A diferencia de varios países de América Latina, México camina en la dirección inversa, avanzando en una privatización encubierta y silenciosa de su sector energético en petróleo, gas y electricidad, advirtieron académicos del Instituto de Investigaciones Económicas (IIE) de la UNAM.
En el documento Petróleo y energía en el desarrollo y la soberanía económica y política de América Latina y México, Juan Arancibia y Alejandro López, integrantes del grupo de análisis de la coyuntura de la economía mexicana del IIE, subrayaron que la realidad latinoamericana muestra que las riquezas básicas en manos de la nación, por medio del Estado, no son una excepción ni representan daño a las economías, por el contrario son un soporte económico indispensable y un rasgo crucial de soberanía.
Recordaron que recientemente en Argentina se decretó la expropiación de 51 por ciento del patrimonio de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, perteneciente a la empresa Repsol, y en Bolivia se nacionalizó el paquete accionario de la compañía Transportadora de Electricidad. Medidas justificadas por la baja inversión de esas trasnacionales que generarán una ganancia para ambas naciones.
Lo hecho por diversos gobiernos latinoamericanos, en el pasado reciente, tiene como objetivo revertir las medidas privatizadoras tomadas por los gobiernos neoliberales en los años 80 y 90 del siglo pasado, y así devolver el control y usufructo de esas riquezas a los pueblos. Proceso que en México camina en dirección inversa.
En su análisis, dado a conocer en un número reciente de Momento Económico, órgano de difusión del IIE, los investigadores alertaron que actualmente más de 50 por ciento de la energía eléctrica que se genera en México proviene de empresas privadas, y en la misma dirección opera la descapitalización y endeudamiento de Pemex, el abandono en el mantenimiento y la no plena operación de las refinerías, además de la negativa a la construcción de la nueva en Tula, Hidalgo.
Recordaron que salvo el candidato de izquierda, Andrés Manuel López Obrador, el resto de los aspirantes a la presidencia, incluido el priísta Enrique Peña Nieto, propusieron desmantelar el monopolio estatal y abrir mayores espacios a la participación del capital privado, inclusive en áreas que durante décadas permanecieron restringidas, como la extracción de petróleo crudo.
Entre las razones para la privatización están el “manejo poco transparente de los recursos, la falta de inversión, el atraso tecnológico y la situación de quiebra técnica en la cual se encuentra la empresa, describiendo a la paraestatal como un monopolio caro, ineficiente y que afecta a la competencia y, por tanto, al consumidor final de energéticos derivados del petróleo.
Pemex es la empresa petrolera que más impuestos sobre utilidades paga. Cualquier compañía sujeta a esta carga impositiva enfrentaría inevitablemente la quiebra... Su descapitalización opera en una doble dirección: por un lado, permite financiar más de un tercio del presupuesto y evita la necesidad de realizar una reforma tributaria que elimine privilegios y exenciones, y por el otro, sustenta una campaña de desprestigio sobre supuestas ineficiencias. La empresa es sangrada ahora por el crimen organizado que, mediante el robo, exporta petróleo a Estados Unidos.
Fuente: La Jornada
