aclaran, por cierto, que las compañías que participarían en ese tipo de asociación con Pemex –en aguas profundas o en gas de lutitas– no recibirían ni petróleo ni gas natural como pago por su participación, sino una remuneración –parecen sugerir, digo yo– que se movería con el precio de mercado de crudo y del gas natural. ¿Por qué indexar servicios? Curioso ¿no? A decir del reportero del WSJ, la propuesta gubernamental se completa con dos elementos más: 1) creación de un fondo petrolero que administraría los excedentes, de los cuales el gobierno –según lo acordara el Congreso– tomaría una parte (70 por ciento, se dice); 2) apertura en refinación que –me permito añadir un poco– pudiera ser con competencia abierta, es decir, con refinerías y gasolineras de firmas privadas o, alternativamente –como ya sucede en electricidad– con productores independientes de refinados que entregarían gasolinas, diesel, kerosinas, gas licuado del petróleo y demás refinados a un Pemex que conservaría el monopolio de ventas de primera mano.

Algo más en línea con estas propuestas develadas por los altos personeros gubernamentales –me permito añadir– sería la plena apertura de la petroquímica, ya sin distingos entre primaria y secundaria. ¿Qué rumbo va a tomar la llamada reforma energética? No lo sabemos todavía. Dudo mucho de la apertura en producción primaria. Al menos indiscriminada. Sería no sólo un contrasentido, sino una tontería. Si no hay recursos –como se dice– para que Pemex invierta y se fortalezca (estoy hablando solamente de producción primaria), ¿cómo explicar el enorme alud –si alud– de fondos que el gobierno recibió, recibe y seguirá recibiendo de la explotación de crudo y gas natural, a pesar –incluso– del debilitamiento productivo y el agotamiento de Cantarell? Recordemos. Tasa fiscal (básicamente IVA e ISR) de las más bajas del mundo en México. No más de 10 u 11 por ciento en la historia petrolera de México. ¿Qué explica que los altos personeros gubernamentales deseen –¿de veras lo desean?– compartir excedentes petroleros, cuando se trata de un soporte fiscal fundamental que da un gran poder –enorme, de verdad– al gobierno en turno? ¡No me creo ese tipo de irracionalidad! De veras que no. Ya veremos cómo se desenreda la madeja. Ya lo veremos.




Fuente: La Jornada |Arnaldo Córdova | José Antonio Rojas Nieto